Corrupción
Protege Gobierno del Estado a “aviadora”
Por Dianeth Pérez Arreola
La funcionaria pública Thanya Diaz de León Benitez, quien fue basificada desde el primero de enero de 2021 y no se presentó a trabajar la mayor parte de ese año, es protegida desde Gobierno del Estado.
En respuesta recibida vía solicitud de transparencia, Oficialía Mayor informa que la funcionaria estuvo solo asignada en 2021 a la Secretaría de Hacienda y al Sindicato de Burócratas, sin embargo, personal de dicha secretaría asegura que nunca se presentó a trabajar en esas oficinas.
El verano pasado aparecía en la página de trasparencia del Gobierno del Estado de Baja California como comisionada a la FGE durante el primer trimestre del año, pero al pedir la comprobación vía transparencia de que Diaz de León Benitez se encontraba efectivamente laborando en ese lugar, la FGE respondió mediante el documento con folio 006671721, que tras hacer una minuciosa búsqueda en sus archivos y consultar la base de datos del Sistema Integral de Recursos Humanos, no se encontró evidencia de su desempeño laboral ahí.
Tras hacer evidente esta irregularidad, el portal de Gobierno del Estado cambió la adscripción de la funcionaria a la Secretaría de Hacienda, para ese mismo periodo, del 1 de enero al 31 de marzo de 2021, sin embargo, empleados de esa dependencia aseguran nunca haberla visto.
También durante el segundo trimestre apareció como adscrita a la Secretaría de Hacienda y también a Oficialía Mayor.
Ahora en el documento solicitado a Oficialía Mayor, aparece como adscrita a la Secretaría de Hacienda del 1 de enero al 16 de mayo, y del 17 de mayo a fecha indeterminada, aparece como comisionada al Sindicato de Burócratas.
En el portal de transparencia aparecía con un sueldo bruto de 25 mil 066 pesos, y en el documento de respuesta de Oficialía Mayor indican que su salario asciende a 26 mil 610 pesos más una compensación de 9 mil 491 pesos.
Actualmente Diaz de León Benitez labora en el Departamento de Compras de Oficialía Mayor, donde tiene la facultad de decidir qué proveedores prestarán sus servicios a Gobierno del Estado.
Quién es Thanya Diaz de León Benitez
La funcionaria labora para Gobierno del Estado desde la administración de Eugenio Elorduy Walther. Llegó a ser directora de Administración de Isesalud, donde llegó a ganar más de 134 pesos, más una compensación de 66 mil y 46 mil en diversas prestaciones.
La servidora pública es también empresaria. El 30 de octubre de 2017 registró la empresa Camur, con el nombre de Productora Aquícola (SIC) Urbana, siendo los accionistas ella misma; su madre, Irma Inés Benitez Ontiveros; su entonces esposo Ernesto León Marrufo, y su entonces amigo Rutilo Pérez Flores. En 2019 decidió unilateralmente que éstos dos últimos ya no formaran parte de la empresa, motivo por el cual interpusieron cada uno una demanda mercantil contra ella.
Diaz de León Benitez se divorció e inició una relación con quien sería Oficial Mayor en la administración de Jaime Bonilla, Israel Clemente González. La entrada de este personaje al gobierno de Jaime Bonilla causó sorpresa, pues en sus antecedentes está su detención en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 4 de enero de 2006 con más de 725 mil dólares en efectivo de los cuales no supo explicar su procedencia, por lo que fue condenado a 7 años de prisión.
En enero de 2020 la funcionaria es despedida, pero luego regresa gracias a Clemente González. Diaz de León Benitez entabló varios litigios contra Gobierno del Estado; tenía al menos cuatro expedientes abiertos en el Tribunal de Arbitraje del estado. Logró su basificación el primero de enero de 2021.
