Reportaje
Quitan terreno al Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte

La construcción del Nuevo Hospital General de Especialidades de Sonora (NHGE) quitó al Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte más de la mitad de la propiedad, dejándolo sin áreas de esparcimiento, con reducción de pabellones, menos cupo para pacientes y limitaciones en los programas, alterando, según expertos, la rehabilitación de los enfermos mentales
Por Ericka Llaguno e Ismael Meza / Libera Radio
*Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers
En el verano de 2017, el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte, en Sonora, perdió más de la mitad de su terreno por la construcción del Nuevo Hospital General de Especialidades (NHGE). Se dividió el terreno desalojando y demoliendo pabellones y, a pesar de que se construyeron otros para sustituirlos, se perdió capacidad y espacio.
Esta reducción dejó a los pacientes sin áreas al aire libre donde pudieran tener actividades físicas y de esparcimiento. El Hospital Psiquiátrico atiende a pacientes con cuadros de enfermedades mentales como psicosis, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión y adicciones.
Los doctores expertos consultados para esta investigación explican que la falta de una terapia recreativa retrasa el proceso de recuperación y la privación de contacto con el medio externo hizo más lento el progreso en los pacientes, pues perdieron individualidad y un sitio donde hacer actividades que les brindaban sensación de bienestar.
Además, el “Hospital de Día”, una sala que brindaba servicio de estancia y terapia a unos 12 pacientes diariamente, fue afectado con la construcción del NHGE. El programa se siguió brindando en espacios improvisados y terminó por desaparecer en 2020, durante la pandemia.
El psiquiátrico tiene un presupuesto anual de 560 mil pesos para gastos operativos y recibe financiamiento de las secretarías de Salud Estatal y Federal para otros servicios, sueldos y medicinas. Los cuidados médicos prestados por el sanatorio generan en cuotas, internamientos y consultas hasta 10 millones de pesos anuales, pero, de acuerdo con todos los médicos entrevistados, esos recursos terminan en una cuenta concentradora y no se reinvierten en su totalidad en el hospital.
Este equipo de investigación encontró que el sanatorio está trabajando pese a varias carencias en alimentación, ropa hospitalaria, clima artificial, equipos de cómputo, medicamentos y hasta de personal médico.
Por su parte, la Dirección de Salud Mental y Adicciones, de quien depende el Hospital Psiquiátrico, tiene contratos con empresas privadas para la alimentación, limpieza, basura común, residuos peligrosos y vigilancia. Casi todos ellos ostentan montos de cientos de miles de pesos, pero, según nuestras fuentes, los servicios son limitados e irregulares.
Hace dos años, el sanatorio fue incluido en el Programa Anual de Acreditación 2019 de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud federal, pero los médicos entrevistados afirman que llevaron camas para la foto, retirándolas inmediatamente después; que está pintado y adornado por fuera, pero que por dentro está en el abandono.
Hasta el momento, ni la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ni el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) de Sonora han publicado alguna observación sobre el centro y la aplicación de su presupuesto.
“Llegaron a lo mexicano, a tumbar pabellones”
En la historia del Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte hay un suceso que se repite como deja vú. Un día cualquiera un funcionario decide utilizar parte de su terreno para otros fines y mutila su organismo.
Ocurrió en 1993, cuando se dividió el área para levantar el colegio privado “Vanguardia” y ocurrió otra vez en el 2017. En el verano de ese año, el Gobierno del estado decidió que la ubicación para la construcción del NHGE serían los terrenos del Hospital Cruz del Norte.
En un principio, el NHGE se construiría cerca del Estadio Sonora, fuera del casco urbano de Hermosillo, pero decidieron hacerlo en los terrenos del Hospital Psiquiátrico. Con ello no sólo cercenaron sus instalaciones, sino que la habitual falta de recursos se acentuó considerablemente.
“No avisaron a nadie, llegaron a lo mexicano, a tumbar pabellones y a dividir el terreno”, dice el psiquiatra Jesús Adrián Duarte Moller, quien en ese momento fungía como director del hospital.
“Los cortes de terreno eran súbitos, un día llegabas y ya no estaban”, confirma en grabación un médico en activo del sanatorio, a quien por motivos de seguridad nombraremos Esteban.
Ante esto, el titular de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones (DSM), el psiquiatra Juan Manuel Tong Payán asegura en entrevista que hubo los avisos correspondientes: “Todo se hizo a través de oficios”. Tong Payán nos recibe con cordialidad en su oficina semi vacía, a unos días de dejarla por el cambio de gobierno.
Para los psiquiatras entrevistados la percepción es que el NHGE “se tragó” al Cruz del Norte. En realidad, el área despojada fue del 70 por ciento. El hospital actual y sus accesos ocupan 6.5 hectáreas de las 9.1 originales, es decir, se demolieron tres pabellones, se perdieron las canchas deportivas y un gran terreno donde alguna vez hubo labores de siembra y pozos de agua.
Lo que para el Director de Salud Mental era un terreno que no se usaba para nada, a decir de los médicos interrogados en realidad significaba un área con la que contaban los pacientes para su rehabilitación.
“Al paciente psiquiátrico le hace falta espacio, le hace falta jugar. La terapia recreativa es increíblemente buena”, dice el doctor Duarte Moller, con 45 años de experiencia en el Hospital y dos veces director del mismo, la segunda ocasión hasta enero del 2021. Y agrega, “nos dejaron un pedacito muy chiquito, estábamos como en un campo de concentración”.
Pérdida de terreno del Hospital Cruz del Norte. En 2001 eran 16.7 hectáreas. Con los sucesivos cortes, actualmente le quedan 2.5 hectáreas. Imágen: Libera Radio.
“El aislamiento del medio externo hace que se retrase la evolución del paciente. Es como una persona encarcelada, cuando sale no sabe ni qué hacer, pierde contacto con el exterior. Puede aplicar el Síndrome de la privacidad sensorial, la falta de contacto profundiza el trastorno. Los mismos médicos veían que sus pacientes no evolucionaban”, refiere Duarte Moller.
Esto coincide con lo expresado por el doctor Esteban, quien comenta que el cambio fue un “impacto tremendo” para los pacientes, pues se sienten todavía más encerrados. “Si un paciente puede durar de 30 a 90 días en un ingreso, y con la pandemia no se permiten visitas, el paciente se siente recluido”.
Explica que esta afectación puede llevar a que el tratamiento sea menos efectivo, incluso “a recaídas, vienen cambios en su conducta, en sus emociones. Imagínate que entras con un síndrome depresivo con ideas suicidas, y que estés encerrado en una sala donde no puedes hacer llamadas telefónicas ni salir, sin visitas, ¿cómo te sentirías? Claro que repercute”, insiste Esteban.
Otro médico al que llamaremos Alfredo, quien también accedió a platicar a cambio del anonimato, asegura que, antes, los pacientes se sentían útiles realizando actividades que les daban sensación de bienestar. Ahora, dice, “es muy distinto estar en una sala sin nada que hacer, sin que te dé el sol, sin oportunidad de salir, ejercitarte un poco, respirar, sentir el aire”. Comenta que, en las nuevas salas, el espacio que tienen es mínimo, perdieron individualidad y sus condiciones son frustrantes.
