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Denuncian en La Haya fosas clandestinas de Baja California

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Este lunes fue interpuesta una queja ante la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, Países Bajos, relativa a desapariciones forzadas, ejecuciones extrjudiciales y fosas clandestinas en Baja California, lo que constituyen delitos de lesa humanidad y permiten a cualquier persona solicitar una investigación ante esta instancia.

El documento llamado formalmente “comunicación”, es el principio de una cadena de acciones que busca que la CPI analice el asunto y de inicio a una investigación bajo el Artículo 15 del Estatuto de Roma, que otorga al Fiscal de ese organismo la facultad de iniciar investigaciones de oficio basándose en información fidedigna sobre crímenes de su competencia.

La solicitud fue hecha por Dianeth Pérez Arreola, que como periodista ha dado seguimiento puntual al tema del panteón clandestino del poblado Miguel Alemán descubierto en el predio de Pro Natura en enero de este año, y en nombre de Irma Leyva Sosa, fundadora del colectivo de buscadores Madres Unidas y Fuertes, como víctima directa.

El documento remitido incluye fotografías, videos, entrevistas y enlaces a notas periodísticas que pudieran ser prueba de la participación o aquiescencia de agentes del Estado y de la grave ineficacia de la Fiscalía General del Estado (FGE) para investigar y procesar a los grupos delictivos implicados en las desapariciones y las fosas clandestinas.

En el poblado Miguel Alemán del Valle de Mexicali se descubrieron 22 fosas con 22 cuerpos entre junio y septiembre de 2023. Del 8 de enero de 2026 a la fecha, se han recuperado 47 restos de víctimas en otra zona del mismo poblado, donde hasta el momento van abiertas 24 fosas. Muchos de los cuerpos estaban calcinados, desmembrados y presentaban signos de tortura. Estos hallazgos revelan un patrón sistemático y generalizado de desapariciones forzadas y ejecuciones atribuidas principalmente a grupos de delincuencia organizada, junto con graves indicios de participación de diversas autoridades.

“La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California ha iniciado investigaciones contra al menos 20 agentes policiales por su presunta implicación en desapariciones y fosas clandestinas; sin embargo, su respuesta general ha sido insuficiente, tardía e ineficaz para desmantelar las estructuras criminales responsables, evidenciando una prolongada falta de actuación que fomenta la impunidad y permite la persistencia de estos delitos”, señala el documento.

Estos actos se producen en un contexto regional de altas tasas de desaparición forzada y violencia relacionada con el crimen organizado en México, donde las fosas clandestinas representan un patrón sistemático utilizado para ocultar los restos de personas privadas ilegalmente de su libertad. Por su naturaleza generalizada y sistemática contra la población civil, podrían constituir crímenes de lesa humanidad (Artículo 7 del Estatuto de Roma): específicamente desaparición forzada, asesinato, tortura y otros actos inhumanos.

“La magnitud, el método y la ubicación dentro de un área natural protegida sugieren un patrón organizado que trasciende la delincuencia común y que podría implicar la aquiescencia o la grave ineficacia de las autoridades locales y estatales a la hora de prevenir, investigar y sancionar estos actos”, agrega la denuncia.

Por lo anterior, se solicita a la fiscalía de la CPI que admita la comunicación para su examen preliminar de conformidad con el artículo 15 del Estatuto de Roma; que inicie una investigación sobre la situación en Baja California, México —particularmente en el Valle de Mexicali— en relación con las desapariciones forzadas y las fosas clandestinas; que solicite información adicional a las autoridades mexicanas y a los colectivos de víctimas; y que reconozca la condición de las víctimas y de sus familiares para participar en las actuaciones.

Estatal

Reubicación de la Jurisdicción Sanitaria sigue en gestión: Medina Amarillas

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El secretario de Salud dio a conocer que se mantienen las gestiones para concretar la reubicación de la Jurisdicción Sanitaria, una demanda que, dijo, ha sido planteada por la representante del sindicato de trabajadores de la salud desde el inicio de la actual administración.

