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Política

Protege gobernadora a presunto depredador sexual

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Ariel Alejandro Lizárraga Montero, el verdadero poder detrás del trono en comunicación de Gobierno del Estado, tiene dos denuncias de caracter sexual. De las dos ha salido bien librado; una porque la víctima -menor de edad- se retractó. La otra, porque dejaron pasar el tiempo sin que avanzara el caso hasta que pudieron cerrarlo sin acciones punitivas de por medio.

Por Dianeth Pérez Arreola

TERCERA PARTE

El funcionario (inocente hasta que se demuestre lo contrario) cuya situación laboral con Gobierno del Estado se ha mantenido en la opacidad, tiene dos antecedentes relacionados con delitos sexuales en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California. Uno por hostigamiento sexual contra una joven de Ensenada en 2011 y otro por abuso sexual a una menor de 12 años en 2012. Ambos expedientes en poder de esta reportera.

Este último documento, el 1141/12/202/AP, con fecha de registro el ocho de agosto de 2012, en la Unidad Orgánica de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, en el municipio de Tijuana no está disponible en los registros de la FGE; las autoridades se han encargado de hacerlo inaccesible.

Según la declaración de la madre de la víctima, la tarde del 20 de julio de 2012, relató que tiene cinco hijas. Las cuatro menores producto de su segundo matrimonio y de edades 19, 18, 12 y 10 años. Que conoció a Alberto N porque era taxista y ella era su cliente. Tras cinco meses de conocerse empezaron a vivir en unión libre, junto a las dos menores de 12 y 10 años.

Un día entran al domicilio a detener a Alberto N porque la menor de 12 años había reportado a las autoridades a la pareja de su madre por hacerle tocamientos y haberle tomado fotografías íntimas con su celular.

 La hija de 19 años sostenía una relación de noviazgo con Ariel Lizárraga, y la madre le pide contactarlo pues “como él trabaja en la política, él tenía muchos contactos para poder ayudar a Alberto”.

Cuando Ariel llega a la comandancia, la menor también lo acusa a él de abuso sexual y es detenido e incomunicado por seis horas. La madre de la víctima termina su relato, en el cual menciona que Ariel salió múltiples veces con su hija menor, presentando su formal denuncia en contra de los dos hombres: “es mi deseo que llegue hasta las últimas consecuencias y que pague el responsable por lo que hicieron contra mi hija”.

La menor, en su declaración señala que Alberto N llegó a golpear a su madre, a ella y a su hermana de 18 años. Aunque se fue de la casa, su pareja lo perdonó y regresó. Dice que su padrastro la empezó a ver de manera distinta y narra como una noche se acercó a ella y la empezó a tocar en sus partes íntimas. Después le tomó fotografías con su teléfono.

Un día Alberto olvida el celular en la casa y la menor lo revisa y encuentra las fotos que le había tomado. “No le dije a mi mamá porque le perdí toda la confianza. Yo sabía que si le decía, lo que fuera no me iba a creer. Por tal razón nunca le dije lo que pasó con Ariel”.

Ariel Lizárraga Montero aseguró que la acusación de violación fue un invento.

Sobre eso, relata que a pesar de que su hermana mayor ya no era novia de Ariel, él llamaba a su mamá para que la dejara salir con él. Dice que su madre accedió y él la llevó a un centro comercial muy grande en Rosarito donde le compró mucha ropa, vestidos, zapatos, tenis, pantalones muy pegados y a continuación la llevó a un departamento en ese municipio.

Apunta que los departamentos eran verdes, de dos pisos y había alberca. El interior solo tenía una cama y dos muebles. La instruyó para que le modelara la ropa que le había comprado. “Pero me dijo que me desvistiera delante de él y que modelara cuando me pusiera los vestidos, los cuales estaban muy cortitos, él mientras tanto me tomaba fotos con su celular”.

Aproximadamente un mes más tarde, Ariel llamó a la madre de la menor para pedirle que la dejara salir con él para llevarla a comer. Ella no quería ir y su mamá dijo que invitara a una amiga suya, un año mayor que ella.  Ariel pasó por ellas y las llevó al mismo centro comercial.

A los tres meses Ariel le pidió a su madre la dejara salir con él otra vez. Aunque ella se negó, su madre insistió y le dijo que no lo podía dejar plantado, que invitara a su amiga otra vez. Las llevó a Mundo Divertido y la menor se dio cuenta que Ariel le dio dinero a su amiga para que se comprara un teléfono celular.

