Este viernes se instaló un módulo de atención ciudadana de la Comisión Federal de Electricidad en el Palacio Municipal, en donde la población podrá acudir para resolver distintas situaciones relacionadas con sus recibos, facturas y contratos de electricidad.

El coordinador de directores del Ayuntamiento, Víctor Hugo Delgado, expuso que mantiene una estrecha coordinación con la CFE a fin de atender las necesidades de la ciudadanía relacionadas con el servicio de energía eléctrica.

Explicó que en este espacio también se pueden realizar convenios de pago, revisar asuntos relacionados con el servicio y reportar o consultar interrupciones en el suministro eléctrico.

El módulo inició actividades este viernes y la atención continuará durante toda la próxima semana, en un horario de 12 del mediodía a 3 de la tarde.

Para concluir, Víctor Hugo Delgado mencionó que este tipo de jornadas son resultado de las gestiones y comunicación permanente entre el Ayuntamiento y la Comisión Federal de Electricidad, con la finalidad de acercar soluciones a la población.

La confianza de los empresarios de Baja California en el desempeño del gobierno estatal se encuentra entre las más bajas del país, mientras que la inseguridad, la corrupción y la incertidumbre económica aparecen como algunos de los principales obstáculos para el desarrollo de los negocios, de acuerdo con los resultados de DataCoparmex 2026.

El indicador “Marcaje a mi gobierno”, presentado hoy por Ernesto García Manjarrez, presidente de Coparmex Mexicali, revela que únicamente 11.8 por ciento de los socios de Coparmex en Baja California considera que el gobierno estatal ha cumplido con los propósitos para los cuales fue electo, porcentaje que contrasta con el 29.2 por ciento nacional.

Con este resultado, Baja California se ubicó en el lugar 30 de 31 entidades, 17.4 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, dijo. Entre quienes consideran que el gobierno estatal no está cumpliendo con sus objetivos, la inseguridad aparece como la principal falla señalada, con 29 por ciento de las menciones, seguida por corrupción, con 21.5 por ciento, e infraestructura y servicios públicos, con 18 por ciento, comentó.

La proporción de empresarios que señala la inseguridad como principal deficiencia también supera el registro nacional, que fue de 22.7 por ciento, manifestó García Manjarrez.

Corrupción, otro foco de preocupación

El indicador “MxSinCorrupción” señala que 36.4 por ciento de los socios Coparmex en Baja California experimentó algún acto de corrupción durante el último año, frente al 30.4 por ciento registrado a nivel nacional, agregó el presidente del organismo empresarial.

La entidad se ubicó así en el quinto lugar de 31 estados considerados en este indicador. No obstante, el resultado representa una reducción de 10.7 puntos respecto a 2025, cuando el porcentaje alcanzaba 47.1 por ciento, añadió.

Menor disposición para invertir

El panorama tampoco resulta alentador en materia de inversión. El indicador “Ánimo para invertir” registró en Baja California apenas 18 por ciento, por debajo del 23 por ciento nacional, remarcó el presidente de Coparmex Mexicali.

La entidad ocupó el lugar 27 de 31, luego de registrar una caída de 14.8 puntos respecto a 2025, cuando 32.9 por ciento de los socios consideraba que era un buen momento para invertir. A pesar de ello, 50.9 por ciento de las empresas consultadas manifestó tener planes de ampliar su número de colaboradores, sucursales o productos, ligeramente por encima del 50.3 por ciento nacional, indicó.

Entre los principales obstáculos para el crecimiento empresarial destaca la incertidumbre económica, con 25.7 por ciento de las menciones; le siguen la inseguridad, con 20.8 por ciento, y la incertidumbre política, con 19.7 por ciento. Esta última supera en 3.1 puntos el porcentaje nacional de 16.6 por ciento, precisó.

Casi seis de cada 10 empresas reportan problemas con trámites

Otro de los indicadores que coloca a Baja California en una posición desfavorable es el “Gasto regulatorio”, observó. Seis de cada diez socios Coparmex reportó haber enfrentado algún problema al realizar trámites gubernamentales durante el último año, frente al 46.9 por ciento nacional. Con ello, el estado se ubicó en el tercer lugar de 32 entidades.

