Bajo un esquema alterno al oficial, la Coordinación General de Seguridad Vial del gobierno de Ciudad Juárez expide permisos provisionales para circular sin placas a vehículos que incumplen con requisitos de ley para transitar, una actividad que se lleva a cabo en contubernio con vendedores de autos usados, a través de una tienda de abarrotes y souvenirs donde han entregado más de 100 mil permisos en los últimos 12 meses 

Investigación: La Verdad Juárez

Con la complicidad de vendedores de automóviles usados, la Coordinación General de Seguridad Vial (CGSV) del gobierno de Ciudad Juárez expide permisos provisionales para circular sin placas a vehículos que incumplen con el esquema oficial, en una actividad irregular que tan solo en el último año pudo haber generado unos 42.5 millones de pesos –más de 2.2 millones de dólares–. 

La entrega de esos permisos temporales se realiza en un negocio denominado La Tiendita, en la avenida Teófilo Borunda, a unos 550 metros de la dependencia municipal, que funciona como oficina paralela a Seguridad Vial, también conocida como Tránsito.

En vez de ser rechazados, los propietarios de autos usados que no cumplen con los requisitos oficiales para conseguir de manera legal el permiso provisional para circular sin placas, son enviados por los propios funcionarios de Seguridad Vial a La Tiendita, un negocio con venta de botanas y souvenirs.

En ese lugar, los loteros, como son conocidos los vendedores de autos usados, cobran en efectivo por el permiso sin entregar a los dueños de los automóviles un recibo o ticket por el pago del trámite –en contra de las normativas fiscales–.

Además, esos documentos para circular sin matrícula son expedidos por Seguridad Vial a nombre de los vendedores de autos usados, y no del poseedor del automóvil, como se establece en las normas del municipio.

^{Ciudadanos en el exterior de la oficina de la Coordinación General de Seguridad Vial del gobierno de Ciudad Juárez, ubicada en la avenida Óscar Flores, casi Teófilo Borunda. Fotografía: Alicia Fernández}

^{Fachada de La Tiendita, ubicada en la avenida Teófilo Borunda. Fotografía: Alicia Fernández}

Esto ocurre pese a que no existe un sustento legal que permita que los loteros gestionen permisos para que sean usados en vehículos de los que no tienen la propiedad, de acuerdo con datos y documentos oficiales obtenidos a través de solicitudes de información.

Si bien admiten que no existe una autorización explícita para la operación de este esquema, el dirigente de la Asociación de Loteros, Sergio Grijalva Domínguez,  como el jefe del Departamento de Permisos Vehiculares, Manuel Aguilar Romero, aseguran a La Verdad Juárez que dos disposiciones los amparan: por un lado, un oficio en el que las autoridades municipales conceden a los loteros un descuento en el trámite de los permisos y, por el otro, una carta poder que piden firmar a todas aquellas personas que acceden al documento por esta vía. 

Sin embargo, esta investigación periodística pudo constatar que en el acuerdo entre el municipio y los loteros que ambas fuentes mencionan, identificado como el DGIC/034/2021 y firmado en octubre de 2021, no se hace referencia a ninguna autorización para que vendedores de autos gestionen permisos a nombre de terceros, ni para que usen sus nombres en permisos de vehículos de los que no tienen la propiedad, como tampoco para permitir que se expidan documentos a solicitantes que no cumplen con todos los requisitos de ley.

El documento se limita a indicar que “por disposición del Presidente Municipal (Cruz Pérez Cuéllar) se otorgará el 50% de descuento para todas las asociaciones” y se citan tres oficios previos –el 340/2021, 342/2021 y el 347/2021– en los que se detalla el nombre de las 15 agrupaciones de vendedores de autos usados beneficiarias de esa disposición.

^{Oficio del Gobierno Municipal sobre el acuerdo de los descuentos que se otorgan a loteros en la expedición de permisos de circulación, con fecha de octubre de 2021, obtenido por Transparencia}

Bajo este esquema con loteros, del 25 de julio del 2023 al 25 julio del 2024 se otorgaron 105 mil 435 permisos, según reporta la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSP), corporación de la que forma parte la CGSV, en respuesta a una solicitud de información formulada para esta historia. Si se considera que los permisos se tramitan seis días a la semana, de lunes a sábado, se puede calcular que durante ese año se expidieron un promedio de 346 por día. 

Pese al descuento del que, en el marco del acuerdo con el municipio, disponen los loteros, estos cobran completo a los ciudadanos el precio oficial de 425 pesos por un permiso de 30 días. Al tomar en cuenta que a ese monto ascendió el precio del documento en 2024 luego de que, en 2023, se pagaban 375.70 pesos, una sencilla multiplicación dará que los loteros recaudaron en el mismo período, por los más de 100 mil permisos provisionales expedidos, alrededor de 42 millones 543 mil 229 pesos.

La cifra es mayor que los 31 millones 992 mil 861 pesos que el propio municipio recibió durante ese plazo anual por concepto de la emisión regular de 90 mil 818 permisos. 

Pero la duda razonable que queda es si esos fondos finalmente ingresaron a la Tesorería Municipal. 

“Si hay un precio completo y no se está pagando (…) se trata de un daño importante a la hacienda pública, (serían recursos) que no están sirviendo para mejores parques, luminarias, calles”, dice en entrevista René Moreno, activista en materia anticorrupción. 

Esta vía informal, hasta irregular, para obtener los permisos se puso en marcha en medio de la creciente circulación en la ciudad de vehículos sin placas, de los que se calcula hay en la actualidad unos 200 mil vehículos, así como ante la implementación del programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, llamados chuecos, que arrancó el Gobierno Federal en febrero del 2022 para automóviles que ya estaban en en el país.  

Este último es el programa al que alude el jefe del Departamento de Permisos Vehiculares, Manuel Aguilar Romero, en su entrevista con La Verdad Juárez. Lo invoca para justificar la expedición de permisos bajo ese esquema con loteros. Asegura que el decreto federal alentó la importación de autos y rebasó todas sus expectativas. 

^{Tráfico vehicular sobre la avenida Tecnológico en Ciudad Juárez. Fotografía: Alicia Fernández}

“No había ni engomados ni placas y los ciudadanos querían circular”, dice. Según su versión, ante la presión de los usuarios, las autoridades habrían optado por otorgar los permisos por vías alternas, a fin de atender hasta a quienes incumplieran con los requisitos exigidos en la normativa.

De haber sido así, se trataría de un giro inexplicable para René Moreno, exintegrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua. Considera que la detección de dificultades para la expedición de un permiso debería ser motivo para la revisión del trámite, antes que una invitación a la ciudadanía para que burle el trámite y actúe en connivencia con una irregularidad que las propias autoridades alientan.

