Diversos contratos que suman millones de pesos por concepto de asesorías externas fueron otorgados en los últimos años a Jesús Antonio Lepe Flores, socio y suplente del diputado morenista Juan Manuel Molina García.

Los contratos fueron firmados a pesar del claro conflicto de interés, pues además de ser socio del legislador, también le ha abierto puertas a Lepe Flores; fue candidato a ocupar el Órgano Interno de Control del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) en 2023 cuando además era asesor jurídico en materia laboral del Poder Legislativo; fue funcionario del Congreso la primera vez que Molina García ocupó una curul, entonces por parte del PAN, entre 2007 y 2010; y fue suplente de Molina García cuando era representante del partido Movimiento Ciudadano entre 2013 y 2016.

 Los contratos se pudieron rastrear desde el 2020, cuando se le otorgó a Lepe Flores un contrato por asesoría por 45 mil pesos mensuales más IVA. El último dato de 2025, por concepto de “asesoría jurídica externa en el área laboral de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Baja California” por un monto de 56 mil 925 pesos mensuales más IVA.

Las asesorías son unos de los servicios externos más socorridos para desviar dinero público sin tener el objeto del contrato, materialidad y razón de negocios: en la Estafa Maestra se desviaron miles de millones de pesos a través de empresas fantasma que facturaban “asesorías”, “consultorías”, “servicios profesionales” o “capacitación” sin entregar nada real.

En 2021, una investigación de El País, México, evidenció que entre 2013 y 2018, en la Cámara de Diputados se desviaron 506 millones de pesos a 130 empresas fantasma; otros ejemplos son la Operación Zafiro, de 2018, cuando el PRI desvió 650 millones de pesos en supuestas asesorías, que eran en realidad fondos para campañas políticas; Javier Duarte en Veracruz y Manuel Velazco en Chiapas, también desviaron miles de millones de pesos con supuestas asesorías.

El columnista Fernando Ruiz del Castillo hizo un análisis sobre lo oneroso que resulta el Poder Legislativo estatal: “Solo en Servicios Personales —sueldos, prestaciones, asesores y personal administrativo— el Congreso destina más de 500 millones de pesos al año. Ese gasto se distribuye, de forma aproximada, en dos grandes grupos:
Personal de base: Trabajadores sindicalizados o permanentes del Poder Legislativo, costo anual estimado: 260 a 280 millones de pesos. Personal por honorarios y confianza: Asesores legislativos, coordinadores políticos, consultores, técnicos parlamentarios y personal administrativo de confianza. Costo anual estimado: 220 a 240 millones de pesos. En total, el Congreso de Baja California mantiene una plantilla que supera los 600 empleados, entre trabajadores de base, confianza y contrataciones por honorarios. Para dimensionarlo: es una estructura burocrática comparable a la de un ayuntamiento mediano del estado”.

El tema surgió tras el señalamiento que hiciera la líder nacional de Morena, Luisa Alcalde, y posteriormente la presidenta Claudia Sheinbaum, exhibiendo que el congreso de Baja California es el más caro del país y exponiéndolo como objetivo del Plan B de la reforma electoral, que busca más austeridad y eficiencia en los congresos locales.

Octavio Sandoval, presidente del CCE Estatal, expresó en una reciente conferencia de prensa que realizó a título personal, que el Congreso de Baja California podría fácilmente ahorrar 600 millones de pesos sin problema eliminando partidas millonarias como “Reuniones de trabajo” por 60 millones de pesos, y “Gasto social”, por 90 millones, además de que el Poder Legislativo tiene personal suficiente para no contratar servicios externos, como lo son las asesorías.

También señaló la falta de transparencia, pues el congreso se “auto-audita”, e hizo énfasis en la falta de transparencia al no haber ni una sola declaración patrimonial, ni fiscal ni de intereses de ningún diputado en el portal de transparencia del congreso.