Estatal
Resuelve IEE medidas cautelares en tiempo récord
Una denuncia solicitando medidas cautelares contra el periodista Saíd Betanzos interpuesta por la alcaldesa de Playas de Rosarito, Rocío Adame, prosperó en tiempo récord: fue ratificada el 27 de enero, admitida el 28, en proyecto de medidas cautelares remitido el 29, y en sesión de la Comisión el día 30.
Esta celeridad es inusual en el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), y contrasta con la naturaleza sumaria pero no urgente del caso, ya que se trata de una publicación de Facebook del 8 diciembre de 2025, por la probable comisión de hechos que podrían constituir violenca política contra las mujeres en razón de género.
La publicación de Betanzos señala que quien “mueve los hilos” en el ayuntamiento de Playas de Rosarito es el hermano de la alcaldesa, César Manuel Adame, a quien define como un abogado penalista que ha defendido a presuntos narcotraficantes.
Luis Alberto Hernández Morales, consejero presidente del IEEBC, se excusó hace tiempo de un asunto relacionado con ese ayuntamiento por tener conflicto de interés, al parecer por ser socio de la presidenta municipal.
Existe la duda razonable de que el asunto haya sido promovido sin que Adame se presentara personalmente a interponer la denuncia. Este documento fue solicitado pero se negó con el argumento de que forma parte del procedimiento, con carácter reservado y confidencial.
Ayer, jueves 29 de enero se convocó en el IEEBC a sesión privada en modalidad de videoconferencia para hoy a las 11 horas y resolver la solicitud de medidas cautelares.

“La negativa de acceso a los representantes de partido es problemática. El artículo 134 constitucional y los principios de transparencia electoral sugieren que los procedimientos sancionadores deben permitir cierto escrutinio, especialmente cuando involucran a servidores públicos en funciones”, expresó un abogado consultado sobre este tema.
Agregó que el proyecto sostiene que la expresión “mover los hilos” constituye violencia simbólica porque “perpetúa el estereotipo de que el rol dominante es el del hombre y que por lo tanto, la mujer tiene un papel de subordinación ante él”. Esta conclusión presenta varios problemas.
Entre ellos, una confusión entre crítica política y estereotipo: señalar que un familiar influye indebidamente en un servidor público es una crítica política legítima, independientemente del género; una ausencia de análisis comparativo: el proyecto no demuestra que la expresión “mover los hilos” se utilice exclusivamente o predominantemente contra mujeres; y finalmente la inversión de la carga probatoria: la Jurisprudencia 21/2018 del TEPJF exige demostrar que la conducta “se basa en elementos de género”. El proyecto asume que la mención de un hombre controlando a una mujer es automáticamente estereotipada, sin considerar que la crítica podría basarse en hechos verificables, explicó el abogado.
Problemas en la aplicación del test de la jurisprudencia 21/2018
El especialista detalló que el proyecto concluye que se actualiza violencia “simbólica y mediática”, pero la violencia simbólica requiere “patrones estereotipados” que el proyecto no demuestra, solo asume.
También que el proyecto afirma que existe “menoscabo al reconocimiento y goce del derecho político electoral”, pero no explica cómo una publicación de Facebook podría menoscabar el ejercicio del cargo de una Presidenta Municipal en funciones.
Además, añadió que la expresión “afecta desproporcionadamente a las mujeres”, pero no presenta evidencia estadística o documental de que expresiones similares se dirijan predominantemente a mujeres.
Concluyó que el denunciado es identificado como periodista, y la orden de eliminar contenido en 12 horas constituye censura previa de facto sobre contenido periodístico. La medida cautelar se dicta sin audiencia previa del denunciado. Si bien esto es técnicamente permitido, la gravedad de ordenar eliminación de contenido periodístico sin escuchar al periodista es problemática, opinó.
Estatal
Ayuntamiento proyecta invertir cerca de 20 MDP para renovar el cableado
El Ayuntamiento de Mexicali inició un diagnóstico integral de las instalaciones eléctricas del Palacio Municipal ante las fallas registradas durante este año, las cuales se han duplicado e incluso triplicado en comparación con el año anterior y estiman que el costo podría ser cercano a los 20 millones de peso.