Camur abrió una sucursal en Tijuana, para lo que se alió con la hoy subdirectora de Diversidad e Inclusión del gobierno municipal de Montserrat Caballero, Regina Cornejo Manzo. Antes de su transformación a mujer, Regina era Jorge Cornejo Manzo, un funcionario que salió por la puerta de atrás en la administración de “Kiko” Vega por irregularidades en el otorgamiento de contratos de publicidad a los medios de comunicación.
Su adscripción al Sindicato de Burócratas
El 15 de junio de 2021, aun en la administración de Jaime Bonilla y durante la ceremonia de presentación del fallido proyecto de la planta fotovoltaica, el secretario general del Sindicato de Burócratas, Manuel Guerrero Luna al ser cuestionado sobre las ausencias laborales de Diaz de León Benitez, comentó: “Eso pregúnteselo a Oficialía dónde está trabajando… por cuestiones de la pandemia mucha gente tiene teletrabajo. Yo, las particularidades de esa persona no las conozco, pero bueno, eso es responsabilidad de Oficialía Mayor, debe de saber dónde está todo su personal ubicado”.
La respuesta de Guerrero Luna solo deja dos posibilidades: o estaba mintiendo porque según la respuesta de Oficialía la funcionaria estaba comisionada al Sindicato de Burócratas desde el 17 de mayo, o la Oficialía Mayor está protegiendo por razones desconocidas a Diaz de León Benitez inventando fechas y adscripciones.
Tras el evento del informe de los primeros 100 días de la administración municipal a cargo de Norma Bustamante, se le cuestionó a Guerrero Luna sobre la comisión de Diaz de León Benitez en el sindicato que él encabeza.
“Ya no está comisionada al sindicato, hay comisiones que son por tiempos determinados o tareas determinadas. Ella ya terminó su comisión, ya se reintegró al estado, ya debe estar en el estado”, aseguró.
“No se con exactitud (cuánto tiempo estuvo comisionada) pero en la Oficialía le pueden dar el dato, ya debe estar asignada a algún lugar”, agregó.
Sobre cómo llegó Diaz de León Benitez a dicha comisión, manifestó que en los estatutos y en las leyes están varios tipos de comisiones, incluso para eventos; si necesitan apoyo de una persona determinada lo pueden comisionar un mes o dos para desarrollar un proyecto. “A los delegados a veces los comisionamos por un día para viajar a una sesión afuera del municipio, cosas por el estilo”.
El pasado 27 de enero Diaz de León Benitez invitó a un selecto grupo de medios a la inauguración de la segunda tienda Camur en Mexicali, en horario laboral.
La funcionaria costó al erario más de 400 mil pesos en 2021 sin presentarse a trabajar, y ha logrado permanecer en un área estratégica y susceptible a malos manejos, desde la administración de “Kiko” Vega, pasando a la de Jaime Bonilla, y ahora con Marina del Pilar.
La presidenta estatal del PAN en Baja California, Liz Mata, acompañada de los diputados panista en el congreso local, presentó hoy una solicitud de juicio político contra los exalcaldes de Ensenada y Tecate, Armando Ayala Robles y Darío Benitez, respectivamente por el caso de las cuotas retenidas y no entregadas a Issstecali.
Mata declaró que en el caso del senador Ayala Robles no es solo del orden administrativo, sino del orden penal, pues aunque diga que ha pagado la realidad es otra, Ensenada es el municipio que más tiene adeudo con Issstecali y eso es un robo a todos los trabajadores del estado.
Sobre la mayoría morenista del congreso, pidió responsabilidad y congruencia, pues las cuentas públicas del senador no están aprobadas y en ese sentido que sean valientes y acepten la procedencia de este juicio.
Pidió que el congreso local lo cite, y advirtió que si no avanza el caso aquí, acudirán a la Cámara de Diputados federal, al Congreso de la Unión, para pedir que se le quite el fuero.
El diputado panista Diego Echevarría, manifestó que quieren que Ayala Robles sea inhabilitado y que la Comisión de Reforma de Estado determine la procedencia del juicio político y citen al senador para que explique el adeudo de 3 mil 600 millones de pesos. Darío Benitez dejó una deuda de 1 mil 500 millones de pesos, agregó.
