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Estatal

Matices: Contención de crisis

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Pues muy mal el manejo de la crisis en el Gobierno del Estado, tanto por el tema de la revocación de las visas del matrimonio Torres-Avila, como por el asunto de la casa. Empecemos por éste último. ¿Por qué necesitaron tres días para decir que la casa no era de Marina del Pilar? Si no es de ella, y no mostraron ningún documento oficial que respalde el comunicado, podían haberlo sacado el mismo día o el día siguiente.

Un par de fuentes me enviaron el mismo mensaje: La casa no es de Fernando Salgado Chávez. Él tiene una residencia ahí en esa zona, pero no es esa casa. Si es su amigo, como lo llama en el “desmentido”, lo conducente para despejar dudas era pedirle su registro de propiedad y hacerlo público, para mostrar que efectivamente esa mansión es de él.

Luego, -casualidades de la vida- el personaje más “pesado” que asistió al auto-homenaje del sábado en Tijuana, Arturo Ávila, resultó también con una mansión en San Diego.

Sobre el evento de Tijuana, fue sin duda exitoso en téminos de acarreados, pero la gente no estaba entusiasmada. Las porras y vítores fueron motivadas por quien dirigía el evento y no una manifestación espontánea ni natural. Los burócratas fueron obligados a ir. Los funcionarios llevaron a sus voceros a hacer bola.

Por ahí vimos a Juan José Pon, Adrián Medina Amarillas, Luis Gallego, Alejandro Arregui, Gerardo Solís, Jesús López Romandía, Alfredo Álvarez, Jorge Alberto Gutiérrez, Catalino Zavala, Armando Carrazco y Juan Meléndrez, y arriba del escenario junto a Marina del Pilar, Arturo Ávila, Julieta Ramírez, Armando Ayala, todos los alcaldes, Armando Samaniego, y los diputados morenistas locales.

En su discurso de la gober no tocó el tema de la visa ni de la casa. Solo fue un recuento de logros, acusaciones diversas, promoción sobre la elección judicial, loas a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, porras a ella misma, agradecimientos varios y despedida.

El director de Bomberos, al fondo, de gorra

Rubén Darío Osuna, director de Bomberos de Mexicali también andaba haciendo bola en Tijuana. ¿Qué tenía que hacer allá? ¿No tiene una gran responsabilidad en Mexicali?

Ayare ardió la fábrica Footprint en esta ciudad, y a pesar de las máquinas nuevas, hay también fuera de servicio, y los bomberos denuncian que las máquinas extintoras que compraron en complicidad con los hijos de la presidenta están viejas, pero primero el moche.

Si la fábrica estaba dentro de un parque industrial, ¿cómo es que no contaba con las medidas de seguridad contra incendio? Aseguran que hace años que no sirven los hidrantes que están dentro de los parques industriales.

Los bomberos dicen que las industrias coreanas dan un moche por fabrica de 500 mil pesos para el director Osuna y para el Subdirector del Departamento Técnico que este en funciones; “así como lo hicieron con Lopez Vilchis y ahora con Bernardo Nevarez”.

Nos cuentan que los jefes son tan descarados que sobre la falta de cumplimiento de las medidas contra incendios de las tiendas Ley, ya quedó en el olvido; “Cómo dicen los jefes, es solo unos días el escándalo de la página esa de Brújula News y luego pasa”. Siguen nadando de muertito la alcaldesa Norma Bustamante, el director de Bomberos, Rubén Darío Osuna, y el síndico, Óscar Vega Marín.

“¿Dónde estará el sistema de rociadores de agua que deben tener esas plantas industriales? obvio, al ser muy caro con un gran moche no los instalan, solo cumplen lo básico. El sistema contra incendio de la planta que se quemó no funcionó. La bombra contra incendio y las mangueras de la planta, al igual que en la tienda Ley quemada, no funcionaron y con eso arriesgan nuestra vida al meternos a apagar el incendio con peligro de que colapse el techo”, señalan los bomberos.

Sobre el “incendio” del restaurante de mariscos Panchitos, me cuentan que obligaron a los bomberos a reportar que se trató de un corto circuito, cuando se trató en realidad de una bomba Molotov. “Se oye que por el peritaje alterado Rubén Darío Osuna recibió 300 mil pesos y Bernardo Nevarez 200 mil”, me comentaron. Vamos a preguntar qué hay de cierto en esto y a exigir que muestren el peritaje.

Y pasando a la parte de la contención de daños en el tema de las visas, pues intervino muy lamentablemente el diputado morenista Fidel Mogollón, para decir que conoce gente de lo peor que tiene visa -como para defender a la gobernadora-, pero la verdad es que la defiende mejor callado. Ahora le están exigiendo que si conoce a gente que se dedica al narcotráfico y a la trata de personas, pues que las denuncie, porque si no es cómplice.

Desde el tonito sangrón con el que lo dice, ya empezamos mal. No le queda, diputado, a usted menos que a nadie, andar sermoneando y dando lecciones. Por cierto, ¿Y el proceso al que lo iba a someter Morena? ¿No me digan que fue pura simulación y no le pasará nada? Qué sorpresa.

