Este jueves se llevó a cabo una reunión de trabajo encabezada por el secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez y la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Baja California, Mónica Vargas Núñez, con representantes de los principales sectores productivos del campo bajacaliforniano, concertada de emergencia tras irrumpir los productores agrícolas en la sesión de congreso este mediodía, demandando atención a sus demandas de apoyo.

Durante el encuentro participaron representantes de los sistemas producto Dátil, Trigo y Cítricos, ADURC, AMPIA, AMILPA, engordadores de ganado y del Congreso Agrario Permanente de Baja California , así como productores de trigo, maíz y algodón “quienes respaldaron el trabajo de la secretaria Mónica Vargas al frente de la SADER BC”, señala el boletín difundido por Gobierno del Estado, aunque Ricardo Muñoz, presidente del organismo Producción y Progreso A.C. rechazó el tono conciliador del mismo y dijo que quienes se dicen líderes están comprados por el gobierno.

Para justificar el incumplimiento con los productores del campo, las autoridades se justificaron señalando que la operatividad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se ha visto afectada durante los últimos días debido a los bloqueos registrados en sus instalaciones; bloqueos que los afectados han llevado a cabo como medida de presión ante la falta de respuesta a sus llamados de auxilio ante la grave situación del valle, según expusieron hoy en el congreso local.

Mientras el gobierno señala su compromiso de mantener la atención directa y avanzar en los procesos administrativos necesarios para que los recursos lleguen a los productores, “una vez que las condiciones operativas lo permitan”, Muñoz dijo que salieron sin respuestas; que mañana a una hora y lugar todavía por definir tendrán definición sobre las peticiones planteadas.

Entre lo expuesto por los productores, mencionaron apoyo insuficiente por las condiciones climáticas, caída de precios internacionales y subida del costo de los insumos, incumplimiento de apoyos ya etiquetados, opacidad sobre los padrones de beneficiados y reducción de los apoyos económicos acordados por el descanso de tierras.

Ayer se llevó a cabo la segunda capacitación titulada “El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia”, en el Congreso del Estado, a la que de los 25 diputados solo asistieron 17.

Esta actividad forma parte de las acciones derivadas de la alerta de género y de la llamada Ley Daryela.

Este jueves, la diputada Michel Sánchez Allende señaló que la asistencia de los legisladores a este tipo de actividades es obligatoria, por lo que consideró necesario establecer sanciones para quienes incumplan.

Propuso que tanto la Presidencia de la Mesa Directiva como la Junta de Coordinación Política analicen alternativas que permitan aplicar algún tipo de medida a los diputados que no acudan a las capacitaciones programadas.

Señaló que en la capacitación anterior solo dos diputados no se presentaron, por lo que las ocho ausencias registradas en esta ocasión son significativas.

La diputada también destacó que los legisladores varones sí estuvieron presentes; entre ellos mencionó al recién incorporado a la bancada de Morena, Fidel Mogollón, quien fue señalado por una presunta agresión física contra su esposa.

Añadió que la diputada del PT, Yohana Gilvaja, presentó un justificante médico, y que habrá que revisar si algún otro legislador justificó su inasistencia; cabe recalcar que las ausencias corresponden a integrantes de sus propias bancadas.

El pasado 21 de agosto ingresó al Servicio Médico Forense (Semefo) de Tijuana el cuerpo de un hombre identificado como Richard, procedente de un centro de rehabilitación de la denominada “Patrulla Espiritual”; la causa de muerte fue a consecuencia de una asfixia por sofocación, específicamente por obstrucción de los orificios respiratorios, así lo informó el titular del Semefo.

César González Vaca explicó que fue la Fiscalía quien solicitó la necropsia del cuerpo, el cual fue remitido inicialmente bajo la clasificación de homicidios culposos.

Durante el examen externo, personal forense documentó diversas lesiones en distintas partes del cuerpo; entre las lesiones documentadas se encuentran raspones en el rostro, tórax y extremidades, algunas de ellas antiguas y otras recientes.

Expuso que el certificado de necropsia ya fue entregado a la Fiscalía, quienes son los encargados de integrar la carpeta de investigación y determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

González Vaca explicó que este tipo de asfixia puede estar relacionada con un homicidio, aunque aclaró que también existen casos en los que puede presentarse de manera accidental, aunque estos son menos frecuentes.

Sobre si el occiso fue víctima de tortura, el titular de Semefo aclaró que el diagnóstico de tortura corresponde cuando las lesiones son provocadas por un funcionario público y el personal forense solo se limita a documentar y describir las lesiones encontradas durante la necropsia; reiteró que es a la fiscalía a quien le corresponde investigar y determinar cómo fueron provocadas y quiénes serían los responsables.