“Si realmente les interesara hacer los permisos bien, quitas el trámite del pedimento o dejas algo que sea cumplible, que sea legal. Si no lo hacen es porque evidentemente hay una mochada. ¿Para quiénes? Quién sabe. Se supone que los municipios tienen comités de mejora regulatoria, ¿qué están haciendo si están viendo que miles de personas no cumplen con el trámite?”, subraya.

El Coordinador de Seguridad Vial, César Alberto Tapia Martínez, no respondió a las solicitudes de entrevistas presentadas por La Verdad Juárez a través de Comunicación Social de la dependencia. Y, de hecho, la entrevista con el jefe de Permisos, Manuel Aguilar, se dio de manera imprevista o colateral. Se había concertado una entrevista con Sergio Grijalva Domínguez, dirigente de la Asociación de Loteros. El encuentro tuvo lugar en un local comercial, donde Grijalva se presentó en compañía de otro individuo, que luego intervino en la entrevista con algunas respuestas. Solo entonces reveló que era Aguilar, un alto funcionario de Seguridad Vial.

También se buscaron las versiones de varios de los loteros cuyos nombres aparecen en los permisos a los que La Verdad Juárez tuvo acceso y de representantes de agrupaciones de vendedores de autos usados, pero hasta la fecha no se había obtenido respuesta de ellos.

En Tránsito empieza el tráfico 

El tráfico de permisos se inicia en la Coordinación de Seguridad Vial en contubernio con loteros y concluye en La Tiendita, a la vista de quien quiera comprobarlo.

De lunes a sábado, cada persona que acude a tramitar su permiso de circulación entra a las oficinas de la CGSV, ubicada en la avenida Óscar Flores, y entrega los documentos al personal de Seguridad Vial que revisa cada papel. Si todo está en regla, se emite la orden de pago y, cuando este se ha concretado, el solicitante recibe el permiso expedido a su nombre y de acuerdo a los días de vigencia que haya solicitado.

Pero cuando el personal de la dependencia vial detecta que, en realidad, falta algún requisito o, al menos, que existe una posibilidad de hacer creer al ciudadano que no cumple con lo estipulado para seguir con el trámite, se le ofrece una solución inesperada: ir a la cercana La Tiendita. Allá le ayudarán los loteros, para quienes deberá firmar una carta poder con la que buscan blindar la irregularidad.

Fue el caso de Ernesto (nombre ficticio), por ejemplo, quien accedió a conversar con La Verdad Juárez a cambio de que se reservara su identidad. “En la ventanilla de permisos [de Seguridad Vial], una chica que trabaja ahí me dijo: ‘Hay una manera de sacar el permiso cuando no cumples con los requisitos necesarios, la única diferencia es que el permiso no va a salir a tu nombre, va a salir a nombre de alguien más’”, cuenta. En esa oportunidad, Ernesto buscaba un permiso para una camioneta importada de Estados Unidos. Pero debió desviarse por el camino de los loteros cuando en Tránsito le hicieron notar que los documentos del vehículo no estaban a su nombre y, por lo tanto, no podía completar el trámite regular.

“Yo le pregunté ‘¿y esto me va a generar algún problema a mí, que el permiso no esté a mi nombre?’”, continúa Ernesto su relato. “Entonces ya me explicó: ‘no, tenemos un convenio con la Asociación de Loteros. El permiso sale a nombre de ellos, pero nosotros mantenemos un registro de quién es la persona que tramita el permiso, en este caso, aunque esté a nombre de otra persona, sí vamos a tener la información de que tú lo tramitaste’”.

Esta experiencia se repite en los testimonios de al menos una docena de las personas entrevistadas para esta investigación, que acudieron a Seguridad Vial a tramitar sus permisos como es debido. Los detalles coinciden en cada relato, aunque lo que suele cambiar es el pretexto que los funcionarios alegaron para remitirlos a La Tiendita: unos por la falta de engomado ecológico, otros por carecer de holograma del Registro Público Vehicular (REPUVE) o por no contar con documentos que acrediten la propiedad del vehículo.

El permiso de circulación se basa en el Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez en su artículo 9 fracción XVIII, que señala que el Coordinador de Seguridad Vial tiene la facultad de expedir permisos provisionales para circular sin placas.

Por la normativa, entre los requisitos y recaudos que deben cumplir quienes deseen obtener los permisos figuran: “Ser vehículo regularizado, ya sea nacional o importado nuevo por agencia vehicular, importado en calidad de usado por pedimento de importación o regularizado por decreto presidencial. Documentos que acrediten el registro y la propiedad del vehículo como lo son facturas, pedimento de importación, constancia de recepción de información en el Registro Público Vehicular (REPUVE) y holograma de REPUVE según sea el caso. Documentos de identificación del solicitante como son: identificación oficial con fotografía, licencia de conducir y comprobante de domicilio. En caso de ser vehículo de placas registradas con anterioridad, se solicita la baja de placas”.

Al momento de solicitar el trámite, los solicitantes deben presentar el vehículo al que el permiso corresponderá, de modo de permitir que las autoridades revisen algunos aspectos. Según informa la SSP en su respuesta 080155924000840, entonces se revisan los documentos en la Plataforma México para correr serie y verificar que no haya reporte de robo, además de que se hace una revisión física del vehículo. Una vez terminada esa revisión, se capturan los datos, se emite la orden de pago y luego se hace el mismo en Tesorería Municipal. Solo contra la entrega de la orden de pago y del comprobante correspondiente, el solicitante recibirá el permiso.

^{Ventanillas de permisos en la Coordinación General de Seguridad Vial del gobierno de Ciudad Juárez. Fotografía: Gobierno de Ciudad Juárez}

Pero nada de eso ocurre en La Tiendita, pues ¿para qué? No en vano, para allá encaminan los funcionarios de Seguridad Vial a quienes justamente no cumplen los requisitos. 

“No llevé tampoco el vehículo presencial porque me dijeron que, cuando vas a hacer el trámite de manera correcta, sí te piden que lleves el vehículo, inclusive la inspección en el número de serie y algunas otras cosas, pero de esta manera (cuando se hace el trámite irregular) no se hace inspección alguna de vehículo, entonces no llevé este vehículo”, dice una de las personas entrevistadas.

Otro de esos entrevistados dice: “Cuando te falta algún documento, en mi caso (…) el engomado ecológico, (el permiso) se da por medio de un lotero”.

Y otro más recuerda: “Nos dijeron en voz alta que el permiso no iba a salir a nuestro nombre, que iba a salir a nombre de alguien de la Asociación de Loteros, que aún así, nosotros teníamos la responsabilidad de no cometer infracciones, porque sí tenían nuestra información y nuestra información estaba ligada al número de permiso a pesar de que no tuviera nuestro nombre”.

