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Corrupción

El “carrusel” del dinero del secretario de AMLO

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MEXICANOS UNIDOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD

Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue uno de los operadores de un “carrusel” de presunto financiamiento ilegal de Morena en 2017.

Esquer, junto con Denis Zaharula Vasto Dobarganes, actual encargada de las finanzas en la oficina de la Presidencia de la República, participaron en diciembre de 2017 en una serie de depósitos “hormiga” a un fideicomiso con el que Morena dijo reunir dinero para los damnificados del sismo de aquel año, aunque ese dinero fue a dar parcialmente a candidatos, legisladores y operadores electorales de ese partido político.

En videos en poder de MCCI y Latinus consta que el 28 de diciembre de 2017, Esquer y Denis Zaharula, junto con otras cuatro personas, realizaron 28 depósitos por un monto idéntico de 50 mil pesos en un lapso de apenas 20 minutos en la sucursal San Ángel de Banco Afirme, hasta sumar un millón 400 mil pesos en efectivo. Se formaban en la fila, hacían un depósito y casi de inmediato se volvían a formar.

Esta maniobra se replicó en otras sucursales bancarias por un monto de 44.4 millones de pesos.

Los depósitos “hormiga” eran al fideicomiso “Por los demás”, que Morena creó para los damnificados, aunque una investigación del Instituto Nacional Electoral (INE) –de la cual se dio vista a la entonces Procuraduría General de la República- identificó que una porción del dinero fue sacado para ser repartido a operadores de Morena, quienes supuestamente entregarían la ayuda personalmente a los afectados por el sismo.

Las imágenes de este carrusel de depósitos fueron difundidas en julio de 2018 en el Periódico Reforma. Pero lo que no se sabía, hasta ahora, es que entre los partícipes de aquella operación estaban Alejandro Esquer y Denis Zarahula, como muestran los videos tomados en los cajeros del Banco Afirme de las sucursales Insurgentes y San Ángel.

El INE determinó que el fideicomiso operó de manera ilegal, ante lo cual multó a Morena con 197 millones de pesos por este mecanismo que catalogó de financiamiento paralelo del partido, y dio vista de su investigación a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Aunque la multa fue revocada en octubre de 2018 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todavía está pendiente de resolución la investigación en la Fepade, la Fiscalía, el SAT y la CNBV.

Alejandro Esquer se desempeñaba como Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena cuando participó en esta maniobra financiera.

En noviembre de 2020, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó que Esquer Verdugo también contrató a dos empresas fantasma para realizar eventos y colocar espectaculares en la campaña de López Obrador en 2018.

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE inició en abril de 2018 una investigación sobre el fideicomiso “Por los demás”.

Este fideicomiso fue creado en Banco Afirme ocho días después del terremoto del 19 de septiembre del 2017, supuestamente para que Morena reuniera recursos que serían destinados a los damnificados.

El 18 de julio de 2018, diez de los once consejeros del INE aprobaron el dictamen que determinó que, de 78.8 millones de pesos que ingresaron al fideicomiso, 44.4 millones de pesos fueron de aportaciones en efectivo de origen desconocido, como las realizadas por Esquer y Denis Zarahula.

Lo anterio, a pesar de que el propio contrato del fideicomiso establecía que solo estarían permitidas las aportaciones a través de transferencias electrónicas y cheques.

La unidad de fiscalización del INE detectó que hubo un modus operandi donde un grupo de personas realizó depósitos de millones de pesos en efectivo en lapsos de pocos minutos.

“Detrás de las operaciones existió un esquema de organización que obedeció a instrucciones previamente concebidas”, señala el proyecto del INE de julio de 2018.

“Los depósitos obedecen a cantidades en su mayoría idénticas, se trata de la misma sucursal bancaria, el mismo día y, entre cada operación, no se da una diferencia significativa de tiempo, lo que permite lógicamente afirmar que se trata de un grupo orquestado para ello”.

Parte de los recursos investigados fueron depositados el 28 de diciembre de 2017 por seis personas en 28 operaciones de 50 mil pesos cada una en la sucursal San Ángel de Banco Afirme, en la Ciudad de México, que en conjunto sumaron un millón 400 mil pesos en efectivo. Los depósitos se realizaron en 20 minutos, entre las 16:26 y las 16:47 horas de aquel día.

El INE solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los videos de seguridad de las cámaras de las sucursales involucradas e identificó en el caso de San Ángel a las seis personas que realizaron los depósitos.

En estos videos, que se hicieron públicos en 2018, MCCI y Latinus identificaron a Alejandro Esquer como una de las seis personas que realiza depósitos en efectivo.

En dos tomas distintas, se puede observar al entonces secretario de finanzas de Morena formarse en la fila del banco hasta llegar a la caja del lado izquierdo, donde entrega un papel al cajero y posteriormente saca un fajo de billetes de un bolsillo interno de su chamarra, le quita una liga y lo entrega.

