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Corrupción

Rafael Buenrostro Martín, enlace estatal para el negocio del huachicol

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Rafael Buenrostro Martín es un joven que se presentaba hace un par de años como empresario y agricultor del Valle de Mexicali. Es un amigo de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, y miembro del círculo de funcionarios cercanos a la mandataria.

De acuerdo con versiones de gente que lo conoce, cuando Avila Olmeda fue diputada federal, Rafael trabajó con ella; relación laboral impulsada por Francisco “Panchito” Pérez Tejada. Estuvo relacionado con personajes del PRI como Antonio Magaña cuando fue candidato de ese partido, y con el hoy diputado morenista Jaime Cantón, quien niega conocerlo.

Tras el triunfo de la hoy mandataria, su amigo se ostentaba -sin cargo oficial- como enlace entre el gobierno del estado de Baja California y el gobierno federal. En Ciudad de México se le vio muy pegado a Mario Delgado y a Sergio Carmona; estaba ya en las “grandes ligas” de la política.

Empezó a presumir relojes y otros lujos en sus redes sociales, hoy restringidas.

Rafael Buenrostro Martín.

Hace cerca de un año, presumió que él consiguió los permisos para instalar un Recinto Fiscalizado Estratégico, llamado Frontier, en el ejido Toluca del Valle de Mexicali, propiedad de Javier Navarro y Lupita Jacques.

En agosto de 2025, Rafael fue nombrado subdirector de Operación Aduanera -también mencionado como subadministrador- de la Aduana de Ciudad Juárez. Según El Diario de Juárez, emplea­dos sin­di­ca­li­za­dos estaban molestos ante la llegada del funcionario que identificaban como ligado a Morena y a actividades ilícitas, y que venía con la con­signa de poner orden y aumen­tar la recau­da­ción fis­cal.

El reportaje de Aristegui Noticias llamado “Soldados del Huachicol”, transmitido el 14 de noviembre de 2025, daba cuenta de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la operación de una red integrada por altos mandos militares para contrabandear hidrocarburos a través de las garitas de Coahuila y Chihuahua.

Uno de los militares mencionados era el coronel en retiro Octavio Othón López Pérez, separado de su cargo como Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez el pasado 1 de noviembre.

Se supone que la FGR investiga al militar en retiro y al personal que estaba bajo su mando, entre ellos al bajacaliforniano; según reportes del medio Treinta33.tv de Ciudad Juárez, las autoridades tendrían carpetas de investigación en contra del Subadministrador Buenrostro Martín y “otros funcionarios que operan el contrabando de mercancías y el cruce ilegal de autos chuecos”.

Ese medio también da cuenta de una manta con amenazas colgada en el Puente Libre de esa ciudad, donde se menciona a Rafael Buenrostro Martín y a otro funcionario de apellido Vera por actos de extorsión y corrupción, señalando que era el último aviso. “Personal de la Aduana que pidió el anonimato, mencionó que días atrás se dejó otro mensaje donde se advertía al administrador local de los actos de corrupción cometidos por el Subadministrador Rafael Buenrostro Martín, donde se exhibía un oficio firmado por Alex Tonatiuh Márquez y Rafael Marín Mollinedo, el que le otorgaban facultades para realizar acciones de recaudo en perjuicio de empresarios, agentes aduanales y tramitadores, quitándole facultades al Administrador, Octavio Othón López”, precisa la nota informativa.

La carta del administrador de la aduana señala al bajacaliforniano

El militar en retiro respondió al reportaje de Carmen Aristegui enviando una carta, donde señala al bajacaliforniano como responsable de actos ilícitos en la aduana de Ciudad Juárez.

En la misiva, de 18 puntos, menciona en el tercer apartado que “El administrador de la aduana de Ciudad Juárez no es el responsable de verificar la entrada y salida de mercancías de cada puente, por lo que hay un responsable en cada uno para esta acción, por lo que en el caso del Puente Zaragoza (único autorizado para la importación de hidrocarburos) el responsable era el Lic. Rafael Buenrostro Martín”.

El punto cinco lo menciona nuevamente: “El rol de moduladores y verificadores por órdenes del titular ANAM -Agencia Nacional de Aduanas de México-, efectivamente el responsable designado fue el Lic. Rafael Buenrostro Martín, subdirector de Operación Aduanera, esa instrucción no fue por alguna irregularidad de corrupción, fue motivada por movimientos aleatorios que efectué a principios del mes de julio de 2025, estos fueron cambios en el rol para romper el esquema que tenían, provocando reacciones negativas por parte principalmente de la lideresa del sindicato mayoritario”.

Buenrostro Martín es mencionado en el apartado siete: “Buenrostro gestionó para que se girara esta orden por el propio titular ANAM (el movimiento de personal) porque ya tenían a su gente con la suficiente coordinación y procedimientos para dejar pasar mercancías de manera irregular, y al romperse esa cadena, provocó reacciones negativas”.

