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Reportaje

Quitan terreno al Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte

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La construcción del Nuevo Hospital General de Especialidades de Sonora (NHGE) quitó al Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte más de la mitad de la propiedad, dejándolo sin áreas de esparcimiento, con reducción de pabellones, menos cupo para pacientes y limitaciones en los programas, alterando, según expertos, la rehabilitación de los enfermos mentales

Por Ericka Llaguno e Ismael Meza / Libera Radio

*Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers

En el verano de 2017, el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte, en Sonora, perdió más de la mitad de su terreno por la construcción del Nuevo Hospital General de Especialidades (NHGE). Se dividió el terreno desalojando y demoliendo pabellones y, a pesar de que se construyeron otros para sustituirlos, se perdió capacidad y espacio.

Esta reducción dejó a los pacientes sin áreas al aire libre donde pudieran tener actividades físicas y de esparcimiento. El Hospital Psiquiátrico atiende a pacientes con cuadros de enfermedades mentales como psicosis, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión y adicciones.

Los doctores expertos consultados para esta investigación explican que la falta de una terapia recreativa retrasa el proceso de recuperación y la privación de contacto con el medio externo hizo más lento el progreso en los pacientes, pues perdieron individualidad y un sitio donde hacer actividades que les brindaban sensación de bienestar.

Además, el “Hospital de Día”, una sala que brindaba servicio de estancia y terapia a unos 12 pacientes diariamente, fue afectado con la construcción del NHGE. El programa se siguió brindando en espacios improvisados y terminó por desaparecer en 2020, durante la pandemia.

El psiquiátrico tiene un presupuesto anual de 560 mil pesos para gastos operativos y recibe financiamiento de las secretarías de Salud Estatal y Federal para otros servicios, sueldos y medicinas. Los cuidados médicos prestados por el sanatorio generan en cuotas, internamientos y consultas hasta 10 millones de pesos anuales, pero, de acuerdo con todos los médicos entrevistados, esos recursos terminan en una cuenta concentradora y no se reinvierten en su totalidad en el hospital.

Este equipo de investigación encontró que el sanatorio está trabajando pese a varias carencias en alimentación, ropa hospitalaria, clima artificial, equipos de cómputo, medicamentos y hasta de personal médico.

Por su parte, la Dirección de Salud Mental y Adicciones, de quien depende el Hospital Psiquiátrico, tiene contratos con empresas privadas para la alimentación, limpieza, basura común, residuos peligrosos y vigilancia. Casi todos ellos ostentan montos de cientos de miles de pesos, pero, según nuestras fuentes, los servicios son limitados e irregulares.

Hace dos años, el sanatorio fue incluido en el Programa Anual de Acreditación 2019 de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud federal, pero los médicos entrevistados afirman que llevaron camas para la foto, retirándolas inmediatamente después; que está pintado y adornado por fuera, pero que por dentro está en el abandono. 

Hasta el momento, ni la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ni el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) de Sonora han publicado alguna observación sobre el centro y la aplicación de su presupuesto.

“Llegaron a lo mexicano, a tumbar pabellones”

En la historia del Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte hay un suceso que se repite como deja vú. Un día cualquiera un funcionario decide utilizar parte de su terreno para otros fines y mutila su organismo. 

Ocurrió en 1993, cuando se dividió el área para levantar el colegio privado “Vanguardia” y ocurrió otra vez en el 2017. En el verano de ese año, el Gobierno del estado decidió que la ubicación para la construcción del NHGE serían los terrenos del Hospital Cruz del Norte. 

En un principio, el NHGE se construiría cerca del Estadio Sonora, fuera del casco urbano de Hermosillo, pero decidieron hacerlo en los terrenos del Hospital Psiquiátrico. Con ello no sólo cercenaron sus instalaciones, sino que la habitual falta de recursos se acentuó considerablemente.

“No avisaron a nadie, llegaron a lo mexicano, a tumbar pabellones y a dividir el terreno”, dice el psiquiatra Jesús Adrián Duarte Moller, quien en ese momento fungía como director del hospital. 

“Los cortes de terreno eran súbitos, un día llegabas y ya no estaban”, confirma en grabación un médico en activo del sanatorio, a quien por motivos de seguridad nombraremos Esteban.

Ante esto, el titular de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones (DSM), el psiquiatra Juan Manuel Tong Payán asegura en entrevista que hubo los avisos correspondientes: “Todo se hizo a través de oficios”. Tong Payán nos recibe con cordialidad en su oficina semi vacía, a unos días de dejarla por el cambio de gobierno.

Para los psiquiatras entrevistados la percepción es que el NHGE “se tragó” al Cruz del Norte. En realidad, el área despojada fue del 70 por ciento. El hospital actual y sus accesos ocupan 6.5 hectáreas de las 9.1 originales, es decir, se demolieron tres pabellones, se perdieron las canchas deportivas y un gran terreno donde alguna vez hubo labores de siembra y pozos de agua.

Lo que para el Director de Salud Mental era un terreno que no se usaba para nada, a decir de los médicos interrogados en realidad significaba un área con la que contaban los pacientes para su rehabilitación.

“Al paciente psiquiátrico le hace falta espacio, le hace falta jugar. La terapia recreativa es increíblemente buena”, dice el doctor Duarte Moller, con 45 años de experiencia en el Hospital y dos veces director del mismo, la segunda ocasión hasta enero del 2021. Y agrega, “nos dejaron un pedacito muy chiquito, estábamos como en un campo de concentración”.


Pérdida de terreno del Hospital Cruz del Norte. En 2001 eran 16.7 hectáreas. Con los sucesivos cortes, actualmente le quedan 2.5 hectáreas. Imágen: Libera Radio.

“El aislamiento del medio externo hace que se retrase la evolución del paciente. Es como una persona encarcelada, cuando sale no sabe ni qué hacer, pierde contacto con el exterior. Puede aplicar el Síndrome de la privacidad sensorial, la falta de contacto profundiza el trastorno. Los mismos médicos veían que sus pacientes no evolucionaban”, refiere Duarte Moller.

Esto coincide con lo expresado por el doctor Esteban, quien comenta que el cambio fue un “impacto tremendo” para los pacientes, pues se sienten todavía más encerrados. “Si un paciente puede durar de 30 a 90 días en un ingreso, y con la pandemia no se permiten visitas, el paciente se siente recluido”.

Explica que esta afectación puede llevar a que el tratamiento sea menos efectivo, incluso “a recaídas, vienen cambios en su conducta, en sus emociones. Imagínate que entras con un síndrome depresivo con ideas suicidas, y que estés encerrado en una sala donde no puedes hacer llamadas telefónicas ni salir, sin visitas, ¿cómo te sentirías? Claro que repercute”, insiste Esteban.

Otro médico al que llamaremos Alfredo, quien también accedió a platicar a cambio del anonimato, asegura que, antes, los pacientes se sentían útiles realizando actividades que les daban sensación de bienestar. Ahora, dice, “es muy distinto estar en una sala sin nada que hacer, sin que te dé el sol, sin oportunidad de salir, ejercitarte un poco, respirar, sentir el aire”. Comenta que, en las nuevas salas, el espacio que tienen es mínimo, perdieron individualidad y sus condiciones son frustrantes.

Los que perdieron su entorno fueron los enfermos crónicos, de acuerdo con el doctor Esteban, estos son quienes viven de manera indefinida en el hospital —algunos por el abandono de su familia—. Al desaparecer su pabellón, fueron separados y repartidos entre hombres y mujeres.

Estos nuevos edificios fueron construidos con paneles de lámina desmontables y estructura metálica, lo que facilitaría su derribo en un momento dado. Estas y otras obras exteriores costaron un total de 19.8 millones de pesos, de acuerdo con el portal Tu Obra, del Gobierno del estado.

“El centro salió ganando”, argumenta el ex director de Salud Mental Tong Payán. Desde su perspectiva no se perdió nada en la operatividad del hospital, pues sigue teniendo las tres salas y se remodeló la consulta externa. Además, dice que se amplió una sala de urgencias que ahora cuenta con cuatro camas con la tecnología más novedosa. Sin embargo, Libera Radio tuvo acceso a ese lugar y pudo constatar que sólo hay tres camas y no hay tecnología. 

Otro de los programas importantes y que fue afectado es el “Hospital de Día”. En este se ofrecía tratamiento para personas que difícilmente lograrán una recuperación completa. Ahí los enfermos tenían la opción de pasar el día en el hospital, con terapias y medicación y regresar a dormir a sus hogares.

Con los cortes y demoliciones, el programa ya no tuvo lugar adecuado para atender a estos pacientes. La llegada de la pandemia terminó por desaparecer el programa en los hechos. Para suplir lo perdido, se mandaron remodelar las antiguas oficinas de la Dirección de Salud Mental. 

El doctor Tong asegura que este programa está en funcionamiento, con instalaciones modernas donde se puede hacer deporte, aprender guitarra, cocina, etc. Pero el ex director se contradice al momento de mostrarnos un video con el avance de la remodelación, pues el edificio aún no se inaugura y los pacientes sólo están yendo por su medicamento y regresan a sus casas.

El nuevo estado de cosas ha sido resentido por médicos y residentes, asegura el doctor Duarte Moller: “Hay una sensación de pérdida, de desánimo. Cuando iniciaron las demoliciones hubo un ambiente de ansiedad, de no saber qué va a suceder”. 

La barda que para las autoridades significó seguridad y cuidado a la integridad física, en los pacientes y personal generó incertidumbre: en el que fue considerado el mejor hospital psiquiátrico del noroeste del país, ahora todo es nostalgia y carencias. 