Meses después, pide salir de nuevo con la menor. Ella no quiere, pero su madre insiste. Van por la amiga, pero ella tampoco quiere salir con Ariel. Se va sola con él y la lleva directamente a otro departamento también en Rosarito.

Él la instruye para que, si alguien pregunta algo al entrar, diga que es su papá. El departamento era de dos pisos, color crema y también tenía alberca. El interior era color rojo. En la habitación había una cama y él le ordenó que se quitara la ropa y ella dijo que no.

“Él me dijo que si no lo hacía le diría a mi mamá que yo había querido tener relaciones sexuales con él, pero yo le dije que eso era mentira, entonces me dijo que él tenía mucho poder y dinero y con eso mandaría matar a mi hermana (su exnovia) y a mi mamá”, dice la declaración.

A continuación, la menor narra el abuso. Ariel le introdujo los dedos mientras ella lloraba y él le gritaba que se callara. Al recibir una llamada de la madre de la menor, él le pide vestirse. Para que ya no llorara, en el camino le dice que le comprará una computadora, y se dirigen al centro comercial a adquirirla.

Al llegar a la casa, la menor le dice a su madre que ya no quiere vivir con ella y se va a vivir con una de sus hermanas. “Ahora que hablé y que dije la verdad de las cosas, quiero que castiguen a Ariel y a  Alberto por lo que me hicieron, porque no está bien, ellos se lo pueden hacer a otras niñas y yo no quiero porque desde ese día he soñado casi todos los días con Ariel. Sueño que me hace daño, sueño que mata a mi familia… le tengo miedo a Ariel porque trabaja en el PRI y dice que tiene mucho dinero”, dice en su declaración.

La declaración de la amiga coincide plenamente con la de la víctima. Cuenta las salidas a comer, los comentarios incómodos de Ariel y las compras de ropa y del teléfono celular. “La forma en que la miraba era muy extraña, la miraba como maniaco… parecía que la quería violar. A mi me dio mucho miedo y desconfianza, yo nunca más volví a salir con ellos”.

El examen ginecológico arrojó que el himen estaba intacto y que no había lesiones o desgarros. Un médico consultado explicó que hay hímenes elásticos y que la evaluación ginecológica no es ninguna determinante. El dictamen psicológico JZP/PSIC-SEX/30/A04/12 con fecha del 20 de julio de 2012 concluye que la menor sí presenta afectación psicológica.

Tres días después, el día 23, la madre amplía su declaración y dice que sus hijas menores le contaron que ellas inventaron todo. Cambia su versión sobre el número de veces que Ariel salió con la víctima, diciendo que fue solo una ocasión, a pesar de que no solo la de su hija, sino también la versión de la amiga contradice ese dato.

 Su hija mayor, producto de su primer matrimonio, también acude a declarar y se dice la autora intelectual de la mentira. Que ella le pidió a su hermana que mintiera porque Alberto no le caía bien y la criticaba porque su madre la ayudaba con los gastos de su bebé.

Lizárraga Montero asegura en entrevista que todo fue un invento; “una fabricación producto de una infamia”.

La víctima se desdice el día 25 de julio. Tres días después consiguen otra psicóloga quien elabora un nuevo dictamen que concluye que la víctima no presenta características de haber sufrido una experiencia de abuso sexual. Con eso, el examen ginecológico y la retractación, cierran el caso.

La evaluación psicológica ya había determinado que sí había habido daño; el examen ginecológico no es determinante, y la retractación, indican estudios sobre el tema, es una etapa de la denuncia, donde los menores necesitan mayor atención por parte de jueces, fiscales, abogados y todos quienes participan en el sistema de justicia.

“A menos que el niño reciba un apoyo sustancial ante su denuncia, normalmente se retracta. La presión ejercida sobre la víctima por la familia, por el abusador y aún por los profesionales puede abrumar al menor abusado y obligarlo a retractarse. Esto no indica que la víctima mintió acerca del hecho, sino que generalmente es una consecuencia lógica de la intensa presión ejercida sobre ella”, dice una investigación sobre abuso sexual infantil escrita por Romina Monteleone.

Las autoridades concluyen que no hay elementos para fincar responsabilidades ni a Alberto N ni a Lizárraga Montero. El Semanario Zeta publicó evidencias de que salieron pagos desde el Congreso del Estado a nombre de la hermana de la víctima, exnovia de Ariel tras el desistimiento de la menor.