El punto once hace otra mención del bajacaliforniano: “Por la coordinación que Buenrostro mantiene con los organismos centrales de ANAM, el propio Yasser Omar Tiburcio Alemán, actual director de Supervisión de Aduanas Fronterizas, ese mismo día (2 de octubre, cuando detectan la entrada irregular de 6 pipas de combustible, hecho que denuncia López Pérez) me ordena quitar del punto de observación a dos empleados civiles destacados por el suscrito para verificar que no pasaran estos vehículos de manera irregular”.

La sección doce de la carta, sigue con Buenrostro Martín: “Asimismo, este personaje (Yasser Omar Tiburcio Alemán) me gira el 30 de octubre de 2025 un correo electrónico donde me indica que con fecha del 1 de noviembre de 2025, me desvincula como funcionario público de ANAM y como titular de la Aduana de Ciudad Juárez, seguramente por denunciar los hechos del 2 de octubre y designan como encargado al Lic. Buenrostro ¿por qué será?”.

En la carta, el militar en retiro y exadministrador de la aduana, señala que las áreas de jefaturas de departamento y subdirecciones, están ocupadas por personal de reciente ingreso de julio a octubre de 2025 -entre ellos el amigo de la gobernadora-, y esos aproximadamente 30 funcionarios tenían la misión de incrementar la recaudación fiscal, cuestión que López Pérez remarca que ha sido todo lo contrario, “pues se han dedicado a bloquear la verdadera actividad lícita de comercio exterior”.

Promesa del 2024

El medio morenista La Política Online escribía el 19 de diciembre de 2023 sobre Rafael: “Mexicali por fin tendrá un digno representante en la Cámara de Diputados, el Lic. Rafael Buenrostro Martín, empresario y agricultor del Valle, y conocedor de los temas que tienen a nuestro Valle estancado. Un joven líder en el sector agropecuario de Baja California, como lo presume en sus redes sociales el mexicalense. “Un joven interesado en fortalecer el tejido agrario cultivando nuestros alimentos con el corazón por delante”, tal y como se refirió a Rafael Buenrostro la Gobernadora Marina del Pilar. Se trata sin duda de un gran perfil que gestionará en el recinto legislativo de San Lázaro los grandes proyectos y beneficios que se requieren para el Distrito Electoral Federal 01 abanderando al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)”. Esa candidatura se la llevó Laura Ruiz.

El hermano de Rafael es funcionario estatal. El 31 de octubre de 2024 Luis Miguel Buenrostro Martín, asumió el cargo como director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California (CECyTE BC), tras terminar su periodo de suplente del diputado Isaías Bertín Sandoval. Antes de eso fue subsecretario de Educación Media Superior, Superior e Investigación.

Investigaciones en BC

El 20 de noviembre de 2025 fue citado por la Fiscalía General de la República en Ciudad de México Carlos Torres Torres, aun esposo de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y quien era coordinador de Proyectos Estratégicos en el estado y también en Tijuana.

También fueron citados otros 20 personajes políticos, como el alcalde tijuanense Ismael Burgueño; el senador Armando Ayala; el empresario Fernando Salgado Chávez -el dueño de la casa de Rancho Santa Fe, atribuida a Avila Olmeda-; y Luis Alfonso Torres Torres, cuñado de la mandataria, entre otros.

En mayo trascendió que a la gobernadora y a Carlos Torres Torres les revocaron la visa. Ese mes, el semanario Zeta publicó el cónyuge de la mandataria y su hermano Luis Alfonso están bajo investigación en México y Estados Unidos por huachicol, evasión fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada.

El medio señaló que la carpeta de la FGR, abierta el 26 de marzo de 2025, surgió tras el descubrimiento en Ensenada de un predio que tenía contenedores con 8 millones de litros de combustible ilícito. 

En octubre pasado, Avila Olmeda confirmó que estaba en proceso de divorcio y pidió respeto y discreción a los medios, y afirmó que llevan el proceso de común acuerdo y con prioridad en sus hijos.

Aunque ya no ha surgido información sobre el curso que llevarían las investigaciones federales, la conexión entre el negocio ilícito del huachicol y autoridades y exautoridades de Baja California, sería sin duda Rafael Buenrostro Martín.

Corrupción

Urgen a replantear Ley General de Contratación Pública para combatir corrupción

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A pocos días del inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso, Transparencia Mexicana advirtió sobre los elevados riesgos de corrupción derivados de la fragmentación de las reglas de compras públicas y planteó la urgencia de aprobar una Ley General de Contratación Pública con normas comunes para los gobiernos federal y estatales.

La organización documentó la existencia de más de 120 formas distintas de contratación pública en el país. Esta dispersión normativa no solo complica la vigilancia y el control de las compras, sino que genera opacidad, facilita irregularidades y dificulta la participación de pequeñas y medianas empresas, dejando fuera a actores económicos históricamente relegados.

Durante la presentación de la propuesta, Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, subrayó que “además de controlar la corrupción en la contratación pública, el país necesita verla como una oportunidad para la inclusión de nuevos actores económicos en la provisión de bienes y servicios para el gobierno”.