De lentes, camisa rayada y chamarra negra, Esquer espera con los brazos recargados frente a la ventanilla mientras el personal del banco revisa el dinero y lo inserta en una contadora de billetes.

Posteriormente, el cajero del banco sella un recibo que entrega a Esquer, quien se retira de la sucursal.

“Esta actuación implica la ejecución de un esquema sistemático y organizado que cobra relevancia ya que se trata de un millón cuatrocientos mil pesos depositados en una misma sucursal, por montos exactamente iguales”, se lee en la investigación del INE.

En el documento no se menciona a Esquer por su nombre o cargo en el partido, sino sólo como “Depositante 6”.

El dinero fue a dar a operadores de Morena

El INE señaló también que el comité técnico del fideicomiso, encabezado por políticos de morena, infló las aportaciones registradas por estas personalidades.

La Unidad del INE obtuvo actas del comité técnico que refieren que 64 personas vinculadas a Morena donaron 105.2 millones de pesos, pero sólo hicieron aportaciones por 15.8 millones de pesos.

Alejandro Esquer nunca formó parte de los fideicomitentes reconocidos por el comité técnico que realizaron las donaciones.

Además, el INE detectó que de 70 personas que retiraron 64.4 millones de pesos del fideicomiso, al menos 56 de ellas eran candidatos, legisladores u operadores políticos de Morena.

Entre los políticos de Morena que recibieron dinero del fideicomiso estuvo Rodrigo Abdala, ex diputado federal y sobrino del actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett y de su esposa.

“Aquí nos enfrentamos a algo similar a aquel caso Pemexgate cuando se cobró dinero en efectivo, no sabemos en qué se usó ni por quién, por eso no hay conclusiones sobre gasto de campaña”, dijo el consejero electoral Ciro Murayama en la sesión del 18 de julio de 2018, cuando se aprobó la multa de 197 millones de pesos.

La consejera Pamela San Martín consideró en la misma sesión que el fideicomiso funcionó como un esquema de financiamiento paralelo de un partido político para recabar, manejar y sacar recursos de origen privado.

Lee el reportaje completo en https://contralacorrupcion.mx/el-carrusel-de-dinero-del-secretario-de-lopez-obrador/

Corrupción

Son controles de alcoholemia en Tijuana fuente de corrupción

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El gobierno municipal de Ismael Burgueño empezó con las prácticas que heredó de la administración de Montserrat Caballero, donde personas encargadas de los controles de alcohol y los depósitos municipales, hacían su agosto.

El viernes primero de noviembre, un hombre a quien llamaremos Víctor, iba de regreso a su casa tras una cena con amigos, donde consumieron bebidas alcohólicas.

Por una de las vialidades de Tijuana se encontró con un control de alcoholemia, donde estaban realizado las pruebas a todos los automovilistas. Víctor sobrepasó el límite permitido por punto cero uno.

Pidió que lo dejaran retirarse, pues su hogar estaba a pocas cuadras del lugar. Le dijeron que no, pero le pidieron su teléfono y le indicaron que tomara la multa que le habían dado, que se fuera a su casa y que esperara una llamada a las siete de la mañana.

El sábado 2 de noviembre recibió puntual la llamada. Le dijeron que estuviera en el estacionamiento del Calimax Fundadores a las 11 de la mañana, con 17 mil pesos en efectivo.

Ese supermercado está convenientemente ubicado justo enfrente del corralón a donde se llevan los vehículos que detienen en los alcoholímetros.

Fue al lugar que le indicaron y él y otras personas se encontraron en los varios cajeros automáticos de la zona sacando dinero para recuperar su vehículo y ahorrarse los cerca de 30 mil pesos que cuesta realizar ese trámite de manera oficial.

Se acercó a la persona con la que había hablado el día anterior cuando lo vio aparecer frente al supermercado. Les indicaron a cada uno que sacaran copia de su licencia de manejo y de su tarjeta de circulación.

El único lugar donde pueden hacer eso en esa zona es la Farmacia Venus, junto al estacionamiento del mercado. Una vez con las copias y el dinero listos, la persona de contacto llama a alguien, quien llega a los pocos minutos manejando el vehículo retenido. Se sube el dueño al lugar del copiloto, entrega documentos y efectivo, tras lo cual se baja para ocupar el lugar del conductor y se retira sin que haya quedado registro ni de la multa ni de la retención de la unidad.

El sábado pasado, el dependiente del negocio comentó a esta reportera que efectivamente llegaba mucha gente a sacar copias de su licencia y de la tarjeta de circulación, a pesar de que no hay oficinas de gobierno en esa área.

Ese sábado, el 9 de noviembre, una semana después de los hechos, se pudo observar que tanto patrullas de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la Guardia Nacional llegaron a hacer rondines al estacionamiento y permanecieron ahí por varios minutos.

