Por Benjamín Pacheco López
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
El gobierno de Baja California malgastó más de 90 millones de pesos en la compra de lavamanos portátiles contra Covid-19, pues tras el esperado retorno presencial a clases, los equipos lucen arrumbados, con fugas de agua o no fueron entregados en su totalidad a los planteles escolares.
Los enseres aparecen como un logro durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, según se desprende de un informe de la Secretaría de Hacienda de la entidad, donde se afirma la supuesta instalación al 100 % en las escuelas de la región.
Sin embargo, contradicen la versión oficial una revisión a las cláusulas de los contratos y reportes oficiales –obtenidos mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)–, así como las observaciones realizadas en ocho centros escolares y los testimoniales del magisterio.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Baja California (CNTE BC) calcula que hasta un 45 %, de las 3 mil 806 escuelas de la entidad, podrían no haber recibido o instalado en forma adecuada los equipos, además de que existe un listado de una compañía que, al parecer, no entregó más del 54 % de las unidades en el municipio de Ensenada.
El dinero fue para seis proveedores de la región, cuyos representantes se comprometieron a suministrar, instalar o habilitar -dependiendo del contrato-, más de 6 mil lavamanos dirigidos a escuelas de educación básica y los correspondientes al Colegio de Bachilleres de Baja California (Cobach).
De las compañías seleccionadas bajo adjudicación directa, tres no están en los domicilios indicados en los contratos firmados durante 2020 y 2021.
En su lugar hay locales abandonados, en renta o venta, e incluso uno está ubicado en una zona de tolerancia en Tijuana, donde un vecino aseguró que en 45 años nunca ha habido una empresa, salvo viviendas populares.
La dirección de otro proveedor fue bloqueada por el gobierno, bajo el argumento de que era un “dato identificativo”.
De las dos restantes, tan sólo una cuenta con una lona al frente de su predio, mientras que la otra mantiene un bajo perfil -sin letrero o mención en el directorio empresarial-, entre los demás despachos que conforman el primer piso de una torre de condominios, en el centro de Tijuana.
La investigación llamó la atención del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación y el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP), cuyo Comité de Transparencia decidió reservar por 5 años toda la información relacionada con la compra de dichos lavamanos portátiles.
Esto, bajo el argumento legal de haber iniciado un procedimiento administrativo con la posibilidad de fincar responsabilidades a funcionarios públicos relacionados con el caso, según respondieron a solicitudes hechas mediante la PNT.
Incluso fue informada la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública de Baja California, cuyo personal tampoco transparentó la cantidad de funcionarios involucrados, bajo la justificación de que su investigación es “exclusivamente por probables irregularidades de la información contenida en el acta de entrega-recepción”.
Esta dependencia también reservó por cinco años la información, según respuestas de su Comité de Transparencia, para un total de 144 expedientes de investigación relacionados con los lavamanos portátiles.
A pesar de este panorama, el gasto se ha extendido al periodo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, pues los lavamanos para los Cobach ya presumen el lema de la actual administración: “Con el Corazón por Delante”.
El presente reportaje fue elaborado durante el ciclo escolar 2021-2022 y parte del 2022-2023, con recorridos por las ciudades de Ensenada, Tijuana y Mexicali, así como el respaldo de más de 20 documentos oficiales obtenidos a través de la PNT, una decena de entrevistas, un archivo de por lo menos 60 fotografías y video documental.
Lavamanos sin instalar en la escuela más vandalizada de Ensenada
A falta de techo, la vista se detiene en el cielo azul. La mirada baja por los muros cuarteados, hasta posarse en los libros que deberían estar en las manos de algún alumno, en lugar de lucir destrozados en el piso.
El sol ilumina los muebles rotos de la biblioteca escolar “Profr. Arturo Villalobos Gutiérrez”, espacio inaugurado el 29 de octubre de 2015, según reza una placa manchada de cemento.
Estamos en la escuela más vandalizada del municipio de Ensenada, el plantel “Felipe Carrillo Puerto”, donde los delincuentes se entretuvieron durante el último receso escolar en destruir tres techos, romper ventanas, hacer pintas en muros y lanzar las sillas a un barranco.
A un lado este desastre, están dos lavamanos portátiles contra el Covid-19, emplayados, nuevos.
Por fuera, los trabajadores están en receso, tras colocar un par de techumbres y reposar el lonche. “Se metieron por un boquete”, según indican sobre un salón al que los malandros destruyeron los vidrios.
Mientras recorremos el sitio, nos llama la atención que los ladrones no hayan tocado los lavamos portátiles, mismos que lucen firmes, ajenos a la destrucción del lugar, sin siquiera haber sido conectados a una manguera.
La atmósfera general indica que la escuela, en este momento, tiene prioridades mayores que los armatostes de 12 mil a 13 mil pesos, por unidad, abandonados en lo que queda del sitio de estudio.
