Familiares de Paulina Ivon Juárez Payán exigieron a la Fiscalía que deje de aplazar la audiencia en contra de Rafael Alejandro “N” y que se haga justicia por el asesinato de la joven.

Carolina Juárez Payán, madre de Paulina Ivon, expuso que para ella es muy desgastante continuar viendo al responsable de la muerte de su hija, mientras las autoridades siguen aplazando las audiencias.

Señaló que, si bien Rafael Alejandro “N” se encuentra actualmente en prisión preventiva, las autoridades deben imponer una sentencia severa para evitar que casos como el de su hija vuelvan a repetirse.

Paulina Ivon, de 20 años de edad, fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental, Rafael Alejandro “N”, el 9 de diciembre de 2024, luego de haber mantenido una relación de tres meses y llevar un mes de separados.

Alma Paz Bernal solicitó en repetidas ocasiones la carpeta del caso de la desaparición de su hijo, Héctor Aarón Rauda, desaparecido el 13 de marzo de 2022, sin que le haya sido proporcionada.

Recordó que designaron al caso al agente Munguía, de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien acudió una vez a su casa y nunca más volvió a verlo. Lo mismo pasó con el segundo agente asignado, de apellido Frías. Al que actualmente tiene asignado, Osvaldo Salazar, ni lo conoce.

La madre del desaparecido, miembro del colectivo Armadillos Mexicali, relató que una vez le pusieron la carpeta enfrente, diciéndole que podía leerla ahí pero no llevársela, y aunque estaba siendo acompañada por una funcionaria de Atención a Víctimas, no intervino para pedir que le diera una copia como es su derecho.

A pesar de que tienen indicios de que pudieran encontrar los restos de su hijo en la zona de la colonia Progreso, necesitan dar casi una evidencia a Fiscalía para que autoricen una búsqueda, explicó.

Se supone que en la carpeta está la declaración de una persona que dijo que lo encontrarían atrás de un hotel en aquella zona, y eso es lo que quieren aportar para que puedan programar la búsqueda.

Miguel Cristalinas firmó en julio de 2025 un contrato de servicios por seis meses con quien se presentó como Rafael Camarillo Flores, a nombre de la Inmobiliaria 33, para colocar en el mercado su vivienda del fraccionamiento El Campanario. Un mes después, sin que él se enterara, firmara o se presentara, la propiedad apareció inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) a nombre de Geometar Asesores Inmobiliarios, representada por Refugio Ramírez Rubio, en una operación pasada por la fe del notario número 15, Giber Carlos Ramos Ramírez, con sede en Guadalupe Victoria, Valle de Mexicali.

Camarillo Flores y su empresa Inmobiliaria 33 tiene más casos de fraude, sin que las autoridades hayan atendido a las víctimas.

El hombre que firmó el contrato con Miguel también se identifica como Rogelio Márquez Lamarque. Una identificación del Instituto Nacional Electoral con la misma firma y dirección lo vincula con un caso de estafa publicado el 9 de septiembre en este portal. Ni el nombre de Rafael Camarillo Flores ni el de Refugio Ramírez Rubio aparecen en el padrón digital de agentes inmobiliarios de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Baja California. En documentos del RPPC relativos a la transmisión de la propiedad tampoco hay rastro claro de los socios de Geometar Asesores Inmobiliarios S. de R.L. de C.V.

El afectado contrató los servicios del abogado Jonathan Macías, pero no le ha dado avances del caso penal y el civil está estancado. A pesar de vivir al día, ha invertido cerca de 80 mil pesos para resolver su caso. Las autoridades tampoco han llamado al afectado a una primera audiencia, por lo que su caso está detenido.

Miguel vive ya fuera de Baja California. Rentaba la casa para poder seguir cubriendo el crédito con el que la adquirió. “Rogelio” le pidió que sacara a los inquilinos porque, según le dijo, casi de inmediato había encontrado comprador para la vivienda valuada en 2 millones 200 mil pesos, que vendería 200 mil pesos por encima de ese valor. A mediados de agosto, al consultar el Registro Público de la Propiedad, descubrió que la casa ya figuraba a nombre de la inmobiliaria.

Un familiar de la víctima llamó a la Notaría 15 para pedir explicaciones. Solo obtuvo evasivas. Ese mismo día, el presunto estafador contactó a Miguel, le reclamó que su familiar estuviera indagando y le advirtió que solo trataría directamente con él. No aclaró nada sobre la empresa que ahora aparece como propietaria legal del inmueble.

La víctima del fraude no sabe si el congelamiento de su caso es por omisión o por corrupción. Apenas ayer el secretario General de Gobierno estatal, Juan José Pon, informó que cuatro jueces civiles de Tijuana son investigados por el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial del Estado por presuntamente favorecer trámites de fraude inmobiliario, pero a pesar de los casos documentados de fraude cometidos por Camarillo Flores, Fiscalía General del Estado sigue sin tocarlo.