Este día nos llegó una denuncia anónima de parte de empleados de la Fiscalía General del Estado, la cual reproducimos a continuación:

“Los que suscriben el presente somos empleados de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California, específicamente de la Dirección de Capital Humano, quienes desde hace varios meses hemos tenido conocimiento de que varios compañeros entre Agentes Estatales de Investigación, Agentes del Ministerio Público y Peritos han venido siendo violentados en sus Derechos Humanos.

A ellos se les está negando desde hace meses el derecho a que se les otorgue su pensión por invalidez a la que tienen derecho toda vez que ya fueron debidamente dictaminados por un médico de Salud Ocupacional de ISSSTECALI, negándose siquiera a notificarles su dictamen de manera formal por parte de la Directora de Capital Humano y/o el Oficial Mayor de la Fiscalía, Ricardo Daniel Garduño Barrera.

Cuando alguno de estos empleados van y preguntan, no los reciben ninguno de los directivos, teniendo que ser  nosotros los que tenemos que dar la cara y negarles el acceso o información sobre su trámite porque la directora, Mariana Romero García, aduce que son indicaciones de la Fiscal General, María Elena Andrade.

Esto ante la flagrante violación a sus derechos fundamentales, desconociendo el motivo de dicha negativa a que estos compañeros sean notificados de su tramite y sean debidamente pensionados por parte de Fiscalía, lo que podría llevar a que la Fiscal General, el Oficial Mayor y la Directora de Capital Humano a parte de estar violando derechos humanos pudieran estar incurriendo en los delitos de “ABUSO DE AUTORIDAD Y COALICION DE SERVIDORES PUBLICOS” al estar ocultando y negando la notificación de estos dictámenes a estos compañeros.

Lo anterior es solapado por la misma asociación denominada” Asociación de Investigadores y Afines de Baja California”, quienes en vez de ver por su agremiados se voltea para otro lado y deja solos a sus miembros ante esta violación flagrante a sus derechos humanos. Por eso desde aquí hacemos pública esta situación y hacemos un llamado a la Gobernadora y al Congreso del Estado para que pidan una explicación a la Fiscal General de Justicia de Baja California, María Elena Andrade por estas irregularidades y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California y la Secretaría Anticorrupción tomen cartas en el asunto e investiguen esta situación”. Hasta aquí la denuncia.

La semana pasada ya publicamos otra denuncia anónima, esta vez, de empleados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde daban cuenta de las tranzas que se avientan sus funcionarios con toda impunidad, lo cual sería una señal de que se tiene conocimiento de estos hechos y no se actúa.

Los denunciantes piden a la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y el Secretario de Seguridad Pública, General Laureano Carrillo, que le pongan atención a quienes ponen al frente de direcciones sensibles con el manejo de recursos. Decían que llegó Guillermo González Flores acompañado de una red de presuntos extorsionadores de proveedores, como Emir Saamman Gallegos López y Daniel Carrillo Corrales.

Aunque removieron a González Flores por malos manejos, señalan que llegó alguien peor: Álvaro Munguía Martínez, quien también se rodeó de su propia gente de confianza.

A Guillermo González lo movieron al Penitenciario para cubrirlo y después, cuando ya no pudieron esconder tantas irregularidades, terminó en la Secretaría de Salud. Como ya ha sucedido en otras ocasiones, a los peores elementos los premian y los encubren.

Álvaro Munguía también se llevó a un personaje apodado “El transitas” o el “Rey de las tranzas”: Alberto Vázquez Cerecer, quien presume esos apodos como si fueran motivo de orgullo. Esta persona pide hasta un 30 por ciento de moche a proveedores y si no aceptan, simplemente los dejan fuera. Todo esto con apoyo de Emir Gallegos y Daniel Carrillo.

Daniel Carrillo tiene a toda su familia trabajando en la Secretaria de Seguridad Publica, ahi trabaja con el Irma Isabel Lucatero Baylon que es su esposa y su sobrino, siendo un caso grave de nepotismo. Aquí le dejamos el recordatorio al general Carrillo.

Siguiendo con el tema de seguridad, resulta que la Fiscalía General del Estado, a través de la fiscalía de desaparecidos a cargo de Dulce María Carrillo, hizo un oficio donde deja por escrito que quienes encabezarían un operativo de búsqueda para el que pedía apoyo a otra corporación, sería un colectivo de buscadores.

No les basta con que sean los propios familiares quienes se den a tarea de buscar a sus desaparecidos, ahora también resulta que los ponen a cargo. Recordemos que quienes integran las carpetas de investigación con evidencias, testimonios, pruebas, entrevistas, etcétera, es la propia fiscalía y por lo tanto son ellos quienes deberían buscar, con los colectivos como testigos de su trabajo y no al revés. Luego van a decir que si no hay resultados es porque los colectivos no han dirigido bien las búsquedas. El mundo al revés.

