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Corrupción

Protege Gobierno del Estado a “aviadora”

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Por Dianeth Pérez Arreola

La funcionaria pública Thanya Diaz de León Benitez, quien fue basificada desde el primero de enero de 2021 y no se presentó a trabajar la mayor parte de ese año, es protegida desde Gobierno del Estado.

En respuesta recibida vía solicitud de transparencia, Oficialía Mayor informa que la funcionaria estuvo solo asignada en 2021 a la Secretaría de Hacienda y al Sindicato de Burócratas, sin embargo, personal de dicha secretaría asegura que nunca se presentó a trabajar en esas oficinas.

El verano pasado aparecía en la página de trasparencia del Gobierno del Estado de Baja California como comisionada a la FGE durante el primer trimestre del año, pero al pedir la comprobación vía transparencia de que Diaz de León Benitez se encontraba efectivamente laborando en ese lugar, la FGE respondió mediante el documento con folio 006671721, que tras hacer una minuciosa búsqueda en sus archivos y consultar la base de datos del Sistema Integral de Recursos Humanos, no se encontró evidencia de su desempeño laboral ahí.

Tras hacer evidente esta irregularidad, el portal de Gobierno del Estado cambió la adscripción de la funcionaria a la Secretaría de Hacienda, para ese mismo periodo, del 1 de enero al 31 de marzo de 2021, sin embargo, empleados de esa dependencia aseguran nunca haberla visto.

También durante el segundo trimestre apareció como adscrita a la Secretaría de Hacienda y también a Oficialía Mayor.

Respuesta de transparencia sobre asignaciones de Diaz de León Benitez en 2021.

Ahora en el documento solicitado a Oficialía Mayor, aparece como adscrita a la Secretaría de Hacienda del 1 de enero al 16 de mayo, y del 17 de mayo a fecha indeterminada, aparece como comisionada al Sindicato de Burócratas.

En el portal de transparencia aparecía con un sueldo bruto de 25 mil 066 pesos, y en el documento de respuesta de Oficialía Mayor indican que su salario asciende a 26 mil 610 pesos más una compensación de 9 mil 491 pesos.

Actualmente Diaz de León Benitez labora en el Departamento de Compras de Oficialía Mayor, donde tiene la facultad de decidir qué proveedores prestarán sus servicios a Gobierno del Estado.

Quién es Thanya Diaz de León Benitez

La funcionaria labora para Gobierno del Estado desde la administración de Eugenio Elorduy Walther. Llegó a ser directora de Administración de Isesalud, donde llegó a ganar más de 134 pesos, más una compensación de 66 mil y 46 mil en diversas prestaciones.

Thanya Diaz de León Benitez

La servidora pública es también empresaria. El 30 de octubre de 2017 registró la empresa Camur, con el nombre de Productora Aquícola (SIC) Urbana, siendo los accionistas ella misma; su madre, Irma Inés Benitez Ontiveros; su entonces esposo Ernesto León Marrufo, y su entonces amigo Rutilo Pérez Flores. En 2019 decidió unilateralmente que éstos dos últimos ya no formaran parte de la empresa, motivo por el cual interpusieron cada uno una demanda mercantil contra ella.

Diaz de León Benitez se divorció e inició una relación con quien sería Oficial Mayor en la administración de Jaime Bonilla, Israel Clemente González. La entrada de este personaje al gobierno de Jaime Bonilla causó sorpresa, pues en sus antecedentes está su detención en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 4 de enero de 2006 con más de 725 mil dólares en efectivo de los cuales no supo explicar su procedencia, por lo que fue condenado a 7 años de prisión.

En enero de 2020 la funcionaria es despedida, pero luego regresa gracias a Clemente González. Diaz de León Benitez entabló varios litigios contra Gobierno del Estado; tenía al menos cuatro expedientes abiertos en el Tribunal de Arbitraje del estado. Logró su basificación el primero de enero de 2021.

Camur abrió una sucursal en Tijuana, para lo que se alió con la hoy subdirectora de Diversidad e Inclusión del gobierno municipal de Montserrat Caballero, Regina Cornejo Manzo. Antes de su transformación a mujer, Regina era Jorge Cornejo Manzo, un funcionario que salió por la puerta de atrás en la administración de “Kiko” Vega por irregularidades en el otorgamiento de contratos de publicidad a los medios de comunicación.

Su adscripción al Sindicato de Burócratas

El 15 de junio de 2021, aun en la administración de Jaime Bonilla y durante la ceremonia de presentación del fallido proyecto de la planta fotovoltaica, el secretario general del Sindicato de Burócratas, Manuel Guerrero Luna al ser cuestionado sobre las ausencias laborales de Diaz de León Benitez, comentó: “Eso pregúnteselo a Oficialía dónde está trabajando… por cuestiones de la pandemia mucha gente tiene teletrabajo. Yo, las particularidades de esa persona no las conozco, pero bueno, eso es responsabilidad de Oficialía Mayor, debe de saber dónde está todo su personal ubicado”.

La respuesta de Guerrero Luna solo deja dos posibilidades: o estaba mintiendo porque según la respuesta de Oficialía la funcionaria estaba comisionada al Sindicato de Burócratas desde el 17 de mayo, o la Oficialía Mayor está protegiendo por razones desconocidas a Diaz de León Benitez inventando fechas y adscripciones.

