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Reportaje

“A ellos no les vamos a abrir”; ¿qué pasó en la estación migratoria de Ciudad Juárez?

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Por Rocío Gallegos, Blanca Carmona y Gabriela Minjares

Una investigación transfronteriza de La Verdad junto a Lighthouse Reports y El Paso Matters revela nuevos detalles de los acontecimientos, irregularidades, abusos y omisiones graves ocurridas el 27 de marzo del 2023 en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, que contribuyeron a la letalidad del incendio provocado en una celda cerrada bajo llave donde murieron 40 migrantes

Mientras avanzaba la noche del 27 de marzo de 2023, los gritos de un grupo de migrantes extranjeros encerrados bajo llave en la estancia para hombres del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez se intensificaron.

Enojados, discutían con guardias de seguridad y oficiales migratorios por la falta de agua, alimentos y amagos de deportación. Luego, asustados, clamaban por auxilio para ponerse a salvo del incendio ocurrido por la quema de colchonetas del lugar.

Unos llevaban semanas tras las rejas, otros fueron detenidos unas horas antes durante un operativo de autoridades municipales de Juárez, agentes del INM y de la Guardia Nacional en el que los acorralaron y luego transportaron a la estación migratoria. Con las llamas propagándose, los migrantes pedían a gritos que los dejaran salir, pero quienes los tenían bajo su resguardo no les abrieron la celda.

“No… a ellos no les vamos a abrir, ya les dije a los güeyes” , se escucha decir a una agente de migración mientras sus compañeros buscan extintores y se movilizan para desalojar a las mujeres migrantes encerradas en otra celda de la estancia. El momento quedó grabado en un video con audio inédito captado por una cámara de circuito cerrado de televisión de la estación del INM, que aporta indicios de lo que ocurrió esa noche.

El fuego en las colchonetas creció y el humo se propagó, 40 hombres murieron encerrados asfixiados por el humo, otros 27 resultaron con lesiones de por vida y 15 mujeres sobrevivieron con estrés postraumático en ese incidente en el que más personas migrantes bajo el resguardo de las autoridades han perdido la vida en México.

La falta de justicia hasta ahora ha impedido que salgan a la luz irregularidades, abusos y omisiones graves que derivaron y contribuyeron a la letalidad en este incendio en una celda cerrada bajo llave, saturada, sin extintores, sin ventilación, sin rociadores contra incendios y con detectores de humo sin funcionamiento, que se convirtió en una trampa mortal para migrantes originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia y Venezuela.

El incendio mortal ocurrió en un momento en el que los esfuerzos estadounidenses por disuadir a las personas migrantes en su frontera sur se extendieron bajo acuerdos con las autoridades mexicanas, para contener y detener a personas en movilidad en comunidades como Ciudad Juárez, que se convirtió en un punto de concentración masiva, por los miles de retornados desde Estados Unidos y por un creciente número de quienes llegaban de Centro y Sudamérica con la esperanza de cruzar la frontera.

Casi un año después de esta tragedia, una investigación de La Verdad junto a Lighthouse Reports y El Paso Matters revela nuevos detalles sobre la cadena de acontecimientos de esa noche de marzo en la estancia migratoria instalada a unos metros de la frontera con El Paso, Texas, a donde autoridades mexicanas trasladaban a los migrantes que de manera irregular llegaban a la ciudad para cruzar a Estados Unidos.

A través de testimonios de ocho sobrevivientes, de entrevistas a personal de los cuerpos de emergencia, del análisis de videos, de la revisión de la carpeta de investigación, y la construcción de un modelo 3D de la estación para examinar los minutos cruciales durante el incendio, así como de los relatos expuestos durante el proceso penal en contra de 11 personas, de los cuales ocho son funcionarios de migración, reconstruimos los hechos en esta estación migratoria del norte de México.

Sobre este incidente, el INM -órgano descentralizado del Gobierno de México- se negó a responder cuestionamientos que surgieron de esta investigación, y las solicitudes de entrevista para algunos de los implicados en este incendio que se encuentran presos, enviadas por escrito a través de sus abogados o familiares, aun siguen sin respuesta.

¡Ya tienen toda la lumbre…!”

Las primeras llamas visibles en la celda de hombres de la estación migratoria de Ciudad Juárez se registraron a las 21:28 horas. El momento quedó grabado con una cámara de circuito cerrado de televisión instalada en el edificio público.

Minutos antes, en el video sin audio, se ve a los migrantes discutir con un guardia de seguridad que los observa sentado frente a las rejas. Luego, ya con las llamas visibles, se observa a agentes migratorios que caminan por el área, se acercan a las rejas, intercambian palabras con los migrantes encerrados. Después, una mujer vestida de negro, una guardia de seguridad, se acerca a una agente del INM que está frente a las celdas, le comunica algo y sale del lugar, tras de ella también los demás se marchan de esa área.

La agente de migración presuntamente es Gloria Liliana R.G., su nombre y su cargo coinciden con la identidad mencionada en las audiencias públicas del proceso judicial, donde ha estado presente como imputada.

Las llamas crecen detrás de las colchonetas de hule espuma, forradas con material de vinil de distintos colores, colocadas por los migrantes en las rejas, y en segundos el área de alojamiento destinada a personas migrantes del sexo masculino se cubre de humo y se pierde la visibilidad.

La guardia de seguridad es captada luego en un video con audio cuando sale apresurada por el área de ventanilla del filtro migratorio instalado en ese lugar, se dirige por la sala de espera y se escucha cuando dice: “¡hay un desmadre!”.

Se escuchan gritos y se observan a personas corriendo, al fondo de la imagen, en la sala de espera una mujer con una chamarra en color rojo y dos niños. Presuntamente se trata de Viangly Infante, esposa de Eduardo, de 26 años, un sobreviviente del incendio. También se aprecia a elementos de la Guardia Nacional que ingresan a la estación y se dirigen a la zona.

Luego se escucha la voz de una mujer, posiblemente es la agente de migración Gloria Liliana, que dice: “¡Ya tienen toda la lumbre…!”. Posteriormente ella aparece en la imagen, se le ve mientras camina y sostiene su teléfono celular en el oído.

El barullo es más intenso en esa área de la estación donde se ve que va y viene personal de seguridad y oficiales de migración, buscan extintores.

“Necesitamos extintores, extintores”, se escucha decir a un hombre vestido con una chamarra negra, presuntamente Omar I. P. M. supervisor de los guardias de seguridad que se encontraba en el lugar en ese momento.

“No hay” , responde un oficial de migración.

Se escucha hablar a Gloria Liliana, quien indica: “A ver, a ver si funciona este, por favor…”.

La agente de migración mantiene el celular en el oído, habla y cuando casi se topa con el hombre de chamarra negra, dice: “Y todo por falta de agua, ¡eh!”. A lo que otro funcionario del Instituto responde: “sí, desde la mañana les dije”.

