Una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en materia de revocación de mandato a quien gobierne el estado, presentó la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero.

La legisladora refirió que el objetivo principal de esta reforma es establecer en la ley, el derecho de los bajacalifornianos de participar en los procesos de revocación de mandato, cuya figura fue incorporada a nivel constitucional el 2019, mecanismo que permite que la ciudadanía decida si a la mitad de su mandato, la presidenta o el presidente de la República, debe continuar o no en el cargo.

En ese sentido, Corral señaló que los mecanismos de control contemplados en la legislación local, como el juicio político, la declaración de procedencia y los procedimientos de responsabilidad administrativa, no han sido suficientes para remover a los servidores públicos de elección popular que no cumplen con sus obligaciones constitucionales, debido a que las decisiones en la resolución se encuentran sujetos a la voluntad política y no a la voluntad de la ciudadanía.

Abundó que, con la presente iniciativa, se atiende lo establecido en la reforma constitucional federal en materia de consulta popular y revocación del mandato publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estableciendo en la Constitución local que la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado pueda ser sujeta a la revocación de mandato; así mismo, contemplar las características que deben de tener los procesos de revocación de mandato.

Por lo que la intención legislativa es reformar el artículo 5; adicionar un Capítulo III denominado “De la Revocación del Mandato del Gobernador del Estado” conformado por la incorporación de los artículos 12 BIS y 12 TER; así mismo se reforman los artículos 44 y 46, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

“Considero al ejercicio de la revocación del mandato, como un instrumento democrático y un derecho fundamental de la ciudadanía para decidir si la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado debe de continuar o no el cargo, por lo que no puede ser restringido por ninguna situación específica de naturaleza jurídica o política”, precisó la inicialista.

El senador panista Gustavo Sánchez declaró que la situación que hoy viven los migrantes mexicanos en Estados Unidos, exige contar con una eficiente asesoría legal y apoyo por parte de los 57 consulados ubicados en el país vecino.

Esto no se logra si desde 2022 a 2025 el gobierno mexicano les redujo el 40 por ciento de su presupuesto en términos reales para operar, subrayó.

Durante marzo y abril de 2025, se retrasó el pago de sueldos a 1 mil 700 empleados y funcionarios, incluso, los consulados de Sacramento y Nogales suspendieron funciones en protesta por la falta de pago, destacó.

Hoy, ese tema fue motivo de discusión y debate en la Sesión de la Comisión Permanente del Senado, precisó. El senador agregó que el gobierno federal anunicó que enviará 12 nuevas iniciativas de leyes, que estudiarán a detalle en los próximos días.

La mejor prueba de lo que pretendía Morena con la reforma al Poder Judicial es la colocación de personajes cercanos al poder en cargos de jueces y magistrados a través de la elección, como es el caso del secretario particular de Marina del Pilar Avila Olmeda, Nahúm Rodríguez, comentó la diputada federal panista Eva María Vázquez.

Tratándose del Poder Judicial es el broche de oro que tanto deseaban, así van a tener control de ese contrapeso.

“No pretendían acabar con el nepotismo, están buscando el nepotismo disfrazado; total les sale muy bien, eso es lo que hizo la gobernadora con Carlos Torres… ah pero el señor no cobraba, era honorario y demás”, señaló.

Acción Nacional irá con una exigencia ante la Auditoría Superior del Estado para que se revisen las cuentas de proyectos estratégicos, añadió.

Debemos pedir resultados, pero sin ser ilusos; creo que no habrá muchas firmas de él en documentos, pero ojo con los secretarios que sí lo autorizaron porque ahí es donde vamos a ver para dónde se destinó ese recurso y quienes son los responsables por seguir instrucciones de una persona que ni siquiera tendría que ver nada con la gobernanza, subrayó.

Cuestionada sobre el tema del supuesto acercamiento de Avila Olmeda y el “superdelegado” Alejandro Ruiz Uribe con el exgobernador Jaime Bonilla tras su público distanciamiento, la legisladora opinó que esos encuentros y desencuentros tienen fines muy particulares de corrientes políticas al interior de la 4T.

Jaime Bonilla fue hasta padrino de bodas de la mandataria; después la llamó narcogobernadora, y no me extrañaría que pudieran acercarse, pero esa es la política que hace Morena; la coordinación no existe, indicó.