Los que perdieron su entorno fueron los enfermos crónicos, de acuerdo con el doctor Esteban, estos son quienes viven de manera indefinida en el hospital —algunos por el abandono de su familia—. Al desaparecer su pabellón, fueron separados y repartidos entre hombres y mujeres.
Estos nuevos edificios fueron construidos con paneles de lámina desmontables y estructura metálica, lo que facilitaría su derribo en un momento dado. Estas y otras obras exteriores costaron un total de 19.8 millones de pesos, de acuerdo con el portal Tu Obra, del Gobierno del estado.
“El centro salió ganando”, argumenta el ex director de Salud Mental Tong Payán. Desde su perspectiva no se perdió nada en la operatividad del hospital, pues sigue teniendo las tres salas y se remodeló la consulta externa. Además, dice que se amplió una sala de urgencias que ahora cuenta con cuatro camas con la tecnología más novedosa. Sin embargo, Libera Radio tuvo acceso a ese lugar y pudo constatar que sólo hay tres camas y no hay tecnología.
Otro de los programas importantes y que fue afectado es el “Hospital de Día”. En este se ofrecía tratamiento para personas que difícilmente lograrán una recuperación completa. Ahí los enfermos tenían la opción de pasar el día en el hospital, con terapias y medicación y regresar a dormir a sus hogares.
Con los cortes y demoliciones, el programa ya no tuvo lugar adecuado para atender a estos pacientes. La llegada de la pandemia terminó por desaparecer el programa en los hechos. Para suplir lo perdido, se mandaron remodelar las antiguas oficinas de la Dirección de Salud Mental.
El doctor Tong asegura que este programa está en funcionamiento, con instalaciones modernas donde se puede hacer deporte, aprender guitarra, cocina, etc. Pero el ex director se contradice al momento de mostrarnos un video con el avance de la remodelación, pues el edificio aún no se inaugura y los pacientes sólo están yendo por su medicamento y regresan a sus casas.
El nuevo estado de cosas ha sido resentido por médicos y residentes, asegura el doctor Duarte Moller: “Hay una sensación de pérdida, de desánimo. Cuando iniciaron las demoliciones hubo un ambiente de ansiedad, de no saber qué va a suceder”.
La barda que para las autoridades significó seguridad y cuidado a la integridad física, en los pacientes y personal generó incertidumbre: en el que fue considerado el mejor hospital psiquiátrico del noroeste del país, ahora todo es nostalgia y carencias.
En algunos no se había perdido la esperanza de que todo volviera a ser como una vez fue —con ganado, cultivos y talleres de oficios—, pero la construcción del NHGE acabó por completo con esa posibilidad.
La barda blanca que divide al hospital psiquiátrico del Nuevo Hospital General de Especialidades, evidencia el cercenamiento de gran parte de lo que fue el terreno de recreación y Antiguo pabellón de pacientes, Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte. Fotos: tomadas del video / Libera Radio
La Historia
A inicios de los 60, la Dirección General de Neurología, Salud Mental y Rehabilitación del gobierno federal inició la descentralización de los servicios de psiquiatría. Cuando se cerró el manicomio La Castañeda, se abrieron dos grandes hospitales, la Cruz del Sur, en Oaxaca, y la Cruz del Norte, en Hermosillo.
El Hospital Campestre Cruz del Norte se planeó originalmente como un hospital granja, donde los pacientes pudieran sembrar frutos y hortalizas, criar ganado, aprender y ejercer algunos oficios como zapatería y panadería, todo esto como un sistema de rehabilitación psiquiátrico que ha caído en desuso.
En 1964, cuando se inauguró, el hospital y su vasto terreno se encontraban en las afueras de la ciudad. Con el paso del tiempo eso ha cambiado, pero no sólo eso. De tener quirófano, sala de rayos X, laboratorio y cuatro pabellones para 200 pacientes, hoy quedan tres pabellones para 80 pacientes. De todo lo demás, incluido el terreno, queda la nostalgia de lo que fue y el deterioro de lo que hay.
En junio de 2001, el Gobierno del Estado donó a Servicios de Salud de Sonora un terreno de 9.1 hectáreas al poniente de Hermosillo. Eran los terrenos y los pabellones del Hospital Psiquiátrico, las oficinas de la Dirección de Salud Mental (DSM), canchas de basquetbol y un gran “lote baldío” que, sin ser ya una granja, representaba aún la posibilidad de recreación para los pacientes.
Hoy, el hospital cuenta con ocho consultorios, alrededor de 55 pacientes entre internados temporales y crónicos, y realiza un promedio de mil consultas externas al mes. Tiene nueve psiquiatras y 14 médicos residentes, cuerpo de enfermería, médicos generales y personal de trabajo social.
En agosto de 2021, una persona internada le costaba al hospital aproximadamente mil 935 pesos diarios —dato proporcionado por la DSM—, lo que supondría un costo anual total de 39 millones de pesos, sólo por internamientos.
Aspecto del Hospital General en su primera etapa, en el año 69.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que hasta el 17% de las personas en México presentan al menos un trastorno mental y una de cada cuatro lo padecerá por lo menos una vez en su vida. Desde hace algunos años, la OMS vaticinaba que la depresión sería la segunda causa de discapacidad en México, pronóstico que se cumplió. Sin embargo, sólo una de cada cinco personas con enfermedad mental busca y recibe tratamiento médico.
Según un reportaje del medio digital Animal Político, del total del presupuesto anual en el sector salud, la salud mental recibe apenas el 2%, cuando lo recomendable está entre el 5% y el 10%.
Por su parte, el ex director de Salud Mental asegura que en Sonora existen 3.3 psiquiatras por cada 100 mil habitantes, lejos de la recomendación de la OMS que ronda los nueve. En resumen, tenemos pocos especialistas y mal distribuidos, el recurso público es limitado, mientras los padecimientos siguen en aumento.
Peor que con Padrés
Igual que con el terreno, al psiquiátrico se le fueron reduciendo paulatinamente el presupuesto y las fuentes de financiamiento conforme pasaron los años. Al indagar cómo afectó la pérdida de terreno en la salud de los pacientes, nos encontramos con que el olvido y el despojo han sido históricos, realidad que se manifiesta también en una manera de administrar los recursos que rara vez lo beneficia.
“Ya en tiempos de (Guillermo) Padrés las camas se hicieron pedazos, era una tristeza ver a los pacientes dormir sobre los resortes”, dice el doctor Duarte Moller. La limitación de recursos empeoró con Claudia Pavlovich, al grado de que los pacientes han tenido un sólo uniforme.
El doctor Alfredo asegura que, al no haber toallas, hubo un tiempo en el que se secaban con el uniforme sucio. Aún más, el hospital no provee ropa interior nueva, y quien no tiene un familiar pendiente de sus necesidades se ve obligado a utilizar ropa interior usada procedente de donaciones.
Todos los entrevistados, incluido el ex director de Salud Mental de Sonora, coinciden en que el hospital necesita más psiquiatras. Sin embargo, algunas de estas plazas son ocupadas por médicos generales. La Norma Técnica Mexicana NOM-025-SSA2-2014 indica en su Artículo 5.3 que el prestador de servicio de atención médica psiquiátrica de tercer nivel debe tener los recursos humanos suficientes en número y capacidad técnica.
“Psiquiatras piratas”, dice el doctor Duarte. Ante esto el ex director de Salud Mental asegura que no se hacen pasar por especialistas, sino que son médicos con los conocimientos adquiridos pero que no firman como psiquiatras.