Son las 21:31 horas. La mujer sigue hablando, continúa con su celular en el oído, y dice: “Oye, ya están quemando la estación”. “Ya le dije a Daniel, pues ya prendieron un putero de colchonetas… y qué hacemos, no hay extintores, güey. ¡Ya está el humo hasta acá…!”.

“Hay que abrir la puerta de allá” , se oye decir a un hombre.

Luego se escucha la voz de una mujer, no visible en el video en ese momento, que dice: “no, no les vamos (inaudible)… a ellos no les vamos a abrir, ya les dije a los güeyes”. Presuntamente se trata de Gloria Liliana, de acuerdo con la secuela de la grabación.

La difusión de este video se basa en el interés público de conocer la verdad.

A su alrededor están empleados de la empresa de seguridad CAMSA, contratada por el INM, así como dos funcionarios de Migración y un hombre externo al Instituto que hasta el momento no se ha identificado de manera oficial, pero fuentes consultadas lo reconocen como un tramitador de amparos o “coyote” que ofrece servicios legales a migrantes.

Dos minutos después se oye el bullicio de mujeres que empiezan a salir en fila y se escucha una instrucción: “aquí sentadas, por favor”. Un video desde el exterior del edificio muestra después a las mujeres sentadas en los escalones de la entrada.

Los videos captados por las cámaras de seguridad evidencian que los funcionarios de Migración y los guardias salieron del área que se quemaba dejando atrapados a los migrantes varones. En ningún momento tratan de abrir la puerta de la celda del área de hombres.

Ante un incidente como este se debió accionar inmediatamente una alarma sonora de incendio o marcar al 911 y enseguida evacuar de forma total el edificio, así se indica en el Plan de Contingencias diseñado por el INM.

Minutos antes del incendio, en medio del bullicio de los migrantes encerrados, los agentes celebraban a Gloria Liliana, quien al día siguiente, el 28 de marzo, cumplió años. Al iniciar su turno laboral, a las 20:00 horas, uno de sus compañeros llegó con pastel y refrescos, eso los concentró en una sala contigua a su área de trabajo, enseguida de la celda de las mujeres, a donde iban y venían, de acuerdo con varias fuentes del INM consultadas y las imágenes de los videos revisados durante esta investigación.

El tiempo transcurrió, los migrantes gritaban, corrían, pedían que los dejaran salir y después encendieron las colchonetas. En la celda las llamas crecían y todo se llenaba de humo, de acuerdo con testimonios de sobrevivientes entrevistados.

“Comienzo a correr a una esquina, es como que saltaba, gritaba: ‘¡ayuda!, ¡abran la puerta!’ Y no vi ningún personal de Migración intentando abrirlas tan siquiera, dejándonos ahí encerrados, como si fuéramos criminales”.

Así lo recuerda Brayan F. Q., de El Salvador, uno de los sobrevivientes entrevistado, quien pidió identificarlo sólo con su nombre e iniciales de su apellido. Él sufrió lesiones en un pulmón, en los riñones y quemadura de vías aéreas, y permaneció un mes intubado.

En cuestión de minutos, las colchonetas encendidas, presuntamente por dos migrantes de Venezuela que se encuentran detenidos y bajo proceso judicial, generaron un intenso humo que invadió el espacio.

La mayoría de los extranjeros se refugiaron en el baño, buscaban protegerse bajo el agua de las regaderas e incluso del inodoro. Eso fue insuficiente para evitar la inhalación de los gases que se concentraron en la celda ante la falta de ventilación y el calabozo que en realidad era ese espacio, pues no había salidas de emergencia.

“No pude abrir completamente la ducha por el nervio, la cantidad de personas, como unas 50 personas, entramos en ese baño, no sé, algo así grandísimo, mucha, mucha, muchísima gente, nos respirábamos de frente, gritábamos, y ya el humo y el fuego se iba acercando a cada vez más”, relata Stefan Arango, otro de los sobrevivientes, quien en entrevista narró que despertó cuando estaba dentro de una bolsa térmica en el exterior de la estación, pues lo habían dado por muerto por sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Algunos de los sobrevivientes entrevistados para esta investigación coincidieron en señalar que minutos antes de ocurrir el incendio unos de sus compañeros de celda amagaron a los guardias y a los agentes con prender fuego en el lugar, en protesta por las condiciones en las que se encontraban retenidos, pero les respondieron que ya se habían tardado.

“Recuerdo que un migrante grita que si no los querían, si no les iban a dejar salir, iban a incendiar. Y viene el guardia de Migración, les dice que desde hace rato lo hubieran hecho, que hasta mucho se habían tardado” , narra Brayan F. Q..

Las víctimas y fuentes del INM consultadas que piden no ser identificadas por no tener autorización para hablar sobre el tema, aseguran que los agentes y guardias en el lugar se dirigían hacia los migrantes con insultos y con expresiones racistas, como “¡qué se mueran!”.

“Mayormente hay un insulto, en donde nos decían que qué hacemos en este país, que nadie nos quiere, lárguense de este país, aquí no son bienvenidos” , recuerda Stefan Arango.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, citada en audiencias judiciales públicas del caso, el incendio fue provocado por los migrantes como un medio de protesta por las condiciones en que los tenían retenidos. Los testimonios de dos sobrevivientes revelan que alguien permitió el ingreso de al menos un encendedor a la celda de los varones.

Las víctimas coinciden en señalar que las revisiones físicas, previo al ingreso de los hombres a la celda, las realizaban tanto guardias de CAMSA como oficiales de Migración.

Los hombres extranjeros estaban encerrados bajo llave pese a que en México la migración indocumentada es considerada solo una falta administrativa, no un delito como en Estados Unidos.

¿Dónde estaban las llaves?

Los gritos de auxilio de los hombres se fueron apagando conforme las llamas y el humo crecían en el interior de la celda cerrada bajo llave. De manera oficial el INM atribuyó la muerte de los migrantes a la propagación del incendio provocado y a la pérdida de las llaves del área de alojamiento para los migrantes.

Quince días después de la tragedia, el 11 de abril de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en la conferencia de prensa matutina que la persona que tenía las llaves para abrir la puerta donde se registró el incendio no estaba.

Sin embargo, esta investigación periodística revela que las llaves siempre estuvieron en el edificio. Esto se concluye después de analizar las imágenes de 15 cámaras de seguridad fijas dentro y fuera del centro de migrantes, que monitorean las áreas más importantes del edificio de día y de noche; la entrada, la oficina administrativa, el área de guardia frente a la celda de hombres y la celda misma.

Si bien la mayoría de las imágenes no tienen audio y los detenidos destruyeron las cámaras de vigilancia dentro de la celda poco antes del incendio, una de ellas permitió escuchar a una agente de migración decir que a “ellos no les vamos abrir”.