En efecto, cuando las personas aceptan esta opción, se les pasa a un jardín que está dentro de las instalaciones de Seguridad Vial, donde se les informa que, debido a un convenio existente entre el Municipio de Juárez y la Asociación de Loteros, es posible expedir los permisos de circulación sin placas a nombre de comerciantes de vehículos usados.

Y de allí salen a continuar el trámite con los loteros en La Tiendita.

^{Personas formadas en fila en el exterior de La Tiendita, donde se mantienen a la espera de ser llamados para pasar por el permiso para circular para su vehículo; 11 de julio a las 11:30 horas. Fotografía: Rocío Gallegos}

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En La Tiendita lo consigues todo

La Tiendita es un comercio de venta de botanas, refrescos, souvenirs y artículos básicos de higiene. También ofrece algunos productos y servicios de papelería. Una suerte de tienda de conveniencia. Se encuentra a unos pasos de la Central Camionera de Ciudad Juárez, sobre la avenida Teófilo Borunda, y comparte estacionamiento con el Hotel Central y con el restaurante Rincón del Refugio. Todos estos locales quedan muy cerca de la sede de la Coordinación General de Seguridad Vial de Ciudad Juárez.

Por lo general, alrededor de las 10:30 horas llegan al local las personas que desde las oficinas de Seguridad Vial envían a tramitar el permiso de circulación. Apenas minutos antes, al lugar habrá arribado un hombre que porta un folder.

Al fondo del comercio comienza a hacerse una fila de personas que el hombre pronto se encarga de atender. Según constató La Verdad Juárez en un par de visitas, este individuo cobra el canon correspondiente (algunos testimonios indicaron que el pago fue de 25 pesos más que el precio oficial) y entrega el permiso a cada uno de los solicitantes. Del pago a la emisión del documento, con una vigencia de hasta 30 días, pasan apenas un par de minutos. 

Por el procedimiento se atiende a unas 30 personas por turno, con cinco turnos al día; así podría llegar la cuenta a 150 personas por jornada. El reciente 30 de julio, La Verdad Juárez pudo constatar que 93 personas obtuvieron su permiso, mientras que 127 lo hicieron al día siguiente. El permiso es el trofeo con el que todos quieren marcharse tras la rápida gestión. Aunque observen un detalle que por sí solo sugiere que algo irregular ocurre: a nadie le entregan un comprobante del pago.  

^{Un hombre identificado como el encargado de entregar en La Tiendita los permisos de circulación a los propietarios de los vehículos que incumplen con el esquema oficial. Fotografías: Anabel Rojas.}

En la entrada al local, del lado derecho, hay un mostrador en el que la cajera y su ayudante sacan copias y enmican los permisos, en caso de que alguien lo requiera. Ambas organizan también el acceso al comercio cuando aumenta el flujo de personas en la fila.

A veces es tan grande la cantidad de personas que acuden a La Tiendita para pagar el permiso de circulación, que se hacen filas afuera del comercio, visibles a los ojos de los transeúntes, incluso ante los ojos de elementos de policía.

El pasado 31 de julio, por ejemplo, La Verdad Juárez fue testigo de cómo dos sujetos con armas y uniformes de la Agencia Estatal de Investigación llegaron al comercio en un vehículo oficial y saludaron a uno de los gestores encargados de entregar los permisos. Después de permanecer dos horas en el local, los policías se retiraron mientras seguía sin sobresaltos la operación de pago y entrega del documento oficial.

En semanas recientes se instaló dentro de La Tiendita, al fondo, un módulo especialmente dedicado a la entrega de los permisos. En la pared de esa especie de módulo están pegados siete escritos que distintos loteros dirigen a Manuel Aguilar Romero, el Jefe de Permisos de la CGSV, por los que autorizan a terceros para actuar en representación de ellos en la entrega y recepción de los permisos vehiculares.

Los firmantes de los diferentes oficios son Ciro Alberto Rivera Gutiérrez, representante del lote La Curva; Carlos Lozoya Mendoza, de CLM Automotriz; Fátima Alondra Lomelí Luján, de Sam-Lom Car´s; Edgar René Gallegos Nájera, de Unión de Vendedores de Autos Ejército Nacional; César Ibarra Soto, de Grupo Cislot INMEX AC; Carlos Antonio Lechuga Ávila, de  la Asociación de Vendedores de Autos Usados; y Miguel Francisco Rojo Balderrama, de Autos Rojo.

En una de las visitas realizadas al comercio fue posible hablar con Carlos Baray, quien se ostenta como propietario de La Tiendita.

El hombre asegura que él solo se encarga de rentar el espacio a la Asociación de Loteros, pero se negó a identificar a las personas a cargo del negocio que tratan con él, así como a dar detalles sobre la operación del lugar, con el argumento de que se trata de un negocio privado.

Alega además que en el lugar están a la vista documentos en los que aparecen los nombres de los loteros autorizados para hacer los trámites, y que ahí solo se entrega el permiso de circulación, porque la gestión se hace en Vialidad.

Baray asegura que el módulo opera de manera irregular, porque “de repente van y vienen” y a la fecha tendría solo un par de meses ofreciendo ese servicio en La Tiendita. “Son como dos meses, de repente como que agarran otro módulo de entrega, dependiendo, y se vienen otra vez para acá, dependiendo las necesidades de ellos”, dice.

Sin embargo, La Verdad Juárez pudo confirmar que el módulo funciona al menos desde enero de este año. Por su lado, el propio individuo que renta el lugar, Sergio Grijalva, de la Asociación de Loteros, refiere que llevan ahí como un año y medio, algo que contrasta con lo que Baray afirma.

Baray descarta que se trate de una actividad ilícita. Se basa en su propia experiencia como lotero, actividad a la que, según revela, alguna vez se dedicó; por lo tanto, conoce de lo que habla. Recalca que nunca ha tenido problemas con Vialidad.

Sin embargo, este negocio no está autorizado para procesar pago alguno del Municipio, como confirmó la Tesorería de Juárez en varias respuestas a solicitudes de información.

En la actualidad, precisa la Tesorería, la administración que encabeza el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar tiene convenios con el supermercado Smart y con las cadenas de autoservicio Del Río y Oxxo para permitir el pago en sus sucursales “única y exclusivamente del Impuesto Predial y de infracciones de vialidad”.

Además, la Secretaría de Seguridad Pública detalla, también en respuesta a una petición de información, que el trámite completo solo puede realizarse en las oficinas públicas de la CGSV.

^{Ciudadanos al salir de La Tiendita luego de recibir el permiso de circulación para sus vehículos. Fotografías: Anabel Rojas}

“Se informa que todos los trámites de permisos provisionales para circular sin placas se realizan ante el Departamento de Permisos de la Coordinación General de Seguridad Vial y todos los pagos se efectúan por parte del titular del permiso ante las cajas de Tesorería Municipal”, dice la dependencia municipal en otra respuesta.