En algunos no se había perdido la esperanza de que todo volviera a ser como una vez fue —con ganado, cultivos y talleres de oficios—, pero la construcción del NHGE acabó por completo con esa posibilidad.

La barda blanca que divide al hospital psiquiátrico del Nuevo Hospital General de Especialidades, evidencia el cercenamiento de gran parte de lo que fue el terreno de recreación y Antiguo pabellón de pacientes, Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte. Fotos: tomadas del video / Libera Radio

La Historia

A inicios de los 60, la Dirección General de Neurología, Salud Mental y Rehabilitación del gobierno federal inició la descentralización de los servicios de psiquiatría. Cuando se cerró el manicomio La Castañeda, se abrieron dos grandes hospitales, la Cruz del Sur, en Oaxaca, y la Cruz del Norte, en Hermosillo.

El Hospital Campestre Cruz del Norte se planeó originalmente como un hospital granja, donde los pacientes pudieran sembrar frutos y hortalizas, criar ganado, aprender y ejercer algunos oficios como zapatería y panadería, todo esto como un sistema de rehabilitación psiquiátrico que ha caído en desuso. 

En 1964, cuando se inauguró, el hospital y su vasto terreno se encontraban en las afueras de la ciudad. Con el paso del tiempo eso ha cambiado, pero no sólo eso. De tener quirófano, sala de rayos X, laboratorio y cuatro pabellones para 200 pacientes, hoy quedan tres pabellones para 80 pacientes. De todo lo demás, incluido el terreno, queda la nostalgia de lo que fue y el deterioro de lo que hay.

En junio de 2001, el Gobierno del Estado donó a Servicios de Salud de Sonora un terreno de 9.1 hectáreas al poniente de Hermosillo. Eran los terrenos y los pabellones del Hospital Psiquiátrico, las oficinas de la Dirección de Salud Mental (DSM), canchas de basquetbol y un gran “lote baldío” que, sin ser ya una granja, representaba aún la posibilidad de recreación para los pacientes.

Hoy, el hospital cuenta con ocho consultorios, alrededor de 55 pacientes entre internados temporales y crónicos, y realiza un promedio de mil consultas externas al mes. Tiene nueve psiquiatras y 14 médicos residentes, cuerpo de enfermería, médicos generales y personal de trabajo social.

En agosto de 2021, una persona internada le costaba al hospital aproximadamente mil 935 pesos diarios —dato proporcionado por la DSM—, lo que supondría un costo anual total de 39 millones de pesos, sólo por internamientos.


Aspecto del Hospital General en su primera etapa, en el año 69.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que hasta el 17% de las personas en México presentan al menos un trastorno mental y una de cada cuatro lo padecerá por lo menos una vez en su vida. Desde hace algunos años, la OMS vaticinaba que la depresión sería la segunda causa de discapacidad en México, pronóstico que se cumplió. Sin embargo, sólo una de cada cinco personas con enfermedad mental busca y recibe tratamiento médico. 

Según un reportaje del medio digital Animal Político, del total del presupuesto anual en el sector salud, la salud mental recibe apenas el 2%, cuando lo recomendable está entre el 5% y el 10%.

Por su parte, el ex director de Salud Mental asegura que en Sonora existen 3.3 psiquiatras por cada 100 mil habitantes, lejos de la recomendación de la OMS que ronda los nueve. En resumen, tenemos pocos especialistas y mal distribuidos, el recurso público es limitado, mientras los padecimientos siguen en aumento.

Peor que con Padrés

Igual que con el terreno, al psiquiátrico se le fueron reduciendo paulatinamente el presupuesto y las fuentes de financiamiento conforme pasaron los años. Al indagar cómo afectó la pérdida de terreno en la salud de los pacientes, nos encontramos con que el olvido y el despojo han sido históricos, realidad que se manifiesta también en una manera de administrar los recursos que rara vez lo beneficia.

“Ya en tiempos de (Guillermo) Padrés las camas se hicieron pedazos, era una tristeza ver a los pacientes dormir sobre los resortes”, dice el doctor Duarte Moller. La limitación de recursos empeoró con Claudia Pavlovich, al grado de que los pacientes han tenido un sólo uniforme. 

El doctor Alfredo asegura que, al no haber toallas, hubo un tiempo en el que se secaban con el uniforme sucio. Aún más, el hospital no provee ropa interior nueva, y quien no tiene un familiar pendiente de sus necesidades se ve obligado a utilizar ropa interior usada procedente de donaciones.

Todos los entrevistados, incluido el ex director de Salud Mental de Sonora, coinciden en que el hospital necesita más psiquiatras. Sin embargo, algunas de estas plazas son ocupadas por médicos generales. La Norma Técnica Mexicana NOM-025-SSA2-2014 indica en su Artículo 5.3 que el prestador de servicio de atención médica psiquiátrica de tercer nivel debe tener los recursos humanos suficientes en número y capacidad técnica.

“Psiquiatras piratas”, dice el doctor Duarte. Ante esto el ex director de Salud Mental asegura que no se hacen pasar por especialistas, sino que son médicos con los conocimientos adquiridos pero que no firman como psiquiatras.

La realidad es que no hay psiquiatras en el turno vespertino. Los fines de semana cuentan con solo uno y la consulta externa con tres, los demás son residentes de primero a cuarto año, quienes al culminar sus estudios se van a otros centros de trabajo donde les pagan mejor.

Para el doctor Manuel Santillana Macedo, especialista en salud pública y profesor en la Coordinación de Enseñanza e Investigación del Hospital (residencias), al psiquiátrico “se le dejó caer igual que al 80% de los hospitales mexicanos. Hubo una política perversa de dejar caer el sistema de salud para privatizarlo”. 

Santillana asegura que uno de los mayores problemas de los hospitales públicos es la burocracia, pues no se maneja dinero en efectivo para supuestamente evitar la corrupción, pero si se funde un foco, por ejemplo, el proceso para que se reemplace puede tardar semanas.

Los mismos 500 mil pesos , y otro poco a cuentagotas

Mientras que para la construcción del NHGE se han destinado hasta ahora más de mil millones de pesos, sin contar con el equipamiento, el Hospital Cruz del Norte sobrevive con un austero presupuesto para gastos operativos y, como veremos, cuenta con contratos especiales que son cubiertos directamente por Servicios de Salud, al igual que los sueldos del personal (algunos perciben pago federal). 

Los medicamentos son suministrados por el INSABI, aunque el gobierno estatal ha tenido que comprarlos por su cuenta ante el rezago en el abastecimiento.

Desde hace tiempo, al hospital psiquiátrico se le ha congelado el presupuesto para gastos operativos en un monto de 560 mil 917 pesos anuales. Este no es definitivo, pues a través de “modificatorios”, la Dirección General Administrativa (DGA) permite una ampliación en los recursos, aunque estos difícilmente alcanzan para cubrir sus necesidades. Este año, por ejemplo, la suma ha llegado a un millón 190 mil pesos.

Desde la perspectiva del doctor Tong, si la situación fuera realmente grave, “en lugar de recibir mensajes de felicitaciones se tendrían paros de labores”. Según él, hay carencias, pero se tiene lo suficiente para trabajar. Al menos cuatro de nuestras fuentes indican que el personal no se manifiesta por miedo a represalias.

Mientras tanto, la mitad de los consultorios no cuenta con aire acondicionado y la refrigeración central no se da abasto pues, además de obsoleto, el equipo no tiene el servicio adecuado. En temporada de verano, cuando en Hermosillo la sensación térmica alcanza una temperatura de más de 50 grados, las consultas pueden resultar un martirio: “Hace más calor adentro”, dice el doctor Alfredo.

Testimonios grabados por Libera Radio revelaron que, ante la inminente llegada de nuevos médicos residentes, sus compañeros tuvieron que aportar para la compra de un pequeño equipo de aire acondicionado (mini split) que cubriera el cuarto de descanso. 

Las peticiones para obtener el equipo que se hicieron por la vía institucional fueron recibidas, pero nada más.

El carro de urgencias médicas, conocido como carro rojo, que debe tener los aditamentos, equipo y medicinas necesarias para atender cualquier eventualidad con los pacientes, está vacío, empolvado y con visibles telarañas.

Respuesta a la solicitud de información sobre los subcontratos del Hospital. Respuestas escuetas y ambiguas. Fuente: Libera Radio.

Por ley, cuando hay necesidad de hospitalización psiquiátrica las instituciones de salud pública que no cuentan con este servicio remiten sus pacientes a donde puedan ser tratados. Es un sistema de subrogación mediante el cual se atiende a pacientes del IMSS, ISSSTE, Hospital Militar, etc. 

De acuerdo con los datos obtenidos, de 2015 a 2020 la subrogación generó 50.4 millones de pesos (mdp) para el Hospital Spiquiátrico, sólo por pacientes del IMSS y del ISSSTE, lo que significa un promedio de 8.4 mdp por año. También se obtuvieron 2.5 mdp anuales por cuotas de consulta externa.

Pero el hospital no tiene acceso a esos recursos, sino que, en conformidad con la ley, el dinero se va a una cuenta “concentradora” en la que se integra lo recaudado por varios servicios públicos (Centros de Salud, DIF, COESPRISSON, etc.).

Hubo un tiempo en que se invertía directamente, “pero eso terminó hace por lo menos 30 años”, dice el doctor Duarte Moller.

