La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por la fiscal general Ernestina Godoy Ramos, informó que el contralmirante en retiro Fernando “N” está siendo trasladado a la Ciudad de México procedente de Buenos Aires, Argentina. El exfuncionario marino es requerido por autoridades federales por su presunta participación en una red de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, esquema conocido como “huachicol fiscal”.

De acuerdo con el mensaje de Godoy transmitido en redes esta tarde, el imputado fue entregado mediante un procedimiento administrativo de expulsión y deportación por parte del gobierno argentino, tras haber ingresado a ese país con documentación falsa.

Operativo interinstitucional

La FGR detalló que agentes de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) viajaron a Argentina para tomar custodia del exmarino. El traslado aéreo se concretó con el apoyo directo de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El exmandatario naval había ingresado a Argentina en abril pasado procedente de Colombia utilizando un pasaporte guatemalteco falso bajo la identidad de “Luis Lemus Ramos”. Pese a los recursos legales tramitados por la defensa del imputado en territorio sudamericano, las autoridades argentinas resolvieron su expulsión.

Investigaciones por contrabando de combustible

El caso involucra el presunto ingreso ilegal de hidrocarburos a través de aduanas marítimas mexicanas para evadir el pago de impuestos. Por esta misma causa penal ya han sido detenidas otras 15 personas, entre las que se encuentra su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto “N”, actualmente interno en el penal del Altiplano.

La titular de la FGR concluyó su pronunciamiento asegurando que presentará a Fernando “N” ante el juez federal del Estado de México que solicitó su captura para dar inicio a su proceso penal.

A pocos días del inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso, Transparencia Mexicana advirtió sobre los elevados riesgos de corrupción derivados de la fragmentación de las reglas de compras públicas y planteó la urgencia de aprobar una Ley General de Contratación Pública con normas comunes para los gobiernos federal y estatales.

La organización documentó la existencia de más de 120 formas distintas de contratación pública en el país. Esta dispersión normativa no solo complica la vigilancia y el control de las compras, sino que genera opacidad, facilita irregularidades y dificulta la participación de pequeñas y medianas empresas, dejando fuera a actores económicos históricamente relegados.

Durante la presentación de la propuesta, Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, subrayó que “además de controlar la corrupción en la contratación pública, el país necesita verla como una oportunidad para la inclusión de nuevos actores económicos en la provisión de bienes y servicios para el gobierno”.

Tan solo a nivel federal, las adquisiciones y la obra pública superan los dos billones de pesos anuales. Este volumen de recursos públicos representa un riesgo significativo de corrupción, al tiempo que podría convertirse en una herramienta para ampliar la competencia, desarrollar cadenas productivas y reducir espacios de discrecionalidad.

Como parte de su estrategia anticorrupción, Transparencia Mexicana trabaja con una decena de organizaciones sociales de distintas regiones del país en la construcción de la primera base de datos nacional de precios comparados para los sectores salud, seguridad, educación, energía y transporte.

La herramienta permitirá identificar diferencias de precios y patrones de contratación entre el gobierno federal y las entidades federativas, con el fin de detectar y prevenir riesgos de corrupción.

La organización ciudadana anunció que en las próximas semanas presentará los detalles de su propuesta y buscará un diálogo con los poderes Ejecutivo y Legislativo para impulsar una discusión nacional orientada a fortalecer los controles y reducir la vulnerabilidad a la corrupción en las contrataciones públicas.

La consulta pública abierta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para establecer nuevos Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias puede fortalecer la transparencia entre los medios de comunicación y la sociedad, aunque también plantea retos relacionados con la libertad de expresión y la certeza jurídica.

La propuesta busca establecer mecanismos para que las audiencias puedan recibir información variada, distinguir entre contenidos noticiosos, opiniones y publicidad, además de conocer los procedimientos para presentar quejas ante los medios de comunicación, explicó Nathalie Canizales Reyes, Coordinadora de la Maestría en Derecho de CETYS Campus Mexicali.

Explicó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado la importancia de que las personas puedan acceder a información plural, pues una ciudadanía bien informada constituye uno de los fundamentos para el funcionamiento de una sociedad democrática, sin embargo debe haber un sólido sustento jurídico y técnico.

“Cuando se tiene un objetivo completamente legítimo, como lo es la protección de los derechos de las audiencias, es necesario que este se consiga a través de mecanismos que operen dentro del marco constitucional y legal”, señaló.

Advirtió que una regulación imprecisa puede generar incertidumbre entre los distintos actores involucrados y, paradójicamente, terminar debilitando el derecho que busca proteger.

La especialista destacó además que la efectividad de los lineamientos no dependerá únicamente de su contenido, sino también de la capacidad de las instituciones responsables de aplicarlos. Por ello, consideró indispensable contar con reglas claras, autoridades que actúen dentro de sus atribuciones y mecanismos que generen confianza tanto entre las audiencias como entre los concesionarios.

Regulación y libertad editorial

Uno de los puntos que mayor debate ha generado es la obligación de los concesionarios de incorporar plecas, cortinillas o mensajes que permitan diferenciar entre información noticiosa, opiniones y publicidad.

A ello se suma el empleo de conceptos jurídicos que, de acuerdo con la académica, podrían resultar ambiguos, como “información falsa” o “veracidad”.

“El hecho de que estos conceptos no cuenten con parámetros suficientemente claros, sumado a la imposición de sanciones relevantes y considerables ante el incumplimiento de las disposiciones, podría generar interpretaciones dispares, incertidumbre jurídica e incluso podría disparar un efecto inhibidor en el ejercicio de la libertad editorial”, advirtió.

Canizales Reyes sostuvo que, aunque es necesario fortalecer la transparencia y la responsabilidad editorial mediante mecanismos de autorregulación, estos no deben convertirse en un obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión ni propiciar conductas de autocensura.

El reto, dijo, consiste en encontrar un equilibrio que permita proteger los derechos de las audiencias y, al mismo tiempo, otorgar certeza jurídica a los medios de comunicación y a las autoridades encargadas de aplicar las disposiciones.

La académica rechazó que la discusión deba plantearse como una confrontación entre los derechos de las audiencias y la libertad de expresión, pues ambos pueden coexistir dentro de una regulación técnicamente sólida y aplicada de manera imparcial.

“El desafío está en no disminuir un derecho para proteger otro, sino en diseñar mecanismos claros, transparentes y proporcionales que permitan garantizar y potencializar tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión”, concluyó.