Sergio Grijalva Domínguez, líder del tianguis de autos Chavira Jilotepec y de la Asociación de Loteros de Ciudad Juárez que opera en La Tiendita, asegura que el esquema “es un trato especial” que las autoridades dan a los vendedores de vehículos usados a raíz del creciente número de carros que circulan sin placas en la localidad.

Al tiempo que asegura que ese privilegio no es nuevo, dice que desde hace un año y medio empezó la expedición de los permisos bajo esta modalidad. En cambio, el jefe de Permisos de Seguridad Vial, Manuel Aguilar, menciona que iniciaron bajo este esquema desde octubre de 2022, a unos meses de la implementación del programa de regularización de autos chuecos.

“Los permisos salen a nuestros nombres, es para el vehículo, pero es responsabilidad de la persona que usa la unidad”, explica Grijalva Domínguez y añade que es Seguridad Vial quien así lo autoriza. “En Tránsito revisan todo y ellos determinan si se autoriza o no el permiso”.

Cuestionado sobre por qué no se entrega un recibo por el pago del servicio a los ciudadanos, el líder lotero dice: “Nosotros pagamos el permiso, el comprobante se nos entrega a nosotros”, pero se niega a mostrar al menos uno  de esos tickets, que permita confirmar su versión.

Seguridad a la venta y con descuento

En Ciudad Juárez, una comunidad de más de un millón y medio de habitantes, circulan casi un millón de vehículos.

De esa cantidad, 730 mil lo hacen de manera legal, es decir, cuentan con una placa metálica oficial, de acuerdo con datos a julio de este año reportados por Recaudación de Rentas, instancia estatal encargada de expedir y canjear placas vehiculares.

Al mismo tiempo son más de 200 mil los vehículos chuecos, es decir, sin placas oficiales, según estimaciones de Seguridad Vial del Municipio de Juárez. Esta cifra ofrece una dimensión del mercado de los permisos provisionales para circular, que en una importante porción se atiende a través del esquema paralelo con los loteros. 

Con el argumento de resguardar la seguridad pública, el Gobierno Municipal de Juárez comenzó en 2006 a emitir un permiso provisional para circular sin placas, de manera que hubiera forma de identificar a los carros chuecos.

Pero la ironía es que permisos como los entregados en La Tiendita vulneran esa previsión de seguridad, pues llevan impresos nombres diferentes a los de los propietarios reales de los vehículos.

Ya en 2017, un doble homicidio puso en evidencia las consecuencias de esa contradicción.

En aquella ocasión, dos hombres fueron acribillados en el estacionamiento de un restaurante. La camioneta desde la que les dispararon portaba un permiso de circulación sin placas a nombre de un tal Alberto Rivera, quien resultó un líder de vendedores de autos que no era el dueño efectivo de la unidad involucrada en el asesinato. Al circular con un permiso expedido a nombre del vendedor de autos, no se pudo conocer la identidad del dueño de inmediato.

El mismo año del crimen las autoridades aceptaron que había un convenio para que vendedores de autos tramitaran permisos a su nombre y luego los vendieran a terceros. Así, en esta frontera binacional, circulaban y circulan todavía vehículos de los que no se sabe quiénes son los dueños, gracias a un sistema que funciona al amparo de la propia corporación encargada de conservar la seguridad vial en las calles. 

Con el mismo propósito de reforzamiento de la seguridad se implementaría luego el decreto que permitió la regularización en todo el país de los llamados vehículos chuecos. 

Según las autoridades federales, “el incremento de los delitos en contra de la seguridad y patrimonio de las personas está vinculado, entre otros factores, con el uso de vehículos de procedencia extranjera que circulan de manera irregular en México y que existe una considerable cantidad de éstos en el territorio de las entidades federativas de la frontera norte”, como se indica en el Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera. 

El permiso que actualmente expide la CGSV de Juárez está impreso a color y exhibe un holograma, el sello de la corporación, número de folio, fecha de expedición, número de días de vigencia del permiso, fecha de vencimiento, el escudo del Ayuntamiento de Juárez, la imagen institucional del Gobierno Municipal, y debe llevar la firma del coordinador general de la dependencia, César Alberto Tapia Martínez.

Sin embargo, en una decena de permisos entregados en La Tiendita, y a los que tuvo acceso La Verdad Juárez, se aprecian algunos vacíos, como la falta de holograma o del número de días que se puede circular. Además, se aprecian al menos tres firmas distintas.

En los permisos que La Verdad Juárez revisó se repiten unos cuatro nombres: Carlos Lechuga, Alfonso Surita Rosas, Alberto Rivera Gutiérrez y Miguel Francisco Rojo Balderrama. Son líderes del gremio de vendedores de autos usados.

El oficio DGIC/034/2021 detalla que las organizaciones beneficiadas con un descuento del 50 por ciento en el costo del permiso de circulación son: GRUPO CISLOT INMEX, AC, Renacimiento La Curva, Autos X, Lote Chavira II, Turys Car, Lote Troncoso, Tetos Cars, Autos Chavira Jilotepec, UIVAC, Venta de Autos Ejército Nacional, La Curva Perimetral, Autos Rojos SA de CV y SERVIGON Servicios Aduanales, Agencia de Importación Vehicular.

El descuento otorgado por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar se ampara en la autorización para “condonar derechos y aprovechamientos de tipo corriente” de la que dispone ese cargo, según lo establecido en el artículo 88-A del Código Fiscal del Estado de Chihuahua y en el 126 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

Antes de esa disposición, el Municipio de Juárez ya había firmado al menos tres autorizaciones (correspondientes a los oficios TM/CJT/3034/2021, TM/CJT/3037/2021 y TM/CJT/3136/2021), en las que se comprometía a otorgar descuentos de entre 30 a 40 por ciento a diferentes agrupaciones de loteros, con el argumento de que los vehículos importados pudieran circular debidamente identificados “al momento de su reparación o pruebas de manejo”. 

Pero en ninguno de estos acuerdos se menciona la autorización para que los loteros revendan o gestionen permisos a nombre de terceros, o para que presten sus nombres para la expedición de documentos.

Manuel Aguilar, jefe del Departamento de Permisos, comenta que este mecanismo operado por loteros es una forma de brindar “apoyo” y “facilidad” a la ciudadanía que no cumple con los requisitos para tramitar el permiso, lo que así prevendría el tráfico y la compra de permisos falsos. 

Además, Aguilar recuerda que las autoridades han llegado a detectar la expedición de permisos falsos. Pero que, al final, presentados ante la Fiscalía General del Estado, los casos quedaron cerrados, pues el Ministerio Público terminó acreditándolos como compras de buena fe.

El funcionario explica que la puesta en marcha del mecanismo con loteros obedeció a una instrucción dada “desde Presidencia”: “Nos dijeron que buscáramos la forma de que se cubriera el objetivo primordial, que teníamos que pensarla, y el procedimiento se ha ido puliendo a lo largo de este tiempo”, proceso que sintetiza con un refrán: “La carga echa a andar el burro”.