De acuerdo con las imágenes analizadas, en el transcurso del día se puede ver tanto a los agentes del INM como a los guardias de seguridad manejar las llaves para abrir y cerrar la puerta de la celda y la puerta de madera con la puerta metálica que estaba al lado de la habitación y conduce al estacionamiento del edificio.

Se observa que entran y salen para ingresar a los migrantes detenidos durante el operativo de las autoridades y para dar acceso al personal.

Unos minutos antes del incendio, a las 20:58 horas, se observa cuando la guardia de seguridad cierra la puerta de madera que daba al exterior y de inmediato la entrega a la agente de migración a cargo que se encontraba en la oficina administrativa. La llave fue vista ahí por última vez en el escritorio de la funcionaria hasta que el humo bloquea las cámaras.

Mientras que la llave de la celda de los hombres fue vista por última vez apenas un minuto antes de que se desatara el incendio, cuando un guardia de seguridad se la entrega a su otro compañero y este la guarda en el bolsillo.

“La puerta ellos la manejaban, ellos abrían y cerraban. Yo creo que Migración sí usa las llaves para abrir y cerrar”, dice Stefan, quien reclama porque los mantenían encerrados cuando no estaban privados de la libertad y no son delincuentes.

Por ello, se pregunta por qué cuando comenzó el incendio y pedían auxilio ni siquiera intentaron abrir la puerta y los dejaron encerrados.

“Cuando todo comenzó yo me acerqué a la puerta y le dije: ‘¡ayúdenos hermanos, por favor, no nos dejen acá!’ Y nos dijeron: ‘suerte, güey’, y se fueron”, agrega Stefan Arango al recordar, en entrevista, su diálogo con uno de los guardias de seguridad.

Por el contrario, el supervisor de la empresa de seguridad aseguró que hicieron todo lo posible para poder salvaguardar la vida de las personas. En su testimonio ante las autoridades narró que así se lo hizo saber a Salvador G. G., jefe de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua, cuando este lo cuestionó por qué no rompieron la cerradura. Las imágenes de las cámaras evidencian que no intentaron abrir la celda de los hombres.

De acuerdo con la declaración de Salvador G. G., las puertas de las áreas de resguardo de los extranjeros debían estar cerradas con candado por protocolo de seguridad y las llaves “las tienen o deben saber en donde se encuentran los responsables de turno del INM” , se revela en la carpeta de investigación.

Los documentos oficiales revisados exhiben que ese día estaban como agentes responsables del turno Rodolfo C. de la T. y Gloria Liliana R. G.

Sin embargo, Rodolfo declaró ante el juez que esa noche salió de la estación migratoria aproximadamente a las 20:30 horas para trasladar a un albergue a dos menores de edad originarios de El Salvador.

Cuando el humo había invadido todo el edificio y las mujeres y el personal habían sido evacuados, la llave de la puerta exterior fue recuperada de un escritorio por un guardia de seguridad, y pasó por varias manos sin que nadie fuera capaz de abrirla.

Accesos bloqueados

Los primeros bomberos llegaron a las 21:42 horas. Catorce minutos después de que el incendio es visible en las imágenes. Se toparon con un edificio lleno de humo tóxico y sin ventilación, por lo que les tomó otros 13 minutos entrar hasta la celda.

Al tratar de ingresar al edificio, los elementos de bomberos se percatan que había una doble puerta, una de madera y otra metálica.

Además, en el área del dormitorio de hombres había dos puertas de rejas metálicas, una de ellas se encontraba soldada y la otra cerrada y asegurada con candado, se indica en el informe de las actividades realizadas por el personal operativo de bomberos.

“Accesamos al inmueble y comenzamos a rastrear porque debido a la densidad del humo no se tiene visibilidad, y aún con la ayuda de la lámpara, la distancia para ver es muy corta, por lo que vamos agachados y con manos y pies vamos identificando objetos o lo que encontramos a nuestro paso y fue así que encontramos una reja” , de acuerdo con la declaración del bombero B.O. citada en la audiencia del 17 de abril en la causa penal 235/2023.

Uno de los primeros bomberos en ingresar a la estancia rescató el cuerpo de una de las víctimas a las 22:04 horas. Fue la primera, luego fueron sacando a otras más y las acomodaron en el piso del estacionamiento.

Debido a lo denso del humo y el calor acumulado en la celda de hombres, los bomberos abrieron un agujero en un muro del edificio que está al lado contrario de la puerta principal de la estación migratoria. Al estar en el interior, los bomberos se toparon con una reja metálica cerrada con candado y tumbaron el cerrojo.

Cuando ya habían realizado esa maniobra, un oficial de Migración le entregó a uno de los bomberos una llave.

“En ese momento, al estar abriendo el candado de la puerta, llega mi compañero M.O., y dijo que un guardia se las había entregado, a lo cual, para ese tiempo, ya habíamos abierto la reja forzando la aldaba” , declaró el bombero R.D.F.H. Su explicación fue citada en una audiencia pública realizada el 17 de abril de 2023.

“Ingresamos cuatro personas haciendo búsqueda y rescate. Topamos con una puerta, pero se encontraba con candado y salí por herramienta especial para abrir candados, al momento de regresar una persona con vestimenta de camisa blanca y pantalón caqui sin recordar rostro o alguna seña particular de la persona me entregó unas llaves. De inmediato regresé al lugar, pero mis compañeros ya habían roto el candado” , dijo el bombero M.E.O.C. Ese dato fue citado en la misma diligencia.

Cuando los rescatistas llegaron al lugar, la mayoría de las víctimas ya estaban acomodadas sobre el asfalto del estacionamiento del INM, ahí hicieron una evaluación rápida de las personas que presentaban signos vitales para empezar a trasladarlas a los hospitales.

Veintinueve migrantes fueron llevados a diferentes hospitales, dos de ellos murieron cuando recibían la asistencia. Otros 38 fueron sacados sin signos vitales y colocados dentro de bolsas térmicas sobre el aparcamiento.

“Fue una escena impresionante, al final de cuentas son muchas unidades, muchas personas trabajando en el lugar y sobre todo lo más impactante, que veías que sacaban una persona y otra persona y otra persona… parecía una película que no podía terminar” , dice Adrián Fernando Meléndez de la Torre, coordinador del área de Socorro de la Cruz Roja Mexicana de Ciudad Juárez, en entrevista.

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Una estancia en malas condiciones

Localizado a unos metros de Estados Unidos, el edificio que alberga las instalaciones de la estación migratoria del INM operaba desde hace 28 años en condiciones de riesgo que ya habían sido documentadas y denunciadas.

Datos proporcionados por el Instituto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indican que la Estancia Provisional “B” del INM empezó funciones en 1995, en el edificio que se localiza a un lado del puente internacional Reforma, conocido como Lerdo.

De acuerdo con datos oficiales, hasta el 2019 se reportaba una capacidad de alojamiento de 60 personas en la estancia. Sin embargo, para el 8 de julio de 2022, en un oficio del INM, se informó que la capacidad era mayor, de 80 hombres y 25 mujeres, en total 105 personas, aunque el total varía en otro informe que señala una capacidad de 110 personas y los datos contrastan aún más con la realidad.