Tan solo a nivel federal, las adquisiciones y la obra pública superan los dos billones de pesos anuales. Este volumen de recursos públicos representa un riesgo significativo de corrupción, al tiempo que podría convertirse en una herramienta para ampliar la competencia, desarrollar cadenas productivas y reducir espacios de discrecionalidad.

Como parte de su estrategia anticorrupción, Transparencia Mexicana trabaja con una decena de organizaciones sociales de distintas regiones del país en la construcción de la primera base de datos nacional de precios comparados para los sectores salud, seguridad, educación, energía y transporte.

La herramienta permitirá identificar diferencias de precios y patrones de contratación entre el gobierno federal y las entidades federativas, con el fin de detectar y prevenir riesgos de corrupción.

La organización ciudadana anunció que en las próximas semanas presentará los detalles de su propuesta y buscará un diálogo con los poderes Ejecutivo y Legislativo para impulsar una discusión nacional orientada a fortalecer los controles y reducir la vulnerabilidad a la corrupción en las contrataciones públicas.

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Corrupción

Funcionario municipal trabajó al mismo tiempo en el Poder Judicial en 2025

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Oswaldo Ríos Durazo, quien actualmente se desempeña en la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, habría fungido también como analista del Poder Judicial del Estado de Baja California, configurando un posible doble empleo incompatible.

De acuerdo con registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025 trabajó como analista del Poder Judicial con un sueldo bruto de 28 mil 568 pesos mensuales, y del 1 de abril al 30 de junio de ese mismo año con un sueldo bruto de 13 mil 247 pesos mensuales.

La respuesta oficial del Poder Judicial del Estado, contenida en el oficio 3134/26 del Departamento de Recursos Humanos (remitido mediante el oficio OM-288/2026 de la Oficialía Mayor), confirma que laboró durante cuatro meses y que, “por autorización de su Jefe Directo, Consejero de la Judicatura Lic. Francisco Javier Tenorio Andújar”, fue excluido del registro de asistencia en el sistema biométrico “en atención a la naturaleza de sus funciones y necesidades del servicio”. Por esa razón no existe el registro completo de entradas y salidas solicitado.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mexicali, a través de la Oficialía Mayor, informó en respuesta a la solicitud 1120058726000280 que Oswaldo Ríos Durazo es actualmente servidor público de esa dependencia. Su fecha de alta es el 6 de marzo de 2025; no se encuentra dado de baja; está adscrito al Departamento de Vinculación, Participación Ciudadana y Quejas, con categoría de abogado y puesto de jefe de departamento y percibe un sueldo mensual de 43 mil 300 pesos.

La Sindicatura Municipal de Mexicali, órgano de control y fiscalización del Ayuntamiento, es la dependencia donde actualmente se desempeña.

La legislación mexicana en materia de responsabilidades de los servidores públicos (Ley General de Responsabilidades Administrativas y normas locales) restringe o regula el desempeño simultáneo de empleos en el sector público cuando existe conflicto de interés, incompatibilidad de horarios o afectación al desempeño de las funciones, salvo autorizaciones expresas.

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Denuncian opacidad en Ayuntamiento de Ensenada

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La regidora del XXV Ayuntamiento de Ensenada Daniela García Salgado informó que ayer miércoles presentó una denuncia formal ante la Sindicatura Municipal en contra del Comité de Compras, por presuntas violaciones a la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública.

La edil explicó que la denuncia deriva del incumplimiento del artículo 31 de la legislación en materia de acceso a la información pública, el cual establece la obligación de transmitir en vivo las sesiones del Comité de Compras para garantizar que la ciudadanía conozca cómo se ejercen los recursos públicos.

Asimismo, recordó que anteriormente también se negó el acceso a dichas sesiones, pese a que el artículo 36 del Reglamento de Adquisiciones del Municipio reconoce el derecho de cualquier ciudadano a asistir y presenciarlas.

“Estamos denunciando un patrón de opacidad que vulnera el derecho de las y los ciudadanos a conocer cómo se ejerce su dinero. La ley es clara: las sesiones del Comité de Compras deben ser públicas y transmitidas en vivo; sin embargo, estas disposiciones se han ignorado de manera reiterada”, precisó.

García Salgado señaló que impedir el acceso a las sesiones y omitir su transmisión limita la vigilancia ciudadana sobre los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y licitaciones.

“¿Qué es lo que no quieren que vea la ciudadanía? La transparencia no es una concesión de la autoridad; es una obligación legal. Los recursos públicos pertenecen a las familias de Ensenada y tienen derecho a saber cómo se decide cada compra y cada contratación”, dijo.

La edil manifestó su confianza en que la Sindicatura Municipal resolverá la denuncia con objetividad y apego a derecho.

Finalmente, hizo un llamado a la Administración Pública Central para actuar con firmeza frente a quienes incumplen la ley.

Hizo un llamado a la Administración Pública Central para que retire de sus cargos a las personas servidoras públicas que estén obstaculizando la transparencia y violentando el derecho y reiteró que continuará impulsando acciones para garantizar un gobierno abierto, transparente y con verdadera rendición de cuentas.

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