Pero a la vez dice que no recuerda el nombre de la persona que dio la orden; solo sabe que ocurrió en una reunión en la que participaron los representantes jurídicos de varias áreas. En cambio, sí está en posición de confirmar que quien quiera que haya dado la orden no fue ni su jefa inmediata, a quien identificó como Carolina Hermosillo, Jefa Administrativa de CGSV; ni tampoco César Tapia, el Coordinador General.

“Estuvimos buscando cómo hacerle y se llegó a un acuerdo con los líderes de loteros (…) el primordial propósito es la seguridad. Es primordial que el vehículo tenga una identificación (…) que el ciudadano ande bien, que circule sin exponerse a multas excesivas o que se cometan ilícitos con vehículos no identificados”, insiste Aguilar.

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Créditos:

Coordinación:

Rocío Gallegos

Gabriela Minjáres

Investigación:

Anabel Rojas

Rocío Gallegos

Gabriela Minjares

Itzel Ramírez

Fotografías:

Anabel Rojas

Alicia Fernández

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Esta investigación fue realizada con el apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR). Aquí puedes consultar la publicación en La Verdad Juárez.

Por Dianeth Pérez Arreola

No hace mucho, D estaba en una reunión cuando salió el nombre de Rodrigo Llantada Ávila en la conversación. Escuchó que “suena” para ocupar el cargo de secretario del Ayuntamiento en la segunda administración de Norma Bustamante en Mexicali y también que le apodan el “zar inmobiliario”. Eso le llamó la atención y despertó su curiosidad.

Este personaje era policía municipal en 1995. De empezar su carrera de emprendedor con unos abarrotes, siguió con gasolineras en sociedad con Alcibíades García, empresario y político ligado a Movimiento Ciudadano, ya que contrajo nupcias con su hija. Luego intervino en el ramo inmobiliario y fue socio de varios empresarios que ahora no quieren saber nada de él.

Con la falta de criterios para vender cartera de Infonavit a empresas, empresarios del ramo se quejan del favoritismo del INDIVI, y uno de los afortunados es Llantada Ávila. Fue presidente de Coparmex y dos veces presidente del Consejo Coordinador Empresarial, donde tuvo contacto cercano con la entonces alcaldesa Marina del Pilar Avila Olmeda, hoy gobernadora.

Desde entonces, su ascenso ha sido espectacular y los rumores de negocios y propiedades que lo ligan a él, o con Carlos Torres o con la mandataria, se escuchan en los círculos sociales en donde lo saludan, pero no lo aceptan. También muy cercano a la alcaldesa mexicalense, quien en reuniones ha mencionado al empresario como su próximo secretario del ayuntamiento.

D empezó a indagar las propiedades de Llantada Ávila en la página del Registro Público de la Propiedad y encontró muchos bienes inmuebles a su nombre. Descargó los certificados de inscripción y apareció como deudor solidario de unos fideicomisos por 60 millones de pesos con Eco hogares, con la donación de una casa de 3 millones de pesos, y muchas cosas más. Todo en los últimos dos años; lo que tiene la administración de Avila Olmeda.

Así empezó a investigar y encontró inconsistencias en varios documentos. Al consultarlo con alguien del Registro Público de la Propiedad y preguntarle cómo era el proceso de recepción de documentos le explicaron que se tienen que escanear los códigos QR de los registros para comprobar que la información sea la correcta.

Normalmente el trámite de inscripción de propiedades se lleva entre 2 y 3 semanas, para cotejar bien los datos y seguir todos los pasos, como generar volante, emitir recibo, comprobar el pago, análisis, firmas, etc. Pero en el caso de Llantada, hay documentos que quedaron listos en tress días, un tiempo récord, lo que hace suponer que pudiera haber complicidad de funcionarios públicos.

D denunció el pasado 8 de junio a Llantada Avila y quien resulte responsable, por los delitos de fraude procesal, falsificación de documentos y uso de documentos falsos, en un expediente con número único de caso 0202-2024-18067, al que aporta 65 pruebas.

Si Llantada Ávila actuó solo, los delitos serían fraude procesal, y uso y falsificación de documentos. Si los datos de prueba que aportó sustentan que el juez pueda reclasificar el delito, las acusaciones serían por cohecho, colusión de servidores públicos, corrupción y todo lo que de la investigación se desprenda.

¿En qué consiste el fraude?

En tres documentos se establece que fueron alterados deslindes y otros documentos, además de generarse hojas de inscripciones y trámites en tiempo récord en el Registro Público de la Propiedad, al parecer con la colaboración de la funcionaria de esa dependencia, Isis Mariel Romero Pelayo, quien aparece en todos los trámites que involucran a Llantada Ávila.

Para ejemplificar algunas de las irregularidades, encontramos que al escanear el código QR de acta de deslinde correspondiente al lote 12 de la colonia División del Norte, se abre el acta de deslinde del lote 16 del Residencial Quinta del Rey Tercera Etapa.

Llama la atención que todo en el mapa es igual que el apócrifo, solo se le cambiaron las medidas y se omitieron algunos datos. Así hay otros dos deslindes.

Otro caso es el de la hoja de inscripción en el Registro Público de la Propiedad el lote 12 manzana 38 de la colonia División del Norte. En el dato del número de volante, el 1-24-15529, al entrar en la bitácora del trámite, la columna Estatus muestra que los pasos “volante generado”, “recibo emitido”, “pagado en cajas”, “en resguardo”, “asignado para analizarse”, “en análisis”, “analizado, prepararse para firma”, “en firma”, “firmado por, prepararse para entrega”, “en digitalización” y “por prepararse para entrega” inician el 23 de febrero de 2024 a las 14:01 horas y concluyen todo el trámite tres días más tarde, a las 17:47 del día 26. Algo sumamente inusual para los tiempos del Registro Público de la Propiedad.

Se buscó a Rodrigo Llantada Ávila para preguntarle su postura sobre la denuncia que pesa contra él.

“Yo dentro de mis actividades empresariales compro bienes, recientemente compre 3 casas, donde el que me vende (es a quien corresponde) me presenta avalúo y deslinde, entiendo que quien los hizo no actualiza los QR, pero si se pagan los impuestos y derechos correspondientes. Todo es debido, únicamente quien expide los documentos no actuliza el QR, pero además a quien corresponde presentar los documentos es al que vende”, comentó.

Por Rocío Gallegos, Blanca Carmona y Gabriela Minjares

Una investigación transfronteriza de La Verdad junto a Lighthouse Reports y El Paso Matters revela nuevos detalles de los acontecimientos, irregularidades, abusos y omisiones graves ocurridas el 27 de marzo del 2023 en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, que contribuyeron a la letalidad del incendio provocado en una celda cerrada bajo llave donde murieron 40 migrantes

Mientras avanzaba la noche del 27 de marzo de 2023, los gritos de un grupo de migrantes extranjeros encerrados bajo llave en la estancia para hombres del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez se intensificaron.