Un “logro” de 93 millones de pesos que nunca se vio reflejado
El gobierno aseguró que más de 93 millones de pesos fueron invertidos para instalar 6 mil 240 lavamanos portátiles en las escuelas de la entidad, según aparece en una Evaluación del Desempeño de la Gestión Estatal, fechada al 2021.
Conforme a la página 13, aparece como un logro el Programa de lavamanos para la higiene y salud en escuelas, dentro de la estrategia para el regreso seguro a clases.
En el documento se afirma: “100 % de las escuelas de educación básica beneficiadas. 93 millones 361 mil pesos invertidos en el programa. 6 (mil) 240 lavamanos instalados”.
Incluso, tras citar la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2, aceptan la falta de medidas para este escenario: “Esta situación extraordinaria tomó a todos por sorpresa, ya que la educación en México en general y en Baja California, no estaba preparada para acatar las medidas de cuarentena y sana distancia”.
Por lo que, debido a esto, la comunidad educativa tuvo que hacer “esfuerzos extraordinarios” para diseñar, implementar y adoptar las llamadas “estrategias educativas emergentes”, como las clases a distancia y la teleaula.
El texto citado fue elaborado por la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional, de la Secretaría de Hacienda de Baja California, durante el periodo Bonillista.
Destaca que, en ese tiempo, Catalino Zavala Márquez era secretario de Educación, y siguió una trayectoria como coordinador general de campaña y del equipo de transición, hasta acomodarse en la Secretaría General de Gobierno de la actual mandataria estatal Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Ambos, en sus discursos públicos con motivo del regreso presencial a clases desde el pasado 28 de febrero, no han mencionado ni alentado a usar dicho equipo sanitario, según ha sido constatado en las distintas transmisiones en vivo realizadas mediante redes sociales.
Embodegan lavamanos en los baños de los niños
Ante el vandalismo de la zona, en el preescolar “El Niño Artillero”, ubicado en Ensenada, los lavamanos portátiles están embodegados dentro del cuarto más seguro de todo el plantel: los sanitarios infantiles.
Al abrirse una pesada puerta de metal, en una construcción sin ventanas, lo primero que llama la atención son los equipos esquinados. Además, les amarraron la techumbre para evitarle algún accidente a los pequeños usuarios.
En la tarja que no ha conocido el agua, las jaboneras están amontonadas, y las llaves aún tienen las etiquetas. Sin embargo, apenas se puede pasar, pues los armatostes nuevos, emplayados y relucientes, le restan espacio al interior del inmueble.
La escuela está anclada en el fraccionamiento Puerto Azul, al noreste del puerto, sobre un declive y a un costado de una profunda zanja en la que solía haber una tubería.
Las risas infantiles contrastan con las detonaciones que se escuchan de tiempo en tiempo, al haber en las cercanías campos de tiro reglamentados.
Esta comunidad escolar tardó en regresar al modo presencial porque carecía del servicio de agua, los salones tenían los vidrios rotos y habían sufrido robo.
Una maestra -quien reserva su identidad- intenta recordar la fecha en la que les llevaron los lavamanos portátiles contra el Covid-19. No había nadie en el plantel, por lo que ella acudió a recibirlos.
“Me los querían instalar en la parte de enfrente. Le comenté (a uno de los trabajadores) que teníamos vandalizada la escuela, que nos estaban robando mucho. Me dijo ‘Ok, profe. ¿Va a tomar la decisión que no los instalemos?’ le dije: ‘Sí, mejor los voy a resguardar porque todavía no estábamos en clases presenciales”, comenta entre el griterío.
Los hombres dejaron los equipos, la tubería, y listo: fue lo único. Después, vendrían otros empleados a instalarlos, pero no fue posible porque el lugar carecía de agua. Además, le explicaron que solamente podían dejar una cantidad aproximada de tubo, para las conexiones, y sugirieron que el agua fuera desechada en los jardines.
En su testimonial, la docente no recuerda que le hayan dicho que los conectarían al drenaje. Desde aquella visita, no ha vuelto a saber del tema.
Opacidad en el gasto: información incompleta
Para confirmar el gasto superior a los 93 millones de pesos, y ante quejas populares de que los lavamanos portátiles en realidad estaban arrumbados en las escuelas, Border Hub solicitó mediante la PNT copia de los contratos realizados entre el gobierno bajacaliforniano y los proveedores, así como la distribución de los muebles a nivel estatal.
Sin embargo, la información resultó incompleta al no coincidir con la cifra oficial del gasto.
Por ejemplo, la Secretaría de Educación -mediante el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP)- únicamente proporcionó 6 contratos con 5 proveedores.
La suma es de 78 millones 599 mil 956.26 pesos para “suministro e instalación” o “servicio de instalación en sitio”, para 6 mil 240 lavamanos portátiles -con un diseño específico- en jardines de niños, primarias y secundarias.