“La autoridad entrevistada (del INM) refirió que contaba con una capacidad para alojar a 110 personas, con 85 lugares para hombres y 25 para mujeres; sin embargo, se pudo apreciar que la Estación contaba únicamente con 6 literas en el dormitorio de mujeres, mientras que en el dormitorio de hombres debían dormir en colchonetas colocadas sobre el suelo, puesto que carecían de literas o planchas”, documenta la CNDH.

En el informe publicado en abril de 2023, después de realizar visitas a las estancias y estaciones migratorias del norte de México entre enero y febrero de ese año que ocurrió el incendio en la de Ciudad Juárez, dice: “Al momento de la visita se constató que se encontraban 17 mujeres detenidas y que algunas de ellas tenían que compartir la misma cama”.

El Diagnóstico del Instituto Nacional de Migración elaborado por el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) en 2013, investigación coordinada por Sonja Wolf, registra que el edificio de la estación tiene un tamaño de 1 mil 405.31 metros cuadrados, que se encuentra en el mismo predio de la subdelegación federal.

Desde entonces y hasta el 2023, como se advirtió en el mismo informe, los dormitorios eran celdas estilo carcelario en su forma y reglas de operación, al estar cerrados bajo llave y con rejas, lo que representaba una amenaza para los migrantes.

“Había una puerta de emergencia de este lado, pero estaba cerrada con un candado. No había una manera de poderla abrir. Y si había ventanas estaban hasta arriba” , recuerda Brayan F.Q..

Otro, Brayan Orlando R.F., originario de Honduras, describe que las ventanas eran como de unos 40 centímetros de largo por lo mismo de ancho, pero estaban selladas y no había ventilación.

Por ello es que el edificio se convirtió en una trampa mortal para los migrantes que estaban detenidos la noche del 27 de marzo y no solo no pudieron escapar, sino que carecían de ventilación cuando ardieron las colchonetas.

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Extintores obstruidos, ninguno en la celda del incendio

Al momento del incendio, cinco extintores estaban en el edificio migratorio pero ninguno de ellos estaba en el área de la celda destinada para hombres. Además, tres de los extintores estaban en áreas distintas a las señalizadas con letreros, obstruidos por archiveros, expedientes y mochilas, de acuerdo con documentos oficiales.

El aparato más cercano al punto donde inició el fuego debía estar a unos 10 metros de distancia, en un pasillo de un área administrativa. Sin embargo, en ese lugar solo se encontró un gancho y el dibujo de un extintor.

A unos dos minutos de que se visibilizan las llamas en el video, se ve a un agente del INM que busca un extintor. En el video revisado se observa que en su trayecto por el área administrativa del Instituto el agente pasa por uno de los artefactos, pero al parecer no lo vio porque siguió su camino.

Otra señalética de extintor estaba en las oficinas ubicadas frente al área de vigilancia de la celda de los hombres, pero el lugar también estaba vacío. Un letrero más se localizó en una oficina cercana al área de internamiento para mujeres, sí contaba con el aparato. Presuntamente no se usó.

El agente recorrió 60 metros en ir y venir, a través de los pasillos, hasta el módulo de registro para traer un extinguidor. Tardó 50 segundos.

Tras ver las llamas “… yo intenté abrir la puerta de madera (de la celda de hombres que da al exterior). Pero no tenía conocimiento de cómo se abría o cuáles son los candados con los que cuenta. Al no poder abrir la puerta, me dirigí a buscar extintores. Encontrando uno en el área Garita Reforma, le quité el sello de seguridad y me dirigí hacia el área a tratar de sofocar el fuego, no teniendo éxito ya que se terminó el extintor” , declaró el agente ante el Ministerio Público de la Federación. Su narración fue citada en las audiencias públicas que se realizaron el 4 y 17 de abril del 2023 como parte de las causas penales 216/2023 y 235/2023.

A las 21:31 horas se observa en el video al mismo agente del INM caminando hacia el fuego con un extintor en la mano; 41 segundos después se coloca frente al área que estaba quemándose, frente a los barrotes donde algunos de los extranjeros habían colocado colchonetas para impedir la visibilidad, y 20 segundos más tarde sale de esa área con el extintor en la mano. Regresó al área administrativa y colocó el extintor debajo de una silla, se observa.

Sobrevivientes coinciden en señalar que en la celda varonil no había extintores.

En el video captado por las cámaras se observa que a las 21:29 entraron los funcionarios y guardias, observaron el fuego y antes de que transcurrieran dos minutos salieron del área; únicamente un agente migratorio regresó con un extintor pero este fue insuficiente.

“Lo que logré ver es que solo estuvieron ahí, si no mal recuerdo, unos 30 segundos o un minuto y no logré ver qué hicieran por abrir la reja”, dijo Brayan Orlando R.F., un sobreviviente de 27 años.

Él sufrió quemaduras en sus vías respiratorias y en el 20 por ciento de su cuerpo, por lo que fue mantenido dos meses intubado en un hospital. El incidente le dejó además como secuela una lesión del plexo braquial –es decir, en la red de nervios que va desde el hombro a la extremidad de la mano– que le impiden la movilidad de su brazo derecho.

Es difícil establecer el rumbo y el uso de los extintores en el área contigua al punto donde se registró el incendio, debido a que el humo oscureció la visión de las cámaras.

Sin embargo, se pudo establecer que había cinco extintores en el edificio del INM y que otros 4 fueron llevados por elementos de la Guardia Nacional destacamentados en el puente internacional Reforma, contiguo al edificio del INM, así como por personas civiles, de acuerdo con documentos oficiales.

Un dictamen en materia de seguridad industrial, dado a conocer en audiencias judiciales públicas, documenta que en la estación migratoria había cuatro extintores. Tres de ellos estaban bloqueados (dos de estos estaban en condiciones de uso y otro inservible); el cuarto extintor presentó indicios de haber sido usado.

La cantidad contrasta con el número de los artefactos visibles en el video analizado para esta investigación.

En su declaración ante el Ministerio Público, difundida en audiencia judicial, Omar I. P. M., jefe de los guardias de seguridad de CAMSA, dijo que al percatarse del incendio corrió a buscar un extintor, pero “no encontró ninguno hasta el área de recepción”.

Siete detectores de humo, ninguno funcionó

Aunque el área de los hombres no tenía extintores, sí contaba con un detector de humo, con el que sumaban siete los artefactos de este tipo instalados en todo el edificio del Instituto, pero la noche del incendio todos estaban fuera de funcionamiento. Seis no tenían baterías y el otro estaba fuera de servicio por causas desconocidas.

De acuerdo con informes y documentos de peritaje obtenidos durante esta investigación, en el área de cocina del INM había un detector de humo, pero sin las pilas.