La dirigente estatal del blanquiazul apuntó que la peor crisis de salud del estado también se deriva de estos actos de corrupción, además que todas las instituciones de salud del estado están en crisis.
“Es increíble que la propia presidenta Claudia Sheinbaum vaya y visite un nuevo hospital en Ensenada cuando el resto está devastado, porque esa es la palabra y además corren a los directivos que señalan las ausencias como fue el caso del Hospital General de Ensenada”, indicó.
José Ramón López, exdirector de Bisom, de donde se transfirieron 390 mil pesos argumentando un fraude telefónico, tiene comprobado el delito de falsedad de declaraciones y la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene congelado el caso, informó Joel Blas Ramos, jurídico del PRI en Baja California.
La Sindicatura determinó que se presume una falta administrativa grave que se le atribuye al presunto responsable por abuso de funciones, y esto tumba los comentarios del síndico procurador, quien dice que muchos funcionarios tienen investigaciones, pero José Ramón tiene ya una resolución y de su propio órgano, explicó.
Óscar Vega, titular de sindicatura, tiene incluso facultades para remitir a la Fiscalía General del Estado el caso de José Ramón López. La pena de falsedad de declaraciones tiene una pena de hasta 10 años de prisión, comentó.
El abogado del tricolor recordó que a la fiscalía se le entregó una carpeta con toda la información, y el exdirector de Bisom cometió el delito de falsedad de declaraciones de la autoridad cuando era regidor, porque mintió sobre la relación de los beneficiados con apoyos sociales y mintió sobre sus percepciones mensuales. López entregó apoyos sociales a dos de sus colaboradores cercanos, quienes ya percibían sueldos de 40 mil y 45 mil pesos al mes como sus asesores.
Fiscalía se niega a dejarles ver la carpeta de investigación alegando que Blas Ramos no es el directamente afectado, que solo hizo valer su derecho constitucional de presentar la denuncia. Por ese motivo presentarán un amparo, pues esta carpeta tiene ya dos años y el tema está congelado, subrayó.
Álvaro Aldrete, presidente estatal del PRI, comentó que es imposible que el tema de José Ramón no se politice, como partido político de oposición tienen la obligación de denunciar las irregularidades y buscan que la carpeta se judicialice. El tricolor fue de los primeros que denunció las corruptelas de este joven desde que fue regidor, dijo.
“En esta renuncia no debe acabar el tema, si creen que porque ya no está vamos a quitar el dedo del renglón están muy equivocados.. Para nada fue un acto generoso ni responsable. Lo responsable sería que regresaran el dinero”, externó.
Los regidores del PAN del XXV Ayuntamiento de Mexicali denunciaron irregularidades en la denuncia interpuesta por las transferencias hechas por Bienestar Social Municipal a cuentas de presuntos estafadores.
Manuel Rude García comentó que en primer lugar hay una diferencia en el monto reportado, pues mientras el síndico Óscar Vega habló la semana pasada de más de 390 mil pesos, en la denuncia se reportaron 3 transferencias que suman 275 mil 523 pesos.
En segundo lugar se hizo por el delito de fraude y debió hacerse por ejercicio ilícito del servicio público y por peculado, explicó.
El edil subrayó que cuando se transfirieron los 3 millones de pesos en la administración de Marina del Pilar Avila Olmeda, se reclasificó el delito y eso impidió que hubiera prision preventiva como medida cautelar.
Sandra Cota por su parte, manifesto que hay explicaciones pendientes como qué calidad tenían las personas a las que se les transfirió el dinero, ya que tenían que estar dados de alta con sus cuentas en Bisom.
Gustavo Magallanes externó que algo está podrido en Bisom, y que al estar involucrado recurso público no se trata de fraude, sino de peculado.
Remarcó que los regidores panistas están pidiendo la separación del cargo del director de Bisom y los funcionarios involucrados en la cadena de mando.
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