Cabe destacar que un medio de comunicación publicó después del sábado 2, una nota sobre este mecanismo ilegal de los empleados del Ayuntamiento, lo que pudo ocasionar que empleados del corralón dejaran de usar ese punto como lugar del intercambio. O solo esperar a que se enfriara el asunto.

Ya habíamos dado cuenta hace tres meses del mecanismo similar que operaba en la administración del hoy senador Armando Ayala en el gobierno municipal de Ensenada, donde la corrupción empieza desde el mismo punto de control de alcohol, donde un ejército de “coyotes” ofrecen amparos.

La promesa de Ismael Burgueño para hacer un gobierno transparente y honesto no va por buen camino. Y sobre austeridad, es lo que experimentan las arcas municipales al dejar de ingresar lo que va directo al bolsillo de sus funcionarios.

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Corrupción

No aprueban cuenta pública de Armando Ayala del 2022; piden regidores que se revise y sancione

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La cuenta pública del Ayuntamiento de Ensenada correspondiente al 2022, cuando el ahora senador Armando Ayala era alcalde, no se aprobó ayer en la comisión de fiscalización y gasto público en el Congreso del Estado.

Entre las irregularidades que encontró la Auditoría Superior del Estado, se observaron cobros de más en la determinación del impuesto debido a la aplicación incorrecta de la tarifa, incumplimiento de cláusulas del contrato por parte del concesionario del servicio de arrastre y almacenaje de vehículos, y falta de soporte documental de los amparos recibidos por el aumento del impuesto predial.

Otras observaciones fueron el timbrado de facturas de forma extemporánea, inconsistencias en el complimiento de requisitos y plazos en derechos cobrados por el departamento de alcoholes, comercio y espectáculos públicos, irregularidades en derechos cobrados por salones sociales, y falta de documentación que sustente pagos de liquidaciones de personal.

El pago a prestadores de servicio social, y la falta de expedición y entrega de los Comprobantes Fiscales (CFDI) fueron otras de los muchos señalamientos de la cuenta pública de la administración de Armando Ayala.

El informe consta de 43 páginas y contiene 50 observaciones, de las cuales 32 son recurrentes. Dado que el entonces alcalde, ahora es senador de la república, podría pasar lo mismo que con la cuenta pública de la CESPM del 2022, entonces a cargo del ahora diputado federal Armando Fernández Samaniego, que fue rechazada en comisión, pero una vez en el pleno, sí fue aprobada.

Los regidores de oposición del Ayuntamiento de Ensenada, Ana Daniela Salgado García, Isaías Bertín Sandoval, Armando Diaz Hoeflich y Adrián García García, pidieron hoy a Sindicatura que revise y sancione la cuenta pública de Ayala.

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Corrupción

Aparece exsíndico como defensor de diputada involucrada en la desaparición de 3 millones de pesos

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El exsíndico Israel Ceseña y el director jurídico, Salvador Martín Liera Gómez, ambos parte del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, son los dos abogados nombrados por la diputada Alejandra Ang para llevar el caso del robo de los 3 millones de pesos cuando era titular de Desarrollo Social Municipal, en la administración de la hoy gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda.

Los nombres de los funcionarios del primer mandato de la alcaldesa Norma Bustamante, aparecen en el documento de amparo entregado por Ang el pasado 4 de noviembre.

Abogados consultados sobre este hecho, mencionaron que Ceseña, al ser el síndico procurador desde el XXIII Ayuntamiento cuando sucedió el hecho, conocía del asunto al estar dentro de sus atribuciones como funcionario público, y ya que debió existir una investigación de responsabilidades en paralelo a la carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado, pudiera tratarse de un conflicto de interés aunque ya no esté dentro de la administración pública.

Al tener información de primera mano sobre el caso durante seis años, puede beneficiar a la servidora pública y afectar al otro trabajador involucrado, al usar información que obtuvo como síndico, para defender a la ahora diputada, agregaron.

Es importante recordar que en abril de 2023, Ceseña rechazó haber intervenido en el “acuerdo reparatorio” que obligaba a un trabajador al que culparon del robo a dar 36 abonos de 83 mil pesos mensuales.

La firma del entonces síndico procurador encabeza las rúbricas donde otorga poder de representación a varias personas para llevar el asunto de la desaparición del dinero.

Sin embargo, hay un documento con la firma del entonces síndico que confirma su intervención y autorización para llevar a cabo dicho acuerdo, el cual fue muy criticado por la oposición y la sociedad civil al conocerse los detalles y de cómo presionaron al trabajador para que aceptara el trato, del cual su situación económica solo le permitió dar un primer abono.

Según Ceseña, fueron los abogados de Bienestar Social Municipal y la Secretaría del Ayuntamiento, quienes impulsaron el acuerdo que fue avalado por un juez de Control, pero él como síndico tuvo que estar informado de los detalles.

Ahora, es cuestionable que quien debió investigar imparcialmente el paradero de los tres millones ocurrido en el XXIII Ayuntamiento, sea el defensor de la funcionaria, junto con otro exservidor público de la pasada administración.

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