La realidad es que no hay psiquiatras en el turno vespertino. Los fines de semana cuentan con solo uno y la consulta externa con tres, los demás son residentes de primero a cuarto año, quienes al culminar sus estudios se van a otros centros de trabajo donde les pagan mejor.
Para el doctor Manuel Santillana Macedo, especialista en salud pública y profesor en la Coordinación de Enseñanza e Investigación del Hospital (residencias), al psiquiátrico “se le dejó caer igual que al 80% de los hospitales mexicanos. Hubo una política perversa de dejar caer el sistema de salud para privatizarlo”.
Santillana asegura que uno de los mayores problemas de los hospitales públicos es la burocracia, pues no se maneja dinero en efectivo para supuestamente evitar la corrupción, pero si se funde un foco, por ejemplo, el proceso para que se reemplace puede tardar semanas.
Los mismos 500 mil pesos , y otro poco a cuentagotas
Mientras que para la construcción del NHGE se han destinado hasta ahora más de mil millones de pesos, sin contar con el equipamiento, el Hospital Cruz del Norte sobrevive con un austero presupuesto para gastos operativos y, como veremos, cuenta con contratos especiales que son cubiertos directamente por Servicios de Salud, al igual que los sueldos del personal (algunos perciben pago federal).
Los medicamentos son suministrados por el INSABI, aunque el gobierno estatal ha tenido que comprarlos por su cuenta ante el rezago en el abastecimiento.
Desde hace tiempo, al hospital psiquiátrico se le ha congelado el presupuesto para gastos operativos en un monto de 560 mil 917 pesos anuales. Este no es definitivo, pues a través de “modificatorios”, la Dirección General Administrativa (DGA) permite una ampliación en los recursos, aunque estos difícilmente alcanzan para cubrir sus necesidades. Este año, por ejemplo, la suma ha llegado a un millón 190 mil pesos.
Desde la perspectiva del doctor Tong, si la situación fuera realmente grave, “en lugar de recibir mensajes de felicitaciones se tendrían paros de labores”. Según él, hay carencias, pero se tiene lo suficiente para trabajar. Al menos cuatro de nuestras fuentes indican que el personal no se manifiesta por miedo a represalias.
Mientras tanto, la mitad de los consultorios no cuenta con aire acondicionado y la refrigeración central no se da abasto pues, además de obsoleto, el equipo no tiene el servicio adecuado. En temporada de verano, cuando en Hermosillo la sensación térmica alcanza una temperatura de más de 50 grados, las consultas pueden resultar un martirio: “Hace más calor adentro”, dice el doctor Alfredo.
Testimonios grabados por Libera Radio revelaron que, ante la inminente llegada de nuevos médicos residentes, sus compañeros tuvieron que aportar para la compra de un pequeño equipo de aire acondicionado (mini split) que cubriera el cuarto de descanso.
Las peticiones para obtener el equipo que se hicieron por la vía institucional fueron recibidas, pero nada más.
El carro de urgencias médicas, conocido como carro rojo, que debe tener los aditamentos, equipo y medicinas necesarias para atender cualquier eventualidad con los pacientes, está vacío, empolvado y con visibles telarañas.
Respuesta a la solicitud de información sobre los subcontratos del Hospital. Respuestas escuetas y ambiguas. Fuente: Libera Radio.
Por ley, cuando hay necesidad de hospitalización psiquiátrica las instituciones de salud pública que no cuentan con este servicio remiten sus pacientes a donde puedan ser tratados. Es un sistema de subrogación mediante el cual se atiende a pacientes del IMSS, ISSSTE, Hospital Militar, etc.
De acuerdo con los datos obtenidos, de 2015 a 2020 la subrogación generó 50.4 millones de pesos (mdp) para el Hospital Spiquiátrico, sólo por pacientes del IMSS y del ISSSTE, lo que significa un promedio de 8.4 mdp por año. También se obtuvieron 2.5 mdp anuales por cuotas de consulta externa.
Pero el hospital no tiene acceso a esos recursos, sino que, en conformidad con la ley, el dinero se va a una cuenta “concentradora” en la que se integra lo recaudado por varios servicios públicos (Centros de Salud, DIF, COESPRISSON, etc.).
Hubo un tiempo en que se invertía directamente, “pero eso terminó hace por lo menos 30 años”, dice el doctor Duarte Moller.
De lo generado, “hasta un 50% se podría devolver a Salud Mental, pero esas son decisiones que se toman en la DGA”, argumenta el doctor Tong, “además, hay unidades de salud que no tienen presupuesto y parte de ese dinero se destina a ellas”. Para el doctor Santillana, “ni los directivos saben a dónde va ese recurso”.
Un caso especial es el ISSSTESON. Sus conocidos deterioros y quiebra financiera se reflejan también en la subrogación al psiquiátrico: tiene varios años que dejó de pagar, tal es así que, alguna vez, hasta se le negó el servicio. Nuestras peticiones a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para saber a cuánto asciende la deuda fueron ignoradas.
Un dato más: hasta hace poco el Hospital General de Sonora mandaba también pacientes por los que pagaba subrogación. Al cambiar de Seguro Popular a INSABI, este nuevo sistema no está obligado a pagar por los pacientes que atienden en el psiquiátrico. Ahora, el 80% de los pacientes internados provienen de ahí.
Respuesta a la solicitud de información sobre los montos por subrogación de pacientes. Nótese la falta de pago del ISSSTESON. Fuente: Libera Radio.
“Es un esfuerzo increíble”
La Dirección de Salud Mental y Adicciones respondió por la PNT que el contrato anual para la alimentación de los pacientes es de 5.68 mdp. Ese monto podría ser suficiente, pero nuestras fuentes manifiestan otra cosa.
“Mis respetos para los cocineros”, confiesa el doctor Alfredo, “no sé cómo se las arreglan para sacar la comida de la semana, a veces tienen que poner dinero de su bolsa, es un esfuerzo increíble”. A los enfermos sí se les brindan las tres comidas, pero aún así pasan hambre debido a que las medicinas producen mucho apetito y no alcanza para comidas entre horas.
De acuerdo con su dicho, la cocina y el comedor están en muy malas condiciones. No hay clima artificial y es sabido que la preparación de alimentos eleva la temperatura. Las mesas y sillas son muy antiguas, todo el edificio está maltrecho y estructuralmente débil.
La limpieza es otro de los aspectos importantes, cuya carencia impacta directamente en la calidad de vida de los internos. Por las características propias del lugar, se requiere personal de limpieza los tres turnos, algo que no hay.
La Dirección asegura que ahora hay suficiente recurso humano para la limpieza, pero el doctor Alfredo cuenta que es muy poco el personal de intendencia, pues vienen y van porque no se sienten cómodos de limpiar las salas de los pacientes. Hay tres o cuatro intendentes por turno y resultan insuficientes para todo el Hospital, pero incluso estos han denunciado problemas de pago.
Por medio de la PNT encontramos un contrato vigente de Servicios de intendencia por un millón 364 mil 363 pesos. Desconocemos el nombre de la empresa contratada, pues ni la Secretaría ni Servicios de Salud respondieron esa petición, a pesar de ser sujetos obligados.
Seguridad, basura y residuos biológicos, servicios pobres, cobro de ricos
Otros servicios subcontratados son la recolección de basura común, el manejo de los residuos peligrosos biológico infecciosos (RPBI) y la seguridad. Indagamos sobre su funcionamiento y esto fue lo que encontramos.
La Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOLSSA1-2002 enuncia que los RPBI deben estar en contenedores especiales y con etiquetas visibles. La disposición de estos desechos debe realizarse por personal capacitado y con estrictos protocolos de higiene.
Este equipo de investigación tuvo oportunidad de visitar algunos espacios dentro del sanatorio y ser testigo de que no hay depósitos diferenciados, sólo algunos de color rojo que son usados solamente para las jeringas, pero ninguno de ellos tienen las bolsas adecuadas, confirmando lo dicho por los médicos entrevistados, quienes denuncian: “Los botes son comunes, no especializados, lo más grave es que todos los desechos —comunes y RPBI— se revuelven, realmente no se pueden cuantificar, todo se va en las mismas bolsas”.
Al cuestionarlo sobre este tema, el doctor Tong asegura que la empresa contratada lleva una bitácora y cobra en base a un periodo, que todo se realiza de acuerdo con la norma y que la basura se coloca en un área especial aislada tipo “jaula”.
Jaula de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos y contenedor de basura común, en un área de escombro y equipo obsoleto. Se hace evidente que la jaula está en desuso. Foto: Libera Radio.
Pudimos observar el área aislada en un apartado semi abandonado, cerca de un contenedor de la empresa que dispone de la basura común. Por su aspecto, es dudoso que la “jaula” sea usada con frecuencia para depositar ahí temporalmente los RPBI.
Preguntamos por medio de la PNT cuánto paga el psiquiátrico al mes por el manejo de los RPBI y la respuesta fue ambigua: “se maneja precio por kilo de 36.21 variando cada mes dependiendo de la unidad, la cual ampara hasta 45 mil kilos mensuales, dando un aproximado mensual a $1,629,450.00”. Insistimos en cuánto se genera y paga en específico en esa unidad y obtuvimos las bitácoras de los últimos tres años de la empresa Lavandería Industrial Maypa, S.A. de C.V., de donde se aprecia que el promedio por mes es un manejo de 10 kilos.
Como seguimos sin respuesta del monto, le preguntamos al doctor José Luis Garibaldi Zamora, nuevo director de Salud Mental, quien tampoco tuvo la información, pues dijo que el pago lo hace la Dirección General y es por todas las unidades de la Secretaría de Salud.
El Hospital paga otro contrato por el retiro de la basura común de 36 mil 200 pesos mensuales. A decir del doctor Esteban, ahí mismo también irían los RPBI, lo que convierte a todo el proceso en algo opaco y fuera de norma.
Los médicos también ponen el dedo en la llaga en el tema de seguridad. El personal enviado por la empresa contratada son adultos mayores. Para Esteban, la vigilancia es “una burla”, pues el nosocomio sólo cuenta con un guardia en la entrada, descuidando el resto de las áreas.
Este medio corroboró lo anterior en el sitio. Al platicar con un guardia nos dijo: “me acaban de mandar aquí porque no había nadie”. Aunque Servicios de Salud no respondió nuestra solicitud de información, sabemos por nuestras visitas al hospital que la empresa contratada es Seguridad Privada del Desierto S.A. de C.V.
En el aspecto tecnológico no hay cámaras de video en las entradas, mientras que el personal denuncia que el botón de pánico no sirve. En el Hospital sólo hay dos enfermeros psiquiátricos, es decir, los únicos con los conocimientos necesarios para enfrentar una eventual de crisis con los internos, lo que podría representar otra violación a los derechos de los pacientes, según la Guía Técnica para la Dotación de Recursos Humanos (2003) de la Secretaría de Salud.
La Dirección de Salud Mental asegura que tiene un contrato de seguridad privada por un millón 701 mil 700 pesos por 11 meses de servicio.
Bote de basura externo del hospital. De acuerdo con testimonios, los RPBI y la basura común se desechan en los mismos contenedores, sin bolsas ni sellos protocolarios. Foto: Libera Radio
“El Retrato de Dorian Gray”
El doctor Duarte cuenta que el nosocomio recibe ayuda de las acciones del “Voluntariado” de la Secretaría de Salud, grupo que ha realizado, entre otras, una colecta anual de pañales de niños y adultos para pacientes vulnerables. Curiosamente, el mismo Duarte y otros médicos intentaron realizar actividades y gestiones para hacerse de recursos y equipo, pero se encontraron con las trabas y el desdén de sus superiores.
A pesar de todas estas condiciones, el hospital está incluido en el Programa Anual de Acreditación 2019 de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud federal, pero los médicos entrevistados insisten en que está bien “pintadito y adornado con piedritas” hacia afuera, pero por dentro en el abandono. Aseguran que han llevado mobiliario solo para la foto, luego las reubican en otro hospital. “El drenaje tiene 60 años”, advierte Duarte Moller.
Respecto al Reglamento Interno, todos confirmaron su existencia, pero nadie lo pudo proporcionar. Nuestras peticiones hechas a través de la PNT tuvieron como respuesta que era un documento apenas en desarrollo.
En este aspecto, en el papel existen figuras que debieran garantizar la atención adecuada observando las normas, pero ninguna parece funcionar.
Un documento que sí obtuvimos es el Manual de Organización elaborado por el doctor Duarte en 2017, que muestra el funcionamiento y atribuciones del personal. En él se contempla, además, la existencia de Comités Técnicos, mismos que deberían enfocarse en resolver problemáticas concretas (seguridad e higiene, protección civil, etc.).
En el reglamento de los Hospitales Psiquiátricos del Estado de México, por ejemplo, esa figura organizativa es de marcada relevancia, además de contemplar los Comités Ciudadanos de apoyo, que involucran especialistas externos.
El mismo doctor Duarte detuvo el funcionamiento de los Comités porque el personal se distraía de sus funciones prioritarias. Cuando preguntamos al doctor Tong, asegura que los Comités “tienen que existir (sic), si no, no tuviéramos al hospital acreditado”, pero en ningún momento afirmó estar seguro de su existencia.
Otros instrumentos de vigilancia previstos en el Reglamento de los Servicios de Salud son los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo —dependientes de la Secretaría de la Contraloría General— y el Comisario Público Ciudadano.
“Existen los Órganos de control, pero no hacen su trabajo, no sé que controlen”, responde Santillana Macedo. La respuesta de Duarte Moller es más sugerente: “puede ser que existan (sic), pero se quedan callados. Muchas cosas no salen a la luz”.
No hay quien audite al psiquiátrico, ni la ASF ni el ISAF han publicado algún informe sobre el mismo, sus condiciones o programas. Los informes de gasto de la Cuenta Pública Estatal no entran a detalle de las Unidades de Salud: cuánto entra y cuánto erogan sigue en buena medida en la opacidad.
Como parte de lo encontrado, queremos destacar que quien tiene funcionando al centro es la mayoría de su personal, que pese a los problemas trabaja con dedicación y entrega.
La Especialidad en Psiquiatría es una de las mejores del país, un reconocimiento que le han hecho a los egresados desde 2008, particularmente por lo bien estructurada que está la especialidad, por sus docentes (de las pocas del país donde se pagaba a los maestros), por la buena práctica clínica y por el buen ambiente laboral.
Todos los médicos entrevistados aseguran que el impacto del despojo del terreno tendrá repercusiones a largo plazo y tardará años en recuperarse.
Corrupción
Despojan a mujer de su propiedad en el Valle con contubernio de autoridades

