El presidente del PRI en Baja California, Álvaro Aldrete, destacó la participación de Margarita de Sánchez, viuda del fallecido senador Gustavo Sánchez Vásquez, en actividades de diagnóstico y diálogo político en la entidad, a invitación del tricolor, y se pronunció a favor de una eventual alianza partidista para enfrentar al gobierno actual.

Explicó que Margarita aún no ha tomado una decisión definitiva, sino que realiza un diagnóstico de la situación.

Agradeció su presencia en los foros a los que fue invitada, donde se presentaron casos exitosos de recuperación de la paz en estados como Coahuila, Zacatecas y Yucatán, bajo la administración de sus respectivos gobernadores.

Destacó que también ha dialogado con expresidentes municipales del PAN, lo que considera un esfuerzo por rescatar experiencias de servicio público.

El dirigente recordó la estrecha relación que mantuvo con Gustavo Sánchez, a quien calificó como “un gran político” y potencial buen gobernador. “No solamente Acción Nacional perdió un gran alfil, sino todos los californianos perdimos la oportunidad de haber estado bajo un buen gobierno, porque Gustavo hubiese podido ser un muy buen gobernador”, expresó.

Sobre Margarita de Sánchez, la describió como “una señora que es muy respetable, es una señora que ha tenido sus trabajos, sus puestos de buen nivel y ha sabido responder. Y creo que es una californiana honorable y que de alguna manera tiene todo el derecho”.

Consultado sobre si esto abre la puerta a una posible alianza, respondió de manera afirmativa: “Sin duda; sin duda, yo creo que lo hemos platicado abiertamente, yo creo que hay que ver el bosque completo y no el árbol”.

Criticó el cierre a alianzas de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano a nivel nacional, al considerarlo injusto para las realidades de cada estado, y planteó la posibilidad de “empujar una gran alianza para sacar a estos malandrines acomplejados del gobierno”.

En ese sentido, reclamó que los servidores públicos se concentren en trabajar y dejen de lado “grillerías” y precandidaturas anticipadas. “Ni siquiera habían terminado su elección pasada, porque estaban levantando la mano para gobernadores, pues no es posible eso. ¿Ahorita cuántos pidieron licencia? ¿Cuántos están trabajando realmente? Yo quisiera ver cuántas iniciativas tuvo Julieta Ramírez”, cuestionó, en referencia a la senadora con licencia de Morena y aspirante a la gubernatura.

Aldrete comentó también sobre la falta de la declaración patrimonial de la diputada federal Araceli Brown, a quien señaló de tener cuentas congeladas en Estados Unidos, de haber perdido la visa y de mantener supuestos vínculos con el crimen organizado.

Afirmó que es “evidente” por qué la legisladora no ha presentado su declaración: “Es una mujer que tiene congeladas sus cuentas en Estados Unidos, que ya no tiene visa, que tiene ahí una supuesta relación con gente de crimen organizado, y que ha sido denunciada y señalada por muchos organismos y partidos”.

Por su parte, Joel Blas, jurídico de ese partido político, explicó que, ante la omisión de declaraciones patrimoniales, el órgano de control interno de la Cámara de Diputados es quien debe iniciar de oficio el procedimiento, conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Señaló que ni el Legislativo, ni el Ejecutivo ni el Judicial cuentan con un órgano superior que los supervise, por lo que cada uno debe actuar a través de sus instancias de control interno.

Blas indicó que, una vez iniciado el procedimiento, se notifica a los involucrados para que ejerzan su derecho de audiencia. Si la sanción se limita a una amonestación pública, el PRI, como entidad de interés público, podría acudir a un tribunal de alzada para solicitar una sanción mayor.

Agregó que, si el órgano de control interno no actúa o impone una sanción menor, el partido podría promover acciones a través de sus diputados federales.

Finalmente, Aldrete criticó el encalcelamiento del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, a quien calificó como preso político.

“Lo que veo es el sospechosismo del momento en el que se dio; de eso a que tenga ya tres semanas donde no puedan presentar una prueba fidedigna para tenerlo ahí, es complicado y es lastimoso”, remarcó.

Precisó que hay 100 mil mexicanos presos sin una sentencia, y la aprehensión del exmandatario se da en clima político revuelto, tras la revelación de unos audios que involucran a la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda en presuntas conversaciones con intermediarios de agencias estadounidenses.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena deberá reponer el procedimiento sancionador iniciado contra la senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla, luego de una resolución del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California.

El acuerdo de la CNHJ establece que la reposición del procedimiento deberá realizarse en cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral estatal el pasado 12 de agosto de 2026, dentro del expediente JC-19/2026.

El órgano partidista determinó ordenar la reposición del procedimiento sancionador ordinario relacionado con los hechos imputados a Ramírez Padilla, además de notificar a las partes y remitir una copia certificada del acuerdo al Tribunal de Justicia Electoral.

El documento también establece que el acuerdo deberá permanecer publicado durante 72 horas en los estrados electrónicos de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

La resolución es relevante porque se refiere a un procedimiento que se originó a raíz de una denuncia presentada por dos militantes de Morena en Tijuana hace tiempo, relacionada con la aparición de los primeros folletos y propaganda de Julieta Ramírez.

El documento es la resolución del Comité Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en la que, por orden del Tribunal Electoral, reponen el procedimiento, que en su momento ordenaba el retiro de toda la propaganda de la ahora legisladora con licencia.

En su momento, la propia Comisión de Honestidad y Justicia de Morena había impuesto medidas cautelares que ordenaban retirar la propaganda relacionada con Ramírez, y esta medida es un “jalón de orejas” para el partido, que en su momento desechó la denuncia y dio reversa a las medidas cautelares.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda designó este martes a Juan Manuel Martínez Verdeja como encargado de despacho de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Baja California, en sustitución de Alejandro Arregui Ibarra.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal presentó a Martínez Verdeja como parte de los cambios realizados en su equipo de gobierno y señaló que confía en que su experiencia permita mantener los resultados de la dependencia durante la última etapa de la administración.

El nombramiento ocurre después de la salida de Arregui Ibarra, quien presentó su renuncia al cargo el pasado 12 de agosto con la intención de buscar nuevas aspiraciones políticas rumbo al proceso electoral de 2027.

Experiencia en materia laboral

Martínez Verdeja cuenta con experiencia dentro de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Durante la actual administración estatal se desempeñó como presidente de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, con participación en los municipios de Mexicali y Tijuana y en la atención del rezago de juicios laborales bajo el anterior sistema de justicia laboral.

Documentos oficiales del Gobierno de Baja California también lo identifican como responsable de unidades vinculadas con el programa de Impartición de Justicia Laboral transparente y de calidad.

Su trayectoria profesional incluye además cargos en el ámbito jurídico y administrativo. De acuerdo con información publicada este martes, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, campus Tijuana, y cuenta con especialidades en Derecho Constitucional y Administrativo e Impuestos Federales, cursadas en la misma institución.

Antes de incorporarse al ámbito laboral estatal, trabajó como auxiliar de secretario de acuerdos en la Segunda Sala Regional del Noroeste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, posteriormente laboró en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y entre 2016 y 2019 ocupó la Secretaría Técnica del Congreso del Estado.