La identificación de quienes se encuentran detrás del volante es obligatoria para los operadores del transporte público en Mexicali, como parte de una estrategia del Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOSBC) para mejorar la seguridad y mantener un mayor control sobre los conductores.

Alejandra Borboa, delegada del IMOSBC en Mexicali, señaló que inicialmente el llamado al registro estuvo dirigido a los conductores de plataformas digitales; sin embargo, desde julio de este año el requisito se extendió a los operadores de las diferentes modalidades de transporte público.

El trámite permite que la autoridad tenga información directa sobre el conductor de cada unidad y no únicamente sobre la persona que cuenta con la concesión o permiso.

Expuso que esta medida se debe a que existen casos en los que los concesionarios ya no conducen personalmente sus vehículos, entregándolos en renta a terceros, y cuando una unidad se ve involucrada en algún hecho delictivo, se pueda contar con la identificación del operador y con ello se pueda determinar con facilidad quién estaba a cargo del vehículo.

El registro también busca convertirse en una herramienta para los propios concesionarios y empresas transportistas, quienes podrán consultar los antecedentes de los operadores antes de incorporarlos a sus equipos de trabajo.

La delegada del IMOS mencionó que hasta el momento en Mexicali se han registrado poco más de 500 operadores de camiones y taxis, aunque estima que hay más de 5 mil choferes en el municipio, mientras que el padrón de conductores de plataformas digitales suma alrededor de 3 mil personas que ya cuentan con su identificación.

Para concluir, Alejandra Borboa agregó que durante agosto quienes realicen el trámite tienen un descuento del 75%, por lo que el costo del gafete se reduce a 235 pesos, beneficio que concluye el 31 de agosto, por lo que hizo un llamado a los choferes a tramitar su gafete aprovechando el descuento.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) abrió e integra varios expedientes relacionados con casos de desapariciones forzadas en los que estarían involucrados policías municipales, informó su comisionado estatal, Jorge Álvaro Ochoa.

Detalló que uno de los expedientes corresponde a Mexicali y dos a Ensenada, ciudad donde incluso policías municipales se encuentran detenidos y relacionados con investigaciones por desapariciones.

Ochoa señaló que el organismo realiza las gestiones e integración de información necesarias para determinar posibles responsabilidades y evaluar la actuación de las autoridades encargadas de investigar estos casos.

Agregó que la CEDHBC también trabaja en otros expedientes de desapariciones en general, además de brindar acompañamiento a familiares durante jornadas de búsqueda y participar en mesas de trabajo para atender acciones urgentes tanto en Mexicali como en Tijuana.

La diputada federal Erika Santana encabezó este viernes el foro “Pendientes Legislativos sobre Desaparición Forzada”, un espacio de análisis y diálogo realizado en la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) de Tijuana.

El evento, convocado en coordinación con la Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco, A.C., la Cámara de Diputados de la LXVI Legislatura y la propia UABC, reunió a académicos, especialistas, profesionales, instituciones y sociedad civil. El objetivo fue identificar los vacíos legislativos e institucionales en materia de desaparición forzada y desaparición de personas, con el fin de avanzar hacia la verdad y la justicia.

La diputada Santana explicó que su motivación principal nace de la experiencia personal como buscadora, pues hace 19 años su esposo fue privado ilegalmente de la libertad y no volvió a casa.

Destacó que el domingo se conmemora el Día Internacional de los Desaparecidos y no quería que pasara desapercibido, pues “somos cientos de miles de personas en este país que vivimos y que conocemos lo que es tener una silla vacía en casa”.

Sobre los resultados del foro, la legisladora lo calificó como “un magnífico ejercicio de trabajo interinstitucional y coordinado con la academia”.
Subrayó que las propuestas legislativas y de política pública no pueden basarse en ocurrencias, sino que deben acompañarse de datos y ciencia para tomar decisiones correctas y medir resultados.

Santana anticipó que próximamente se elaborará la memoria del encuentro y que se asumieron compromisos para realizar exhortos —algunos fuera de su ámbito— y propuestas legislativas, tanto con ciudadanos de Baja California como con todos los mexicanos que han vivido la pérdida de un ser querido sin saber su paradero.

Al ser cuestionada sobre las tres acciones más urgentes, detalló: primero, analizar a fondo lo expuesto en el foro para no omitir nada; segundo, impulsar la elaboración del reglamento pendiente de la ley estatal que nunca se emitió; y tercero, gestionar mayores recursos ante las autoridades estatales para fortalecer el área de búsqueda, dotarla de equipo y aliviar la carga que hoy recae en los familiares.

“Tiene que ser la autoridad. Entonces eso no me compete, pero sí podemos coadyuvar en la gestión para buscar que lleguen esos recursos”, afirmó.

Participaron la subdirectora de la facultad, Nataly Rosas Rábago; Alejandra Basaldúa, comisionada Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas de Baja California; Alfredo Hernández Leyva, coordinador de la Unidad de Búsqueda de la Policía Municipal de Mexicali; funcionarios de gobierno y académicos.