El 17 de marzo pasado, Gabriela López Cital tuvo una llamada desde un número de teléfono de Estados Unidos con una mujer que se ostentó como la propietaria de un predio en el Valle de Mexicali que está en posesión de la familia de Gabriela desde hace cuatro generaciones.
Acordaron verse en un lugar y llevar cada una los documentos que las amparan como propietarias del mismo terreno, ubicado en la colonia Colorado Cinco, delegación Cerro Prieto, de 10 hectáreas de superficie.

Gabriela consultó con su abogada, quien le recomendó no ir y no mostrar el documento que la respalda como auténtica propietaria del predio a nadie que no sea la autoridad.
Las diez hectáreas fueron otorgadas al padre de su suegro, tras el movimiento del asalto a las tierras. Con el paso del tiempo, la familia fue permitiendo que diversas familias se asentaran en una parte del predio. Al quedar viuda, Gabriela decidió actualizar la propiedad para lotificarla y quedó asentada en un documento de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) una superficie de 7.5 hectáreas para no afectar a las familias. En ese predio tenía una casa rodante donde a veces pernoctaba.

El 20 de marzo a Gabriela se le deja venir un vehículo salir de su propiedad, y su auto queda parcialmente fuera del predio. La aborda la mujer de la llamada telefónica, Celia del Carmen Astudillo Oropeza, alias Carmen Oropeza Hernández, alias Carmen Oropeza viuda de Astudillo, alias Celia Astudillo Oropeza, alias María del Carmen Oropeza Hernández.
Esta mujer tiene más de 90 denuncias, muchas por fraude. Una parte de ellas aparecen en el viejo sistema, y muchas las ha zanjado con reparación del daño, de acuerdo con información de fuentes dentro de la Fiscalía General del Estado.
También la increpa por la ventanilla un hombre encapuchado, identificado como José Ángel Soto Cuevas y otro sujeto, quienes le piden irse del predio con palabras y gestos amenazantes. Para su alivio, ve acercarse una patrulla de la Policía Municipal, pero el agente al acercarse le pide lo mismo que la mujer y los dos hombres: que abandone su propiedad.

