Por Dianeth Pérez Arreola

La última vez que me dejaron preguntar algo en la conferencia mañanera de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, fue cuando hice enojar al jefe de gabinete, Alfredo Álvarez, sobre por qué Gobierno del Estado no había firmado el convenio que suele signarse con el Instituto de Transparencia estatal, acuerdo que por cierto, tampoco firmó la gobernadora cuando era alcaldesa de Mexicali. Eso fue en febrero.

De manera sistemática el director de Comunicación Social me fue relegando de las preguntas y eventualmente hasta de Whatsapp, donde desde junio me dejó en visto.

Cada vez es más evidente que las mañaneras se tratan de perder el mayor tiempo posible con explicaciones tardías, informaciones sin relevancia y preguntas a modo, dejando el tiempo y la oportunidad de cuestionamientos críticos al mínimo.

El reportaje publicado en agosto en Brújula News sobre los contratos de publicidad revela -a pesar del número limitado de documentos que me dieron- que solo considerando los diez contratos trimestrales más altos calculados en base anual, ya casi alcanza el presupuesto oficial para medios del 2022.

Este dato es importante porque nos habla de un presupuesto real ubicado entre los 400 y 500 millones de pesos, que se traducen en cientos de contratos de publicidad para comprar a muchos medios y a otros tantos que se creen que son medios. Algunas oportunidades para preguntar son tomadas por algunos para echarle porras a Marina del Pilar, ponerle preguntas a modo para que se luzca, o hacer cuestionamientos totalmente intrascendentes.

Como representante del mecanismo de protección a periodistas, creo importante dejar constancia de la censura, pues hay muchos compañeros a quienes no se les deja preguntar en las conferencias de la gobernadora. También es necesario que dejemos claro al Gobierno del Estado que estamos conscientes de su estrategia y sus métodos.

Agradezco a Christian Galarza haberme cedido la palabra cuando era su turno, pero seguramente de otra forma no hubiera podido hacer uso de la voz. Mis preguntas fueron de tres temas: Ariel Lizárraga y los porcentajes que cobra por contrato de publicidad; el exceso de presupuesto que se destina a los contratos de publicidad de los medios de comunicación; y las evidencias de corrupción que hay contra el secretario del Bienestar, Netza Jáuregui.

Ya sabía que las respuestas eran las que podían esperarse. Básicamente, la gobernadora exculpó a Ariel Lizárraga por el asunto del abuso sexual a un menor, y del porcentaje que cobra de los contratos no dijo nada. Además, lo nombró como “su amigo” y aseguró que no está en la nómina estatal.

 Sobre los contratos, dijo que me los daría, lo cual no pasará porque comprobaría más fehacientemente que el presupuesto oficial se excede y por mucho.

El tercer tema fue sobre los testimonios -anónimos y con nombre- que tengo sobre las irregularidades en la entrega de apoyos sociales por parte de la Secretaría del Bienestar, los cuales fueron descalificados de entrada por la gobernadora. Ahí va otro respaldo público de la mandataria a Netza, que le pasará factura más temprano que tarde.

La transparencia es uno de los factores indispensables de una democracia, por eso rechazamos todo intento de censura y condenamos las negativas a proporcionar información que debería ser pública.

Invito a mis compañeros periodistas a visibilizar sus casos de la manera que crean más conveniente.

El sitio www.brujula.news es un espacio para reportajes de investigación y noticias sobre Baja California.

Soy Dianeth Pérez Arreola, periodista desde 1994. He sido reportera de radio, de televisión, de prensa escrita y digital. Viví 17 años en Países Bajos y regresé a Baja California en verano de 2020. Una de las cuestiones del “choque cultural inverso” después de tanto tiempo fuera, es la forma de hacer política y periodismo México.

En Europa los funcionarios públicos no trabajan de cara a los medios de comunicación, y los medios de comunicación no consideran noticia aquellas actividades propias de las funciones de los políticos. Nos quejamos en México de la manera en que actúan los servidores públicos, pero los medios de comunicación ayudamos a perpetuarla.

Por esa razón, en este sitio no se publicarán comunicados de funcionarios públicos. No puede ser noticia lo que les corresponde hacer como empleados de los ciudadanos. No es normal que todos los días haya agenda pública en estado y municipios. Los funcionarios justifican los eventos públicos como actos de transparencia y rendición de cuentas a la población, pero lo cierto es que están dirigidos a los medios de comunicación con el objetivo de promocionar la imagen de sus protagonistas. En ninguna democracia que se tome como ejemplo mundial existe esta sobreexplotación de la imagen; los eventos de entrega de vehículos oficiales, develaciones de placas, reuniones, cortes de listón, etc solo son plataformas de lucimiento personal que debemos dejar de normalizar. Ni la apertura de un puente a la circulación necesita de la presencia de ningún funcionario, ni las firmas de acuerdos estatales necesitan ser públicas.

Por supuesto, la prensa necesita de acercamientos frecuentes con funcionarios de primer nivel para tocar temas pendientes, públicos y exclusivos; lo que digo es que ni todos los eventos necesitan ser públicos, ni todas las actividades de gobierno merecen ser publicadas.

La excepción en este sitio son comunicados que informen de hechos que impacten de manera tangible e inmediata en la calidad de vida, economía o seguridad de los habitantes de Baja California.

La actuación conjunta de medios de comunicación, periodistas y políticos hace que la sociedad esté cada vez más polarizada. Los medios tradicionales han dejado de ser una opción a la hora de proveer información imparcial y cada vez es más obvio que tienen una línea editorial al servicio del mejor postor. De igual forma, muchos periodistas carecen de los valores periodísticos esenciales y no ven el conflicto ético que representa trabajar para un político u organismo de gobierno, o tener una estrecha relación con algún político, a la vez que ejercen el periodismo. Para completar el cuadro, los funcionarios públicos muchas veces quieren incidir en las líneas editoriales de los medios, como si pagar publicidad institucional les diera derecho a ello.

Por lo tanto, durante lo poco o mucho que dure este proyecto no se aceptará ninguna publicidad que esté condicionada a influir en la línea editorial.