La alcaldesa Norma Bustamante informó que, a diferencia de años anteriores, cuando las reparaciones se realizaban únicamente en las áreas afectadas, en esta ocasión se llevó a cabo una revisión completa del edificio para detectar posibles riesgos, incluso en espacios donde aparentemente no existen problemas.
Explicó que el objetivo es conocer el estado real de toda la infraestructura eléctrica y contar con un diagnóstico que permita atender de manera definitiva las fallas que presenta el inmueble.
Por su parte, el tesorero, Roger Sosa, dio a conocer que el Ayuntamiento contempla una inversión de alrededor de 20 millones de pesos para sustituir el cableado general del edificio, al considerar que el sistema actual requiere una renovación integral.
Las autoridades municipales mencionaron que por el momento no hay una fecha concretada para reaperturar el edificio; sin embargo, se prevé que pudiera dar a lo largo de la próxima semana.
Corrupción
Desaparecen de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mexicali bienes por casi medio millón
La Dirección de Comunicación Social del XXV Ayuntamiento de Mexicali reportó la desaparición de 37 bienes muebles valorados según sus cálculos en más de 165 mil pesos, presuntamente por robo o extravío ocurrido en noviembre de 2025, aunque en precios actualizados la cifra ronda el medio millón de pesos.
Según la documentación oficial, el Coordinador Administrativo Marco Antonio Vásquez Anaya presentó una denuncia ante el Ministerio Público el 5 de noviembre de 2025, tras realizar una inspección física de los bienes asignados a la dependencia.
Según fuentes que prefieren guardar el anonimato, el tema de los bienes dados de baja por el ayuntamiento por “no estar localizados” se inició en octubre del año pasado por observaciones de la Auditoría Superior del Estado, y hace unos días pasó por cabildo sin que ningún regidor cuestionara la desaparición de más de 6 mil bienes municipales.
Los artículos no localizados que corresponden a Comunicación Social y cuyos resguardos no existen, incluyen equipo de cómputo, mobiliario de oficina, equipo audiovisual y un remolque.
Entre los bienes desaparecidos destacan 3 computadoras Apple incluyendo una MacBook 12″; 6 sillas secretariales y varios sillones de recepción, 2 cámaras fotográficas y 1 de video; reguladores de voltaje, grabadoras y un micrófono, además de un remolque de un eje marca Vimetal.
El valor original declarado de los bienes asciende a 165 mil 588 pesos. Sin embargo, considerando los precios actuales del mercado en Baja California (2026), el costo de reposición podría rondar el medio millón de pesos.
Las autoridades municipales iniciaron el proceso de baja patrimonial conforme al Reglamento de Bienes del Patrimonio del Municipio, incluyendo la elaboración de un acta administrativa con testigos y la notificación a la Sindicatura y Oficialía Mayor, sin embargo el procedimiento levanta suspicacias porque los protocolos indican que cada bien debió estar acompañado de un resguardo firmado por un funcionario que se responsabiliza del bien, documento que no existe para ninguno de los más de 6 mil bienes municipales.
El caso fue turnado a la Unidad Investigadora de Robos de la Fiscalía General del Estado, como robo.

Estatal
Interceptan embarcación con 3 mexicanos en San Diego
El 19 de julio, aproximadamente a las 11:05 de la mañana, el Centro Conjunto de Operaciones Portuarias de San Diego detectó una embarcación que cruzaba la línea fronteriza marítima cerca de Point Loma.
La tripulación de una embarcación interceptora costera de la Subdivisión Aérea y Marina de San Diego, que operaba en la zona, respondió rápidamente e interceptó una embarcación de 18 pies con tres migrantes ilegales a bordo que se identificaron como ciudadanos mexicanos.
La embarcación fue remolcada hasta la Base Naval de Ballast Point, y los individuos fueron entregados a la Patrulla Fronteriza para su posterior procesamiento.
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