Tras el evento del informe de los primeros 100 días de la administración municipal a cargo de Norma Bustamante, se le cuestionó a Guerrero Luna sobre la comisión de Diaz de León Benitez en el sindicato que él encabeza.

“Ya no está comisionada al sindicato, hay comisiones que son por tiempos determinados o tareas determinadas. Ella ya terminó su comisión, ya se reintegró al estado, ya debe estar en el estado”, aseguró.

“No se con exactitud (cuánto tiempo estuvo comisionada) pero en la Oficialía le pueden dar el dato, ya debe estar asignada a algún lugar”, agregó.

Sobre cómo llegó Diaz de León Benitez a dicha comisión, manifestó que en los estatutos y en las leyes están varios tipos de comisiones, incluso para eventos; si necesitan apoyo de una persona determinada lo pueden comisionar un mes o dos para desarrollar un proyecto. “A los delegados a veces los comisionamos por un día para viajar a una sesión afuera del municipio, cosas por el estilo”.

El pasado 27 de enero Diaz de León Benitez invitó a un selecto grupo de medios a la inauguración de la segunda tienda Camur en Mexicali, en horario laboral.

La funcionaria costó al erario más de 400 mil pesos en 2021 sin presentarse a trabajar, y ha logrado permanecer en un área estratégica y susceptible a malos manejos, desde la administración de “Kiko” Vega, pasando a la de Jaime Bonilla, y ahora con Marina del Pilar. 

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Corrupción

Nombran a Tenorio Andújar Consejero de la Judicatura

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Francisco Javier Tenorio Andújar fue nombrado hoy Consejero de la Judicatura, pese a que los requisitos hacen cuestionable la elección del brazo derecho del diputado Juan Manuel Molina.

Tenorio Andújar fue suplente de Molina en la diputación de 2021 a 2024 y alternó con él en el Instituto Estatal Electoral como representante de Morena.

El artículo 60 de la Constitución Política de Baja California dice “No haber ocupado cargo de elección popular , ni haber ocupado cargo de dirigencia de algún partido político, ni haber sido titular de una dependencia o entidad de la administración pública federal, estatal o municipal o consejero de la judicatura durante el año previo a la fecha en que deba ser nombrado”.

Además el último cargo del hoy consejero, fue ser Director de Consultoría Legislativa en el Congreso del Estado, lo cual es un cargo en la administración pública, lo que debería haberlo dejado sin la posibilidad de su actual cargo.

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Corrupción

Inauguran Semana de Transparencia; Norma rehuye a la prensa

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La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, acompañada del titular del Instituto de Transparencia de Baja California, Francisco McDonough, y el alcalde de San Felipe, José Luis Dagnino, inauguraron la Semana de Transparencia en el estado, evento en el que destacó que Bustamante rehuyó de la prensa.

Antes de concluir el evento, la alcaldesa dijo que reforzaba el compromiso total de su administración de “ejercer la transparencia con toda plenitud”, para tras la fotografía oficial, irse de la misma manera en la que llegó; usando las puertas traseras del Teatro de la Casa de la Cultura.

La Semana de la Transparencia arrancó así en Mexicali, con la presencia de los alcaldes de Mexicali y San Felipe. Mañana estarán en Tijuana Rosarito y Tecate, y el miércoles en Ensenada y San Quintín, comentó Mc Donough.

Agregó que la transparencia es un principio que deben predicar siempre, independientemente de lo que suceda con las reformas a nivel nacional que traigan como consecuencia la desaparición de la institución que encabeza.

Subrayó que la rendición de cuentas es un deber fundamental del servicio público, y no es un capricho, sino un mandato que tienen todos los servidores públicos. ¿Si hacemos bien las cosas, cuál es el temor? Cuestionó.

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Corrupción

No acude Jaime “N” a audiencia de imputación

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Jaime N no se presentó a la audiencia de formulación de imputación cuya cita era este lunes a las 9 horas en el Centro de Justicia de Río Nuevo en Mexicali.

La causa penal 04921/2022 involucra el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, que significa que Jaime N tenía carácter de asignatario de una concesión de prestación de un servicio público de aprovechamiento de bienes del dominio del estado con la finalidad de obtener un beneficio para sí, cuando estando legalmente obligado a entregar a una autoridad información sobre rendimientos o beneficios que obtenga, la oculte.

El juez, Gerardo Aceves Salazar, leyó parte de la justificación enviada por el señalado para no asistir. El motivo es la presentación del examen de grado para obtener el doctorado en Administración Pública en Ciudad de México, donde se encuentra desde ayer para la cita con sus sinodales mañana martes.

Se tiene por justificada la inasistencia del imputado y se programó la audiencia de formulación de imputación para el 12 de noviembre de 2024, a las 9:00 horas en sala 6, del tercer piso del Centro de Justicia Unidad Río Nuevo.

El abogado del señalado, Alejandro Gómez Castillo, había pedido un plazo no menor de seis meses para la siguiente audiencia, ya que gran parte de los documentos de la carpeta de investigación están en formato digital y no cuenta con ellos.

Tanto el juez como la parte acusadora opinaron que el plazo de seis meses era excesivo. Se le exhortó además al imputado a acudir a la siguiente audiencia bajo pena de posible orden de presentación y/o una orden de aprehensión.

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