Ayer hubo una invitación discrecional a medios de comunicación por parte de Gobierno del Estado, a un recorrido por la central de ciclo combinado recién inaugurada. Por medio de invitaciones personales y no por los canales de comunicación oficiales, se invitó a algunos medios. Les recordamos que esta selectividad es una forma de censura indirecta por ser discrecional, porque se prefiere tal vez a medios que den cobertura afín y limita el acceso a la información pública de primera mano.

Mientras que atendieron la convocatoria al recorrido una decena de medios, acudieron cuatro veces más al debut de Ismael Burgueño en Mexicali ante los medios (ya en su caracter de aspirante a la coordinación de como se llame el cargo para no decirle precandidato a la gubernatura), que estaba programado a la misma hora.

Incluso el colega sanluisino Humbero Melgoza le preguntó al alcalde con licencia que cómo andaba su relación con Marina del Pilar, viendo que estos eventos se empalmaban, por su fuera con toda la intención de robar cámara al tijuanense, pero esquivó el cuestionamiento diciendo que tiene una relación “excelente” y nada más.

Cerramos con los suertudos que han sido vistos en los juegos del mundial, aparte de los ya conocidos Armando Samaniego y Carlos Torres.

COLUMNA INVITADA/Por Guillermo E. Rivera Millán

En Baja California, la evolución normativa en materia de seguridad y protección escolar ha sido constante, pero también marcada por vacíos y retos. Hoy, con la recién socialización del Programa de Protección Integral Escolar 2026, se busca consolidar un marco robusto que atienda riesgos físicos, psicosociales y digitales, con fundamento en 44 normas y la identificación de 10 categorías de riesgo.

El Protocolo de Protección Integral Escolar de 2022 integró 24 normas y contempló diversos riesgos, pero quedó desfasado frente a reformas legales y nuevas necesidades operativas. Posteriormente, la tragedia del niño Damián —ocurrida en octubre de 2023— y el proceso judicial contra el profesor Esteban Canchola detonaron un debate amplio sobre la insuficiencia de los protocolos vigentes. De ese debate surgió el Proyecto técnico de actualización de 2025, que amplió el sustento a 38 normas e incorporó lineamientos omitidos, aunque nunca se implementó formalmente por el cuestionamiento de docentes y sindicatos respecto a la carga adicional que les generaba. Como respuesta inmediata, se elaboró la Guía Rápida de Actuación en Situaciones de Riesgo, también en 2025, que estructuró 4 riesgos generales y 15 modalidades. Hoy, ese camino desemboca en la construcción del Programa Integral 2026, que busca consolidar un marco más completo al arranque del ciclo escolar 2026‑2027.

El nuevo Programa contempla 10 riesgos principales: accidentes escolares bajo metodología SIPIR‑HT, situaciones de riesgo sexual, acoso escolar en varias modalidades, violencia entre niñas, niños y adolescentes, violencia digital con más de diez subtipos, maltrato en ámbitos escolar, familiar y comunitario, conducta suicida, uso y venta de drogas, omisión de cuidados atribuible a padres, docentes o directivos, y amenaza o atentado en la escuela, incluyendo bomba, armas y tirador activo. Además, se incorpora un segmento de orientación para estudiantes con discapacidad y trastornos del neurodesarrollo, y un protocolo de protección docente que garantiza principios de dignidad, presunción de inocencia, debido proceso, confidencialidad e imparcialidad, así como medidas contra denuncias falsas.

La construcción del Programa agradece la participación de los miembros del Colegio de Profesionistas de la Educación, así como de las organizaciones sindicales SNTE Sección 2, SNTE Sección 37, SETEBC, SIETEBC y STEBC, y de las dependencias de gobierno que acompañaron el proceso. Este respaldo colectivo aparentemente representa legitimidad y refuerza la corresponsabilidad en su aplicación.

Sin embargo, la realidad plantea cuestionamientos que no pueden ignorarse. Han pasado más de dos años y medio desde el accidente del niño Damián y, aunque se avanzó en protocolos, la respuesta institucional fue lenta y reactiva. Los ajustes más visibles parecen dirigidos a tranquilizar al gremio docente y sindical, pero falta involucrar de manera real a los consejos de participación social, a madres y padres de familia, a especialistas externos, las escuelas particulares y legisladores locales.

