Por Dianeth Pérez Arreola
Marcelo Ebrard y su equipo dieron a conocer un documento de 30 páginas que contiene enlaces a videos con testimonios y evidencias que muestran la «cargada» de gobiernos estatales para apoyar a ciertos aspirantes a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación. Ahí se señala el caso de los servidores de la nación en Baja California.
Una serie de videos muestra a Germán Barajas, exservidor de la Nación en Tijuana, narra las irregularidades que le tocó ver desde su cargo en la delegación de Bienestar Federal.
Además incluyen el testimonio de la servidora de la nación Virginia García Liñan, donde menciona que Guillermo López, quien es director general del programa, los ha puesto a trabajar en favor de Claudia Sheinbaum y eran amenazados con el despido y pérdida de su plaza de no cumplir con lo ordenado.
“Hemos sido obligados a acarrear personas para favorecer a Claudia Sheinbaum”, señala. El testimonio apunta que ellos saben que siendo servidores públicos no pueden hacer trabajo partidista y menos en horario laboral. Cuenta que los jefes hicieron varios grupos de Whatsapp y por esa vía les piden 7 personas para los eventos a los que ha ido a Tijuana, y señalan a Alejandro Ruiz Uribe como uno de los orquestadores de la estrategia.
También cuentan con el testimonio de otro servidor de la nación, Juan Carlos Medina Ruiz, quien narra que tanto el delegado estatal Alejandro Ruiz Uribe como el director regional Gilberto Herrer y Guillermo López, instruyeron a servidores de la nación para entregar tarjetas, pegar lonas, pintar bardas y difundir acciones en redes sociales a favor de la aspiración de Claudia Sheinbaum.
Sobre la cadena de custodia de las urnas, el documento señala a los agentes Antonio Leal Sánchez y Ricardo Romo Martínez, agente estatal de investigación y coordinador de participación ciudadana en Baja California, respectivamente, como parte de los participantes en el proceso de selección que estuvieron a cargo de la cadena de custodia de las urnas y cuya parcialidad se pone en tela de duda.
El documento cierra con cuatro conclusiones: la primera es que «la Comisión de Encuestas está comprometida, no solo por tener al frente a personas afines a una aspirante y militantes de Claudia Sheinbaum, también porque el diseño y la operación del proceso han fallado en todas y cada una de sus fases».
La segunda indica que «la intervención directa de la Secretaría de Bienestar en varios estados, como Jalisco; Baja California; Michoacán; CDMX; EDOMEX; Chiapas y Colima, comprometieron el proceso desde su inicio y tiene un impacto directo en el resultado del mismo. Se tienen evidencias de que dicha participación antecede y continúa durante el proceso de la encuesta, agravando aún más su impacto».
La tercera conclusión es que «la participación de funcionarios públicos viola los acuerdos establecidos y aceptados por todos los aspirantes y pueden ser hechos constitutivos de delitos penales», y la última precisa que «los constantes cambios de secciones; la gran cantidad de urnas que serán invalidadas por fallas en el proceso; la cadena de custodia vulnerada; y la filtración previa de muestras, genera resultados inadmisibles».
Consulta el documento completo, sus enlaces y evidencias aquí.
Destaca que el documento no hace referencia al escándalo del audio de la exfuncionaria de la Secretaría del Bienestar estatal, Valeria Oceguera, donde condiciona apoyos sociales a cambio del respaldo a Adán Augusto.
Tampoco documenta el apoyo incondiconal que tras la filtración del audio, diera la gobernadora del estado Marina del Pilar Avila Olmeda al titular de esa secretaría, Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, a pesar además de la información de Brujula News que evidencia que trabajadores de la diputada federal y pareja sentimental del secretario, Julieta Ramírez, está en la nómina del programa Servidores con el Corazón, pagados por Bienestar, y del testimonio de un extrabajador que contó como apoyos sociales terminaron en manos de residentes de fraccionamientos de lujo.
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