Enojados, discutían con guardias de seguridad y oficiales migratorios por la falta de agua, alimentos y amagos de deportación. Luego, asustados, clamaban por auxilio para ponerse a salvo del incendio ocurrido por la quema de colchonetas del lugar.

Unos llevaban semanas tras las rejas, otros fueron detenidos unas horas antes durante un operativo de autoridades municipales de Juárez, agentes del INM y de la Guardia Nacional en el que los acorralaron y luego transportaron a la estación migratoria. Con las llamas propagándose, los migrantes pedían a gritos que los dejaran salir, pero quienes los tenían bajo su resguardo no les abrieron la celda.

“No… a ellos no les vamos a abrir, ya les dije a los güeyes” , se escucha decir a una agente de migración mientras sus compañeros buscan extintores y se movilizan para desalojar a las mujeres migrantes encerradas en otra celda de la estancia. El momento quedó grabado en un video con audio inédito captado por una cámara de circuito cerrado de televisión de la estación del INM, que aporta indicios de lo que ocurrió esa noche.

El fuego en las colchonetas creció y el humo se propagó, 40 hombres murieron encerrados asfixiados por el humo, otros 27 resultaron con lesiones de por vida y 15 mujeres sobrevivieron con estrés postraumático en ese incidente en el que más personas migrantes bajo el resguardo de las autoridades han perdido la vida en México.

La falta de justicia hasta ahora ha impedido que salgan a la luz irregularidades, abusos y omisiones graves que derivaron y contribuyeron a la letalidad en este incendio en una celda cerrada bajo llave, saturada, sin extintores, sin ventilación, sin rociadores contra incendios y con detectores de humo sin funcionamiento, que se convirtió en una trampa mortal para migrantes originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia y Venezuela.

El incendio mortal ocurrió en un momento en el que los esfuerzos estadounidenses por disuadir a las personas migrantes en su frontera sur se extendieron bajo acuerdos con las autoridades mexicanas, para contener y detener a personas en movilidad en comunidades como Ciudad Juárez, que se convirtió en un punto de concentración masiva, por los miles de retornados desde Estados Unidos y por un creciente número de quienes llegaban de Centro y Sudamérica con la esperanza de cruzar la frontera.

Casi un año después de esta tragedia, una investigación de La Verdad junto a Lighthouse Reports y El Paso Matters revela nuevos detalles sobre la cadena de acontecimientos de esa noche de marzo en la estancia migratoria instalada a unos metros de la frontera con El Paso, Texas, a donde autoridades mexicanas trasladaban a los migrantes que de manera irregular llegaban a la ciudad para cruzar a Estados Unidos.

A través de testimonios de ocho sobrevivientes, de entrevistas a personal de los cuerpos de emergencia, del análisis de videos, de la revisión de la carpeta de investigación, y la construcción de un modelo 3D de la estación para examinar los minutos cruciales durante el incendio, así como de los relatos expuestos durante el proceso penal en contra de 11 personas, de los cuales ocho son funcionarios de migración, reconstruimos los hechos en esta estación migratoria del norte de México.

Sobre este incidente, el INM -órgano descentralizado del Gobierno de México- se negó a responder cuestionamientos que surgieron de esta investigación, y las solicitudes de entrevista para algunos de los implicados en este incendio que se encuentran presos, enviadas por escrito a través de sus abogados o familiares, aun siguen sin respuesta.

¡Ya tienen toda la lumbre…!”

Las primeras llamas visibles en la celda de hombres de la estación migratoria de Ciudad Juárez se registraron a las 21:28 horas. El momento quedó grabado con una cámara de circuito cerrado de televisión instalada en el edificio público.

Minutos antes, en el video sin audio, se ve a los migrantes discutir con un guardia de seguridad que los observa sentado frente a las rejas. Luego, ya con las llamas visibles, se observa a agentes migratorios que caminan por el área, se acercan a las rejas, intercambian palabras con los migrantes encerrados. Después, una mujer vestida de negro, una guardia de seguridad, se acerca a una agente del INM que está frente a las celdas, le comunica algo y sale del lugar, tras de ella también los demás se marchan de esa área.

La agente de migración presuntamente es Gloria Liliana R.G., su nombre y su cargo coinciden con la identidad mencionada en las audiencias públicas del proceso judicial, donde ha estado presente como imputada.

Las llamas crecen detrás de las colchonetas de hule espuma, forradas con material de vinil de distintos colores, colocadas por los migrantes en las rejas, y en segundos el área de alojamiento destinada a personas migrantes del sexo masculino se cubre de humo y se pierde la visibilidad.

La guardia de seguridad es captada luego en un video con audio cuando sale apresurada por el área de ventanilla del filtro migratorio instalado en ese lugar, se dirige por la sala de espera y se escucha cuando dice: “¡hay un desmadre!”.

Se escuchan gritos y se observan a personas corriendo, al fondo de la imagen, en la sala de espera una mujer con una chamarra en color rojo y dos niños. Presuntamente se trata de Viangly Infante, esposa de Eduardo, de 26 años, un sobreviviente del incendio. También se aprecia a elementos de la Guardia Nacional que ingresan a la estación y se dirigen a la zona.

Luego se escucha la voz de una mujer, posiblemente es la agente de migración Gloria Liliana, que dice: “¡Ya tienen toda la lumbre…!”. Posteriormente ella aparece en la imagen, se le ve mientras camina y sostiene su teléfono celular en el oído.

El barullo es más intenso en esa área de la estación donde se ve que va y viene personal de seguridad y oficiales de migración, buscan extintores.

“Necesitamos extintores, extintores”, se escucha decir a un hombre vestido con una chamarra negra, presuntamente Omar I. P. M. supervisor de los guardias de seguridad que se encontraba en el lugar en ese momento.

“No hay” , responde un oficial de migración.

Se escucha hablar a Gloria Liliana, quien indica: “A ver, a ver si funciona este, por favor…”.

La agente de migración mantiene el celular en el oído, habla y cuando casi se topa con el hombre de chamarra negra, dice: “Y todo por falta de agua, ¡eh!”. A lo que otro funcionario del Instituto responde: “sí, desde la mañana les dije”.

Son las 21:31 horas. La mujer sigue hablando, continúa con su celular en el oído, y dice: “Oye, ya están quemando la estación”. “Ya le dije a Daniel, pues ya prendieron un putero de colchonetas… y qué hacemos, no hay extintores, güey. ¡Ya está el humo hasta acá…!”.

“Hay que abrir la puerta de allá” , se oye decir a un hombre.

