ESPECIAL/Por Sujey González

Ángel Roberto López Cruz denunció públicamente haber sido presuntamente víctima de tortura, amenazas, abuso de autoridad y un intento de extorsión tras un cateo realizado el pasado 28 de junio en su domicilio, ubicado en el ejido Hechicera.

De acuerdo con su testimonio, agentes de la Agencia Estatal de Investigación ingresaron de forma violenta a la vivienda mientras buscaban a su hijastro, identificado como Kevin.

Aseguró que fue sometido frente a su hijo menor de edad y posteriormente llevado a una habitación donde lo asfixiaron con bolsas de plástico y lo golpearon para obligarlo a proporcionar información.

El denunciante afirmó que las agresiones continuaron posteriormente en instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde afirmó que nuevamente fue asfixiado con una bolsa de plástico, recibió golpes y amenazas.

Según relató, durante los interrogatorios uno de los agentes le advirtió: “Vas a salir por los pies por delante… ¿o qué quieres?, ¿quieres que te levante a tu señora y a tu morrito?”, expresión que aseguró le hizo temer por la seguridad de su familia.

López Cruz también afirmó que le fue atribuida una dosis de droga que, asegura, nunca le perteneció, además de denunciar la desaparición de dinero en efectivo, teléfonos celulares y documentos personales durante el cateo.

Asimismo, señaló que su vivienda permanece asegurada y que, de acuerdo con lo informado a su abogado, presuntamente le solicitaron 30 mil pesos para agilizar los trámites de devolución del inmueble, situación que rechazó su familia al considerar que se trataba de un intento de extorsión.

Indicó que ya presentó una denuncia por estos hechos y solicitó que se investigue la actuación de los agentes involucrados, además de expresar que teme por la integridad de su esposa, su hijo y la suya.

Este caso se presenta en el contexto del operativo implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California y otras corporaciones para localizar a los responsables del asesinato de los agentes Rubén López Garduño, de 27 años, y Manuel Enrique Guerrero Sánchez, de 32 años, ambos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó este viernes el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, luego de que pruebas periciales y forenses permitieran identificar los restos humanos localizados durante las investigaciones, un mes después de que fuera privada de la libertad por un grupo armado.

Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada el pasado 2 de junio en su domicilio del municipio de Nanchital, cuando hombres armados irrumpieron en la vivienda y se la llevaron por la fuerza. El ataque quedó registrado en un video captado desde el interior de la casa y difundido posteriormente en redes sociales, lo que generó una amplia condena de organizaciones de periodistas y de defensa de la libertad de expresión.

La Fiscalía informó que, como resultado de las investigaciones, ocho personas han sido detenidas por su presunta participación en el secuestro y homicidio de la comunicadora. Entre los arrestados se encuentran cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, señalados de colaborar con el grupo criminal involucrado en el caso. Las autoridades mantienen abierta la investigación por el delito de homicidio doloso calificado.

De acuerdo con las autoridades, los restos de la periodista fueron localizados durante diligencias realizadas en un rancho ubicado entre los municipios de Ixhuatlán del Sureste y Moloacán, donde posteriormente se efectuó el proceso de identificación científica.

El asesinato de Roxana Guzmán ha reavivado las alertas sobre la violencia que enfrentan los comunicadores en México. Organizaciones nacionales e internacionales han reiterado la exigencia de esclarecer el crimen y garantizar justicia, en un contexto en el que Veracruz continúa siendo una de las entidades con mayor número de agresiones contra periodistas.

Jubilados y pensionados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudieron hoy a la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos en Tijuana, en busca de atención a la pérdida de sus derechos adquiridos por la aplicación retroactiva de la ley, y tratarán de abordar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.

El funcionario encabezará este viernes en Tijuana el encuentro “Diálogos por la Justicia Abierta”, como parte de un proceso consultivo nacional orientado a fortalecer la participación ciudadana y el acercamiento entre el Poder Judicial de la Federación y la sociedad.

De acuerdo con la invitación oficial, el programa fue anunciado el pasado 9 de junio de 2026, cuando Aguilar Ortiz inauguró este ejercicio de diálogo e instruyó promoverlo en todo el país, con fundamento en el artículo 24 del Reglamento Orgánico de la SCJN, relativo a las políticas de vinculación ciudadana y justicia abierta.

El encuentro es organizado por la Dirección General de Atención y Participación Social, en colaboración con la Dirección General de las Casas de los Saberes Jurídicos de la Suprema Corte.

La actividad está programada para las 16:00 horas en la Casa de los Saberes Jurídicos, ubicada en Paseo de los Héroes número 9351, colonia Zona Río, en Tijuana.

La convocatoria señala que el objetivo es fortalecer los canales de comunicación mediante un intercambio directo entre el Poder Judicial de la Federación y la comunidad jurídica, a fin de identificar problemáticas relevantes que contribuyan a la construcción de una justicia social y a la reconciliación entre el Poder Judicial y la ciudadanía.

Representantes del movimiento por la garantía de las pensiones y jubilaciones buscarán abordar al presidente de la SCJN.