Otro detector de humos estaba en los baños para hombres y uno más en el baño para mujeres, ambos también sin pila; en una bodega se halló otro detector con batería, pero al hacerse una prueba no funcionó, aunque sí tenía pilas, se asienta en los documentos.

En el “área de mochilas y pertenencias exclusivamente de menores”, en las oficinas administrativas y en un consultorio médico estaban otros detectores de humo, también sin batería.

Un calabozo como alojamiento

El día que ocurrió la tragedia, sobrevivientes entrevistados dicen que durante la mañana todo transcurrió de manera “normal” en el dormitorio de los hombres, lugar que describen como “una cárcel”, “pésimo”, “sucio”, con baños sin privacidad y con muy poco flujo de agua en las regaderas.

Narran que estaban “en paz” , aunque desde temprano tenían sed y no les daban agua. Aseguran que en el lugar había entre 50 y 70 personas, cantidad que se disparó al doble poco después del mediodía, cuando ingresó un grupo con otros 50 o más hombres.

“La cosa como que ya se fue complicando un poco, porque llega un cierto grupo de migrantes sudamericanos, al cual los de Migración y los guardias que estaban ahí no podían cómo controlarlos, hacían su desorden y todo”, dice Brayan F.Q..

Uno de los guardias de seguridad declaró ante las autoridades que el grupo de migrantes venía procedente de un operativo que realizó el propio INM y que al llegar a la estación los traían cinchados de manos, con un cinto plástico que usaron como esposas, que les quitaron al ingresar.

El guardia agregó que durante el ingreso de los migrantes se dio cuenta que uno traía algo en la mano y se negó a mostrar el objeto, por lo que forcejearon hasta que se lo quitó y era un encendedor. Este incidente lo reportó al jefe en turno en Migración y a su supervisor.

Esa tarde la comida no alcanzó y había molestia entre los migrantes. Los sobrevivientes agregan que ante la tensión que había en el lugar, los agentes del Instituto decidieron “despachar” rápido al grupo que hacía relajo y alegaban porque querían salir, por lo que unas tres o cuatro horas después se los llevaron en camiones.

“Nosotros sentimos tranquilidad en ese momento”, añade Brayan F.Q.. Sin embargo, otros sobrevivientes entrevistados mencionan que por la tarde-noche llegó otro grupo de migrantes, como una docena de hombres, entre quienes había principalmente venezolanos.

“Desde ahí empezó ya el infierno que se empezó a vivir, que vivimos muchos. Llegaron discutiendo con el personal de migración y personal de la Guardia Nacional porque ellos los traían” , dice Brayan Orlando R.F..

Cuentan que lejos de tranquilizarlos y poner orden, el personal de migración -sin especificar si los agentes o los guardias- los instigaban y los provocaban.

“Como que los incitaba más a la violencia diciéndoles que qué hacen en este país, ‘si no les gusta, váyanse a su país’, ‘aquí no tienen porqué venir a chingar’, es la palabra que decía”, menciona Brayan F.Q.

La situación se puso más intensa y asegura que uno de los migrantes gritó que si no los querían y si no los iban a dejar ir, iba a incendiar el lugar. “Y viene el guardia de migración, les dice que desde hace rato lo hubieran hecho, que mucho se habían tardado” , afirma.

Entonces, agrega, todo fue cuestión de segundos.

¿Y la justicia?

Ha pasado casi un año desde el incendio en la estancia migratoria del INM sin que el caso llegue a juicio.

El Gobierno de México, además, mantiene a Francisco Garduño Yáñez como comisionado del INM -cargo de más alto rango en el Instituto- aun cuando está vinculado a proceso acusado por su presunta responsabilidad en la serie de omisiones que provocaron el incendio. Él enfrenta el proceso judicial en libertad y sigue al frente de la contención de migrantes extranjeros en territorio mexicano.

El comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, al salir de los juzgados federales donde fue imputado por la tragedia migrante en Ciudad Juárez, 25 de abril de 2023.

Con él suman ocho los funcionarios del INM acusados por la FGR por la muerte de los migrantes, pero solo seis enfrentan el proceso en prisión. Otras tres personas, dos migrantes originarios de Venezuela y un guardia de seguridad privada, también se encuentran en la cárcel por esta tragedia.

El contralmirante Salvador G.G, quien era el encargado de la Oficina de Representación del Instituto en el estado de Chihuahua, está en prisión por la posible comisión de los delitos de ejercicio ilícito de la función pública, homicidio y lesiones.

Daniel G.Y., representante local Noroeste del INM (subdirector); así como los agentes federales de migración, Rodolfo C. de la T. y Gloria Liliana R. G., encargados de la estación en el horario del incendio, están en prisión acusados por los delitos de homicidio y lesiones en la modalidad de comisión por omisión, es decir, por presuntamente no cumplir como garantes o responsables de la seguridad de quienes se encontraban en la estación migratoria el pasado 27 de marzo. También por no ayudar a las víctimas que estaban encerradas bajo llave.

Eduardo A.M. jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, y Juan Carlos M.C., coordinador de Grupo de Protección a Migrantes Beta del INM en Ciudad Juárez y quien presuntamente era parte de la Unidad Interna de Protección Civil de la estación, están presos acusados de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público.

Edificio del Poder Judicial de la Federación en Ciudad Juárez, donde se han celebrado las audiencias judiciales contra los 11 acusados de la tragedia migrante ocurrida en la estancia migratoria del INM el 27 de marzo de 2023.

Otro de los funcionarios, Antonio Molina Díaz también logró enfrentar el proceso en libertad acusado de ejercicio indebido de servicio público, pero presuntamente está evadido desde mayo del 2023, cuando se le vinculó en el desvío de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, ordenado por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

El guardia de seguridad Alan Omar P.V. es acusado por los delitos de homicidio y lesiones en la modalidad de comisión por omisión.

Jeison D. C.R., uno de los migrantes acusados de esta tragedia, está vinculado al proceso judicial por homicidio y lesiones en comisión por acción, porque presuntamente fue una de las dos personas que inició el fuego en el área de detención varonil. El otro migrante, Carlos Eduardo C.R., fue acusado de homicidio, lesiones y daños. Ambos están detenidos.

Hasta ahora sigue sin estar claro por qué no se abrió la celda de los hombres, quién decidió dejarlos atrapados y porqué se toleraron las omisiones e irregularidades que derivaron en este mortal incendio.

“No hay justicia… La justicia aquí en este país es muy… No hay justicia, la verdad. Cuando es sobre, sobre el Estado, o instituciones sobre el Estado, no hay justicia”.

Así se expresa Brayan Orlando R.F. en una entrevista que dio en Ciudad Juárez a seis meses de la tragedia.

El hombre de 27 años considera que en este caso hay muchas cosas en juego, principalmente personas con poder y mucho dinero, lo que contrasta con la condición de los sobrevivientes y familiares de las víctimas que buscan justicia sin recursos económicos ni apoyos.