Luego se escucha la voz de una mujer, no visible en el video en ese momento, que dice: “no, no les vamos (inaudible)… a ellos no les vamos a abrir, ya les dije a los güeyes”. Presuntamente se trata de Gloria Liliana, de acuerdo con la secuela de la grabación.

La difusión de este video se basa en el interés público de conocer la verdad.

A su alrededor están empleados de la empresa de seguridad CAMSA, contratada por el INM, así como dos funcionarios de Migración y un hombre externo al Instituto que hasta el momento no se ha identificado de manera oficial, pero fuentes consultadas lo reconocen como un tramitador de amparos o “coyote” que ofrece servicios legales a migrantes.

Dos minutos después se oye el bullicio de mujeres que empiezan a salir en fila y se escucha una instrucción: “aquí sentadas, por favor”. Un video desde el exterior del edificio muestra después a las mujeres sentadas en los escalones de la entrada.

Los videos captados por las cámaras de seguridad evidencian que los funcionarios de Migración y los guardias salieron del área que se quemaba dejando atrapados a los migrantes varones. En ningún momento tratan de abrir la puerta de la celda del área de hombres.

Ante un incidente como este se debió accionar inmediatamente una alarma sonora de incendio o marcar al 911 y enseguida evacuar de forma total el edificio, así se indica en el Plan de Contingencias diseñado por el INM.

Minutos antes del incendio, en medio del bullicio de los migrantes encerrados, los agentes celebraban a Gloria Liliana, quien al día siguiente, el 28 de marzo, cumplió años. Al iniciar su turno laboral, a las 20:00 horas, uno de sus compañeros llegó con pastel y refrescos, eso los concentró en una sala contigua a su área de trabajo, enseguida de la celda de las mujeres, a donde iban y venían, de acuerdo con varias fuentes del INM consultadas y las imágenes de los videos revisados durante esta investigación.

El tiempo transcurrió, los migrantes gritaban, corrían, pedían que los dejaran salir y después encendieron las colchonetas. En la celda las llamas crecían y todo se llenaba de humo, de acuerdo con testimonios de sobrevivientes entrevistados.

“Comienzo a correr a una esquina, es como que saltaba, gritaba: ‘¡ayuda!, ¡abran la puerta!’ Y no vi ningún personal de Migración intentando abrirlas tan siquiera, dejándonos ahí encerrados, como si fuéramos criminales”.

Así lo recuerda Brayan F. Q., de El Salvador, uno de los sobrevivientes entrevistado, quien pidió identificarlo sólo con su nombre e iniciales de su apellido. Él sufrió lesiones en un pulmón, en los riñones y quemadura de vías aéreas, y permaneció un mes intubado.

En cuestión de minutos, las colchonetas encendidas, presuntamente por dos migrantes de Venezuela que se encuentran detenidos y bajo proceso judicial, generaron un intenso humo que invadió el espacio.

La mayoría de los extranjeros se refugiaron en el baño, buscaban protegerse bajo el agua de las regaderas e incluso del inodoro. Eso fue insuficiente para evitar la inhalación de los gases que se concentraron en la celda ante la falta de ventilación y el calabozo que en realidad era ese espacio, pues no había salidas de emergencia.

“No pude abrir completamente la ducha por el nervio, la cantidad de personas, como unas 50 personas, entramos en ese baño, no sé, algo así grandísimo, mucha, mucha, muchísima gente, nos respirábamos de frente, gritábamos, y ya el humo y el fuego se iba acercando a cada vez más”, relata Stefan Arango, otro de los sobrevivientes, quien en entrevista narró que despertó cuando estaba dentro de una bolsa térmica en el exterior de la estación, pues lo habían dado por muerto por sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Algunos de los sobrevivientes entrevistados para esta investigación coincidieron en señalar que minutos antes de ocurrir el incendio unos de sus compañeros de celda amagaron a los guardias y a los agentes con prender fuego en el lugar, en protesta por las condiciones en las que se encontraban retenidos, pero les respondieron que ya se habían tardado.

“Recuerdo que un migrante grita que si no los querían, si no les iban a dejar salir, iban a incendiar. Y viene el guardia de Migración, les dice que desde hace rato lo hubieran hecho, que hasta mucho se habían tardado” , narra Brayan F. Q..

Las víctimas y fuentes del INM consultadas que piden no ser identificadas por no tener autorización para hablar sobre el tema, aseguran que los agentes y guardias en el lugar se dirigían hacia los migrantes con insultos y con expresiones racistas, como “¡qué se mueran!”.

“Mayormente hay un insulto, en donde nos decían que qué hacemos en este país, que nadie nos quiere, lárguense de este país, aquí no son bienvenidos” , recuerda Stefan Arango.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, citada en audiencias judiciales públicas del caso, el incendio fue provocado por los migrantes como un medio de protesta por las condiciones en que los tenían retenidos. Los testimonios de dos sobrevivientes revelan que alguien permitió el ingreso de al menos un encendedor a la celda de los varones.

Las víctimas coinciden en señalar que las revisiones físicas, previo al ingreso de los hombres a la celda, las realizaban tanto guardias de CAMSA como oficiales de Migración.

Los hombres extranjeros estaban encerrados bajo llave pese a que en México la migración indocumentada es considerada solo una falta administrativa, no un delito como en Estados Unidos.

¿Dónde estaban las llaves?

Los gritos de auxilio de los hombres se fueron apagando conforme las llamas y el humo crecían en el interior de la celda cerrada bajo llave. De manera oficial el INM atribuyó la muerte de los migrantes a la propagación del incendio provocado y a la pérdida de las llaves del área de alojamiento para los migrantes.

Quince días después de la tragedia, el 11 de abril de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en la conferencia de prensa matutina que la persona que tenía las llaves para abrir la puerta donde se registró el incendio no estaba.

Sin embargo, esta investigación periodística revela que las llaves siempre estuvieron en el edificio. Esto se concluye después de analizar las imágenes de 15 cámaras de seguridad fijas dentro y fuera del centro de migrantes, que monitorean las áreas más importantes del edificio de día y de noche; la entrada, la oficina administrativa, el área de guardia frente a la celda de hombres y la celda misma.

Si bien la mayoría de las imágenes no tienen audio y los detenidos destruyeron las cámaras de vigilancia dentro de la celda poco antes del incendio, una de ellas permitió escuchar a una agente de migración decir que a “ellos no les vamos abrir”.

De acuerdo con las imágenes analizadas, en el transcurso del día se puede ver tanto a los agentes del INM como a los guardias de seguridad manejar las llaves para abrir y cerrar la puerta de la celda y la puerta de madera con la puerta metálica que estaba al lado de la habitación y conduce al estacionamiento del edificio.

Se observa que entran y salen para ingresar a los migrantes detenidos durante el operativo de las autoridades y para dar acceso al personal.