Se pidió en reiteradas ocasiones una entrevista con Fernando Castro Trenti para preguntarle si fueron sus influencias las que libraron a Lizárraga Montero de aquella acusación y de la cárcel, pero no hubo respuesta.

Caso de hostigamiento sexual

Existe otro expediente, el 1838/11/311/AP, por hostigamiento sexual contra Ariel Lizárraga. El acuerdo de radicación menciona la fecha del 15 de marzo de 2011, en Ensenada Baja California. Una joven psicóloga de 22 años reacciona a un anuncio donde solicitaban psicólogas y comunicadoras. Se entera que es para trabajar con Fernando Castro Trenti y que Lizárraga Montero la entrevistaría para ver si obtenía el puesto.

En la entrevista, Ariel le dice que era muy madura para su edad, que grandes estrellas habían llegado a ser quienes son no por ellas solas, sino porque tenían atrás a un hombre que las apoyó y que eran muy válidos los medios que utilizara cada quien para lograr sus metas.

Le da el trabajo a prueba, la envía a un evento y ese día la regaña, la ignora y se molesta si ella hace algo que a él no le parece. Termina la jornada en un restaurante donde pide vino para los dos y continúa amonestándola y minimizando sus capacidades. Le reclama que tenga novio, la obliga a seguir la “jornada laboral” en otra parte, no importando que fuera casi media noche, pues le había advertido que eran horarios pesados.

Post en redes sociales de la joven psicóloga que denunció a Ariel Lizárraga.

“Me dijo que él nunca había conocido una mujer como yo, que cuando me vio sintió algo que nunca había sentido, casi casi estábamos destinados a estar juntos… que con la convivencia entre él y yo se podía dar algo”, narra la víctima en su declaración.

Después de acosarla más tiempo con preguntas y comentarios que la hacían sentirse incómoda y sin saber qué hacer, le dijo que ella no se acostaría con él ni con Castro Trenti. “Me dijo que ni iba a dejar que nadie me hiciera nada, porque yo era de él”.

El dictamen en materia de psicología 328/4PSC/2011 del 7 de noviembre de 2011 indica que la víctima sí presenta afectación psicológica en relación con los hechos referidos. Se le valoró los días 24, 25, 26 y 27 de octubre y el 7 de noviembre mediante diversas pruebas proyectivas.

Mediante el oficio 1989/11/302, con fecha del 9 de noviembre de 2011 se exhorta al agente del ministerio del fuero común de Tijuana, para que gire un citatorio a Ariel Lizárraga y pueda avanzar el caso, pues no se presentaba al desahogo de pruebas.

El 29 de abril de 2014, tres años y cinco meses después de ocurridos los hechos, la agencia del ministerio público investigadora de delitos sexuales y violencia intrafamiliar de Ensenada, declara extinguida la acción penal por haber pasado el tiempo de tres años de conformidad a lo previsto en los artículos 113 fracción I, 114 y 115 del Código del Estado, por lo que sin más cierran el caso sin que Lizárraga Montero se haya presentado a declarar.

El 24 de agosto de 2021 tiene lugar la vista para resolver en definitiva las actuaciones del acta de averiguación previa, determinando que tras nueve años, nueve meses y 16 días, tiene lugar la extinción de la facultad del ejercicio de la pretensión punitiva del estado por transcurso del tiempo, por lo que se cierra el caso sin sanción alguna.

Estatal

PAN propone hasta 140 años de prisión para “narcopolíticos”

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La diputada federal, Eva María Vásquez, informó que la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa de reforma al artículo 25 y una adición al artículo 123 Bis del Código Penal Federal, así como modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el objetivo de establecer penas máximas para políticos que tengan vínculos con el crimen organizado.

Expuso que las sanciones podrían alcanzar hasta 140 años de prisión cuando se trate de servidores públicos o actores políticos involucrados con organizaciones criminales, a fin de evitar que quienes estén en la función pública tengan acuerdos o presuntos vínculos con grupos delictivos.

La legisladora panista afirmó que existe un presunto “narco pacto” con grupos criminales y demandó a las autoridades en el poder a romper cualquier acuerdo de esa naturaleza.

Durante su declaración, Eva María Vásquez también cuestionó los mecanismos internos de Morena para impedir la infiltración del crimen organizado en la política; aseguró que, pese a los filtros anunciados por ese partido, presuntamente existen figuras políticas que mantienen cercanía o reciben protección de sectores vinculados con el poder.