Actualmente Brayan es uno de los 22 hombres sobrevivientes del letal incendio que cruzó a Estados Unidos desde Ciudad Juárez, lo logró en septiembre pasado bajo un permiso humanitario temporal. También han entrado a territorio estadounidense siete mujeres que presentan estrés postraumático por el incidente que vivieron en la estación del INM.

Algunos de ellos cruzaron la frontera con sus familiares y aunque las autoridades estadounidenses los dejaron en libertad condicional, aún enfrentan un proceso migratorio que los mantiene en riesgo de deportación a sus países.

“Me gustaría que hubiera justicia, pero creo que va a ser muy difícil que se pueda lograr la justicia” , dice Brayan Orlando R.F., quien aún enfrenta un futuro incierto en Estados Unidos.¿Y los protocolos del INM para emergencias?

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Corrupción

Despojan a mujer de su propiedad en el Valle con contubernio de autoridades

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El 17 de marzo pasado, Gabriela López Cital tuvo una llamada desde un número de teléfono de Estados Unidos con una mujer que se ostentó como la propietaria de un predio en el Valle de Mexicali que está en posesión de la familia de Gabriela desde hace cuatro generaciones.

Acordaron verse en un lugar y llevar cada una los documentos que las amparan como propietarias del mismo terreno, ubicado en la colonia Colorado Cinco, delegación Cerro Prieto, de 10 hectáreas de superficie.

Gabriela consultó con su abogada, quien le recomendó no ir y no mostrar el documento que la respalda como auténtica propietaria del predio a nadie que no sea la autoridad.

Las diez hectáreas fueron otorgadas al padre de su suegro, tras el movimiento del asalto a las tierras. Con el paso del tiempo, la familia fue permitiendo que diversas familias se asentaran en una parte del predio. Al quedar viuda, Gabriela decidió actualizar la propiedad para lotificarla y quedó asentada en un documento de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) una superficie de 7.5 hectáreas para no afectar a las familias. En ese predio tenía una casa rodante donde a veces pernoctaba.

Celia del Carmen Astudillo Oropeza.

El 20 de marzo a Gabriela se le deja venir un vehículo salir de su propiedad, y su auto queda parcialmente fuera del predio. La aborda la mujer de la llamada telefónica, Celia del Carmen Astudillo Oropeza, alias Carmen Oropeza Hernández, alias Carmen Oropeza viuda de Astudillo, alias Celia Astudillo Oropeza, alias María del Carmen Oropeza Hernández.

Esta mujer tiene más de 90 denuncias, muchas por fraude. Una parte de ellas aparecen en el viejo sistema, y muchas las ha zanjado con reparación del daño, de acuerdo con información de fuentes dentro de la Fiscalía General del Estado.

También la increpa por la ventanilla un hombre encapuchado, identificado como José Ángel Soto Cuevas y otro sujeto, quienes le piden irse del predio con palabras y gestos amenazantes. Para su alivio, ve acercarse una patrulla de la Policía Municipal, pero el agente al acercarse le pide lo mismo que la mujer y los dos hombres: que abandone su propiedad.

José Ángel Soto Cuevas.

Ella contesta que no se irá y da reversa a su auto, para regresar a su casa rodante. El hombre encapuchado llama a la Fiscalía General del Estado (FGE) y llegan dos unidades, un pick up y un auto pequeño, que tienen los logos de la corporación, los cuales permanecen horas afuera del predio, junto con el hombre encapuchado como una manera de intimidar a Gabriela, pues los agentes no buscan hacer contacto con ella. Llama al 911 y no llega nadie.  La abogada llega a la comandancia del ejido Michoacán de Ocampo para convencer a la policía que la acompañe al predio, para hacer frente al asedio que sufre Gabriela.

El agente de la FGE que iba en el pick up, quien permanece con el rostro cubierto, le dice al policía municipal que es Ministerio Público del área de Patrimoniales, pero no quiso identificarse ante Gabriela y su abogada. El policía que levantó el reporte, tampoco quiso proporcionárselos.

Eso sucedió como a las tres de la tarde, y las unidades de la FGE se fueron cerca de las ocho de la noche. Interponen una primera denuncia contra Celia del Carmen por ataque peligroso al día siguiente, el 21 de marzo (NUC 0202-2025-07155).

Pick up que usa Celia del Carmen Astudillo Oropeza.

De esta mujer saben que tiene domicilio en Estados Unidos, y para sus asuntos legales da una dirección de la colonia Santa Rosalía, en Mexicali. Se ostenta como abogada y sus empleados se refieren a ella como “la licenciada”, sin embargo, no aparece cédula profesional alguna a su nombre o alguno de sus múltiples alias.

Gabriela manda a hacer varias lonas que coloca en el perímetro de su terreno, para decir que es propiedad privada. El 26 de marzo se encontraban tres trabajadores de Gabriela haciendo un cerco cuando se aproximan dos patrullas de la Policía Municipal. Esposan y suben a dos de ellos mientras el tercero toma video de los hechos con su teléfono desde lejos.

En eso llega una grúa, y enfrente de los agentes -aprovechando la ausencia de Gabriela-, engancha la casa rodante y se la lleva. Para llevarse un vehículo de esas dimensiones se necesita una grúa especial, así que la acción ya estaba planeada, y se ejecuta frente a la policía sin que medie documento alguno que avale esa medida y sin que intervengan.

La patrulla donde se llevan a los dos trabajadores se dirige a la carretera a San Felipe. Se estacionan por cuatro horas junto a un retén de la Guardia Nacional. Los hombres son mantenidos incomunicados y sin información del motivo de su detención o su destino inmediato.

Finalmente, los llevan a la comandancia de la colonia Robledo, donde los dejan esposados a una banca, y un agente les dice que hablará con el juez calificador.  Cuando éste regresa les dice que ya se pueden ir porque no fue nadie a ratificar la denuncia. Nunca los presentan ante el juez.

Al día siguiente, el 27 de marzo, Gabriela y su abogada interponen una segunda denuncia (NUC 0202-2025-07861), ahora por robo calificado, y la amplían el dos de abril con los testimonios de los trabajadores, fotos y videos de los hechos.

La propia fiscalía les recomienda que interpongan otra denuncia por amenazas, lo cual hacen el 4 de abril, para asegurar que se le otorguen medidas de protección a Gabriela. Se las otorgan, pero no se han cumplido.

A los pocos días encuentran la casa rodante vandalizada, con la cerradura violada y las llantas destrozadas. Tras hacer las costosas reparaciones, la regresan al predio.

Gabriela pide a sus trabajadores que hagan una zanja para que no puedan volver a cruzar vehículos. En una de las idas al predio, le cuenta un vecino que fue Lino Amelio, junto con el hombre encapuchado, de nombre José Ángel Soto Cuevas y un tercero, en una camioneta negra de lujo, a preguntar quién había hecho la zanja.