El Programa es ambicioso, pero no se ha definido con claridad qué recursos se destinarán para su implementación. Sin presupuesto adicional, sin plazas nuevas que atiendan riesgos y sin capacitaciones listas, la encomienda corre el riesgo de quedarse en papel. La Dirección de Participación y Convivencia Social, donde está el área de riesgos escolares, requiere personal y financiamiento para cubrir su operación en los siete municipios.

La metodología de actualización tampoco está clara: ¿cómo se adaptará a nuevas realidades, a cambios tecnológicos o a contextos sociales distintos? El Programa parece asumir que todas las escuelas están al 100% en infraestructura y recursos, lo cual no refleja la diversidad de condiciones en zonas rurales y marginadas. La falta de un enfoque territorial puede ser una debilidad crítica. También se observa que el Programa redacta lineamientos en áreas de seguridad, educación y laborales que no siempre son de su competencia directa, lo que puede generar conflictos de atribuciones. Por su parte, los diputados del Congreso aparecen desvinculados de la agenda de la Secretaría de Educación; legislan de manera desarticulada en temas educativos. El reto exige que todos se unan, definan con claridad cuánto presupuesto van a invertir y legislen lo que hoy se presenta como novedad en el Programa, para darle sustento legal y operativo.

El PIE cita a múltiples dependencias y actores, pero en la práctica no basta con mencionarlos: cada uno requiere presupuesto, personal capacitado y mecanismos de evaluación para que su participación sea efectiva. El Programa tampoco menciona la instalación de una mesa permanente de seguimiento y coordinación, que evalúe avances, ajuste protocolos y garantice que los recursos lleguen a las escuelas.

Sin un espacio interinstitucional fuerte, el PIE corre el riesgo de fragmentarse en esfuerzos aislados. Además, no se desarrolla el tema del seguro escolar y sus alcances, lo que deja sin respuesta cómo se cubrirán gastos médicos o indemnizaciones en casos de accidentes. Igualmente, la Nueva Escuela Mexicana exige atender realidades diversas: no puede aplicarse un documento único a contextos tan distintos como los de una escuela urbana y una rural o indígena. El Programa debe adaptarse a esas diferencias para ser realmente inclusivo y efectivo.

Aunque el Programa menciona los Acuerdos de Convivencia Escolar, deja en las escuelas la responsabilidad de desarrollarlos sin ofrecer lineamientos actualizados ni apoyo técnico. Tampoco define cómo se conectará con los Consejos Municipales de Paz y Tejido Social, ni con las medidas alternas de solución pacífica que fortalecen la cultura de paz.

El PIE 2026 representa un avance: amplía cobertura, fortalece el marco jurídico, incorpora inclusión y protege a los trabajadores de la educación. Pero la ruta debe ser clara: Más acción, diagnóstico e inclusión real, inversión significativa, capacitación y actualización constante, voluntad y legislación que respalde lo que hoy se presenta como novedad.

• *Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. y fundador de Justicia que Transforma México A.C.

COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

Dicen que al que ahorcan en lunes, la semana no le pinta bien. Y todo indica que ese viejo refrán decidió instalarse en Baja California. Desde el pasado lunes 22 de junio, cuando el periodista Héctor de Mauleón publicó en El Universal un audio atribuido a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, los días no han dejado de acumularle nubarrones políticos.

La mandataria hizo lo que cualquier político en apuros suele hacer: negó categóricamente la interpretación del contenido, aunque reconoció la autenticidad del audio. El problema es que una conferencia de prensa cuidadosamente controlada puede contener muchas respuestas, pero difícilmente disipa las preguntas cuando éstas siguen multiplicándose al terminar el evento. Y eso fue exactamente lo que ocurrió.

Llamó la atención que, casi de inmediato, anunciara un viaje de tres días a la Ciudad de México para sostener diversas reuniones de trabajo. Entre ellas, otra más sobre el ya recurrente IMSS-Bienestar. Nadie discute que gobernar implique viajar; lo curioso es la sincronía. En política, las casualidades suelen tener menos credibilidad que las promesas de campaña.

Pero cuando parecía que la conversación giraría exclusivamente alrededor del audio, llegó un nuevo ingrediente. El sábado, The New York Times publicó un reportaje firmado por Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer en el que sostiene que, durante los últimos años, al menos una decena de gobernadores, legisladores y otros funcionarios mexicanos habrían buscado discretamente acercamientos con autoridades estadounidenses, incluidas agencias como la DEA, para proporcionar información sobre otros actores políticos. Según el diario, esa estrategia tendría un objetivo muy específico: adelantarse a eventuales investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado o actos de corrupción.

El reportaje menciona, entre otros casos, los nombres de los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, ambos señalados previamente en distintas versiones periodísticas. Más allá de la veracidad o del destino que tengan esas investigaciones, el mensaje político es contundente: Washington continúa enviando señales de que observa con lupa a la clase gobernante mexicana.

