Hermosillo quita terrenos a propietarios en opacidad

Por Claudio Tiznado

Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers

Durante el gobierno municipal de Alejandro López Caballero se revocaron asignaciones de propiedades a particulares y en un caso se detectó que fue adjudicado a un familiar de un funcionario de la Sindicatura del Ayuntamiento de Hermosillo, en el estado de Sonora.

Esta investigación reveló que en el trienio 2012-2015 el Cabildo revocó 188 acuerdos de terrenos asignados desde hace cuatro décadas a familias de Hermosillo bajo el principal argumento de que los dueños incumplieron con la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

En el proceso de invalidación hubo familiares de funcionarios que adquirieron esas propiedades a precios por debajo del valor en el mercado, según arroja un análisis de las actas de las sesiones de Cabildo en ese periodo de gobierno obtenidas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Los predios que fueron quitados durante este gobierno municipal de López Caballero fueron asignados en las décadas de 1970, 1980, 1990 y 2000.

Un ejemplo de este criterio adoptado por el Ayuntamiento de Hermosillo en el trienio mencionado se encuentra en la venta de un terreno de 225 metros cuadrados con clave catastral 360009166020 del 13 de marzo de 2014, ubicado en la céntrica colonia Palo Verde, con valor catastral de 122 mil 572 pesos y fue vendido en sólo 6 mil 750 pesos.

Al igual que otro predio de 120 metros cuadrados ubicado en colonia El Sahuaro con clave catastral 360007211015, que tenía un valor catastral de 148 mil 968 pesos y fue vendido por la cantidad de 3 mil 142 pesos con 26 centavos. Este tipo de adjudicaciones se cuentan por decenas. Ambas compraventas fueron detectadas al analizar las sesiones (67) que realizó el Ayuntamiento de Hermosillo durante el periodo de gobierno municipal que comprende del año 2012 al 2015, obtenidas a través de Transparencia con el folio 260498322000137.

Se aprecia un anuncio con un número de celular donde se puso a la venta la propiedad en 2018.

El modo de operación del Ayuntamiento

En febrero de 2018 la ciudadana Verónica Luna Meza fue alertada de que en el cerco perimetral de un terreno de su propiedad personas desconocidas colocaron un letrero con la leyenda “se vende”.

La mujer acudió al predio que había sido comprado por su esposo Osbaldo Gámez Murrieta 30 años atrás. 

Al llegar distinguió el cartel comercial en el cerco y llamó al número de celular publicado en el anuncio. Contestó una mujer que se identificó como dueña al número celular 662 4172545.

“Para nuestra (mala) fortuna mi esposo muere el 9 de noviembre del 2017 y en febrero (2018) ponen un letrero que el terreno se vende y los vecinos nos avisan; mi hija llamó al número de teléfono y le contestó una mujer que se identificó como ‘Guillermina’, quien se presentó como la propietaria a quien se le manifestó que el terreno era de nosotros. Ella respondió que no quería problemas y que su abogado se comunicaría, pero eso nunca sucedió y jamás volvió a contestar”, reveló Verónica al ser entrevistada en la casa en donde vive actualmente. 

Hasta ese momento, ella ignoraba que el Cabildo de Hermosillo hacía seis años (2012) que había revocado el acuerdo de asignación del terreno a su esposo y que, sin advertirle, la Sindicatura Municipal lo vendió a una persona de nombre Lucía Domínguez Córdova bajo el argumento de que Osbaldo Gámez Murrieta violó las reglas al no construir una casa en el predio.

En la captura de pantalla tomada de la cuenta de Lucía Domínguez Córdova en Facebook se aprecia la cercanía familiar entre la beneficiaria con la revocación del predio y la ex funcionaria de Sindicatura del Ayuntamiento de Hermosillo, Guillermina Villaescusa Córdova.

Lucía Domínguez Córdova es prima de Guillermina Villaescusa Córdova. De acuerdo a la solicitud de información con el folio 260498322000620 esta última se desempeñó como Subdirectora en Sindicatura en el trienio 2012-2015, pero hizo las veces de secretaria particular del síndico Fernando Miranda Blanco.

Al momento de la revocación del terreno de 239.60 metros cuadrados que se adquirió a través del convenio de asignación número 4301 de fecha 25 de junio de 1987, el título de propiedad ya estaba pagado en su totalidad y en la transacción Gámez Murrieta entregó otro predio a cambio a través de una figura administrativa denominada “permuta”.

Pero no era la primera vez que esa propiedad era perturbada, pues antes acaparó la atención de otras personas. En el año 2014 apareció un comprador que dijo ser enviado por el Ayuntamiento de Hermosillo al que el marido (hoy finado) de Verónica Luna le dijo que el predio no estaba en venta. 