De lo generado, “hasta un 50% se podría devolver a Salud Mental, pero esas son decisiones que se toman en la DGA”, argumenta el doctor Tong, “además, hay unidades de salud que no tienen presupuesto y parte de ese dinero se destina a ellas”. Para el doctor Santillana, “ni los directivos saben a dónde va ese recurso”.

Un caso especial es el ISSSTESON. Sus conocidos deterioros y quiebra financiera se reflejan también en la subrogación al psiquiátrico: tiene varios años que dejó de pagar, tal es así que, alguna vez, hasta se le negó el servicio. Nuestras peticiones a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para saber a cuánto asciende la deuda fueron ignoradas.

Un dato más: hasta hace poco el Hospital General de Sonora mandaba también pacientes por los que pagaba subrogación. Al cambiar de Seguro Popular a INSABI, este nuevo sistema no está obligado a pagar por los pacientes que atienden en el psiquiátrico. Ahora, el 80% de los pacientes internados provienen de ahí.

Respuesta a la solicitud de información sobre los montos por subrogación de pacientes. Nótese la falta de pago del ISSSTESON. Fuente: Libera Radio.

“Es un esfuerzo increíble”

La Dirección de Salud Mental y Adicciones respondió por la PNT que el contrato anual para la alimentación de los pacientes es de 5.68 mdp. Ese monto podría ser suficiente, pero nuestras fuentes manifiestan otra cosa.

“Mis respetos para los cocineros”, confiesa el doctor Alfredo, “no sé cómo se las arreglan para sacar la comida de la semana, a veces tienen que poner dinero de su bolsa, es un esfuerzo increíble”. A los enfermos sí se les brindan las tres comidas, pero aún así pasan hambre debido a que las medicinas producen mucho apetito y no alcanza para comidas entre horas.

De acuerdo con su dicho, la cocina y el comedor están en muy malas condiciones. No hay clima artificial y es sabido que la preparación de alimentos eleva la temperatura. Las mesas y sillas son muy antiguas, todo el edificio está maltrecho y estructuralmente débil.

La limpieza es otro de los aspectos importantes, cuya carencia impacta directamente en la calidad de vida de los internos. Por las características propias del lugar, se requiere personal de limpieza los tres turnos, algo que no hay.

La Dirección asegura que ahora hay suficiente recurso humano para la limpieza, pero el doctor Alfredo cuenta que es muy poco el personal de intendencia, pues vienen y van porque no se sienten cómodos de limpiar las salas de los pacientes. Hay tres o cuatro intendentes por turno y resultan insuficientes para todo el Hospital, pero incluso estos han denunciado problemas de pago.

Por medio de la PNT encontramos un contrato vigente de Servicios de intendencia por un millón 364 mil 363 pesos. Desconocemos el nombre de la empresa contratada, pues ni la Secretaría ni Servicios de Salud respondieron esa petición, a pesar de ser sujetos obligados.

Seguridad, basura y residuos biológicos, servicios pobres, cobro de ricos

Otros servicios subcontratados son la recolección de basura común, el manejo de los residuos peligrosos biológico infecciosos (RPBI) y la seguridad. Indagamos sobre su funcionamiento y esto fue lo que encontramos.

La Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOLSSA1-2002 enuncia que los RPBI deben estar en contenedores especiales y con etiquetas visibles. La disposición de estos desechos debe realizarse por personal capacitado y con estrictos protocolos de higiene. 

Este equipo de investigación tuvo oportunidad de visitar algunos espacios dentro del sanatorio y ser testigo de que no hay depósitos diferenciados, sólo algunos de color rojo que son usados solamente para las jeringas, pero ninguno de ellos tienen las bolsas adecuadas, confirmando lo dicho por los médicos entrevistados, quienes denuncian: “Los botes son comunes, no especializados, lo más grave es que todos los desechos —comunes y RPBI— se revuelven, realmente no se pueden cuantificar, todo se va en las mismas bolsas”. 

Al cuestionarlo sobre este tema, el doctor Tong asegura que la empresa contratada lleva una bitácora y cobra en base a un periodo, que todo se realiza de acuerdo con la norma y que la basura se coloca en un área especial aislada tipo “jaula”.

Jaula de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos y contenedor de basura común, en un área de escombro y equipo obsoleto. Se hace evidente que la jaula está en desuso. Foto: Libera Radio.


Pudimos observar el área aislada en un apartado semi abandonado, cerca de un contenedor de la empresa que dispone de la basura común. Por su aspecto, es dudoso que la “jaula” sea usada con frecuencia para depositar ahí temporalmente los RPBI.

Preguntamos por medio de la PNT cuánto paga el psiquiátrico al mes por el manejo de los RPBI y la respuesta fue ambigua: “se maneja precio por kilo de 36.21 variando cada mes dependiendo de la unidad, la cual ampara hasta 45 mil kilos mensuales, dando un aproximado mensual a $1,629,450.00”. Insistimos en cuánto se genera y paga en específico en esa unidad y obtuvimos las bitácoras de los últimos tres años de la empresa Lavandería Industrial Maypa, S.A. de C.V., de donde se aprecia que el promedio por mes es un manejo de 10 kilos.

Como seguimos sin respuesta del monto, le preguntamos al doctor José Luis Garibaldi Zamora, nuevo director de Salud Mental, quien tampoco tuvo la información, pues dijo que el pago lo hace la Dirección General y es por todas las unidades de la Secretaría de Salud.

El Hospital paga otro contrato por el retiro de la basura común de 36 mil 200 pesos mensuales. A decir del doctor Esteban, ahí mismo también irían los RPBI, lo que convierte a todo el proceso en algo opaco y fuera de norma.

Los médicos también ponen el dedo en la llaga en el tema de seguridad. El personal enviado por la empresa contratada son adultos mayores. Para Esteban, la vigilancia es “una burla”, pues el nosocomio sólo cuenta con un guardia en la entrada, descuidando el resto de las áreas. 

Este medio corroboró lo anterior en el sitio. Al platicar con un guardia nos dijo: “me acaban de mandar aquí porque no había nadie”. Aunque Servicios de Salud no respondió nuestra solicitud de información, sabemos por nuestras visitas al hospital que la empresa contratada es Seguridad Privada del Desierto S.A. de C.V.

En el aspecto tecnológico no hay cámaras de video en las entradas, mientras que el personal denuncia que el botón de pánico no sirve. En el Hospital sólo hay dos enfermeros psiquiátricos, es decir, los únicos con los conocimientos necesarios para enfrentar una eventual de crisis con los internos, lo que podría representar otra violación a los derechos de los pacientes, según la Guía Técnica para la Dotación de Recursos Humanos (2003) de la Secretaría de Salud.

La Dirección de Salud Mental asegura que tiene un contrato de seguridad privada por un millón 701 mil 700 pesos por 11 meses de servicio.


Bote de basura externo del hospital. De acuerdo con testimonios, los RPBI y la basura común se desechan en los mismos contenedores, sin bolsas ni sellos protocolarios. Foto: Libera Radio

“El Retrato de Dorian Gray”

El doctor Duarte cuenta que el nosocomio recibe ayuda de las acciones del “Voluntariado” de la Secretaría de Salud, grupo que ha realizado, entre otras, una colecta anual de pañales de niños y adultos para pacientes vulnerables. Curiosamente, el mismo Duarte y otros médicos intentaron realizar actividades y gestiones para hacerse de recursos y equipo, pero se encontraron con las trabas y el desdén de sus superiores.

A pesar de todas estas condiciones, el hospital está incluido en el Programa Anual de Acreditación 2019 de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud federal, pero los médicos entrevistados insisten en que está bien “pintadito y adornado con piedritas” hacia afuera, pero por dentro en el abandono. Aseguran que han llevado mobiliario solo para la foto, luego las reubican en otro hospital. “El drenaje tiene 60 años”, advierte Duarte Moller.

Respecto al Reglamento Interno, todos confirmaron su existencia, pero nadie lo pudo proporcionar. Nuestras peticiones hechas a través de la PNT tuvieron como respuesta que era un documento apenas en desarrollo.

En este aspecto, en el papel existen figuras que debieran garantizar la atención adecuada observando las normas, pero ninguna parece funcionar. 

Un documento que sí obtuvimos es el Manual de Organización elaborado por el doctor Duarte en 2017, que muestra el funcionamiento y atribuciones del personal. En él se contempla, además, la existencia de Comités Técnicos, mismos que deberían enfocarse en resolver problemáticas concretas (seguridad e higiene, protección civil, etc.). 

En el reglamento de los Hospitales Psiquiátricos del Estado de México, por ejemplo, esa figura organizativa es de marcada relevancia, además de contemplar los Comités Ciudadanos de apoyo, que involucran especialistas externos.

El mismo doctor Duarte detuvo el funcionamiento de los Comités porque el personal se distraía de sus funciones prioritarias. Cuando preguntamos al doctor Tong, asegura que los Comités “tienen que existir (sic), si no, no tuviéramos al hospital acreditado”,  pero en ningún momento afirmó estar seguro de su existencia.

Otros instrumentos de vigilancia previstos en el Reglamento de los Servicios de Salud son los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo —dependientes de la Secretaría de la Contraloría General— y el Comisario Público Ciudadano. 

“Existen los Órganos de control, pero no hacen su trabajo, no sé que controlen”, responde Santillana Macedo. La respuesta de Duarte Moller es más sugerente: “puede ser que existan (sic), pero se quedan callados. Muchas cosas no salen a la luz”.