Y es precisamente ahí donde conviene unir los puntos. En apenas una semana, el gobierno mexicano ha recibido una serie de “drones informativos” lanzados desde Estados Unidos. Primero, filtraciones, revelaciones periodísticas y versiones que colocan nuevamente sobre la mesa el tema de la relación entre política y crimen organizado; después, un reportaje internacional que exhibe una aparente lucha silenciosa entre actores políticos por ganar tiempo, protegerse o, incluso, sacrificar a otros antes de ser sacrificados ellos mismos.

No significa que exista culpabilidad alguna. Tampoco prueba delitos. Pero sí confirma que la narrativa ya no la controla únicamente el gobierno mexicano. Hoy, buena parte de la presión política parece fabricarse desde expedientes, filtraciones y medios extranjeros.

Quizá eso explique el nerviosismo que comienza a percibirse en algunos despachos oficiales. Porque cuando los mensajes dejan de enviarse por canales diplomáticos y empiezan a llegar mediante filtraciones periodísticas perfectamente sincronizadas, el destinatario entiende que ya no se trata de simples advertencias.

Son recordatorios.
Y los recordatorios, cuando provienen del vecino del norte, rara vez llegan por accidente.

Depurar antes de lamentar

La semana que terminó dejó una de esas noticias que obligan a guardar el sarcasmo por unos minutos. Dos elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana fueron asesinados en ataques distintos en Mexicali. Más allá de uniformes, cargos o corporaciones, se trata de vidas humanas arrebatadas violentamente y de familias que hoy cargan con un duelo que nunca debió llegar.

Pero una cosa es condenar los asesinatos y otra muy distinta cerrar los ojos ante la realidad que desde hace tiempo acompaña a esa corporación.

La FESC nació para convertirse en una policía preventiva moderna, confiable y cercana a la ciudadanía. Sin embargo, con el paso de los años su imagen pública se ha ido desgastando a fuerza de denuncias, señalamientos y una percepción social que dista mucho de inspirar confianza.

Hacia el interior, quienes conocen la institución hablan de favoritismos, nepotismo, ascensos inexplicables y una disciplina que parece aplicarse dependiendo del apellido o de las amistades. La meritocracia suele quedarse estacionada en el mismo lugar donde se guardan las patrullas.

Hacia el exterior, las redes sociales se han convertido en un incómodo archivo ciudadano. Cada vez son más frecuentes los videos donde aparecen agentes con el rostro cubierto irrumpiendo en domicilios, rompiendo puertas, candados o portones durante operativos cuya legalidad termina siendo cuestionada por los propios afectados. A ello se suman denuncias sobre la desaparición de dinero, joyas, computadoras y otros bienes durante cateos o intervenciones que, en muchos casos, terminan siendo materia de investigación o de litigios.

No corresponde emitir sentencias anticipadas. Para eso existen las fiscalías y los jueces. Lo que sí corresponde es reconocer que cuando una corporación acumula durante años ese nivel de desconfianza ciudadana, el problema dejó de ser un asunto de percepción para convertirse en un problema institucional.

Los recientes asesinatos deberían encender todas las alarmas, no solamente por la gravedad de los ataques contra la autoridad, sino porque podrían representar el inicio de una escalada que nadie desea. Hoy fueron elementos de la FESC. Mañana podrían ser policías municipales, agentes investigadores o cualquier servidor público relacionado con tareas de seguridad.

Y si la respuesta oficial consiste únicamente en aumentar patrullajes, organizar homenajes y prometer que “no habrá impunidad”, estaremos administrando consecuencias en lugar de resolver causas.

La verdadera respuesta pasa por una depuración profunda.

No una simulación para la fotografía ni un relevo de mandos que cambie nombres para que todo siga igual. Una revisión integral de controles de confianza, patrimonio, desempeño, vínculos internos y externos, mandos, procedimientos y protocolos. Los buenos policías merecen mejores salarios, equipo, protección y respaldo institucional. Son ellos quienes diariamente ponen en riesgo su vida y no deberían cargar además con el desprestigio provocado por unos cuantos.

En cambio, quienes hayan traicionado el uniforme deben enfrentar la ley sin contemplaciones. Porque proteger a los malos policías termina siendo la forma más rápida de poner en peligro a los buenos.

La seguridad pública no puede construirse sobre corporaciones divididas entre quienes sirven a la ley y quienes simplemente aprendieron a usarla como escudo.
Antes de que sigamos contando policías asesinados, sería conveniente empezar a contar cuántos policías necesitan salir de la corporación.

Porque depurar ya no es una opción política.
Es una necesidad de supervivencia institucional.