En 2016, otro interesado se lo quiso apropiar e incluso introdujo maquinaria para construcción, pero fue desalojado sin oponer resistencia, reveló Verónica.

De acuerdo al folio 260498322000611 expedido por la Plataforma Nacional de Transparencia, desde el año 2000 al 2022 se autorizaron cuatro acuerdos de revocaciones de asignaciones de permutas en Hermosillo en administraciones panistas, entre ellos el del esposo de Verónica Luna, Osbaldo Gámez Murrieta.

Del año 2000 al 2022 se revocaron en total mil 169 terrenos que ya habían sido asignados para construir vivienda en ellos, según la solicitud de transparencia 260498322000610, muchos de los cuales fueron quedando ubicados en zonas de mayor plusvalía por el crecimiento de la mancha urbana,  atrayendo la atención de interesados para construir casas habitación y negocios.

Se trata de colonias como Jacinto López, Primero Hermosillo, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Lomas de Madrid, Carmen Serdán, 4 Olivos, El Sahuaro, Palo Verde, Las Palmas, Cerro de la Campana, San Luis, entre otras.

De acuerdo con la página especializada en bienes raíces y construcción https://www.remaxespacios.mx/wp-content/uploads/2021/01/Valores-Catastales-Hermosillo-2021.pdf los valores catastrales por metro cuadrado en estas colonias son cercanos a los mil pesos en promedio, aunque por lo general el valor comercial se duplica en la mayoría de los casos.

“Desde 1992 empezamos a vivir juntos y lo hicimos en ese lote que le asignó el Ayuntamiento a mi esposo; en 1995 nos casamos y se construyó un cuarto con material de lámina de cartón y colocamos un cerco con alambre de púa y postes de mezquite, mi suegra nos pasaba agua y luz”, recuerda Verónica. El terreno le fue asignado a su esposo en 1987 durante la administración municipal de Alicia Arellano de Pavlovich.

Copia del acta oficial donde se revocó la propiedad a Osbaldo Gámez Murrieta, esposo de Verónica Luna Meza.

Según el acta número 56 del 26 de marzo de 2012 el Cabildo local revocó el acuerdo de Sesión del Ayuntamiento del 21 de agosto de 1987, en el que se asignó a Oswaldo Gámez Murrieta el solar (terreno) ubicado en el lote 01, manzana 68, colonia Jacinto López con clave catastral 3600-16-885-014.

La revocación se realizó debido a que se incumplieron los artículos 203 y 204 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, de acuerdo al dictamen emitido el 20 de enero del 2012 por la Dirección Jurídica de Sindicatura Municipal. Un dictamen al que no se tuvo acceso, pues no se detectó en la investigación realizada.

La fracción I del artículo 203 establece que “se debe edificar en el inmueble (terreno) casa suficientemente apta para habitar de construcción permanente”. El artículo 204 en sus diferentes fracciones subraya todos los requisitos que en todas las enajenaciones que realice el Ayuntamiento para satisfacer necesidades de suelo para vivienda, debe cumplir el interesado en obtener un terreno o vivienda.

Verónica Luna dijo que la inercia a la que se enfrenta su esposo Osbaldo en Sindicatura le inhibió a construir una vivienda, pues desde que se lo asignaron en la década de 1980 y hasta antes de su muerte cada vez que preguntaba por el título de propiedad del terreno nunca se le informó ni resolvió su situación colocándolo en un estado de desánimo, incertidumbre e indefensión. Y así fueron pasando los años. 

Hay demandas abiertas por este modo de operación 

El 23 de octubre de 2020, Verónica Luna Meza presentó el juicio ordinario civil 0533/2020 contra el Ayuntamiento de Hermosillo para demandar la cancelación de la revocación de su terreno.

Como pruebas presentó a dos testigos para que dieran su declaración en el juicio, y diversas pruebas como la copia del convenio de regularización y compraventa (convenio de asignación No. 4301) de fecha 25 de junio de 1987. 

Comprobante de pago de título al Ayuntamiento de Hermosillo de Osbaldo Gámez Murrieta.

También aportó una constancia original de zonificación y un comprobante del pago del título de fecha 30 de junio de 1987, entre otros documentos, en poder del reportero.

La demanda se encauza contra el secretario del Ayuntamiento, síndico, director de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Hermosillo; también contra la compradora Lucía Domínguez Córdova por la participación que cada uno de ellos tuvo en dicha revocación.

