Estatal
Promueven responsabilidad administrativa sancionatoria en un tercio de observaciones al INDIVI
La cuenta pública del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario yde la Vivienda (INDIVI) 2022 no fue aprobada por el pleno del Congreso del Estado por contar con 23 inconsistencias, siete de ellas con promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, correspondiente a la administración de quien sigue al frente del organismo, Saúl Osnaya López.
Entre las irregularidades, la Auditoría Superior del Estado (ASE) señala que el Director General, el Director Administrativo y el Jefe de Contabilidad y Presupuesto, en la asignación de recursos previstos en el capítulo de gasto “Servicios Personales” proyectaron la suma de 142 millones 098 mil 908 pesos al inicio del ejercicio 2022, excediendo del límite establecido con relación al presupuesto autorizado del ejercicio fiscal 2021 por 131 millones 850 mil 424pesos.
Destaca la observación P-22-169-DASS-F-77, que dice que el Director General, el Director Administrativo y el Director Comercial, se encuentran aún en el proceso de formalizar la propiedad de 12 inmuebles con un valor de 2 millones 202 mil 920 pesos, ubicados en “Residencial La Calma” en Mexicali, adquiridos mediante Contrato de Compraventa con Reserva de Dominio desde agosto de 2014, celebrado con una empresa constructora de la localidad; los 12 inmuebles mencionados cuentan con vivienda construida con daño estructural severo, existiendo incertidumbre sobre la recuperación de la inversión, incumpliendo con el artículo 62 fracción III de la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Baja California.
Además existe una diferencia de más de 19 millones y medio de pesos entre lo reportado por “Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios”, que ascendió a 55 millones 381mil 648 pesos, comparado con el reporte proporcionado por el departamento comercial, que marca la cifra de 75 millones 013 mil 995 pesos, “sin que el Director General, el Director Administrativo y el Jefe de Contabilidad y Presupuesto hayan proporcionado las aclaraciones correspondientes, incumpliendo con los artículos 33, 34, 35 y 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”, manifiesta la ASE.
Otra de las observaciones fue que el Director General, el Director Administrativo y el Jefe de Contabilidad y Presupuesto, al cierre del ejercicio fiscal 2022, devengaron ingresos presupuestales por la cantidad de 125 millones, insuficientes para cubrir las necesidades de operación, por casi 168 millones y medio, resultando un desahorro presupuestal superior a los 43 millones de pesos, incumpliendo al artículo 49 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado, así como al artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Dos observaciones recurrentes fueron que INDIVI no reconoció en registros contables ni enteró el 1.8% de Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, así como el 1.20% de sobretasa, a la Secretaría de Hacienda del Estado, incumpliendo la Ley de Hacienda del Estado y la Ley de Ingresos estatal.
La otra es que se realizaron pagos al personal por 65 millones de pesos por concepto de compensación, prima vacacional, aguinaldo, canasta básica, fomento educativo, bono por buena disposición y previsión social múltiple, sobre los cuales se observa que la entidad no efectuó el cálculo y la retención del Impuesto Sobre la Renta al personal de base, confianza y contrato, y por lo tanto no realizó el entero correspondiente a la Tesorería de la Federación, así mismo, no proporcionó evidencia de la emisión de los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI).
Otras inconsistencias fueron sobre equidad de género; cuentas por cobrar vencidas por más de 500 millones de pesos; adeudos vencidos por dos convenios de colaboración con promotores privados; una diferencia en la cuenta de inventarios por 2 mil 549 millones de pesos, que no fue aclarada por el Director General, el Director Administrativo ni el Jefe de Contabilidad y Presupuesto, así como una diferencia en la cuente de Bienes Muebles, por más de 8 millones y medio de pesos, entre otras.
Corrupción
Desmiente Rude defensa de proveedor y acusa ofensiva mediática
El regidor del Partido Acción Nacional (PAN) en el Ayuntamiento de Mexicali, Rude García, cuestionó el proceso de licitación para la adquisición de uniformes destinados a los bomberos, al considerar que existen una serie de coincidencias y circunstancias que, desde su perspectiva, deben ser aclaradas por el gobierno municipal.
García rechazó tener algún vínculo con la empresa Uniformes Julián, luego de que desde un noticiero de televisión local se generara una narrativa pública que relacionaba sus cuestionamientos con los intereses de dicha compañía.
“Yo ni siquiera sabía que esta empresa había participado”, afirmó el edil, quien aseguró que la información que conoció inicialmente correspondía únicamente a dos empresas que habían llegado a la etapa final del procedimiento: Tridenta y Probetex, y desconocía quién se había quedado fuera.
Explicó que tuvo conocimiento del proceso casi por casualidad, durante una mesa de trabajo en la que se analizaban transferencias presupuestales del Ayuntamiento. De acuerdo con García, lo que inicialmente llamó su atención fue el monto de la ampliación presupuestal solicitada: 57 millones 779 mil 244 pesos, cantidad que, señaló, no correspondía a una cifra aproximada o cerrada, sino a un monto muy específico.
Posteriormente, dijo, se enteró de que en ese momento se desarrollaría una licitación relacionada con los uniformes de Bomberos y tuvo acceso únicamente a fotografías de documentos que, aseguró, le fueron prestados y no entregados oficialmente.