Para estos niveles, también fue contratada una compañía que únicamente se encargaría de habilitar las instalaciones, mediante “demoliciones”, “excavaciones”, “conexiones” y otras tareas, por la cantidad de 11 millones 228 mil 355.09 pesos.
Con todo, el total sería apenas de 89 millones 828 mil 311.1 pesos, para estos niveles educativos.
Durante la investigación, Border Hub detectó que otro modelo había sido enviado a los planteles Cobach, por lo que, tras solicitudes de transparencia a esta institución, resultó que tenían su propio contrato con un empresario, quien se comprometió a elaborar un prototipo específico y entregar 30 equipos por 894 mil 360 pesos.
En forma conjunta con el nivel de bachillerato, suman 90 millones 722 mil 671.35 pesos, cifra aún alejada de los datos oficiales.
Otro punto es que, en la distribución entregada por el ISEP, aparece que una de las compañías tendría un segundo contrato por mil lavamanos, pero no fue compartido en los documentos entregados vía transparencia.
Destaca que los proveedores fueron seleccionados mediante adjudicación directa, es decir, sin la existencia de un procedimiento de competencia.
Estos son: Proveeduría Integral de la Península, S. de R.L. de C.V.; MAXRO Construcciones, S. de R.L. de C.V.; e Intelligent Trade de Baja California, S.A. de C.V.
Le siguen Construcción Ecológica y Medio Ambiente, S.A. de C.V.; GRD Ingeniería, S. de R.L. de C.V.; y Ricardo Guzmán Gómez, este último para nivel preparatoria.
Los contratos para nivel básico fueron firmados el 14 de diciembre de 2020 y el 8 marzo de 2021, luego de que la pandemia por el Covid-19 obligó a alrededor de 1 millón de alumnas y alumnos, así como personal docente de la región, a replegarse en sus casas y adaptarse a las caóticas condiciones de enseñanza a distancia.
Sólo en el caso de los Cobach, el documento trae fecha del 23 de marzo de 2022, según las copias consultadas.
En el contexto, el criterio del Semáforo Epidemiológico del Sector Salud y la falta de vacunas contra el Covid-19, retrasarían el retorno a clases hasta el lunes 28 de febrero de 2022.
De esta forma, al volver a las aulas de educación básica, la comunidad escolar se encontró con lavamanos portátiles prácticamente caducados, pues en algunos documentos aparece que la garantía otorgada era de un año.
Se buscan empresas: Tijuana y Mexicali
En Tijuana comienza la patria y también es sitio donde cuatro proveedores indicaron la dirección en sus contratos para elaborar los lavamanos portátiles contra el Covid-19.
Border Hub acudió el 6 de septiembre a dicha ciudad, a una hora y media de Ensenada tras 105.9 kilómetros de viaje por carretera, para comprobar si mantenían la misma dirección -de hace casi dos años al momento de la firma- las empresas contratadas para construir y trasladar los lavamanos portátiles.
Proveeduría Integral de la Península (Proinpe) es la única con una lona colgada en su portón y cuyo domicilio coincide con la de su contrato. Personal del lugar aseguró que “no estaba quien pudiera dar la información”, que tampoco “había un número para llamarlo” ni “certeza de cuando estaba”.
Un empleado de mayor rango comentó en plática a nivel calle que “no habían mandado (lavamanos) para Ensenada”, pero que cuando llegara la persona con conocimiento del caso, se comunicarían con el diario. A la fecha no se ha tenido noticias de esta empresa.
El edificio donde debería estar GRD Ingeniería, en la avenida Rápida Poniente 4020, interior A, luce cerrado. Por el interfon nadie responde, un vecino desconoce si estuvieron ahí, y tampoco hay algún letrero o lona alusivo.
Dicha edificación conecta con una calle posterior y otras oficinas. Ahí, un joven confirma que es la dirección que aparece en el contrato y que rentan locales, pero por cuestiones de privacidad no puede referir si la empresa citada lo llegó a usar, pues a veces rentan por meses.
GRD Ingeniería es la única que aparece en el portal de proveedores del Gobierno del Estado de Baja California, donde arroja una dirección diferente a la indicada en el contrato: avenida Panamericana 9814, colonia Panamericana, C.P. 22647, en la ciudad de Tijuana.
En esta referencia adjuntaron un número telefónico. Border Hub se comunicó el 19 de septiembre y contestó una joven, quien confirmó que era de la empresa. Se le aclaró que era con motivos de una investigación periodística, a lo que respondió que no estaba el encargado y que le avisarían, pero no se ha comunicado con el diario para conocer su versión.