No hay quien audite al psiquiátrico, ni la ASF ni el ISAF han publicado algún informe sobre el mismo, sus condiciones o programas. Los informes de gasto de la Cuenta Pública Estatal no entran a detalle de las Unidades de Salud: cuánto entra y cuánto erogan sigue en buena medida en la opacidad.

Como parte de lo encontrado, queremos destacar que quien tiene funcionando al centro es la mayoría de su personal, que pese a los problemas trabaja con dedicación y entrega.

La Especialidad en Psiquiatría es una de las mejores del  país, un reconocimiento que le han hecho a los egresados desde 2008, particularmente por lo bien estructurada que está la especialidad, por sus docentes (de las pocas del país donde se pagaba a los maestros), por la buena práctica clínica y por el buen ambiente laboral.

Todos los médicos entrevistados aseguran que el impacto del despojo del terreno tendrá repercusiones a largo plazo y tardará años en recuperarse.

Reportaje

“A ellos no les vamos a abrir”; ¿qué pasó en la estación migratoria de Ciudad Juárez?

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Por Rocío Gallegos, Blanca Carmona y Gabriela Minjares

Una investigación transfronteriza de La Verdad junto a Lighthouse Reports y El Paso Matters revela nuevos detalles de los acontecimientos, irregularidades, abusos y omisiones graves ocurridas el 27 de marzo del 2023 en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, que contribuyeron a la letalidad del incendio provocado en una celda cerrada bajo llave donde murieron 40 migrantes

Mientras avanzaba la noche del 27 de marzo de 2023, los gritos de un grupo de migrantes extranjeros encerrados bajo llave en la estancia para hombres del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez se intensificaron.

Enojados, discutían con guardias de seguridad y oficiales migratorios por la falta de agua, alimentos y amagos de deportación. Luego, asustados, clamaban por auxilio para ponerse a salvo del incendio ocurrido por la quema de colchonetas del lugar.

Unos llevaban semanas tras las rejas, otros fueron detenidos unas horas antes durante un operativo de autoridades municipales de Juárez, agentes del INM y de la Guardia Nacional en el que los acorralaron y luego transportaron a la estación migratoria. Con las llamas propagándose, los migrantes pedían a gritos que los dejaran salir, pero quienes los tenían bajo su resguardo no les abrieron la celda.

“No… a ellos no les vamos a abrir, ya les dije a los güeyes” , se escucha decir a una agente de migración mientras sus compañeros buscan extintores y se movilizan para desalojar a las mujeres migrantes encerradas en otra celda de la estancia. El momento quedó grabado en un video con audio inédito captado por una cámara de circuito cerrado de televisión de la estación del INM, que aporta indicios de lo que ocurrió esa noche.

El fuego en las colchonetas creció y el humo se propagó, 40 hombres murieron encerrados asfixiados por el humo, otros 27 resultaron con lesiones de por vida y 15 mujeres sobrevivieron con estrés postraumático en ese incidente en el que más personas migrantes bajo el resguardo de las autoridades han perdido la vida en México.

La falta de justicia hasta ahora ha impedido que salgan a la luz irregularidades, abusos y omisiones graves que derivaron y contribuyeron a la letalidad en este incendio en una celda cerrada bajo llave, saturada, sin extintores, sin ventilación, sin rociadores contra incendios y con detectores de humo sin funcionamiento, que se convirtió en una trampa mortal para migrantes originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia y Venezuela.

El incendio mortal ocurrió en un momento en el que los esfuerzos estadounidenses por disuadir a las personas migrantes en su frontera sur se extendieron bajo acuerdos con las autoridades mexicanas, para contener y detener a personas en movilidad en comunidades como Ciudad Juárez, que se convirtió en un punto de concentración masiva, por los miles de retornados desde Estados Unidos y por un creciente número de quienes llegaban de Centro y Sudamérica con la esperanza de cruzar la frontera.

Casi un año después de esta tragedia, una investigación de La Verdad junto a Lighthouse Reports y El Paso Matters revela nuevos detalles sobre la cadena de acontecimientos de esa noche de marzo en la estancia migratoria instalada a unos metros de la frontera con El Paso, Texas, a donde autoridades mexicanas trasladaban a los migrantes que de manera irregular llegaban a la ciudad para cruzar a Estados Unidos.

A través de testimonios de ocho sobrevivientes, de entrevistas a personal de los cuerpos de emergencia, del análisis de videos, de la revisión de la carpeta de investigación, y la construcción de un modelo 3D de la estación para examinar los minutos cruciales durante el incendio, así como de los relatos expuestos durante el proceso penal en contra de 11 personas, de los cuales ocho son funcionarios de migración, reconstruimos los hechos en esta estación migratoria del norte de México.

Sobre este incidente, el INM -órgano descentralizado del Gobierno de México- se negó a responder cuestionamientos que surgieron de esta investigación, y las solicitudes de entrevista para algunos de los implicados en este incendio que se encuentran presos, enviadas por escrito a través de sus abogados o familiares, aun siguen sin respuesta.

¡Ya tienen toda la lumbre…!”

Las primeras llamas visibles en la celda de hombres de la estación migratoria de Ciudad Juárez se registraron a las 21:28 horas. El momento quedó grabado con una cámara de circuito cerrado de televisión instalada en el edificio público.

Minutos antes, en el video sin audio, se ve a los migrantes discutir con un guardia de seguridad que los observa sentado frente a las rejas. Luego, ya con las llamas visibles, se observa a agentes migratorios que caminan por el área, se acercan a las rejas, intercambian palabras con los migrantes encerrados. Después, una mujer vestida de negro, una guardia de seguridad, se acerca a una agente del INM que está frente a las celdas, le comunica algo y sale del lugar, tras de ella también los demás se marchan de esa área.

La agente de migración presuntamente es Gloria Liliana R.G., su nombre y su cargo coinciden con la identidad mencionada en las audiencias públicas del proceso judicial, donde ha estado presente como imputada.

Las llamas crecen detrás de las colchonetas de hule espuma, forradas con material de vinil de distintos colores, colocadas por los migrantes en las rejas, y en segundos el área de alojamiento destinada a personas migrantes del sexo masculino se cubre de humo y se pierde la visibilidad.

La guardia de seguridad es captada luego en un video con audio cuando sale apresurada por el área de ventanilla del filtro migratorio instalado en ese lugar, se dirige por la sala de espera y se escucha cuando dice: “¡hay un desmadre!”.

Se escuchan gritos y se observan a personas corriendo, al fondo de la imagen, en la sala de espera una mujer con una chamarra en color rojo y dos niños. Presuntamente se trata de Viangly Infante, esposa de Eduardo, de 26 años, un sobreviviente del incendio. También se aprecia a elementos de la Guardia Nacional que ingresan a la estación y se dirigen a la zona.

Luego se escucha la voz de una mujer, posiblemente es la agente de migración Gloria Liliana, que dice: “¡Ya tienen toda la lumbre…!”. Posteriormente ella aparece en la imagen, se le ve mientras camina y sostiene su teléfono celular en el oído.

El barullo es más intenso en esa área de la estación donde se ve que va y viene personal de seguridad y oficiales de migración, buscan extintores.

“Necesitamos extintores, extintores”, se escucha decir a un hombre vestido con una chamarra negra, presuntamente Omar I. P. M. supervisor de los guardias de seguridad que se encontraba en el lugar en ese momento.

“No hay” , responde un oficial de migración.

Se escucha hablar a Gloria Liliana, quien indica: “A ver, a ver si funciona este, por favor…”.

La agente de migración mantiene el celular en el oído, habla y cuando casi se topa con el hombre de chamarra negra, dice: “Y todo por falta de agua, ¡eh!”. A lo que otro funcionario del Instituto responde: “sí, desde la mañana les dije”.

Son las 21:31 horas. La mujer sigue hablando, continúa con su celular en el oído, y dice: “Oye, ya están quemando la estación”. “Ya le dije a Daniel, pues ya prendieron un putero de colchonetas… y qué hacemos, no hay extintores, güey. ¡Ya está el humo hasta acá…!”.

“Hay que abrir la puerta de allá” , se oye decir a un hombre.

Luego se escucha la voz de una mujer, no visible en el video en ese momento, que dice: “no, no les vamos (inaudible)… a ellos no les vamos a abrir, ya les dije a los güeyes”. Presuntamente se trata de Gloria Liliana, de acuerdo con la secuela de la grabación.

La difusión de este video se basa en el interés público de conocer la verdad.

A su alrededor están empleados de la empresa de seguridad CAMSA, contratada por el INM, así como dos funcionarios de Migración y un hombre externo al Instituto que hasta el momento no se ha identificado de manera oficial, pero fuentes consultadas lo reconocen como un tramitador de amparos o “coyote” que ofrece servicios legales a migrantes.

Dos minutos después se oye el bullicio de mujeres que empiezan a salir en fila y se escucha una instrucción: “aquí sentadas, por favor”. Un video desde el exterior del edificio muestra después a las mujeres sentadas en los escalones de la entrada.

Los videos captados por las cámaras de seguridad evidencian que los funcionarios de Migración y los guardias salieron del área que se quemaba dejando atrapados a los migrantes varones. En ningún momento tratan de abrir la puerta de la celda del área de hombres.

Ante un incidente como este se debió accionar inmediatamente una alarma sonora de incendio o marcar al 911 y enseguida evacuar de forma total el edificio, así se indica en el Plan de Contingencias diseñado por el INM.

