Por Dianeth Pérez Arreola
El presidente de Coparmex Mexicali, Octavio Sandoval, señaló que el presidente viene realmente a Baja California a solucionar el problema interno entre las fracciones de Morena, especialmente el enfrentamiento entre el exgobernador Jaime Bonilla y la mandataria Marina del Pilar Avila Olmeda.
Agregó que esto ha hecho que el clima político sea de división, y aunque los alcaldes que estaban aliados con Bonilla se han alineado con el actual gobierno, el senador Bonilla sigue siendo un elemento de conflicto.
Sobre las actividades de la agenda del Andrés Manuel López Obrador en la entidad, relató que se trata de actividades electoreras y clientelares. “Es un mensaje muy fuerte que venga al informe y todas las actividades de entrega de apoyos del bienestar”, opinó.
Sandoval remarcó que es una visita de carácter político y lamentó que el presidente no se reúna con los sectores sociales, no se diga con los empresariales.
Acerca del decreto publicado sobre el uso del agua para Mexicali, dijo que crea mucha incertidumbre, y que lo están analizando. Resulta muy sorpresivo, añadió; “creo que ni la gobernadora sabía de ese decreto innecesario, que solo le pinta una raya más al tigre, de la desconfianza en el estado por la falta del estado de derecho, por el asunto de Constellation”.
La viabilidad del uso del agua la determinan las comisiones del agua y la comisión estatal, manifestó; pone al estado en riesgo, pues a la hora de la elegibilidad de inversión, tiene eso en contra. Eso genera incertidumbre y falta de confianza, expresó.
El presidente de Coparmex Mexicali lamentó que otros sectores de desarrollo económico no se pronuncien, no lo analicen y no hagan un posicionamiento sobre ese decreto. “Es atípico, es inusual que el gobierno emita decretos restrictivos”.
Autos “chocolates”
Sobre el decreto que amplía la regularización de vehículos de procedencia extranjera, apuntó que por un lado fue exitoso el decreto de regularización que se dio, ya que era la única vía para dar certeza jurídica a los propietarios de autos y combatir la inseguridad, además de que el dinero recaudado se destinaría a mejoramiento de las vialidades.
Los 783 millones de pesos que obtuvo Baja California por este concepto no se ven en las calles, aseguró, y según los datos ofrecidos por el presidente solo se ha invertido la mitad, y pidió más transparencia al ayuntamiento.
Remarcó que esta última ampliación debe ser definitiva y que aquellos carros que no se regularicen se saquen de circulación; se confisquen con la facultad que tiene el gobierno para hacerlo.
“Es sorprendente que Baja California tenga 300 mil vehículos regularizados; es una cifra increíble; al final es el reflejo de un problema que se dejó crecer en los últimos 10 años”, opinó.
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