Con ejemplos, la diputada federal mencionó los casos recientes de Adán Augusto López, Rubén Rocha Moya y Andy López Beltrán, entre otros integrantes y figuras cercanas a Morena; sostuvo que existe “mucha tela de donde cortar” y consideró que una revisión de las principales filas de Morena permitiría identificar a personas que, desde su perspectiva, deberían ser investigadas.

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Estatal

Pide CCE traducir compromisos del 2do informe en beneficios reales

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Tras la presentación del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California emitió un llamado a la administración federal para pasar de los anuncios a las acciones concretas.

El organismo empresarial enfatizó que el desarrollo del país debe reflejarse en la inversión productiva, el fortalecimiento de las PyMEs, la seguridad de las familias y la generación de empleo formal.

A través de un comunicado firmado por Octavio Sandoval López, presidente coordinador de los CCE del estado, el sector productivo reconoció los logros en materia salarial, la apertura al diálogo y la estabilidad en indicadores macreconómicos.

Entre estos destaca la Inversión Extranjera Directa (IED), que alcanzó los 35 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, así como el crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) del 1.9 por ciento en el segundo trimestre.

Sin embargo, el organismo advirtió sobre rezagos en la economía real, como la baja inversión productiva pues la inversión fija bruta lleva más de 18 meses estancada.

Además, solo el 7.8 por ciento de la IED corresponde a nuevos proyectos, mientras que la inversión privada cayó al 17.9 por ciento del PIB -su nivel más bajo desde 2020- y la pública se situó en un 3.3 pir ciento.

También, el CCE alertó que la deuda pública se aproxima a los 21 billones de pesos. De no lograr un crecimiento económico sostenido superior al 3 por ciento anual, el país enfrenta el riesgo de perder el grado de inversión, encareciendo el pago de intereses.

Entre enero y julio de 2026 se registraron 243,078 nuevos puestos ante el IMSS, cifra equivalente a menos de la mitad de los 700 mil empleos que requería el mercado laboral en dicho periodo, precisa el comunicado.

En el rubro de seguridad, el sector empresarial puntualizó que una de cada dos empresas fue víctima de algún delito entre octubre de 2025 y marzo de 2026, siendo la extorsión el delito con mayor incidencia.

Además, expresaron preocupación por el registro nacional de más de 132 mil 800 personas desaparecidas, indicando que la baja en la percepción de violencia no refleja del todo la realidad que viven los ciudadanos y las unidades económicas.

Respecto a los proyectos de infraestructura para Baja California y el noroeste del país, el comunicado señala retrasos en obras clave, como las plantas de generación eléctrica en Mexicali y Sonora que corresponden a la administración anterior.

La planta desalinizadora en Playas de Rosarito no ha iniciado obras y los 5,000 paneles solares contemplados para Mexicali no han concluido su instalación, destaca el CCE estatal.

De cara a la próxima revisión del T-MEC, el CCE bajacaliforniano instó a fortalecer la certidumbre jurídica, mejorar el abasto de energía, agua y gas, así como modernizar las carreteras y cruces fronterizos.

“El diagnóstico debe partir de cómo se siente la gente, no de cómo se siente el Gobierno”, concluyó el pronunciamiento respaldado por los consejos coordinadores empresariales de Tecate, Ensenada, Mexicali, Tijuana y Rosarito.

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Estatal

PRI acusa al IEEBC de retrasar investigación contra Julieta y favorecer a Morena

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Esta mañana el representante jurídico del CDE del PRI, Joel Blas, cuestionó la actuación del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) ante el retraso en la atención de una denuncia relacionada con presuntos actos anticipados de campaña por parte de la senadora con licencia Julieta Ramírez.

Señaló que la denuncia fue presentada desde el pasado 9 de abril y que fue hasta ayer 1 de septiembre cuando el organismo electoral abordó el tema de las medidas cautelares, casi cinco meses después.

Explicó que dichas medidas contemplan el retiro de mantas, bardas y contenidos de algunos sitios de internet, pero responsabilizó al IEEBC de no haber actuado oportunamente; aseguró que el instituto comenzó a atender el caso luego de que el Tribunal de Justicia Electoral del Estado lo obligara a hacerlo, determinación que, dijo, fue ratificada por la Sala Guadalajara.
Para concluir Joel Blas adelantó que el partido está a la espera de ser notificados con respecto a las medidas cautelares y como sospechan que Morena impugnara la decisión, por lo que estarán al pendiente.

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