MAXRO Construcciones indicó como domicilio para recibir notificaciones el “edificio cinco”, interior 103, de la calle Germán Gedovius, en la zona urbana Río Tijuana. Es un lugar con 10 edificaciones y todas tienen nombre, además de que nadie los reconoce por algún tipo de número, lo que dificulta la ubicación.
En la calle posterior, en la Alfredo Ramos, están las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), donde un trabajador aseguró que MAXRO Construcciones “no era socio” y que tampoco los conocían.
Tras una búsqueda, dicha compañía está dentro del Condominio del Parque, ubicado al centro de la calle citada, pero no aparece en el directorio general ni tiene algún letrero afuera del despacho.
Tras llamar dos veces, acudió un empleado y confirmó la dirección. Al igual que las demás compañías, aseguró que “se comunicarían” tras recibir la tarjeta del Border Hub, pero a la fecha no ha ocurrido.
En la calle Coahuila, conocida por ser una de las principales zonas de tolerancia de Tijuana, además de estar cerca del conocido arco distintivo de la ciudad, aparece la dirección de Construcción Ecológica y Medio Ambiente.
El número 1606-5 en realidad corresponde a un lote con ocho casas y ahí nunca ha estado una compañía, como asegura J. Reyes Hernández Pérez, contador de profesión y residente que tiene décadas viviendo en el lugar.
“Son cuartos habitación. Este corresponde a una casa habitación y no corresponde a ninguna empresa. Nunca ha estado aquí. Tengo más de 45 años en esta esquina. Soy contador público. Soy el encargado de cobrar rentas”, afirmó.
Como parte de su testimonial, Hernández Pérez refirió que tampoco ha sabido que lleven algún tipo de notificación o se presente alguien a buscar a la compañía.
“Nadie ha preguntado, Siempre ha sido casa habitación. Son 8 casitas, viven familias”, concluyó.
En el caso de Intelligent Trade de Baja California indicó en su contrato el domicilio Andador Cholula 1090, planta 1, C.P. 21000, en el Centro Cívico del municipio de Mexicali.
Gracias a la colaboración de la periodista y editora Dianeth Pérez Arreola, fue constatado el 12 de septiembre que este domicilio de la ciudad cachanilla, lleva a un edificio de dos pisos en el que están colocados seis letreros de “Se Vende”.
Tras los cristales se aprecia que el lugar también es utilizado como bodega, aunque bastante descuidada, pues son notorias las cajas amontonadas y los papeles revueltos, al grado que estorban el acceso principal.
“Me dijo un muchacho, quien trabaja cerca, que sólo meten y sacan cosas de vez en cuando, pero que tiene mucho cerrado”, según el testimonial recabado.
Además, al parecer suele ser un sitio muy solitario, al grado de que dicho andador es utilizado como resguardo para las personas que no tienen techo.
Y en el caso de Ricardo Guzmán Gómez, con lavamanos para el Cobach, en su contrato fueron bloqueados con recuadros negros el RFC, domicilio, teléfono, correo electrónico y firma, bajo el argumento legal de ser “datos identificativos”.
En una revisión más a fondo, aparece como proveedor del Ayuntamiento de Mexicali, con una dirección y número telefónico.
Border Hub se comunicó el 19 de septiembre y contestó un hombre, quien confirmó que sí era un número para comunicarse con este proveedor, pero que estaba conduciendo en ese momento. Aseguró que él pasaría el recado, pero a la fecha no se ha comunicado con el diario.
Al pedir pruebas… clasifican información como reservada durante 5 años
Debido a las quejas y lo constatado en las revisiones de campo, así como los documentos obtenidos, Border Hub realizó una solicitud de transparencia para que la Secretaría de Educación brindara todas las pruebas (fotografías, videos o actas de entrega-recepción) de que los lavamanos habían sido entregados e instalados.
En respuesta, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación y del ISEP indicó el 27 de mayo pasado que “existe una investigación administrativa” y que “esta autoridad se encuentra impedida física y materialmente para remitir los documentos referentes a las investigaciones”.
Lo anterior porque “está obligada a guardar el sigilo procesal” y que los expedientes de investigación y procedimiento de responsabilidad “no se divulguen hasta en tanto no se resuelvan en definitiva”.
Por lo que “se solicitó la clasificación como información reservada” al Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación y del ISEP “por el periodo de 5 años”, para evitar que se “obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa”.
Esto, de acuerdo a los artículos 113 y 110 de las leyes General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California.
Ante la reserva, se solicitó el pasado 4 de agosto una entrevista formal con Catalino Zavala Márquez, secretario general de Gobierno; Gerardo Arturo Solís Benavides, secretario de Educación; y Juan Eugenio Carpio Ascencio, director general del Cobach BC.
Fue mediante tres cartas, vía los canales oficiales del gobierno estatal y confirmada de recibido por parte de funcionarios. A la fecha no han respondido los mensajes de WhatsApp o los correos enviados por Gmail.com.
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