Y tenemos las declaraciones del síndico, Óscar Vega, quien dice que nadie fue a denunciar que lo obligaran a ir al evento de Tijuana a aplaudirle a la gober. ¿Por qué se imagina usted que pasó eso Síndico? ¿Qué cree que le hubiera pasado a quien se hubiera quejado?

Y por último no podemos dejar de compartir este sorprendente mensaje de parte de Daniel Healy.

Perdón por ser tan escéptica, pero los Healy saben y aprueban lo que está pasando con La Crónica y Frontera. ¿Qué tipo de accionistas serían si no están pendientes de su negocio, su línea editorial y sus políticas de publicidad institucional? Ahora que tienen el agua hasta el cuello, con los mensajes de descontento (por decirlo de manera política) por ser tan entregados al gobierno estatal, están viendo la luz.

Que le pregunten a los candidatos de la pasada elección el descaro con que les pedía cantidades millonarias el director ejecutivo para darles promoción. Ojalá que de verdad se renueven, porque es una lástima ver en lo que ese periódico se ha convertido.

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Corrupción

Urgen a replantear Ley General de Contratación Pública para combatir corrupción

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A pocos días del inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso, Transparencia Mexicana advirtió sobre los elevados riesgos de corrupción derivados de la fragmentación de las reglas de compras públicas y planteó la urgencia de aprobar una Ley General de Contratación Pública con normas comunes para los gobiernos federal y estatales.

La organización documentó la existencia de más de 120 formas distintas de contratación pública en el país. Esta dispersión normativa no solo complica la vigilancia y el control de las compras, sino que genera opacidad, facilita irregularidades y dificulta la participación de pequeñas y medianas empresas, dejando fuera a actores económicos históricamente relegados.

Durante la presentación de la propuesta, Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, subrayó que “además de controlar la corrupción en la contratación pública, el país necesita verla como una oportunidad para la inclusión de nuevos actores económicos en la provisión de bienes y servicios para el gobierno”.

Tan solo a nivel federal, las adquisiciones y la obra pública superan los dos billones de pesos anuales. Este volumen de recursos públicos representa un riesgo significativo de corrupción, al tiempo que podría convertirse en una herramienta para ampliar la competencia, desarrollar cadenas productivas y reducir espacios de discrecionalidad.

Como parte de su estrategia anticorrupción, Transparencia Mexicana trabaja con una decena de organizaciones sociales de distintas regiones del país en la construcción de la primera base de datos nacional de precios comparados para los sectores salud, seguridad, educación, energía y transporte.

La herramienta permitirá identificar diferencias de precios y patrones de contratación entre el gobierno federal y las entidades federativas, con el fin de detectar y prevenir riesgos de corrupción.

La organización ciudadana anunció que en las próximas semanas presentará los detalles de su propuesta y buscará un diálogo con los poderes Ejecutivo y Legislativo para impulsar una discusión nacional orientada a fortalecer los controles y reducir la vulnerabilidad a la corrupción en las contrataciones públicas.

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Estatal

IMOS registra cinco infracciones por falta de aire acondicionado

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El Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) ha realizado 472 inspecciones aleatorias para verificar que las unidades de transporte público cuenten con aire acondicionado durante la temporada obligatoria; así lo informó la delegada en Mexicali.

Alejandra Borboa detalló que, de estas revisiones, se han emitido 20 amonestaciones y cinco infracciones, lo usuarios de transporte pueden presentar su queja al 663 127 50 38 y, al momento, van 39 quejas ciudadanas que han derivado en acciones.

Recordó que el uso de aire acondicionado en el transporte público es obligatorio en Mexicali del 15 de mayo al 15 de octubre, debido a las condiciones climáticas de la ciudad y, de no cumplir, la multa asciende a 2 mil 346 pesos.

La delegada reconoció que algunas fallas pueden presentarse durante el recorrido debido a desperfectos mecánicos, por lo que los concesionarios deben atenderlas y realizar las reparaciones correspondientes.

Agregó que las sanciones pueden incrementarse en caso de reincidencia y que el reglamento contempla incluso procedimientos para retirar permisos cuando se acumulan diversas infracciones.

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Estatal

Mecanismo Estatal de Búsqueda celebrará su primera sesión formal

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El Mecanismo Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas celebrará este jueves su primera sesión formal, donde autoridades estatales y representantes de colectivos analizarán nuevas estrategias para fortalecer las labores de localización e investigación en Baja California.

El secretario general de Gobierno, Juan José Pon, informó que uno de los principales planteamientos será la creación de unidades especializadas en investigación que puedan integrarse a las actividades de la Comisión Local de Búsqueda.

A la reunión asistirán la gobernadora Marina del Pilar, la fiscal general del estado, María Elena Andrade, representantes del Poder Judicial y colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas.

Otro de los puntos a discutir es el destino de los recursos utilizados para la Brigada Estatal de Búsqueda, actividad que se realiza anualmente; las autoridades evaluarán si se mantiene este operativo o si parte de esos recursos se canaliza al fortalecimiento de la Comisión Local de Búsqueda.

Pon destacó que las decisiones deberán considerar las propuestas y necesidades expresadas por los colectivos de búsqueda, particularmente a través del Consejo Local.

La sesión representará el primer encuentro formal del mecanismo estatal, con la expectativa de definir acciones para mejorar tanto las labores de búsqueda en campo como las capacidades de investigación relacionadas con los casos de desaparición.

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