La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Federación Baja California se pronunció mediante comunicado de prensa sobre los acontecimientos que involucran al exgobernador Ernesto Ruffo Appel y al empresario Ricardo Thompson Navarro, demandando que se aplique la ley con “imparcialidad, transparencia y pleno respeto al Estado de Derecho”.

En un posicionamiento oficial, los centros empresariales de Ensenada, Tijuana y Mexicali recordaron que, si bien toda persona debe responder por sus actos conforme a la ley, también tiene derecho a un proceso justo, con respeto a la presunción de inocencia y a las garantías constitucionales.

“La aplicación de la justicia debe estar libre de cualquier sesgo político, mediático o de oportunidad”, señalaron los empresarios. Hicieron un llamado a las autoridades competentes para que el procedimiento se conduzca con “absoluta objetividad” y que cualquier determinación se base exclusivamente en hechos, pruebas y el marco jurídico aplicable.

La organización expresó su preocupación de que este caso pueda servir para desviar la atención de otros asuntos de interés público, particularmente aquellos relacionados con señalamientos a altos funcionarios del Gobierno del Estado de Baja California.

“La exigencia de legalidad debe ser uniforme y sin excepciones. La confianza en las instituciones se fortalece cuando la ley se aplica con el mismo rigor para todos”, enfatizó COPARMEX.

En la segunda parte del documento, la cúpula empresarial lamentó la percepción ciudadana de que la aplicación de la ley es discrecional y responde a criterios políticos para “crear cortinas de humo”. Mencionaron específicamente casos relacionados con delincuencia organizada, señalamientos de otros países, lavado de dinero y “huachicol fiscal” que, según indicaron, no están siendo atendidos con la misma prioridad.

“Exigimos que la Ley se aplique por igual a todos los involucrados en los delitos de ‘huachicol fiscal’, algunos de ellos en ejercicio de encargos públicos”, añadieron.

COPARMEX aclaró que no aboga por nadie de manera particular, sino que exige “la aplicación de la Ley con bases jurídicamente sólidas, sin sesgos políticos, sin consignas, de manera imparcial y con plena justicia”.

Dos figuras políticas de Baja California salieron en defensa del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, a quien describen como un hombre honesto y de trayectoria intachable, en medio de una controversia que, según ellos, busca desprestigiar a opositores.

En un video difundido en redes sociales, Margarita de Sánchez, militante del Partido Acción Nacional (PAN) con 40 años de trayectoria, se presentó y expresó su cercanía con Ruffo Appel, a quien dice conocer desde hace prácticamente el mismo tiempo.

Lamentó las circunstancias actuales y manifestó su confianza en que Ruffo expondrá su situación personal ante las autoridades competentes: “Lamento que estas circunstancias nacionales lo tengan en esta disyuntiva. Confío en que sabrá exponer su situación personal ante las autoridades competentes. Gobernantes, lo seguimos observando”, agregó.

Por su parte, el exalcalde de Mexicali y exsenador Víctor Hermosillo Celada grabó un mensaje más extenso y enfático, en el que criticó duramente el clima político nacional y estatal, denunciando lo que considera un patrón de corrupción y uso político de las instituciones.

Cuestionó: “¿En qué país vivimos? En uno en el que el ex presidente dijo: a mí no me vengan con que la ley es la ley”. Acusó a sectores del poder de atropellar la ley, vincularse con la mafia para financiamiento electoral y proteger a personajes corruptos mientras persiguen a opositores.

En relación directa con Ruffo Appel, el veterano político lo describió como “un hombre honesto, humilde y que cumple”, quien hace 27 años dejó la autoridad y ha mantenido una vida íntegra. “Todo el mundo sabe que este señor es un perfecto pillo, pero lo protegen porque es de ellos”, dijo en referencia a otros casos, contrastando con la trayectoria de Ruffo.

Hermosillo Celada aseguró que las acusaciones contra el exgobernador —incluyendo supuestos problemas mencionados desde Washington— responden a una estrategia para “decir que todos somos corruptos”. “Hay gente buena en este país y uno de ellos es el licenciado Ruffo. Lo vamos a defender porque fue nuestro gobernador e hizo muy buen papel y aparte porque es un hombre honrado. A fuerzas que lo vamos a defender”, enfatizó.

Ambos mensajes coinciden en rechazar lo que perciben como una persecución política y una “cortina de humo” para distraer de problemas estatales, incluyendo cuestionamientos a la actual gobernadora de Baja California.

Ernesto Ruffo Appel fue el primer gobernador de oposición en México tras la alternancia en Baja California en 1989, figura histórica del PAN y referente del panismo en la entidad. Hasta el momento no se han detallado públicamente las acusaciones específicas a las que aluden los videos.

Esta defensa pública se da en un contexto de tensión política en Baja California y a nivel nacional, donde sectores opositores denuncian el uso de instituciones para fines electorales y de control, tras la filtración de audios donde la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda acuerda reuniones con autoridades estadounidenses y tiene disposición para ofrecer información de las mesas de seguridad, en busca de un beneficio sobre su situación jurídica con el vecino país.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California hizo un llamado a las autoridades a garantizar el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, tras su detención.

A través de un comunicado, el organismo empresarial expresó su preocupación por las condiciones en las que se ha desarrollado el procedimiento y subrayó que ninguna investigación debe realizarse al margen de la legalidad.

De igual manera se enfatizó que una orden de aprehensión no constituye una sentencia y que toda persona debe ser considerada inocente hasta que exista una resolución definitiva emitida por un tribunal competente.

El CCE también advirtió que el Estado de derecho pierde legitimidad cuando la aplicación de la justicia se percibe como selectiva o desigual, por lo que pidió que la ley se aplique con el mismo rigor, transparencia y celeridad para todas las personas, sin distinción de filiación política, posición económica o cercanía con el poder.

Además, señaló que la difusión pública de imágenes de personas detenidas y de actuaciones procesales no debe utilizarse para anticipar condenas ni vulnerar la privacidad de los involucrados.

Para concluir el presidente coordinador de los CCE de Baja California, Octavio Sandoval, exhortó al Gobierno de la República y a las instituciones de procuración de justicia a fortalecer el Estado de derecho y garantizar una justicia imparcial.