El Ayuntamiento por su parte contestó que Verónica Luna no tiene legitimación para pedir la anulación de la revocación administrativa del terreno por parte del Ayuntamiento de Hermosillo debido a que no fue ella a quien se le asignó el predio, sino a su esposo.

En la demanda, Verónica solicitó cancelar la inscripción 477, 891 del volumen 36,718 de fecha 7 de octubre de 2014 de la escritura pública 5,290 de fecha 22 de febrero de 2019, así como el contrato de compra-venta número 367-14 del 10 de abril de 2014 expedido por el Ayuntamiento de Hermosillo a favor de Lucía Domínguez Córdova, demandando la restitución material del terreno ubicado en Suaqui Grande número 404 entre Arizona y América de la colonia Jacinto López en la capital de Sonora.

Además, solicitó cancelar la inscripción número 551669 del volumen 50455 con fecha 24 de mayo de 2019 a nombre de Benjamín Suárez Ramírez y Fermina Trujillo Reyes, ya que estos últimos compraron el predio a Lucía Domínguez para instalar un negocio comercial.

Aunque en las escrituras que se hicieron en la Notaría Pública número 50 a favor de Lucía Domínguez Córdova, aparece como domicilio del terreno la calle Suaqui Grande 406, pero con el mismo número de lote (1) y manzana (68), pues se trata del mismo predio.

«Lo que sucedió es que cuando hicieron la revocación en el Ayuntamiento (2012)  y posteriormente se escrituró a favor de Lucía Domínguez Córdova tramposamente cambiaron el número de domicilio para que la boleta del predial no llegara al terreno y nosotros no nos diéramos cuenta que ya nos lo habían quitado», explicó la afectada Verónica Luna.

El ambicioso programa de Alejandro López Caballero

En su trienio (2012-2015), el alcalde panista Alejandro López Caballero buscó realizar un ambicioso plan de regularización y titulación de terrenos con vivienda a lo largo y ancho del municipio que hoy ocupa el millón de habitantes de acuerdo a datos del INEGI. También echó andar un programa de venta de solares para vivienda a familias de escasos recursos en la capital de Sonora.

Por el impulso que la propaganda oficial le dio a ese programa López Caballero figuró en la lista de posibles candidatos a suceder al mandatario estatal en turno, otro panista, Guillermo Padrés Elías. Sin embargo, no sólo no sucedió, sino que en la elección siguiente (2015) el partido perdió la alcaldía en Hermosillo y también la gubernatura de Sonora.

Martín Matrecitos Flores regidor del Ayuntamiento de Hermosillo por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el trienio aludido y diputado por el partido Morena (2018-2021), aseguró que él desconocía que en Sindicatura se dieran casos de corrupción.

Manifestó que a pesar de ser militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en ese tiempo él tenía fe en la administración panista e incluso llegó a reconocer públicamente los beneficios del programa de regularización de terrenos emprendido por el municipio para que la gente tuviera un patrimonio seguro.

En la revisión que se realizó a las actas de las sesiones de cabildo se detectó que un patrón recurrente por parte de las autoridades municipales en ese trienio era evitar que los ediles, sobre todo los de oposición, conocieran a profundidad los temas a ser votados.

Un ejemplo de ello es el acta de la Sesión de Cabildo número 5 del 14 de noviembre de 2012, donde el regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Guillermo Moreno Ríos manifestó al alcalde, síndico y secretario que debían entregar con más tiempo los documentos que contienen la información que va a ser analizada y votada.

“Reitero de nueva cuenta el exhorto que hice originalmente, conocer a detalle la información para poder llevar una mejor decisión, quieren que la tomemos (la decisión) en diez minutos”, habría dicho Moreno Ríos.

De acuerdo a una noticia registrada por El Imparcial https://www.elimparcial.com/sonora/hermosillo/Dictan-auto-de-formal-prision-a-Alejandro-Lopez-Caballero-20170110-0001.html a principios de enero de 2017 a poco más de un año de dejar el cargo se le dictó un auto de formal prisión al exalcalde Alejandro López Caballero, por el delito de uso indebido de facultades y atribuciones.

Luego de ser vendido a terceros, en vez de construirse una vivienda de acuerdo al uso de suelo de la zona se edificó un negocio comercial en el predio ubicado en Suaqui Grande y Arizona.

Encuadran delito administrativo 

Verónica Luna Meza dice sentir que la despojaron de la propiedad que su marido poseía y ha sido una pesadilla que aún no termina al enfrentarse al sistema. 

