Por Dianeth Pérez Arreola
El informe de la cuenta pública de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, periodo encabezado por Armando Fernández Samaniego, fue la única aprobada en comisión de Fiscalización, a pesar de que contiene omisiones y fallos más graves que los observados en las cuentas de las comisiones de agua del resto de los municipios.
Las cuentas debieron subirse a pleno hace tiempo, pero diputados de oposición sospechan que el retraso se debe a que interfirió el proceso para elegir a la coordinadora del proyecto de continuidad del gobierno en turno, Claudia Sheinbaum, candidata que fue apoyada en Baja California por quien fuera titular de la CESPM en el año de la cuenta revisada.
Los resultados de la auditoría se recibieron en el Congreso desde el 28 de abril pasado, y en el documento se describen omisiones como falta de evidencia en cobro de consumo de agua; irregularidades en los cálculos de Impuesto Sobre la Renta en compensaciones confidenciales por más de 48 millones de pesos, remuneraciones de personal y aguinaldo; falta de aplicación del procedimiento de licitación pública en la contratación de servicios de recaudación con diferentes proveedores; pago de recargos y actualización de pago extemporáneo de derechos de extracción de agua, entre otras.
El documento describe además que se encontró a un usuario de giro comercial que pagó en diciembre de 2020 casi medio millón de pesos, sin que se encontrara evidencia de cobro y pago del consumo de agua potable durante el ejercicio fiscal 2021. Sin embargo, en 2022 se identificaron lecturas por consumo de agua a partir de julio, determinándose ante esta irregularidad un adeudo estimado de casi 550 mil pesos por el año 2021.
El resultado de la auditoría señala también un contrato -AD-SERV04-2020- por casi 20 millones de pesos para revisión de usuarios comerciales y detección de posibles irregularidades; el polémico contrato con Fisamex.
“El hecho es que la cantidad pagada al prestador de servicio se encuentra vinculada directamente a los ingresos obtenidos por las gestiones y acciones del prestador, no obstante frente a ello han procedido a la fecha diversas acciones legales interpuestas por los usuarios afectados por estos cobros, y debido a ello la CESPM, contratante de estos servicios ha devuelto a los usuarios afectados un monto de 102 millones 693 mil 582 pesos sin haber recibido del proveedor el 20 por ciento de contraprestación que en su momento le fue pagada por la CESPM”, precisa el informe.
CONCEPTO | NÚMERO DE USUARIOS | IMPORTE |
A favor y ya cobrado | 16 | 55’616,078 |
Con amparo y convenio | 8 | 47’077,504 |
Con amparo y pendiente | 13 | 24’592,659 |
Impugnado y pendiente | 1 | 44,000 |
En contra y firme | 15 | 20’594,083 |
TOTAL | 53 | 147’924, 325 |
Auditoría solicitó 12 dictámenes que amparan la recaudación de ingresos por concepto por derechos de conexión al agua potable y alcantarillado sanitario, observándose diferencias cobradas de más en 10 dictámenes por 28 millones 776 mil 973 pesos, que no fueron aclaradas por la CESPM.
Otras irregularidades encontradas en la cuenta pública de la paraestatal cuando estaba bajo la dirección de Fernández Samaniego, tienen que ver con más contratos firmados para recuperar cartera vencida, y cortes y reconexiones del servicio de agua potable sin haber licitaciones de por medio y no justificar las adjudicaciones directas.
El documento de 17 páginas de extensión, firmado por el auditor superior del estado, Luis Gilberto Gallego Cortez, fue analizado hace semanas en la Comisión de Fiscalización, donde la presidenta Alejandra Ang votó en contra y el resto de los legisladores morenistas lo hicieron a favor.
Algunas de las omisiones y errores encontrados en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Tecate y Ensenada son falta de controles en el uso y aplicación de recursos públicos, cobros de menos, incumplimiento a los principios de economía, eficacia, eficiencia y valor público y de oportunidad de mejora en planes y programas institucionales, cobros de más, falta de perspectiva en equidad de género e irregularidades en cobros por conexión, entre otras.
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