El regidor sostuvo que los integrantes del Cabildo no tienen acceso de manera regular al calendario de licitaciones ni son convocados oportunamente a todos los procedimientos, situación que, consideró, limita su capacidad para revisar y cuestionar las adquisiciones municipales.
Uno de los principales cuestionamientos de García surgió cuando, según relató, la empresa que finalmente obtuvo el fallo presentó un monto que coincidía exactamente con la cantidad que previamente se había contemplado ampliar en el presupuesto.
“¿Cómo me dices que ya sabes qué monto vas a ampliar cuando la licitación no se ha abierto, cuando aún hay sobres cerrados?”, cuestionó.

García también puso en duda que el Ayuntamiento haya recurrido a un proceso exclusivamente local para una adquisición que estimó en alrededor de 3.3 millones de dólares, al considerar que una operación de ese tamaño podría haber atraído a proveedores nacionales e internacionales y, eventualmente, generar mejores condiciones económicas.
El regidor señaló que su intención no era cuestionar la necesidad de equipar a los bomberos, sino revisar si los recursos públicos podían utilizarse de manera más eficiente.
En ese sentido, planteó comparar el gasto destinado a los equipos de Bomberos con otras necesidades de seguridad pública, como los chalecos antibalas de policías municipales que, afirmó, se encuentran vencidos.
Otro de los puntos señalados por García fue la diferencia entre el costo de los uniformes adquiridos en 2021 y el presupuesto contemplado actualmente. Indicó que en 2021 se habrían adquirido 275 uniformes por alrededor de 30 millones de pesos, mientras que cinco años después se proyectaría comprar 300 por aproximadamente 58 millones; casi el doble.
El regidor reconoció que actualmente se contempla tanto uniforme pesado como ligero, pero señaló que, según las cotizaciones que conoció, el uniforme ligero representaría una erogación de alrededor de seis millones de pesos, por lo que consideró que aún existiría una diferencia importante que debería ser explicada.
También mencionó diferencias de precio entre las cotizaciones de las empresas participantes. Como ejemplo, señaló que en uno de los conceptos una empresa habría presentado un precio aproximadamente cuatro millones de pesos menor que otra, por lo que cuestionó si el Ayuntamiento exploró la posibilidad de negociar mejores condiciones o incluso dividir la adquisición.
García insistió en que sus cuestionamientos surgieron de la información a la que tuvo acceso y no de una relación con alguno de los proveedores. “Yo reto al gobierno que demuestre que yo tengo alguna relación o interés con Uniformes Julián”, declaró.
Asimismo, cuestionó la premura con la que, desde su perspectiva, se llevó a cabo el procedimiento y consideró necesario ampliar los estudios de mercado antes de comprometer una cantidad de recursos de esa magnitud.
El regidor sostuvo que continuará recopilando información sobre las empresas participantes, cotizaciones y procedimientos relacionados con la adquisición para presentar posteriormente mayores elementos.
Finalmente, acusó al gobierno municipal de responder con una ofensiva mediática ante quienes cuestionan sus procedimientos y piden transparencia sobre el uso del presupuesto.
Estatal
Clausuran temporalmente centro de la Patrulla Espiritual
Tras el homicidio de un interno de 28 años, registrado al interior del Centro de Rehabilitación de la denominada “Patrulla Espiritual”, ubicado en la colonia Mariano Matamoros, autoridades estatales realizaron una revisión sanitaria que derivó en la suspensión temporal de actividades del establecimiento por incumplimientos a la normatividad.
En el operativo participaron corporaciones de seguridad y diversas dependencias estatales.
Durante la intervención fue detenida una persona que fungía como escolta, debido a que portaba un arma de fuego sin acreditar el permiso correspondiente.
La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) detectó deficiencias en las condiciones de atención, incumplimientos sanitarios e irregularidades en los mecanismos utilizados para acreditar el consentimiento de las personas internas.
Por su parte, el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California ofreció trasladar a las personas internas a otros centros de atención; sin embargo, no se realizaron desalojos.
La suspensión corresponde a una medida administrativa derivada de la verificación sanitaria.
Por otra parte, las investigaciones por el homicidio y la presunta portación ilegal del arma de fuego continuarán por separado, con el objetivo de determinar las responsabilidades correspondientes.
Estatal
PRI explora alianzas con otras fuerzas políticas rumbo a las próximas elecciones
El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Álvaro Aldrete, informó que el partido mantiene acercamientos con distintas fuerzas políticas con miras a construir posibles alianzas electorales para el próximo proceso electoral, aunque aclaró que hasta el momento no existe ningún acuerdo formal.
Aldrete señaló que aún está pendiente establecer un diálogo con Movimiento Ciudadano (MC), sin embargo, con quien ya mantuvo reunión fue con el Partido Encuentro Solidario (PES) y el Partido Acción Nacional (PAN).
Indicó que el principal objetivo del PRI es construir una alianza para disputar la mayoría absoluta de Morena en el Congreso del Estado; no obstante, no están cerrados a analizar algún acuerdo con respecto a algunas alcaldías, siempre que existan perfiles que generen coincidencias entre los partidos.
El dirigente priista sostuvo que las negociaciones continuarán con apertura, buscando privilegiar las coincidencias y avanzar en una estrategia común rumbo a las próximas elecciones.
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