Ella contesta que no se irá y da reversa a su auto, para regresar a su casa rodante. El hombre encapuchado llama a la Fiscalía General del Estado (FGE) y llegan dos unidades, un pick up y un auto pequeño, que tienen los logos de la corporación, los cuales permanecen horas afuera del predio, junto con el hombre encapuchado como una manera de intimidar a Gabriela, pues los agentes no buscan hacer contacto con ella. Llama al 911 y no llega nadie. La abogada llega a la comandancia del ejido Michoacán de Ocampo para convencer a la policía que la acompañe al predio, para hacer frente al asedio que sufre Gabriela.
El agente de la FGE que iba en el pick up, quien permanece con el rostro cubierto, le dice al policía municipal que es Ministerio Público del área de Patrimoniales, pero no quiso identificarse ante Gabriela y su abogada. El policía que levantó el reporte, tampoco quiso proporcionárselos.
Eso sucedió como a las tres de la tarde, y las unidades de la FGE se fueron cerca de las ocho de la noche. Interponen una primera denuncia contra Celia del Carmen por ataque peligroso al día siguiente, el 21 de marzo (NUC 0202-2025-07155).

De esta mujer saben que tiene domicilio en Estados Unidos, y para sus asuntos legales da una dirección de la colonia Santa Rosalía, en Mexicali. Se ostenta como abogada y sus empleados se refieren a ella como “la licenciada”, sin embargo, no aparece cédula profesional alguna a su nombre o alguno de sus múltiples alias.
Gabriela manda a hacer varias lonas que coloca en el perímetro de su terreno, para decir que es propiedad privada. El 26 de marzo se encontraban tres trabajadores de Gabriela haciendo un cerco cuando se aproximan dos patrullas de la Policía Municipal. Esposan y suben a dos de ellos mientras el tercero toma video de los hechos con su teléfono desde lejos.
En eso llega una grúa, y enfrente de los agentes -aprovechando la ausencia de Gabriela-, engancha la casa rodante y se la lleva. Para llevarse un vehículo de esas dimensiones se necesita una grúa especial, así que la acción ya estaba planeada, y se ejecuta frente a la policía sin que medie documento alguno que avale esa medida y sin que intervengan.
La patrulla donde se llevan a los dos trabajadores se dirige a la carretera a San Felipe. Se estacionan por cuatro horas junto a un retén de la Guardia Nacional. Los hombres son mantenidos incomunicados y sin información del motivo de su detención o su destino inmediato.
Finalmente, los llevan a la comandancia de la colonia Robledo, donde los dejan esposados a una banca, y un agente les dice que hablará con el juez calificador. Cuando éste regresa les dice que ya se pueden ir porque no fue nadie a ratificar la denuncia. Nunca los presentan ante el juez.
Al día siguiente, el 27 de marzo, Gabriela y su abogada interponen una segunda denuncia (NUC 0202-2025-07861), ahora por robo calificado, y la amplían el dos de abril con los testimonios de los trabajadores, fotos y videos de los hechos.
La propia fiscalía les recomienda que interpongan otra denuncia por amenazas, lo cual hacen el 4 de abril, para asegurar que se le otorguen medidas de protección a Gabriela. Se las otorgan, pero no se han cumplido.

A los pocos días encuentran la casa rodante vandalizada, con la cerradura violada y las llantas destrozadas. Tras hacer las costosas reparaciones, la regresan al predio.
Gabriela pide a sus trabajadores que hagan una zanja para que no puedan volver a cruzar vehículos. En una de las idas al predio, le cuenta un vecino que fue Lino Amelio, junto con el hombre encapuchado, de nombre José Ángel Soto Cuevas y un tercero, en una camioneta negra de lujo, a preguntar quién había hecho la zanja.
De la camioneta desciende Lino Marcel Amelio Vila. Es el dirigente del Sindicato de Transportes Leonardo Rodríguez Alcaine, organización integrante de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), que a nivel nacional lidera el diputado federal morenista Pedro Haces Barba.
El vecino les dice a los hombres que Gabriela le pagó para hacer la zanja. Los hombres lo amenazan y le advierten que para el siguiente día debe tapar la zanja porque van a regresar.
El vecino lo hace, pero le cuenta a Gabriela. Se pasa todo el día siguiente en su predio, pero no pasa nada. El día posterior aprovechando que no hay nadie, vuelve y sacan la casa rodante otra vez.
La encuentran abandonada como a un kilómetro, pero antes de llevársela, la abogada pide a la FGE que vaya al sitio para que incorpore esa prueba al expediente.
Desde entonces, a plena luz del día y con un ejército de trabajadores, levantaron un cerco con materiales de primera calidad, metieron al terreno una oficina móvil, y dejaron ahí a dos hombres.
El patrimonio de Gabriela está en otras manos sin que su contraparte haya podido acreditar ser la legítima dueña del predio, con acciones ilegales como sacar la casa rodante en las narices de la policía, ocupando el predio ilegalmente y cercándolo sin su consentimiento.