Aunque el porcentaje disminuyó 6.4 puntos respecto a 2025/I, cuando era de 66.3%, Baja California continúa entre los estados con mayor proporción de empresas que enfrentan dificultades en sus trámites. Aseveró que los problemas se presentaron principalmente ante gobiernos municipales, con 36.1 por ciento de las menciones, seguidos por el ámbito estatal, con 34.2 por ciento, y el federal, con 29.7 por ciento.

En el caso específico del SAT, 29.5 por ciento de las empresas en Baja California reportó haber enfrentado algún problema entre octubre de 2025 y marzo de 2026, ocho puntos por encima del promedio nacional, declaró García Manjarrez. La principal problemática fue la devolución de impuestos pendientes, señalada en 58 por ciento de los casos, frente a 50 por ciento nacional.

Inseguridad: baja la victimización, pero aumenta el impacto de la extorsión

En materia de seguridad, 44 de cada 100 los socios Coparmex en Baja California manifestó haber sido víctima de algún delito durante el último año, porcentaje inferior al 45.6 por ciento nacional, dijo.

Sin embargo, entre las empresas que sí fueron víctimas de un delito, la extorsión o cobro de piso representa el principal problema, con 23 por ciento de las menciones, cinco puntos por encima del promedio nacional de 18 por ciento. Le siguen el robo de mercancía en tránsito, con 13.8 por ciento, y el delito informático, con 12.6 por ciento.

Además, dentro de las empresas víctimas de extorsión, 61.4 por ciento señaló que ésta ocurrió vía telefónica, mientras que 15.8 por ciento reportó cobro de piso y 8.8 por ciento extorsión por internet, explicó García Manjarrez. Ante este escenario, 47.5 por ciento de las empresas bajacalifornianas aumentó su gasto en medidas de seguridad durante el último año, por encima del 44.3 por ciento nacional.

Los resultados de DataCoparmex dibujan así un escenario contradictorio para Baja California: aunque existe una proporción ligeramente mayor de empresas que planea crecer respecto al promedio nacional, persisten niveles elevados de percepción de corrupción, dificultades regulatorias, inseguridad e incertidumbre económica y política, factores que coinciden con un marcado descenso en el ánimo empresarial para invertir.

El juez Victoriano Yee Fernández pretende apoderarse de una propiedad en el Fraccionamiento El Liezo, de esta capital, y para eso habría promovido un cateo por narcomenudeo el pasado miércoles 2 de septiembre.

Guadalupe Coronado Fonseca, cuñada de quien ocupa esa propiedad, y quien realizó un video en redes en vivo documentando el hecho, narró que el juzgador, quien entró con los denominados “jueces del acordeón”, cobró renta por años por el inmueble, hasta que descubrieron que no era de su propiedad.

Yee Fernández otorgó recibos de pago “por honorarios” hasta diciembre pasado, cuando le informaron que ya no pagarían más porque él no era el dueño.

El juez vive al lado y no es el propietario de esa casa, pero si cobró alquiler por cerca de ocho años, precisó Coronado Fonseca.

Una búsqueda en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio no arrojó propiedades a nombre del juez, quien les había dicho que la propietaria del inmueble le habría dejado un poder a su nombre, pero nunca mostró ningún documento.

Yee Fernández incluso cambió el recibo de energía eléctrica de la casa de la que se pretende adueñar y lo puso a su nombre, además de tomar los recibos de agua del cerco o el buzón de la casa en cuestión, relató Coronado Fonseca.

En diciembre pasado, al darse cuenta que quien está en posesión de la casa estaba a punto de obtener la prescripción, el juzgador les fue a decir que se los iba a “chingar”.

Por eso sospechan que la orden de cateo estaría relacionada con este conflicto.

De acuerdo con la ficha informativa de la Fiscalía General del Estado, el operativo se llevó a cabo el miércoles pasado de 21:18 a 21:46 horas, ejecutado por agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en coordinación con personal de la Fiscalía Especializada Contra el Narcomenudeo y elementos de la SEDENA, para la búsqueda de narcóticos, sin encontrar nada.

En el cateo, la familia no dejó pasar a un agente que recibió una bolsa de otro elemento, al sospechar que podía tratarse de un intento de sembrarles drogas.

La familia afectada cuenta que la madre del juez, quien padece una discapacidad oral y auditiva, es muy grosera con ellos y aprovecha cualquier oportunidad para hacerles saber mediante señas que la casa donde viven -y que llevaba 20 años abandonada-, es propiedad de su hijo y se las va a quitar.