“En el 2014 cuando fui averiguar (al Ayuntamiento), que fue cuando ella (Lucía Domínguez Córdova) compró el terreno, a nosotros nunca nos notificaron que lo habían revocado y vendido. En 2017 antes de fallecer, como en septiembre u octubre, mi esposo fue (de nuevo) al Ayuntamiento a arreglar los papeles porque no le salía el título y sólo le dijeron: deje el número de teléfono nosotros nos vamos a comunicar con usted… y así quedó”, recordó Verónica.

Agregó que entre la situación económica y una enfermedad terminal que sufría su esposo, el tiempo pasó y en febrero de 2018 (tres meses después de su muerte) ella acudió al Ayuntamiento a preguntar sobre el terreno y le dijeron en Sindicatura que no sabían, pero que lo más probable era que lo hubieran comprado otras personas al no construirse una vivienda.

“Fui a averiguar y me preguntaron si nos habían notificado que ese terreno se había revocado y les dije, claro que no”. Su visita a Palacio Municipal fue después de que personas “desconocidas” pusieron en venta el predio de su esposo en febrero de 2018.

Al enterarse de la realidad, ella sintió que su mundo se derrumbó, pues además de la reciente muerte de su esposo (noviembre de 2017) ahora se enfrentaba a la pérdida de su patrimonio, confesó Verónica.

“Mi esposo sufría de gastritis y colitis, ese era su diagnóstico desde que nos casamos y con el tiempo dejó de comer y no le hallaban, los médicos decían que era colitis, gastritis y hasta úlceras. Unos años antes de fallecer nos mandaron al Hospital General y ahí le detectaron el Síndrome Crohn, una enfermedad incurable, hasta que se infartó y murió”, relató Verónica Luna a punto del llanto.

La enfermedad de Crohn es una afectación inflamatoria de tipo crónico y autoinmune del tubo digestivo que evoluciona de modo recurrente con brotes. De causa desconocida, entre sus principales síntomas destacan el dolor abdominal, diarreas, fiebre, pérdida de peso, hemorragia rectal.

Reiteró que lo sucedido a su esposo es un caso de corrupción gubernamental, que aún no concluye con una sanción a todos los funcionarios que violaron la ley al revocar con “triquiñuelas” un terreno asignado hace poco más de tres décadas sin notificar a la parte afectada violando el debido proceso.

“El debido proceso está garantizado en los tratados internacionales suscritos por México, es un derecho humano consagrado en la Constitución Mexicana, en los artículos Primero Tercer párrafo y 14 y 16, por lo tanto cualquier autoridad (Ayuntamiento de Hermosillo) del ámbito de que se trate está obligada a respetar dichos preceptos”, explicó el abogado especialista en derecho penal y civil, Jesús Arnoldo Conde Hernández.

Además de la violación a los derechos humanos del esposo de Verónica al vender la propiedad a Lucía Domínguez Córdova, señaló que el Ayuntamiento violó la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora por tratarse de la prima de una funcionaria en ese tiempo en funciones.

El artículo 200 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora establece que la venta de terrenos no podrá hacerse a favor de los miembros del Ayuntamiento, incluyendo aquellos de los que pudiera resultar algún beneficio para ellos, como pueden ser parientes consanguíneos hasta cuarto grado.

A la distancia, Verónica Luna consideró que la revocación del terreno de su marido fue una toda maniobra orquestada minuciosamente por funcionarios del Ayuntamiento, pues a pesar de realizarse en marzo de 2012 en el Ayuntamiento de Hermosillo siempre se mostraron con sigilo, nunca le avisaron de esa decisión, pero tampoco le requirieron la propiedad a su esposo como si supieran que estaba enfermo y que debían esperar a consumar sus planes.

Así, en febrero de 2018, tres meses después del fallecimiento, pusieron en venta el predio a la vista de todos. 

Después de la venta del terreno a Domínguez Córdova el Ayuntamiento de Hermosillo no ha cumplido con la Ley de Gobierno y Administración Municipal, pues la prima de la funcionaria no sólo no edificó una casa habitación como correspondía, sino que vendió a terceros. 

La exfuncionaria en el gobierno municipal del alcalde Alejandro López Caballero, Guillermina Villaescusa Córdova, (quien fue señalada por Verónica Luna Meza de haber colocado un letrero en su terreno con su número de celular en febrero de 2018), en entrevista telefónica aclaró que ella está dispuesta a aclarar cualquier duda y aseguró desconocer los hechos.

Sin embargo, el número al que se le contactó a Villaescusa Córdova es el mismo al que en febrero de 2018 Verónica Luna Meza llamó luego de verlo en el anuncio colocado en su terreno cuando alguien decidió poner la propiedad a la venta.

Ilustración: Carlos Mendoza.

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