Las sospechas de Gabriela y su abogada, es que Celia es solo la cara visible de una organización con una maquinaria muy bien aceitada para llevar a cabo despojos en el Valle de Mexicali. Han sabido de otros casos similares y tienen la esperanza de que una vez difundido el caso, aparezcan más víctimas de estos u otros estafadores. Refieren el caso de un acaudalado agricultor, a quien el crimen organizado no solo lo despojó de un gran predio en Islas Agrarias, también levantó y vendió la cosecha que había en el lugar.
Celia del Carmen y José Ángel Soto Cuevas tienen entre sus contactos de redes sociales a pastores, ministros y diversas páginas y centros de culto cristianos. La abogada incluso recibió una invitación de la acusada para que acudiera a un evento de su congregación.

Por su parte, José Ángel Soto Cuevas se dice empleado de “la licenciada” pero actúa como mano derecha de Lino Amelio. A su vez, el líder sindical del Catem señaló ser solo el representante de los trabajadores de la obra en desarrollo. “No es asunto nuestro quien sea el dueño solo ejecutamos la obra por contrato con nuestro sindicato. El contratista utiliza maquinaria y camiones del sindicato para ejecutar la terracería”, comentó.
Al referirle que efectuaban obras para alguien que no puede acreditar la legítima propiedad del predio, y que su presencia en el lugar está asentada como parte de una denuncia, declaró que solo ha hablado con el contratista que solicitó los camiones y la maquinaria, que solo tienen interés en la “ejecución y tiempo de entrega de las calles” y que seguramente el vecino lo confunde con alguien más.
Junto a la extraña participación de Lino Amelio, dirigente del Catem, hay rumores de que ese sindicato se dedica a invadir terrenos y Gabriela apunta a Patricia Sosa, secretaria General de la Federación Autónoma de Trabajadores y Empleados de Baja California, y titular de comunicación social de Catem a nivel nacional,de quien hay rumores que invade terrenos ayudada por la fuerza sindical.
A Celia del Carmen Astudillo Oropeza le aparecen cuatro propiedades en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Todos de 2024 y todos en la colonia Cerro Prieto II. El primero es por casi un millón y medio registrado en marzo; el segundo por 503 mil pesos; el tercero por 125 mil pesos; y otro por 2 millones 220 mil pesos. Estos tres últimos el mismo día: 11 de abril.
Todos estos registros de compra-venta han sido con el notario número 10, Tobías Duarte, quien es vicepresidente del Colegio de Notarios de Baja California, fue secretario del Ayuntamiento en la administración de Francisco “Panchito” Pérez Tejada y poseedor de un valioso capital inmobiliario.
Maribel Avilés Osuna, en su carácter de apoderada legal del XXI Ayuntamiento, presentó una denuncia en 2021 donde se involucra a Duarte en compras irregulares de terrenos por parte de su esposa, Romina Castellanos García.
La impotencia de Gabriela y su abogada ante el despojo sufrido, es evidente. Hablan con tristeza y coraje de lo acontecido, de la protección a los responsables, de la falta de cumplimiento de las medidas de protección que le dieron, pero que no están cumpliendo.
La víctima de robo, amenazas y despojo subraya lo rápida que puede ser la justicia cuando se trata de personajes políticos, y lo vacío que resulta el mensaje del gobierno estatal cuando se trata de la protección de las mujeres. “Este es el cobro de piso que estamos pagando muchos en el valle”, concluye.
Los señalados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Corrupción
Simulan competencia y los favorece INIFE

La empresa Península Doce, de Salvador Alejando Díaz Gutiérrez, es una de las favoritas del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE).
De 17 contratos del 2021 al 2024 que le aparecen a la empresa en el Portal Nacional de Transparencia, 12 son con el INIFE, 3 con la Secretaría del Bienestar y 2 con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT).
De los doce contratos con INIFE, solo uno fue ganado por licitación pública; la rehabilitación de un módulo sanitario para una secundaria. El resto fueron 6 por adjudicación directa y 10 por invitación a cuando menos 3 personas.
Península Doce está registrada, según datos de la Secretaría de Economía, a nombre de Kenya León Meza, en 2019. Ella es esposa de Salvador Alejando Díaz Gutiérrez, y hermana de Mónica León Meza. Los tres participan en las invitaciones y licitaciones como personas físicas y como Península Doce.
La empresa y Mónica León Meza comparten el mismo domicilio fiscal, una casa habitación en la colonia ex ejido Coahuila, que aparece en los documentos oficiales como si estuviera en la colonia Maestros Federales.
Se solicitó vía el portal de transparencia información sobre contratos con INIFE a nombre de Península Doce, Kenya León Meza, Salvador Alejandro Díaz Gutiérrez y Mónica León Meza del 2020 al 2024. Aparecen 31contratos que suman más de 70 millones de pesos; 6 por adjudicación directa, 9 por licitación y 16 por invitación.
Durante el gobierno de Jaime Bonilla, Península Doce se embolsó más de 37 millones de pesos y durante el gobierno de Marina del Pilar, los beneficios económicos se multiplicaron, todo aparentemente bajo la protección de Javier Urbalejo Cinco, quien actualmente aparece en el directorio de SIDURT como Subsecretario de Planeación, Inversión Sectorial y Control Obra, y fue titular de INIFE al inicio de la administración de Avila Olmeda.

En entrevista, Joaquín Armando Vale Ríos, actual titular del INIFE, manifestó que la Ley de Obras Públicas tanto del estado como la federal permite hacer invitaciones o adjudicaciones directas.
“En este caso nosotros nos estamos apegando a la ley de obras del estado, más que nada el tema es el tiempo que lleva realizar una licitación. La mayoría de las obras que tenemos en INIFE o que la Secretaría de Educación nos adjudica a nosotros para ejecutar, pues siempre tienen el factor del tiempo, la premura, la necesidad en las escuelas y esto hace que busquemos nosotros el método más rápido de contratación para atender esa necesidad que se requiera en una escuela y atenderla lo antes posible”, indicó.
Eso implica muchas veces tener un plantel cerrado, que los niños no tengan clases, entonces nos lleva a nosotros como instituto ejecutor, a buscar esa ruta y utilizar ese mecanismo que da la ley; al final de cuentas existe por una razón, señaló.
Cuestionado sobre la diferencia de tiempo entre una licitación y los otros esquemas de invitación y adjudicación directa, Vale Ríos explicó que en un tiempo óptimo una licitación pública sin ningún contratiempo puede llevar un mes hasta la contratación. En cambio, una invitación solo puede llevar de 15 a 20 días como máximo, y la adjudicación directa, una semana.