Minutos antes del incendio, en medio del bullicio de los migrantes encerrados, los agentes celebraban a Gloria Liliana, quien al día siguiente, el 28 de marzo, cumplió años. Al iniciar su turno laboral, a las 20:00 horas, uno de sus compañeros llegó con pastel y refrescos, eso los concentró en una sala contigua a su área de trabajo, enseguida de la celda de las mujeres, a donde iban y venían, de acuerdo con varias fuentes del INM consultadas y las imágenes de los videos revisados durante esta investigación.

El tiempo transcurrió, los migrantes gritaban, corrían, pedían que los dejaran salir y después encendieron las colchonetas. En la celda las llamas crecían y todo se llenaba de humo, de acuerdo con testimonios de sobrevivientes entrevistados.

“Comienzo a correr a una esquina, es como que saltaba, gritaba: ‘¡ayuda!, ¡abran la puerta!’ Y no vi ningún personal de Migración intentando abrirlas tan siquiera, dejándonos ahí encerrados, como si fuéramos criminales”.

Así lo recuerda Brayan F. Q., de El Salvador, uno de los sobrevivientes entrevistado, quien pidió identificarlo sólo con su nombre e iniciales de su apellido. Él sufrió lesiones en un pulmón, en los riñones y quemadura de vías aéreas, y permaneció un mes intubado.

En cuestión de minutos, las colchonetas encendidas, presuntamente por dos migrantes de Venezuela que se encuentran detenidos y bajo proceso judicial, generaron un intenso humo que invadió el espacio.

La mayoría de los extranjeros se refugiaron en el baño, buscaban protegerse bajo el agua de las regaderas e incluso del inodoro. Eso fue insuficiente para evitar la inhalación de los gases que se concentraron en la celda ante la falta de ventilación y el calabozo que en realidad era ese espacio, pues no había salidas de emergencia.

“No pude abrir completamente la ducha por el nervio, la cantidad de personas, como unas 50 personas, entramos en ese baño, no sé, algo así grandísimo, mucha, mucha, muchísima gente, nos respirábamos de frente, gritábamos, y ya el humo y el fuego se iba acercando a cada vez más”, relata Stefan Arango, otro de los sobrevivientes, quien en entrevista narró que despertó cuando estaba dentro de una bolsa térmica en el exterior de la estación, pues lo habían dado por muerto por sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Algunos de los sobrevivientes entrevistados para esta investigación coincidieron en señalar que minutos antes de ocurrir el incendio unos de sus compañeros de celda amagaron a los guardias y a los agentes con prender fuego en el lugar, en protesta por las condiciones en las que se encontraban retenidos, pero les respondieron que ya se habían tardado.

“Recuerdo que un migrante grita que si no los querían, si no les iban a dejar salir, iban a incendiar. Y viene el guardia de Migración, les dice que desde hace rato lo hubieran hecho, que hasta mucho se habían tardado” , narra Brayan F. Q..

Las víctimas y fuentes del INM consultadas que piden no ser identificadas por no tener autorización para hablar sobre el tema, aseguran que los agentes y guardias en el lugar se dirigían hacia los migrantes con insultos y con expresiones racistas, como “¡qué se mueran!”.

“Mayormente hay un insulto, en donde nos decían que qué hacemos en este país, que nadie nos quiere, lárguense de este país, aquí no son bienvenidos” , recuerda Stefan Arango.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, citada en audiencias judiciales públicas del caso, el incendio fue provocado por los migrantes como un medio de protesta por las condiciones en que los tenían retenidos. Los testimonios de dos sobrevivientes revelan que alguien permitió el ingreso de al menos un encendedor a la celda de los varones.

Las víctimas coinciden en señalar que las revisiones físicas, previo al ingreso de los hombres a la celda, las realizaban tanto guardias de CAMSA como oficiales de Migración.

Los hombres extranjeros estaban encerrados bajo llave pese a que en México la migración indocumentada es considerada solo una falta administrativa, no un delito como en Estados Unidos.

¿Dónde estaban las llaves?

Los gritos de auxilio de los hombres se fueron apagando conforme las llamas y el humo crecían en el interior de la celda cerrada bajo llave. De manera oficial el INM atribuyó la muerte de los migrantes a la propagación del incendio provocado y a la pérdida de las llaves del área de alojamiento para los migrantes.

Quince días después de la tragedia, el 11 de abril de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en la conferencia de prensa matutina que la persona que tenía las llaves para abrir la puerta donde se registró el incendio no estaba.

Sin embargo, esta investigación periodística revela que las llaves siempre estuvieron en el edificio. Esto se concluye después de analizar las imágenes de 15 cámaras de seguridad fijas dentro y fuera del centro de migrantes, que monitorean las áreas más importantes del edificio de día y de noche; la entrada, la oficina administrativa, el área de guardia frente a la celda de hombres y la celda misma.

Si bien la mayoría de las imágenes no tienen audio y los detenidos destruyeron las cámaras de vigilancia dentro de la celda poco antes del incendio, una de ellas permitió escuchar a una agente de migración decir que a “ellos no les vamos abrir”.

De acuerdo con las imágenes analizadas, en el transcurso del día se puede ver tanto a los agentes del INM como a los guardias de seguridad manejar las llaves para abrir y cerrar la puerta de la celda y la puerta de madera con la puerta metálica que estaba al lado de la habitación y conduce al estacionamiento del edificio.

Se observa que entran y salen para ingresar a los migrantes detenidos durante el operativo de las autoridades y para dar acceso al personal.

Unos minutos antes del incendio, a las 20:58 horas, se observa cuando la guardia de seguridad cierra la puerta de madera que daba al exterior y de inmediato la entrega a la agente de migración a cargo que se encontraba en la oficina administrativa. La llave fue vista ahí por última vez en el escritorio de la funcionaria hasta que el humo bloquea las cámaras.

Mientras que la llave de la celda de los hombres fue vista por última vez apenas un minuto antes de que se desatara el incendio, cuando un guardia de seguridad se la entrega a su otro compañero y este la guarda en el bolsillo.

“La puerta ellos la manejaban, ellos abrían y cerraban. Yo creo que Migración sí usa las llaves para abrir y cerrar”, dice Stefan, quien reclama porque los mantenían encerrados cuando no estaban privados de la libertad y no son delincuentes.

Por ello, se pregunta por qué cuando comenzó el incendio y pedían auxilio ni siquiera intentaron abrir la puerta y los dejaron encerrados.

“Cuando todo comenzó yo me acerqué a la puerta y le dije: ‘¡ayúdenos hermanos, por favor, no nos dejen acá!’ Y nos dijeron: ‘suerte, güey’, y se fueron”, agrega Stefan Arango al recordar, en entrevista, su diálogo con uno de los guardias de seguridad.

Por el contrario, el supervisor de la empresa de seguridad aseguró que hicieron todo lo posible para poder salvaguardar la vida de las personas. En su testimonio ante las autoridades narró que así se lo hizo saber a Salvador G. G., jefe de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua, cuando este lo cuestionó por qué no rompieron la cerradura. Las imágenes de las cámaras evidencian que no intentaron abrir la celda de los hombres.

De acuerdo con la declaración de Salvador G. G., las puertas de las áreas de resguardo de los extranjeros debían estar cerradas con candado por protocolo de seguridad y las llaves “las tienen o deben saber en donde se encuentran los responsables de turno del INM” , se revela en la carpeta de investigación.

Los documentos oficiales revisados exhiben que ese día estaban como agentes responsables del turno Rodolfo C. de la T. y Gloria Liliana R. G.

Sin embargo, Rodolfo declaró ante el juez que esa noche salió de la estación migratoria aproximadamente a las 20:30 horas para trasladar a un albergue a dos menores de edad originarios de El Salvador.

Cuando el humo había invadido todo el edificio y las mujeres y el personal habían sido evacuados, la llave de la puerta exterior fue recuperada de un escritorio por un guardia de seguridad, y pasó por varias manos sin que nadie fuera capaz de abrirla.

Accesos bloqueados

Los primeros bomberos llegaron a las 21:42 horas. Catorce minutos después de que el incendio es visible en las imágenes. Se toparon con un edificio lleno de humo tóxico y sin ventilación, por lo que les tomó otros 13 minutos entrar hasta la celda.

Al tratar de ingresar al edificio, los elementos de bomberos se percatan que había una doble puerta, una de madera y otra metálica.

Además, en el área del dormitorio de hombres había dos puertas de rejas metálicas, una de ellas se encontraba soldada y la otra cerrada y asegurada con candado, se indica en el informe de las actividades realizadas por el personal operativo de bomberos.

“Accesamos al inmueble y comenzamos a rastrear porque debido a la densidad del humo no se tiene visibilidad, y aún con la ayuda de la lámpara, la distancia para ver es muy corta, por lo que vamos agachados y con manos y pies vamos identificando objetos o lo que encontramos a nuestro paso y fue así que encontramos una reja” , de acuerdo con la declaración del bombero B.O. citada en la audiencia del 17 de abril en la causa penal 235/2023.

Uno de los primeros bomberos en ingresar a la estancia rescató el cuerpo de una de las víctimas a las 22:04 horas. Fue la primera, luego fueron sacando a otras más y las acomodaron en el piso del estacionamiento.

Debido a lo denso del humo y el calor acumulado en la celda de hombres, los bomberos abrieron un agujero en un muro del edificio que está al lado contrario de la puerta principal de la estación migratoria. Al estar en el interior, los bomberos se toparon con una reja metálica cerrada con candado y tumbaron el cerrojo.

Cuando ya habían realizado esa maniobra, un oficial de Migración le entregó a uno de los bomberos una llave.

