La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó un operativo de búsqueda en San Felipe este miércoles, la cual concluyó sin hallazgos.

La FGE, a través de la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, buscó en el ejido Plan Nacional Agrario, Punta Estrella y Poblado Las Minas.

El operativo dio inicio a las 05:00 horas, en el cual, personal de la Unidad de Desaparecidos en compañía del colectivo “Tu Madre Sigue en la Lucha” se inició la búsqueda a pie y se dio por terminada a las 14:00, quedando sin novedad.

Los trabajos de exploración fueron realizados por agentes estatales de investigación y los binomios caninos Rooster y Coco, en coordinación con personal de la Comisión Estatal de Búsqueda y su binomio Ikaro, así como la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali y San Felipe, la Guardia Nacional, CESPM y el colectivo “Tu Madre Sigue en la Lucha”.

Jaime N no se presentó a la audiencia de formulación de imputación cuya cita era este lunes a las 9 horas en el Centro de Justicia de Río Nuevo en Mexicali.

La causa penal 04921/2022 involucra el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, que significa que Jaime N tenía carácter de asignatario de una concesión de prestación de un servicio público de aprovechamiento de bienes del dominio del estado con la finalidad de obtener un beneficio para sí, cuando estando legalmente obligado a entregar a una autoridad información sobre rendimientos o beneficios que obtenga, la oculte.

El juez, Gerardo Aceves Salazar, leyó parte de la justificación enviada por el señalado para no asistir. El motivo es la presentación del examen de grado para obtener el doctorado en Administración Pública en Ciudad de México, donde se encuentra desde ayer para la cita con sus sinodales mañana martes.

Se tiene por justificada la inasistencia del imputado y se programó la audiencia de formulación de imputación para el 12 de noviembre de 2024, a las 9:00 horas en sala 6, del tercer piso del Centro de Justicia Unidad Río Nuevo.

El abogado del señalado, Alejandro Gómez Castillo, había pedido un plazo no menor de seis meses para la siguiente audiencia, ya que gran parte de los documentos de la carpeta de investigación están en formato digital y no cuenta con ellos.

Tanto el juez como la parte acusadora opinaron que el plazo de seis meses era excesivo. Se le exhortó además al imputado a acudir a la siguiente audiencia bajo pena de posible orden de presentación y/o una orden de aprehensión.

Daniela Lizardi Ballesteros está siendo víctima de violencia vicaria, y las autoridades protegen a su agresor porque fue agente del ministerio público.

La víctima relató que lucha desde 2018 a través de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial por el bienestar de sus hijos, como lo asienta su expediente 2023-15791.

“Mi mayor afectación se ha presentado en Fiscalía, ya que desde que se aprobó la Violencia Vicaria en el Estado, acudí a presentar denuncia por el respectivo delito en contra de mi expareja, quien desde el 2010 y hasta el 2018 fue Agente del Ministerio Público y lleva como nombre José Roberto Rodríguez Bonilla”, manifestó.

La madre de familia recordó que desde que presentó la denuncia, Fiscalía hizo mal el registro de la misma, al señalar que sus acusaciones eran sustracción y retención de menores.

Posteriormente le practican un peritaje el cual no estaba basado en el delito violencia vicaria, por lo que tuvo que invertir en una especialista certificada particular para que le hicieran un perfil psicológico basado en múltiples pruebas.

Dicho análisis determinó una afectación emocional como resultado de la excesiva violencia sufrida a manos de su expareja, la cual Fiscalía desestimó y no la valoró adecuadamente.

Asimismo, también se integró a la Carpeta de Investigación copia de un estudio psicológico de juzgado realizado por la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del agresor, resultando con patologías de narcisismo, desequilibrio de la personalidad, resentimiento  y agresión, entre otras.

La víctima señaló que su expareja ha presentado en su contra denuncias falsas por los delitos de violación y violencia familiar, mismas que ya fueron resueltas por Fiscalía con el no ejercicio de la acción penal.

Aseguró que Fiscalía, por el tipo de delito que estaba denunciando, debió proporcionarle medidas cautelares para ella y su familia, sin embargo, fueron omisos con tal circunstancia.

La denunciante expresó que hubo negligencia en la protección del interés superior de la niñez, ni persiguieron de oficio el delito de violencia vicaria.

“Me han impuesto en 3 ocasiones la obligación de llegar a un acuerdo con mi contraparte, sin embargo, el órgano jurisdiccional conociendo los detalles mencionados en puntos anteriores y además de percatarse en la primera audiencia de advenimiento que ambas partes no podíamos llegar a un común acuerdo siguió insistiendo en 2 ocasiones más. Asimismo, permitió que en dichas audiencias mi contraparte me faltara al respeto y me siguiera levantando falsos, los cuales demostró una servidora que son completamente falsos”, externó.

Cabe destacar que el abogado del agresor vicario es Carlos Alberto Romero Pérez, quien fue director del área de detenciones en Fiscalía General del Estado.