De la camioneta desciende Lino Marcel Amelio Vila. Es el dirigente del Sindicato de Transportes Leonardo Rodríguez Alcaine, organización integrante de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), que a nivel nacional lidera el diputado federal morenista Pedro Haces Barba.

El vecino les dice a los hombres que Gabriela le pagó para hacer la zanja. Los hombres lo amenazan y le advierten que para el siguiente día debe tapar la zanja porque van a regresar.

El vecino lo hace, pero le cuenta a Gabriela. Se pasa todo el día siguiente en su predio, pero no pasa nada. El día posterior aprovechando que no hay nadie, vuelve y sacan la casa rodante otra vez.

La encuentran abandonada como a un kilómetro, pero antes de llevársela, la abogada pide a la FGE que vaya al sitio para que incorpore esa prueba al expediente.

Desde entonces, a plena luz del día y con un ejército de trabajadores, levantaron un cerco con materiales de primera calidad, metieron al terreno una oficina móvil, y dejaron ahí a dos hombres.

El patrimonio de Gabriela está en otras manos sin que su contraparte haya podido acreditar ser la legítima dueña del predio, con acciones ilegales como sacar la casa rodante en las narices de la policía, ocupando el predio ilegalmente y cercándolo sin su consentimiento.

Historial de llamadas que ha hecho la víctima y sus trabajadores al 911.

Las sospechas de Gabriela y su abogada, es que Celia es solo la cara visible de una organización con una maquinaria muy bien aceitada para llevar a cabo despojos en el Valle de Mexicali. Han sabido de otros casos similares y tienen la esperanza de que una vez difundido el caso, aparezcan más víctimas de estos u otros estafadores. Refieren el caso de un acaudalado agricultor, a quien el crimen organizado no solo lo despojó de un gran predio en Islas Agrarias, también levantó y vendió la cosecha que había en el lugar.

Celia del Carmen y José Ángel Soto Cuevas tienen entre sus contactos de redes sociales a pastores, ministros y diversas páginas y centros de culto cristianos. La abogada incluso recibió una invitación de la acusada para que acudiera a un evento de su congregación.

Por su parte, José Ángel Soto Cuevas se dice empleado de “la licenciada” pero actúa como mano derecha de Lino Amelio. A su vez, el líder sindical del Catem señaló ser solo el representante de los trabajadores de la obra en desarrollo. “No es asunto nuestro quien sea el dueño solo ejecutamos la obra por contrato con nuestro sindicato. El contratista utiliza maquinaria y camiones del sindicato para ejecutar la terracería”, comentó.

Al referirle que efectuaban obras para alguien que no puede acreditar la legítima propiedad del predio, y que su presencia en el lugar está asentada como parte de una denuncia, declaró que solo ha hablado con el contratista que solicitó los camiones y la maquinaria, que solo tienen interés en la “ejecución y tiempo de entrega de las calles” y que seguramente el vecino lo confunde con alguien más.

Junto a la extraña participación de Lino Amelio, dirigente del Catem, hay rumores de que ese sindicato se dedica a invadir terrenos y Gabriela apunta a Patricia Sosa, secretaria General de la Federación Autónoma de Trabajadores y Empleados de Baja California, y titular de comunicación social de Catem a nivel nacional,de quien hay rumores que invade terrenos ayudada por la fuerza sindical.

A Celia del Carmen Astudillo Oropeza le aparecen cuatro propiedades en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Todos de 2024 y todos en la colonia Cerro Prieto II. El primero es por casi un millón y medio registrado en marzo; el segundo por 503 mil pesos; el tercero por 125 mil pesos; y otro por 2 millones 220 mil pesos. Estos tres últimos el mismo día: 11 de abril.

Todos estos registros de compra-venta han sido con el notario número 10, Tobías Duarte, quien es vicepresidente del Colegio de Notarios de Baja California, fue secretario del Ayuntamiento en la administración de Francisco “Panchito” Pérez Tejada y poseedor de un valioso capital inmobiliario.

Maribel Avilés Osuna, en su carácter de apoderada legal del XXI Ayuntamiento, presentó una denuncia en 2021 donde se involucra a Duarte en compras irregulares de terrenos por parte de su esposa, Romina Castellanos García.

La impotencia de Gabriela y su abogada ante el despojo sufrido, es evidente. Hablan con tristeza y coraje de lo acontecido, de la protección a los responsables, de la falta de cumplimiento de las medidas de protección que le dieron, pero que no están cumpliendo.

La víctima de robo, amenazas y despojo subraya lo rápida que puede ser la justicia cuando se trata de personajes políticos, y lo vacío que resulta el mensaje del gobierno estatal cuando se trata de la protección de las mujeres. “Este es el cobro de piso que estamos pagando muchos en el valle”, concluye.

Los señalados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

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Corrupción

Simulan competencia y los favorece INIFE

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La empresa Península Doce, de Salvador Alejando Díaz Gutiérrez, es una de las favoritas del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE).

De 17 contratos del 2021 al 2024 que le aparecen a la empresa en el Portal Nacional de Transparencia, 12 son con el INIFE, 3 con la Secretaría del Bienestar y 2 con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT).

De los doce contratos con INIFE, solo uno fue ganado por licitación pública; la rehabilitación de un módulo sanitario para una secundaria. El resto fueron 6 por adjudicación directa y 10 por invitación a cuando menos 3 personas.

Península Doce está registrada, según datos de la Secretaría de Economía, a nombre de Kenya León Meza, en 2019. Ella es esposa de Salvador Alejando Díaz Gutiérrez, y hermana de Mónica León Meza. Los tres participan en las invitaciones y licitaciones como personas físicas y como Península Doce.

La empresa y Mónica León Meza comparten el mismo domicilio fiscal, una casa habitación en la colonia ex ejido Coahuila, que aparece en los documentos oficiales como si estuviera en la colonia Maestros Federales.

Se solicitó vía el portal de transparencia información sobre contratos con INIFE a nombre de Península Doce, Kenya León Meza, Salvador Alejandro Díaz Gutiérrez y Mónica León Meza del 2020 al 2024. Aparecen 31contratos que suman más de 70 millones de pesos; 6 por adjudicación directa, 9 por licitación y 16 por invitación.

Durante el gobierno de Jaime Bonilla, Península Doce se embolsó más de 37 millones de pesos y durante el gobierno de Marina del Pilar, los beneficios económicos se multiplicaron, todo aparentemente bajo la protección de Javier Urbalejo Cinco, quien actualmente aparece en el directorio de SIDURT como Subsecretario de Planeación, Inversión Sectorial y Control Obra, y fue titular de INIFE al inicio de la administración de Avila Olmeda.

Una de las escuelas donde hizo obra península Doce, en Mexicali.

En entrevista, Joaquín Armando Vale Ríos, actual titular del INIFE, manifestó que la Ley de Obras Públicas tanto del estado como la federal permite hacer invitaciones o adjudicaciones directas.