“En ese momento, al estar abriendo el candado de la puerta, llega mi compañero M.O., y dijo que un guardia se las había entregado, a lo cual, para ese tiempo, ya habíamos abierto la reja forzando la aldaba” , declaró el bombero R.D.F.H. Su explicación fue citada en una audiencia pública realizada el 17 de abril de 2023.

“Ingresamos cuatro personas haciendo búsqueda y rescate. Topamos con una puerta, pero se encontraba con candado y salí por herramienta especial para abrir candados, al momento de regresar una persona con vestimenta de camisa blanca y pantalón caqui sin recordar rostro o alguna seña particular de la persona me entregó unas llaves. De inmediato regresé al lugar, pero mis compañeros ya habían roto el candado” , dijo el bombero M.E.O.C. Ese dato fue citado en la misma diligencia.

Cuando los rescatistas llegaron al lugar, la mayoría de las víctimas ya estaban acomodadas sobre el asfalto del estacionamiento del INM, ahí hicieron una evaluación rápida de las personas que presentaban signos vitales para empezar a trasladarlas a los hospitales.

Veintinueve migrantes fueron llevados a diferentes hospitales, dos de ellos murieron cuando recibían la asistencia. Otros 38 fueron sacados sin signos vitales y colocados dentro de bolsas térmicas sobre el aparcamiento.

“Fue una escena impresionante, al final de cuentas son muchas unidades, muchas personas trabajando en el lugar y sobre todo lo más impactante, que veías que sacaban una persona y otra persona y otra persona… parecía una película que no podía terminar” , dice Adrián Fernando Meléndez de la Torre, coordinador del área de Socorro de la Cruz Roja Mexicana de Ciudad Juárez, en entrevista.

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Una estancia en malas condiciones

Localizado a unos metros de Estados Unidos, el edificio que alberga las instalaciones de la estación migratoria del INM operaba desde hace 28 años en condiciones de riesgo que ya habían sido documentadas y denunciadas.

Datos proporcionados por el Instituto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indican que la Estancia Provisional “B” del INM empezó funciones en 1995, en el edificio que se localiza a un lado del puente internacional Reforma, conocido como Lerdo.

De acuerdo con datos oficiales, hasta el 2019 se reportaba una capacidad de alojamiento de 60 personas en la estancia. Sin embargo, para el 8 de julio de 2022, en un oficio del INM, se informó que la capacidad era mayor, de 80 hombres y 25 mujeres, en total 105 personas, aunque el total varía en otro informe que señala una capacidad de 110 personas y los datos contrastan aún más con la realidad.

“La autoridad entrevistada (del INM) refirió que contaba con una capacidad para alojar a 110 personas, con 85 lugares para hombres y 25 para mujeres; sin embargo, se pudo apreciar que la Estación contaba únicamente con 6 literas en el dormitorio de mujeres, mientras que en el dormitorio de hombres debían dormir en colchonetas colocadas sobre el suelo, puesto que carecían de literas o planchas”, documenta la CNDH.

En el informe publicado en abril de 2023, después de realizar visitas a las estancias y estaciones migratorias del norte de México entre enero y febrero de ese año que ocurrió el incendio en la de Ciudad Juárez, dice: “Al momento de la visita se constató que se encontraban 17 mujeres detenidas y que algunas de ellas tenían que compartir la misma cama”.

El Diagnóstico del Instituto Nacional de Migración elaborado por el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) en 2013, investigación coordinada por Sonja Wolf, registra que el edificio de la estación tiene un tamaño de 1 mil 405.31 metros cuadrados, que se encuentra en el mismo predio de la subdelegación federal.

Desde entonces y hasta el 2023, como se advirtió en el mismo informe, los dormitorios eran celdas estilo carcelario en su forma y reglas de operación, al estar cerrados bajo llave y con rejas, lo que representaba una amenaza para los migrantes.

“Había una puerta de emergencia de este lado, pero estaba cerrada con un candado. No había una manera de poderla abrir. Y si había ventanas estaban hasta arriba” , recuerda Brayan F.Q..

Otro, Brayan Orlando R.F., originario de Honduras, describe que las ventanas eran como de unos 40 centímetros de largo por lo mismo de ancho, pero estaban selladas y no había ventilación.

Por ello es que el edificio se convirtió en una trampa mortal para los migrantes que estaban detenidos la noche del 27 de marzo y no solo no pudieron escapar, sino que carecían de ventilación cuando ardieron las colchonetas.

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Extintores obstruidos, ninguno en la celda del incendio

Al momento del incendio, cinco extintores estaban en el edificio migratorio pero ninguno de ellos estaba en el área de la celda destinada para hombres. Además, tres de los extintores estaban en áreas distintas a las señalizadas con letreros, obstruidos por archiveros, expedientes y mochilas, de acuerdo con documentos oficiales.

El aparato más cercano al punto donde inició el fuego debía estar a unos 10 metros de distancia, en un pasillo de un área administrativa. Sin embargo, en ese lugar solo se encontró un gancho y el dibujo de un extintor.

A unos dos minutos de que se visibilizan las llamas en el video, se ve a un agente del INM que busca un extintor. En el video revisado se observa que en su trayecto por el área administrativa del Instituto el agente pasa por uno de los artefactos, pero al parecer no lo vio porque siguió su camino.

Otra señalética de extintor estaba en las oficinas ubicadas frente al área de vigilancia de la celda de los hombres, pero el lugar también estaba vacío. Un letrero más se localizó en una oficina cercana al área de internamiento para mujeres, sí contaba con el aparato. Presuntamente no se usó.

El agente recorrió 60 metros en ir y venir, a través de los pasillos, hasta el módulo de registro para traer un extinguidor. Tardó 50 segundos.

Tras ver las llamas “… yo intenté abrir la puerta de madera (de la celda de hombres que da al exterior). Pero no tenía conocimiento de cómo se abría o cuáles son los candados con los que cuenta. Al no poder abrir la puerta, me dirigí a buscar extintores. Encontrando uno en el área Garita Reforma, le quité el sello de seguridad y me dirigí hacia el área a tratar de sofocar el fuego, no teniendo éxito ya que se terminó el extintor” , declaró el agente ante el Ministerio Público de la Federación. Su narración fue citada en las audiencias públicas que se realizaron el 4 y 17 de abril del 2023 como parte de las causas penales 216/2023 y 235/2023.

A las 21:31 horas se observa en el video al mismo agente del INM caminando hacia el fuego con un extintor en la mano; 41 segundos después se coloca frente al área que estaba quemándose, frente a los barrotes donde algunos de los extranjeros habían colocado colchonetas para impedir la visibilidad, y 20 segundos más tarde sale de esa área con el extintor en la mano. Regresó al área administrativa y colocó el extintor debajo de una silla, se observa.

Sobrevivientes coinciden en señalar que en la celda varonil no había extintores.

En el video captado por las cámaras se observa que a las 21:29 entraron los funcionarios y guardias, observaron el fuego y antes de que transcurrieran dos minutos salieron del área; únicamente un agente migratorio regresó con un extintor pero este fue insuficiente.

“Lo que logré ver es que solo estuvieron ahí, si no mal recuerdo, unos 30 segundos o un minuto y no logré ver qué hicieran por abrir la reja”, dijo Brayan Orlando R.F., un sobreviviente de 27 años.

Él sufrió quemaduras en sus vías respiratorias y en el 20 por ciento de su cuerpo, por lo que fue mantenido dos meses intubado en un hospital. El incidente le dejó además como secuela una lesión del plexo braquial –es decir, en la red de nervios que va desde el hombro a la extremidad de la mano– que le impiden la movilidad de su brazo derecho.

Es difícil establecer el rumbo y el uso de los extintores en el área contigua al punto donde se registró el incendio, debido a que el humo oscureció la visión de las cámaras.

Sin embargo, se pudo establecer que había cinco extintores en el edificio del INM y que otros 4 fueron llevados por elementos de la Guardia Nacional destacamentados en el puente internacional Reforma, contiguo al edificio del INM, así como por personas civiles, de acuerdo con documentos oficiales.

Un dictamen en materia de seguridad industrial, dado a conocer en audiencias judiciales públicas, documenta que en la estación migratoria había cuatro extintores. Tres de ellos estaban bloqueados (dos de estos estaban en condiciones de uso y otro inservible); el cuarto extintor presentó indicios de haber sido usado.

La cantidad contrasta con el número de los artefactos visibles en el video analizado para esta investigación.

En su declaración ante el Ministerio Público, difundida en audiencia judicial, Omar I. P. M., jefe de los guardias de seguridad de CAMSA, dijo que al percatarse del incendio corrió a buscar un extintor, pero “no encontró ninguno hasta el área de recepción”.

Siete detectores de humo, ninguno funcionó

Aunque el área de los hombres no tenía extintores, sí contaba con un detector de humo, con el que sumaban siete los artefactos de este tipo instalados en todo el edificio del Instituto, pero la noche del incendio todos estaban fuera de funcionamiento. Seis no tenían baterías y el otro estaba fuera de servicio por causas desconocidas.

De acuerdo con informes y documentos de peritaje obtenidos durante esta investigación, en el área de cocina del INM había un detector de humo, pero sin las pilas.

Otro detector de humos estaba en los baños para hombres y uno más en el baño para mujeres, ambos también sin pila; en una bodega se halló otro detector con batería, pero al hacerse una prueba no funcionó, aunque sí tenía pilas, se asienta en los documentos.

En el “área de mochilas y pertenencias exclusivamente de menores”, en las oficinas administrativas y en un consultorio médico estaban otros detectores de humo, también sin batería.