Adrián Medina Amarillas explicó que la solicitud fue presentada hace casi cinco años ante la Federación debido a que las jurisdicciones sanitarias forman parte del sistema federal de salud; sin embargo, indicó que en ese momento la respuesta fue que los recursos estaban destinados a concluir obras inconclusas y fortalecer la infraestructura existente.

Añadió que el Estado entregó un proyecto arquitectónico para la nueva jurisdicción, el cual recientemente volvió a ser enviado a las autoridades federales; no obstante, la respuesta fue que actualmente la prioridad presupuestal está enfocada en la transición al IMSS-Bienestar.

Medina Amarillas señaló que, por instrucción de la gobernadora, se ha buscado alternativas con recursos propios para atender la necesidad de mejores instalaciones para los cerca de 400 trabajadores que laboran en la jurisdicción.

Expuso que se han revisado al menos tres inmuebles, aunque ninguno ha reunido las condiciones necesarias por el espacio requerido para oficinas y estacionamiento.

Actualmente, dijo, se está analizando la posibilidad de adaptar un edificio estatal ubicado en la colonia Bellavista, donde anteriormente operaba un plantel educativo.

Para finalizar, el titular de Salud reconoció que el inmueble donde actualmente opera la Jurisdicción Sanitaria ubicada en la colonia Exejido Coahuila no ofrece las condiciones ideales para el personal, y aseguró que no han dejado el tema de lado.

“No lo hemos dejado de lado, no hemos podido resolverlo, pero seguimos con ese compromiso”, concluyó.

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Descartan casos de “diarrea explosiva” en Baja California

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La Secretaría de Salud de Baja California mantiene vigilancia epidemiológica ante los casos de ciclosporiasis, conocida como “diarrea explosiva”, registrados en Estados Unidos.

El secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, informó que hasta el momento no se ha confirmado ningún caso en México ni en Baja California, aunque se reforzó la vigilancia debido a la cercanía con Estados Unidos, donde se han reportado alrededor de mil 600 casos, principalmente en el sureste del vecino país.

Explicó que los productos señalados como posibles responsables de los contagios no provienen de Baja California, Sonora o Sinaloa, sino de Guanajuato, y fueron distribuidos hacia el sureste de Estados Unidos.

Indicó que el Laboratorio Estatal de Salud Pública cuenta con el protocolo para enviar de manera inmediata muestras al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos en caso de detectarse un caso sospechoso, y de ser necesario se implementaría la prueba diagnóstica en la entidad.

Para concluir, precisó que Baja California mantiene las acciones de vigilancia sanitaria y sigue la alerta preventiva emitida por la Secretaría de Salud federal, por lo que recomendó a la población atender las medidas preventivas, como evitar consumir lechuga; en caso de hacerlo, lavar bien los vegetales, sin embargo, aclaró que hasta el momento no ha sido necesario emitir una alerta adicional a nivel estatal.

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Clausuran negocio de sushi por intoxicación

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El pasado jueves 16 de julio, se reportó la posible intoxicación alimentaria de 3 personas tras acudir al restaurante Yummi Kuu ubicado en el fraccionamiento Jardines del Lago, en Mexicali.

Una ficha informativa de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), explica que le notificaron los hechos por parte del departamento de epidemiologia la Secretaría de Salud del Estado el pasado jueves, ya que 3 personas fueron atendidas en la Unidad de Medicina Familiar 40 del IMSS, quienes presentaban el cuadro de una infección gastrointestinal.

Personal de Coepris acudió al establecimiento a realizar una revisión, tomando muestra del agua para revisar el nivel concentración de cloro residual de la red interna del restaurante, también del agua purificada, bebederos y portagarrafones, también de los alimentos, además de revisar los protocolos en la preparación de alimentos. Todas las muestras fueron enviadas al laboratorio estatal para su análisis y determinar el origen de la contaminación.

Los inspectores colocaron sellos de forma preventiva hasta que se determine la causa de la intoxicación. A los responsables se les dio fecha para una audiencia donde deberán presentar la documentación del establecimiento como aviso de funcionamiento, certificado de fumigación y revisar los resultados del laboratorio.

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