“En este caso nosotros nos estamos apegando a la ley de obras del estado, más que nada el tema es el tiempo que lleva realizar una licitación. La mayoría de las obras que tenemos en INIFE o que la Secretaría de Educación nos adjudica a nosotros para ejecutar, pues siempre tienen el factor del tiempo, la premura, la necesidad en las escuelas y esto hace que busquemos nosotros el método más rápido de contratación para atender esa necesidad que se requiera en una escuela y atenderla lo antes posible”, indicó.

Eso implica muchas veces tener un plantel cerrado, que los niños no tengan clases, entonces nos lleva a nosotros como instituto ejecutor, a buscar esa ruta y utilizar ese mecanismo que da la ley; al final de cuentas existe por una razón, señaló.

Cuestionado sobre la diferencia de tiempo entre una licitación y los otros esquemas de invitación y adjudicación directa, Vale Ríos explicó que en un tiempo óptimo una licitación pública sin ningún contratiempo puede llevar un mes hasta la contratación. En cambio, una invitación solo puede llevar de 15 a 20 días como máximo, y la adjudicación directa, una semana.

Joaquín Armando Vale Ríos, titular del INIFE BC.

Agregó que en una licitación pública puede haber muchos factores que extiendan el proceso, muchas veces entran más participantes, desconocen los temas de infraestructura educativa, necesitan más información, etc.

Si se declara desierta hay que volver a empezar, entonces si duraba un mes, se amplía a otro mes. Muchas veces por solicitud de la Secretaría de Educación hacemos estos procedimientos y nos solicitan en carácter de urgente iniciar trabajos, dijo. “No podemos iniciar un trabajo hasta que no tengamos un contrato, y esto nos lleva a irnos por este tipo de procedimientos”, añadió.

Al titular del INIFE se le preguntó si existía una revisión exhaustiva de las empresas participantes, ya que Península Doce, Kenya y Mónica León Meza, y Salvador Alejandro Díaz Gutiérrez, son la misma empresa simulando competencia.

“Nosotros decidimos a qué empresas vamos a invitar a participar, son empresas con un antecedente previo en INIFE, que han tenido buenos tiempos de entrega, o trabajos bien cumplidos. Se trata de invitar a empresas en las que el instituto ya tiene una experiencia previa con ellos”, opinó.

Sobre la competencia simulada, declaró que “Sí lo revisamos, tan así, que en los mismos procedimientos no pueden participar dos empresas que pertenezcan a una misma persona… necesitaría revisar a fondo pero la misma ley no nos permite contratar en ese esquema”.

Aceptó que no se hace un análisis detallado pero que en los requisitos de la ley se establece que la empresa debe tener un registro en el padrón de contratistas que emite la SIDURT, que se actualiza año con año.

Acerca de las observaciones que ha hecho la Auditoría Superior del Estado a las obras de Península Doce, remarcó que “Ellos de antemano ya revisaron toda esa parte y ya otorgaron el registro del padrón de contratistas porque la empresa a la fecha en que se aprobó el registro se podría decir que no tiene ninguna observación. También se da el caso que hay muchas observaciones a las empresas por parte de los órganos fiscalizadores, pero son observaciones que se van solventando. Muchas veces hay observaciones dentro de contratos de algunas empresas que no son por causas imputables al contratista, sino errores o situaciones que el mismo proceso traía, que no estaba contemplado de origen”.

Península Doce construyó unos módulos sanitarios por más de 13 millones de pesos en el estadio de beisbol previo a la Serie del Caribe, donde al menos el primer día del evento no tenían agua y cobraron 10 pesos por su uso.

Los sanitarios del estadio de beisbol Nido de los Águilas.
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Estatal

Irregular contratación de pantallas publicitarias sin permisos de operación

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En el concentrado de contratos publicitarios del Ayuntamiento de Mexicali correspondiente al 2024, hay contratos con tres denominaciones diferentes pero relacionados con la misma empresa de pantallas electrónicas; es Maya Publicidad, que suma 2 millones 257 mil 285 pesos en total.

Firman los contratos Mario Alberto Lares Solís y Yamile Baduy Lamarque. Ésta última, aparece como secretaria técnica en un documento de la administración municipal del panista Gustavo Sánchez.

A Maya Publicidad la representa la empresa IBRS Consultores, y uno de los empleados es Jesús Daniel Orona Gastélum, quien es el director jurídico de la Dirección de Administración Urbana (DAU), que encabeza Daniel Valenzuela.

Uno de los socios fundadores de la empresa consultora es Víctor Francisco Ibarra Peralta, a quien le da ventaja que uno de los integrantes de su empresa, sea el director jurídico de la DAU.

Fue su subalterno en la administración de Gustavo Sánchez:

Cabe destacar que información de una fuente confiable dentro de la administración municipal, señaló que las pantallas electrónicas de Maya Publicidad no cuentan con el correspondiente permiso del Ayuntamiento, lo que parece no importar a la hora de otorgar los contratos de publicidad.

Orona Gastélum hace negocios como juez y parte dentro del XXV Ayuntamiento de Mexicali, y se ve muy seguido a Víctor Francisco Ibarra Peralta haciendo antesala para ver a su empleado y funcionario municipal.

Por lo que toca a las personas que firman los contratos, hay pocas pistas en internet de la trayectoria de Mario Alberto. Sobre ella, aparte de su trabajo en el XXII Ayuntamiento de Mexicali, en el Registro Nacional de Profesionistas se encontró una cédula expedida en el 2010 que acredita una licenciatura en Negocios Internacionales en el Cetys.

Se encontró en el Registro Público de la Propiedad un inmueble que adquirieron Mario Alberto Lares Solís y Yamile Baduy Lamarque en el año 2022, en el fraccionamiento Viñedos del Mar, en Ensenada, con valor de 3 millones 300 mil pesos.

Imagen tomada del sitio vinedosdelmar.com.mx

Ese es el único inmueble donde aparece el nombre de Mario Alberto Lares Solís, pero con el nombre de Yamile Baduy Lamarque hay varias propiedades: un lote rústico en Tecate, un inmueble de más de 6 millones en el fraccionamiento El descanso II en Rosarito adquirido en el 2023 y otro par de propiedades en Mexicali: uno por donación de su madre y otro adquirido junto con dos de sus hermanas.

Maya Publicidad inició en el 2015, según el perfil de la empresa en la red LinkedIn, la cual registra solo dos empleados. No hay evidencia de que Baduy y Lares sean prestanombres, pero es una posibilidad.

Los contratos de Maya Publicidad con el Ayuntamiento se remontan a 2020, el primer año completo de la ahora gobernadora Marina del Pilar Avilar Olmeda al frente de la administración municipal. Antes de ese año los registros aparecen vacíos.

Estas son algunas de las pantallas de Maya Publicidad que carecen de permisos:

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