Un calabozo como alojamiento

El día que ocurrió la tragedia, sobrevivientes entrevistados dicen que durante la mañana todo transcurrió de manera “normal” en el dormitorio de los hombres, lugar que describen como “una cárcel”, “pésimo”, “sucio”, con baños sin privacidad y con muy poco flujo de agua en las regaderas.

Narran que estaban “en paz” , aunque desde temprano tenían sed y no les daban agua. Aseguran que en el lugar había entre 50 y 70 personas, cantidad que se disparó al doble poco después del mediodía, cuando ingresó un grupo con otros 50 o más hombres.

“La cosa como que ya se fue complicando un poco, porque llega un cierto grupo de migrantes sudamericanos, al cual los de Migración y los guardias que estaban ahí no podían cómo controlarlos, hacían su desorden y todo”, dice Brayan F.Q..

Uno de los guardias de seguridad declaró ante las autoridades que el grupo de migrantes venía procedente de un operativo que realizó el propio INM y que al llegar a la estación los traían cinchados de manos, con un cinto plástico que usaron como esposas, que les quitaron al ingresar.

El guardia agregó que durante el ingreso de los migrantes se dio cuenta que uno traía algo en la mano y se negó a mostrar el objeto, por lo que forcejearon hasta que se lo quitó y era un encendedor. Este incidente lo reportó al jefe en turno en Migración y a su supervisor.

Esa tarde la comida no alcanzó y había molestia entre los migrantes. Los sobrevivientes agregan que ante la tensión que había en el lugar, los agentes del Instituto decidieron “despachar” rápido al grupo que hacía relajo y alegaban porque querían salir, por lo que unas tres o cuatro horas después se los llevaron en camiones.

“Nosotros sentimos tranquilidad en ese momento”, añade Brayan F.Q.. Sin embargo, otros sobrevivientes entrevistados mencionan que por la tarde-noche llegó otro grupo de migrantes, como una docena de hombres, entre quienes había principalmente venezolanos.

“Desde ahí empezó ya el infierno que se empezó a vivir, que vivimos muchos. Llegaron discutiendo con el personal de migración y personal de la Guardia Nacional porque ellos los traían” , dice Brayan Orlando R.F..

Cuentan que lejos de tranquilizarlos y poner orden, el personal de migración -sin especificar si los agentes o los guardias- los instigaban y los provocaban.

“Como que los incitaba más a la violencia diciéndoles que qué hacen en este país, ‘si no les gusta, váyanse a su país’, ‘aquí no tienen porqué venir a chingar’, es la palabra que decía”, menciona Brayan F.Q.

La situación se puso más intensa y asegura que uno de los migrantes gritó que si no los querían y si no los iban a dejar ir, iba a incendiar el lugar. “Y viene el guardia de migración, les dice que desde hace rato lo hubieran hecho, que mucho se habían tardado” , afirma.

Entonces, agrega, todo fue cuestión de segundos.

¿Y la justicia?

Ha pasado casi un año desde el incendio en la estancia migratoria del INM sin que el caso llegue a juicio.

El Gobierno de México, además, mantiene a Francisco Garduño Yáñez como comisionado del INM -cargo de más alto rango en el Instituto- aun cuando está vinculado a proceso acusado por su presunta responsabilidad en la serie de omisiones que provocaron el incendio. Él enfrenta el proceso judicial en libertad y sigue al frente de la contención de migrantes extranjeros en territorio mexicano.

El comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, al salir de los juzgados federales donde fue imputado por la tragedia migrante en Ciudad Juárez, 25 de abril de 2023.

Con él suman ocho los funcionarios del INM acusados por la FGR por la muerte de los migrantes, pero solo seis enfrentan el proceso en prisión. Otras tres personas, dos migrantes originarios de Venezuela y un guardia de seguridad privada, también se encuentran en la cárcel por esta tragedia.

El contralmirante Salvador G.G, quien era el encargado de la Oficina de Representación del Instituto en el estado de Chihuahua, está en prisión por la posible comisión de los delitos de ejercicio ilícito de la función pública, homicidio y lesiones.

Daniel G.Y., representante local Noroeste del INM (subdirector); así como los agentes federales de migración, Rodolfo C. de la T. y Gloria Liliana R. G., encargados de la estación en el horario del incendio, están en prisión acusados por los delitos de homicidio y lesiones en la modalidad de comisión por omisión, es decir, por presuntamente no cumplir como garantes o responsables de la seguridad de quienes se encontraban en la estación migratoria el pasado 27 de marzo. También por no ayudar a las víctimas que estaban encerradas bajo llave.

Eduardo A.M. jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, y Juan Carlos M.C., coordinador de Grupo de Protección a Migrantes Beta del INM en Ciudad Juárez y quien presuntamente era parte de la Unidad Interna de Protección Civil de la estación, están presos acusados de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público.

Edificio del Poder Judicial de la Federación en Ciudad Juárez, donde se han celebrado las audiencias judiciales contra los 11 acusados de la tragedia migrante ocurrida en la estancia migratoria del INM el 27 de marzo de 2023.

Otro de los funcionarios, Antonio Molina Díaz también logró enfrentar el proceso en libertad acusado de ejercicio indebido de servicio público, pero presuntamente está evadido desde mayo del 2023, cuando se le vinculó en el desvío de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, ordenado por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

El guardia de seguridad Alan Omar P.V. es acusado por los delitos de homicidio y lesiones en la modalidad de comisión por omisión.

Jeison D. C.R., uno de los migrantes acusados de esta tragedia, está vinculado al proceso judicial por homicidio y lesiones en comisión por acción, porque presuntamente fue una de las dos personas que inició el fuego en el área de detención varonil. El otro migrante, Carlos Eduardo C.R., fue acusado de homicidio, lesiones y daños. Ambos están detenidos.

Hasta ahora sigue sin estar claro por qué no se abrió la celda de los hombres, quién decidió dejarlos atrapados y porqué se toleraron las omisiones e irregularidades que derivaron en este mortal incendio.

“No hay justicia… La justicia aquí en este país es muy… No hay justicia, la verdad. Cuando es sobre, sobre el Estado, o instituciones sobre el Estado, no hay justicia”.

Así se expresa Brayan Orlando R.F. en una entrevista que dio en Ciudad Juárez a seis meses de la tragedia.

El hombre de 27 años considera que en este caso hay muchas cosas en juego, principalmente personas con poder y mucho dinero, lo que contrasta con la condición de los sobrevivientes y familiares de las víctimas que buscan justicia sin recursos económicos ni apoyos.

Actualmente Brayan es uno de los 22 hombres sobrevivientes del letal incendio que cruzó a Estados Unidos desde Ciudad Juárez, lo logró en septiembre pasado bajo un permiso humanitario temporal. También han entrado a territorio estadounidense siete mujeres que presentan estrés postraumático por el incidente que vivieron en la estación del INM.

Algunos de ellos cruzaron la frontera con sus familiares y aunque las autoridades estadounidenses los dejaron en libertad condicional, aún enfrentan un proceso migratorio que los mantiene en riesgo de deportación a sus países.

“Me gustaría que hubiera justicia, pero creo que va a ser muy difícil que se pueda lograr la justicia” , dice Brayan Orlando R.F., quien aún enfrenta un futuro incierto en Estados Unidos.¿Y los protocolos del INM para emergencias?

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Reportaje

Jaime Bonilla incrementó patrimonio en EU y México mientras fue gobernador en BC

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El político, ahora dirigente del PT, además de una lujosa propiedad en el extranjero, adquirió concesiones de radio y televisión a nivel nacional, mientras la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) rechazó a finales del 2022 y principios del 2023 las cuentas públicas de sus dos años como mandatario estatal.

Por Eduardo Jaramillo Castro

Jaime Bonilla Valdez, ex gobernador de Baja California, fue señalado por la Auditoría Superior del Estado (ASEBC) de 139 irregularidades en el uso de los recursos públicos entre 2019 al 2021, al mismo tiempo en que acrecentó su patrimonio en Estados Unidos y México. 

El político, quien continúa con aspiraciones a un cargo de elección, fue Senador y después mandatario estatal por un lapso de dos años, representando al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el que militó por siete años y debido a conflictos internos, ahora es dirigente del Partido del Trabajo (PT). 

En febrero del 2021 puso a su nombre una propiedad ubicada en el complejo habitacional Meridian Condominiums, con el número 700 de la avenida Front St Unit,  en San Diego, con un costó 900 mil dólares o alrededor de 15 millones 300 mil pesos, cuando aún era gobernador del estado fronterizo.

El departamento está ubicado en la que es considerada la ciudad más cara para vivir en Estados Unidos, de acuerdo con la compañía US News and World Report.

Según la plataforma BeenVerified.com, el departamento está valuado en más de un millón 100 mil dólares, localizado en una zona privilegiada junto con otros edificios lujosos y a menos de dos kilómetros de distancia de la bahía de la ciudad californiana.

Tres semanas después, el 22 de febrero fue puesta a nombre de Rita Fimbres Bonilla, esposa del funcionario, de acuerdo a la concesión de escritura 2021-0136465, del registro público del condado de San Diego.

Respecto a la compra de está propiedad, el ex gobernador respondió que es de su esposa e hijas, que fue adquirida con recursos de ellas, en pagos de “facilidades” y todavía la siguen pagando. 

“Mi esposa no calificaba para la compra, y yo la avale, por eso se hizo así, pero casi fue al mes, mientras ella conseguía un crédito puente, pero como te mencioné, todavía debe parte”, explicó a través de mensajes por WhatsApp.

