Residentes del Fraccionamiento Villa Mediterránea denuncian un proceso de secuestro de Comité de Vecinos, marcado por irregularidades e ilegalidades en el proceso, con la participación de la Notaria 10, así mismo como del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, acoso, abuso de poder y restricciones de acceso.

Según señalan, existe un procedimiento legal en contra del actual grupo de personas que se ostentan como el “nuevo comité”, al que consideran ilegítimo por incumplir los estatutos internos. Además, desde ayer tienen restricciones para salir del fraccionamiento, por lo que se interpuso un amparo por parte de quien encabeza el comité legítimo, Ana María Valenzuela.

El 25 de abril se realizó una asamblea sin convocatoria previa y sin el quórum legal exigido: acudieron 55 personas de un total de 577 viviendas. El comité que se considera legítimo —al que aún le restaba un año de funciones— denunció tanto al grupo electo como a la Notaría 10, a cargo de Tobías Duarte, por inscribir el acta de hechos de esa asamblea y dar fe de lo que califican como una ilegalidad, entre otras omisiones.

El diputado de Morena, Juan Manuel Molina, participó durante casi 5 años en el comité como secretario en la época de la presidencia de Lorena Ochoa Díaz, donde iniciaron una serie de irregularidades. Se tomó control de la caseta de vigilancia, se invadieron casas y posteriormente se dejaron deudas por 300 mil pesos al comité siguiente, encabezado por Margarita Félix.

Entre los adeudos estaban pagos pendientes a la empresa de seguridad del fraccionamiento, quienes seguían laborando sin recibir pago pero después fue cubierto con una casa en esa área residencial. Otras deudas fueron por servicio se energía eléctrica y por el mantenimiento de la alberca, explicaron los residentes inconformes con la nueva administración, afín a Molina.

Paralelamente, los residentes afirman que el comité de Lorena Ochoa Díaz mostraba particular interés en las casas desocupadas e invadidas. Solicitaron a los guardias un listado de esos inmuebles y, según las denuncias, dificultaban la vida a quienes las ocupaban irregularmente con el objetivo de recuperarlas.

Muchos vecinos optaron por seguir pagando las cuotas de mantenimiento al comité que consideran legítimo. Como respuesta el auto nombrado “nuevo comité” al tener secuestradas las áreas comunes desde el interior de caseta de vigilancia, saboteo el sistema y les desactivó el dispositivo de acceso automático, así como el acceso a la alberca y al uso de la Casa Club, ya que existe video de como ese grupo cambió las chapas y cerrojos de los inmuebles y áreas de uso común.

Precisan los quejosos que cada que había problemas, acudían agentes de la policía municipal. Molina se comunicaba con quien era subdirectora de prevención y proximidad social, Cruz Amelia Ahumada, quien se encargaba de que los policías atendieran la versión del diputado.

Cuando la comunidad se organizó para recuperar sus áreas, hace unas semanas, fue cuando acudieron medio centenar de patrullas, un despliegue impresionante e innecesario de elementos. Incluso el director de la policía, Luis Felipe Chan, acudió al lugar.

Los residentes aseguran que el hostigamiento y abuso de poder no ha cesado. A través de videos de los hechos de esa tarde, en rueda de prensa en el Congreso Molina declaró que a través de los videos que se generaron en transmisiones en vivo, identificó a varios participantes que calificó como gente contratada como acarreados.

Identificó los lugares de trabajo de quienes portaban camisas de sus centros laborales y declaró que pediría se les separara de sus empleos. Al menos a dos de ellos sus superiores les informaron que habían recibido peticiones para despedirlos, recordaron los denunciantes.

Además, la empresa del aplicativo de entradas y salidas, se vio orillada a dejar el servicio y este grupo contrató a uno nuevo que obliga a los opositores a usar el carril de visitas, limitando su derecho de paso.

Amenazaron en repetidas ocasiones con llevar preso al jardinero si se presentaba a trabajar, ya que está contratado por el comité desplazado. Tampoco permiten el uso de la alberca de la casa club a quienes pagan el mantenimiento al grupo anterior, pese a que exhiben sus comprobantes. Las cámaras de vigilancia que el comité anterior tenía conectadas al C5 fueron desconectadas por la nueva administración.

De los dos grandes terrenos baldíos del fraccionamiento, uno es señalado para la construcción de más viviendas, que por cierto no se han podido realizar por trabas en los permisos. El otro apareció como propiedad del Issstecali: durante el gobierno de Jaime Bonilla se desincorporó un predio que originalmente se destinaba a equipamiento escolar y se utilizó para reducir la deuda del estado con esa institución.

Los residentes que se oponen al actual comité insisten en que las acciones descritas constituyen un patrón de presión y exclusión, y mantienen el proceso legal para recuperar el control conforme a los estatutos. Mientras el juez da respuesta, se presentó un escrito a la alcaldesa Norma Bustamante, donde se le solicita que ejerza su facultad de dar una instrucción ejecutiva de levantar las plumas, ya que encima de todo este grupo está violando varios puntos del tan cuestionado y recién aprobado y publicado Reglamento de Casetas. Sin embargo del Ayuntamiento solo silencio, sin importarles los ciudadanos afectados.