Agregó que en una licitación pública puede haber muchos factores que extiendan el proceso, muchas veces entran más participantes, desconocen los temas de infraestructura educativa, necesitan más información, etc.
Si se declara desierta hay que volver a empezar, entonces si duraba un mes, se amplía a otro mes. Muchas veces por solicitud de la Secretaría de Educación hacemos estos procedimientos y nos solicitan en carácter de urgente iniciar trabajos, dijo. “No podemos iniciar un trabajo hasta que no tengamos un contrato, y esto nos lleva a irnos por este tipo de procedimientos”, añadió.
Al titular del INIFE se le preguntó si existía una revisión exhaustiva de las empresas participantes, ya que Península Doce, Kenya y Mónica León Meza, y Salvador Alejandro Díaz Gutiérrez, son la misma empresa simulando competencia.
“Nosotros decidimos a qué empresas vamos a invitar a participar, son empresas con un antecedente previo en INIFE, que han tenido buenos tiempos de entrega, o trabajos bien cumplidos. Se trata de invitar a empresas en las que el instituto ya tiene una experiencia previa con ellos”, opinó.
Sobre la competencia simulada, declaró que “Sí lo revisamos, tan así, que en los mismos procedimientos no pueden participar dos empresas que pertenezcan a una misma persona… necesitaría revisar a fondo pero la misma ley no nos permite contratar en ese esquema”.
Aceptó que no se hace un análisis detallado pero que en los requisitos de la ley se establece que la empresa debe tener un registro en el padrón de contratistas que emite la SIDURT, que se actualiza año con año.
Acerca de las observaciones que ha hecho la Auditoría Superior del Estado a las obras de Península Doce, remarcó que “Ellos de antemano ya revisaron toda esa parte y ya otorgaron el registro del padrón de contratistas porque la empresa a la fecha en que se aprobó el registro se podría decir que no tiene ninguna observación. También se da el caso que hay muchas observaciones a las empresas por parte de los órganos fiscalizadores, pero son observaciones que se van solventando. Muchas veces hay observaciones dentro de contratos de algunas empresas que no son por causas imputables al contratista, sino errores o situaciones que el mismo proceso traía, que no estaba contemplado de origen”.
Península Doce construyó unos módulos sanitarios por más de 13 millones de pesos en el estadio de beisbol previo a la Serie del Caribe, donde al menos el primer día del evento no tenían agua y cobraron 10 pesos por su uso.

Estatal
Irregular contratación de pantallas publicitarias sin permisos de operación

En el concentrado de contratos publicitarios del Ayuntamiento de Mexicali correspondiente al 2024, hay contratos con tres denominaciones diferentes pero relacionados con la misma empresa de pantallas electrónicas; es Maya Publicidad, que suma 2 millones 257 mil 285 pesos en total.
Firman los contratos Mario Alberto Lares Solís y Yamile Baduy Lamarque. Ésta última, aparece como secretaria técnica en un documento de la administración municipal del panista Gustavo Sánchez.

A Maya Publicidad la representa la empresa IBRS Consultores, y uno de los empleados es Jesús Daniel Orona Gastélum, quien es el director jurídico de la Dirección de Administración Urbana (DAU), que encabeza Daniel Valenzuela.

Uno de los socios fundadores de la empresa consultora es Víctor Francisco Ibarra Peralta, a quien le da ventaja que uno de los integrantes de su empresa, sea el director jurídico de la DAU.
Fue su subalterno en la administración de Gustavo Sánchez:

Cabe destacar que información de una fuente confiable dentro de la administración municipal, señaló que las pantallas electrónicas de Maya Publicidad no cuentan con el correspondiente permiso del Ayuntamiento, lo que parece no importar a la hora de otorgar los contratos de publicidad.

Orona Gastélum hace negocios como juez y parte dentro del XXV Ayuntamiento de Mexicali, y se ve muy seguido a Víctor Francisco Ibarra Peralta haciendo antesala para ver a su empleado y funcionario municipal.

Por lo que toca a las personas que firman los contratos, hay pocas pistas en internet de la trayectoria de Mario Alberto. Sobre ella, aparte de su trabajo en el XXII Ayuntamiento de Mexicali, en el Registro Nacional de Profesionistas se encontró una cédula expedida en el 2010 que acredita una licenciatura en Negocios Internacionales en el Cetys.
Se encontró en el Registro Público de la Propiedad un inmueble que adquirieron Mario Alberto Lares Solís y Yamile Baduy Lamarque en el año 2022, en el fraccionamiento Viñedos del Mar, en Ensenada, con valor de 3 millones 300 mil pesos.


Ese es el único inmueble donde aparece el nombre de Mario Alberto Lares Solís, pero con el nombre de Yamile Baduy Lamarque hay varias propiedades: un lote rústico en Tecate, un inmueble de más de 6 millones en el fraccionamiento El descanso II en Rosarito adquirido en el 2023 y otro par de propiedades en Mexicali: uno por donación de su madre y otro adquirido junto con dos de sus hermanas.
Maya Publicidad inició en el 2015, según el perfil de la empresa en la red LinkedIn, la cual registra solo dos empleados. No hay evidencia de que Baduy y Lares sean prestanombres, pero es una posibilidad.

Los contratos de Maya Publicidad con el Ayuntamiento se remontan a 2020, el primer año completo de la ahora gobernadora Marina del Pilar Avilar Olmeda al frente de la administración municipal. Antes de ese año los registros aparecen vacíos.
Estas son algunas de las pantallas de Maya Publicidad que carecen de permisos:



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