En el momento de la compra de este lujoso departamento, Bonilla Valdez percibía un salario mensual de 66 mil pesos por su cargo como gobernador, dinero que aseguró era  donado a diferentes asociaciones civiles, de acuerdo a notas informativas en diversos portales de medios de comunicación.

“Si doné mi salario que percibí del gobierno del estado por razones personales, ya que mis empresas me dan para vivir bien”, respondió el actual senador a una serie de preguntas relacionadas con estas propiedades.

Mapa de las ubicaciones de las dos viviendas adquiridas por el exgobernador Jaime Bonilla Valdez/Cortesía

Las omisiones en la declaración patrimonial y de interés público

La última declaración patrimonial del ex gobernador fue realizada en 2019, cuando ejerció el puesto de delegado de Bienestar Social en Baja California.

En el documento, Bonilla Valdéz omitió informar una propiedad en Estados Unidos que tenía antes de ocupar el cargo como gobernador, ubicada en 1145 Mansiones Lane, Chula Vista, California, con código postal 91910, valuada en 2 millones 800 mil dólares o 47.6 millones de pesos, de acuerdo a plataforma BeenVerified.com.

La vivienda ubicada en una zona residencial exclusiva de la ciudad de Chula Vista, está a nombre de Jaime y Rita Bonilla, quienes se la compraron a David y Astrid Keipler el 19 de febrero de 2010, de acuerdo al registro público del Condado San Diego. 

Bonilla Valdez dijo que el inmueble lo construyeron desde 1992 y desde hace varios años es propiedad de su esposa. 

El ahora senador tampoco declaró varias propiedades en México, como un predio en la manzana 10 de la colonia Del Prado, delegación La Mesa; un lote de terreno en el fraccionamiento Costa Hermosa y un terreno de 900 metros cuadrados, ubicado en la colonia Chapultepec, quinta sección. 

Además de omitir una casa localizada en la colonia Libertad y otra más en el fraccionamiento Jardines de Playas de Tijuana. 

Las seis propiedades ubicadas en Tijuana, fueron adquiridas entre 1976 y 1986, de acuerdo con el Registro Público del Comercio y de la Propiedad de Baja California.

Bonilla Valdez respondió que a sus 73 años ha comprado y vendido, que no tiene más propiedades, y argumentó que quizá el problema sea que los nuevos dueños no han registrado las propiedades a su nombre.

“Todos esos terrenos se adquirieron y se vendieron en los 80’s y 90’s,  incluyendo la casa de la Chapultepec, ninguna de esas propiedades son mías. Si observas son transacciones muy antiguas, como te dije, he tenido propiedades y empresas durante toda mi vida”, contestó.

Las declaraciones patrimoniales de interés público deben ser presentadas por los servidores públicos al inició, como al final de su periodo, pero las de Jaime Bonilla no están en la página de Declaranet, ni son públicas en el Portal Nacional de Transparencia (PNT).

En mayo de 2023 el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Baja California (ItaipBC), ordenó a la Secretaría de Honestidad y la Función Pública (SHyFP) del estado, como sujeto obligado, exhibir la versión pública de la declaración patrimonial y de intereses de Jaime Bonilla Valdez.

Hasta el momento, el Estado no ha atendido este fallo, el cual fue requerido tras un recurso de revisión interpuesto por un usuario, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Para no entregar la información solicitada, la SHyFP expuso como argumento que los ordenamientos legales no contemplaban la manera de hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.

La resolución RR/259/2022 del ItaipBC estableció un plazo de cinco días hábiles para que se notificara su cumplimiento, de lo contrario se procedería conforme a los artículos 155 y 157 de la Ley de Transparencia.

El lujoso Edificio Meridian Condominiums, ubicado en el 700 de la avenida Front St Unit de San Diego, donde Jaime Bonilla Valdez adquirió un departamento en el piso 7, valuado en poco más de un millón de dólares. Crédito: Eduardo Jaramillo

Las irregularidades en la administración de Jaime Bonilla

La Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) rechazó a finales del 2022 y principios del 2023, las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020 y 2021 del Poder Ejecutivo, periodo en el que Jaime Bonilla Valdés fungió como gobernador.

La ASEBC solo auditó el 57%  del presupuesto del ejercicio fiscal del 2021 y solo en este recurso, detectó 76 irregularidades.

Una de éstas fue la alteración del presupuesto pactado para la ejecución de obras que habían sido previamente acordadas a un costo; así como la compra y entrega de insumos de apoyo social, de la cual no fue localizada su documentación; tampoco demostraron la entrega de vales de gas a supuestos beneficiarios.

En el caso de los apoyos sociales, en los cuales fueron invertidos 18 millones 696 mil pesos, el Poder Ejecutivo no entregó la evidencia documental que corroborara la supuesta entrega de 15 mil cobertores matrimoniales y 4 mil 200 colchonetas a personas en situación de vulnerabilidad.

Además de 544 computadoras personales tipo chromebook; así como el servicio de suministro de insumos alimenticios para la distribución y preparación de alimentos del programa “Desayunadores Comunitarios”.

La Secretaría de Integración y Bienestar Social implementó el programa “Otorgar Vale de Gas a familias en situación de vulnerabilidad para mejorar su economía”. La ASEBC realizó 100 llamadas telefónicas con el fin de conocer el impacto social en la población del programa, de las cuales el 86% no confirmó recibir el apoyo y solo el 14% sí lo recibió. 

Otro de las observaciones fue la “Construcción del puente vehicular Magisterial, en la carretera escénica Tijuana -Ensenada”, en la que se había contemplado invertir 32 millones 235 mil pesos, según el contrato número C-FINANCIAMIENTO-21-TIJ-29.

Sin embargo, el costo incrementó un 44.48% porque no estaba incluida una base de pilotes necesarios para la construcción de la obra y con la modificación del presupuesto presentado en el concurso de la licitación pública, no fue considerada la mejor opción en el precio, según el reporte de la cuenta pública 2021. 

Jaime Bonilla Valdez, acompañado de su esposa Rita Fimbres, en el año 2019. 
Crédito: Eduardo Jaramillo

Las empresas dueñas legalmente de la cadena de radio y televisión de Bonilla

La empresa de comunicación, conocida comercialmente como Primer Sistema de Noticias (PSN),  dirigida por el ex gobernador, opera bajo el nombre de Media Sports de México S.A. de C.V y Sistema Televisivo de Baja California S.A. de C.V.

Bonilla Valdez no figura en ninguna de las razones sociales como accionista, ni ocupa un cargo administrativo, de acuerdo al Registro Público y de Comercio Federal (SIGER).

Mientras que el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, una persona allegada al ex gobernador, quien lo apoyó en el ascenso de su carrera política y trabajó en PSN, es el socio mayoritario de Sistema Televisivo de Baja California S.A. de C.V., el cual adquirió a la edad de apenas 19 años. 

También está como socio Jesús Rubén Pérez Higuera, mientras que Héctor Guillermo de Isla Puga funge como administrador y aparece relacionado en varias empresas de la familia Bonilla-Fimbres. 

En Media Sports de México S.A. de C.V, los socios mayoritarios son Rita Fimbres Cheno, esposa de Bonilla Valdéz y Leopoldo Valencia Morán.

Como gobernador, adquirió la concesión de radio y una más como Senador en el 2023, a través de Media Sports de México S.A. de C.V. y una televisora en el 2022.

Grupo Radiodigital Siglo XXI S.A. de C.V cedió a Media Sports de México S.A. de C.V la frecuencia de 1270 KHZ de la estación XEAZ AM, el 7 de julio de 2021, según el Registro público de telecomunicaciones. 

El 29 de julio del 2022, como Senador, compró la cesión de derechos de canal 45 por parte de Mario Enrique Mayans Concha, de acuerdo con la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Edificio del condado de San Diego, California, donde se encuentra el registro público de propiedad. Crédito: Eduardo Jaramillo

Las aspiraciones políticas de Jaime Bonilla

Jaime Bonilla Valdez arrancó su campaña política para reelegirse como senador por el Partido del Trabajo, el pasado primero de marzo.

Esto, aún cuando él, junto con seis funcionarios de su gabinete enfrentan una demanda por los presuntos delitos de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, falsedad y peculado, relacionado con la construcción de la planta fotovoltaica.

Ante esto, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda ha manifestado que solicitará al Congreso de la Unión el desafuero del senador para que comparezca ante las autoridades por este caso y otras irregularidades.

“Sí es procedente la solicitud de desafuero para ser juzgado penalmente por los delitos relacionados con la planta fotovoltaica, de hecho esta es una ruta que estamos analizando con la Fiscalía General del Estado (FGE)”, comentó Juan José Pons Mendez, consejero jurídico del estado.

La planta fotovoltaica suministraría de energía al acueducto Río Colorado, el mayor consumidor de electricidad en el estado, sin embargo nunca tuvo los permisos federales para su construcción, que estaría a cargo de la empresa Next Energy. 

Bonilla Valdez también podría ser llamado a declarar ante la Fiscalía General del Estado por el asesianto de la periodista Lourdes Maldonado ocurrido el 23 de enero del 2022, cuando ya había dejado el cargo como gobernador, pero sostenía un pleito legal con la comunicadora, quien demandaba una indemnización por trabajar y ser despedida tras varios años en la empresa PSN, de la cual es director y propietario.

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Reportaje

Espejos sin reflejo: los desaparecidos en Tecate

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La presente investigación es uno de los trabajos finales de la materia Reportaje periodístico de la Facultad de Artes UABC, realizado por el alumno André Galvez de la Rivera.

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