Unos minutos antes del incendio, a las 20:58 horas, se observa cuando la guardia de seguridad cierra la puerta de madera que daba al exterior y de inmediato la entrega a la agente de migración a cargo que se encontraba en la oficina administrativa. La llave fue vista ahí por última vez en el escritorio de la funcionaria hasta que el humo bloquea las cámaras.

Mientras que la llave de la celda de los hombres fue vista por última vez apenas un minuto antes de que se desatara el incendio, cuando un guardia de seguridad se la entrega a su otro compañero y este la guarda en el bolsillo.

“La puerta ellos la manejaban, ellos abrían y cerraban. Yo creo que Migración sí usa las llaves para abrir y cerrar”, dice Stefan, quien reclama porque los mantenían encerrados cuando no estaban privados de la libertad y no son delincuentes.

Por ello, se pregunta por qué cuando comenzó el incendio y pedían auxilio ni siquiera intentaron abrir la puerta y los dejaron encerrados.

“Cuando todo comenzó yo me acerqué a la puerta y le dije: ‘¡ayúdenos hermanos, por favor, no nos dejen acá!’ Y nos dijeron: ‘suerte, güey’, y se fueron”, agrega Stefan Arango al recordar, en entrevista, su diálogo con uno de los guardias de seguridad.

Por el contrario, el supervisor de la empresa de seguridad aseguró que hicieron todo lo posible para poder salvaguardar la vida de las personas. En su testimonio ante las autoridades narró que así se lo hizo saber a Salvador G. G., jefe de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua, cuando este lo cuestionó por qué no rompieron la cerradura. Las imágenes de las cámaras evidencian que no intentaron abrir la celda de los hombres.

De acuerdo con la declaración de Salvador G. G., las puertas de las áreas de resguardo de los extranjeros debían estar cerradas con candado por protocolo de seguridad y las llaves “las tienen o deben saber en donde se encuentran los responsables de turno del INM” , se revela en la carpeta de investigación.

Los documentos oficiales revisados exhiben que ese día estaban como agentes responsables del turno Rodolfo C. de la T. y Gloria Liliana R. G.

Sin embargo, Rodolfo declaró ante el juez que esa noche salió de la estación migratoria aproximadamente a las 20:30 horas para trasladar a un albergue a dos menores de edad originarios de El Salvador.

Cuando el humo había invadido todo el edificio y las mujeres y el personal habían sido evacuados, la llave de la puerta exterior fue recuperada de un escritorio por un guardia de seguridad, y pasó por varias manos sin que nadie fuera capaz de abrirla.

Accesos bloqueados

Los primeros bomberos llegaron a las 21:42 horas. Catorce minutos después de que el incendio es visible en las imágenes. Se toparon con un edificio lleno de humo tóxico y sin ventilación, por lo que les tomó otros 13 minutos entrar hasta la celda.

Al tratar de ingresar al edificio, los elementos de bomberos se percatan que había una doble puerta, una de madera y otra metálica.

Además, en el área del dormitorio de hombres había dos puertas de rejas metálicas, una de ellas se encontraba soldada y la otra cerrada y asegurada con candado, se indica en el informe de las actividades realizadas por el personal operativo de bomberos.

“Accesamos al inmueble y comenzamos a rastrear porque debido a la densidad del humo no se tiene visibilidad, y aún con la ayuda de la lámpara, la distancia para ver es muy corta, por lo que vamos agachados y con manos y pies vamos identificando objetos o lo que encontramos a nuestro paso y fue así que encontramos una reja” , de acuerdo con la declaración del bombero B.O. citada en la audiencia del 17 de abril en la causa penal 235/2023.

Uno de los primeros bomberos en ingresar a la estancia rescató el cuerpo de una de las víctimas a las 22:04 horas. Fue la primera, luego fueron sacando a otras más y las acomodaron en el piso del estacionamiento.

Debido a lo denso del humo y el calor acumulado en la celda de hombres, los bomberos abrieron un agujero en un muro del edificio que está al lado contrario de la puerta principal de la estación migratoria. Al estar en el interior, los bomberos se toparon con una reja metálica cerrada con candado y tumbaron el cerrojo.

Cuando ya habían realizado esa maniobra, un oficial de Migración le entregó a uno de los bomberos una llave.

“En ese momento, al estar abriendo el candado de la puerta, llega mi compañero M.O., y dijo que un guardia se las había entregado, a lo cual, para ese tiempo, ya habíamos abierto la reja forzando la aldaba” , declaró el bombero R.D.F.H. Su explicación fue citada en una audiencia pública realizada el 17 de abril de 2023.

“Ingresamos cuatro personas haciendo búsqueda y rescate. Topamos con una puerta, pero se encontraba con candado y salí por herramienta especial para abrir candados, al momento de regresar una persona con vestimenta de camisa blanca y pantalón caqui sin recordar rostro o alguna seña particular de la persona me entregó unas llaves. De inmediato regresé al lugar, pero mis compañeros ya habían roto el candado” , dijo el bombero M.E.O.C. Ese dato fue citado en la misma diligencia.

Cuando los rescatistas llegaron al lugar, la mayoría de las víctimas ya estaban acomodadas sobre el asfalto del estacionamiento del INM, ahí hicieron una evaluación rápida de las personas que presentaban signos vitales para empezar a trasladarlas a los hospitales.

Veintinueve migrantes fueron llevados a diferentes hospitales, dos de ellos murieron cuando recibían la asistencia. Otros 38 fueron sacados sin signos vitales y colocados dentro de bolsas térmicas sobre el aparcamiento.

“Fue una escena impresionante, al final de cuentas son muchas unidades, muchas personas trabajando en el lugar y sobre todo lo más impactante, que veías que sacaban una persona y otra persona y otra persona… parecía una película que no podía terminar” , dice Adrián Fernando Meléndez de la Torre, coordinador del área de Socorro de la Cruz Roja Mexicana de Ciudad Juárez, en entrevista.

Una estancia en malas condiciones

Localizado a unos metros de Estados Unidos, el edificio que alberga las instalaciones de la estación migratoria del INM operaba desde hace 28 años en condiciones de riesgo que ya habían sido documentadas y denunciadas.

Datos proporcionados por el Instituto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indican que la Estancia Provisional “B” del INM empezó funciones en 1995, en el edificio que se localiza a un lado del puente internacional Reforma, conocido como Lerdo.

De acuerdo con datos oficiales, hasta el 2019 se reportaba una capacidad de alojamiento de 60 personas en la estancia. Sin embargo, para el 8 de julio de 2022, en un oficio del INM, se informó que la capacidad era mayor, de 80 hombres y 25 mujeres, en total 105 personas, aunque el total varía en otro informe que señala una capacidad de 110 personas y los datos contrastan aún más con la realidad.

“La autoridad entrevistada (del INM) refirió que contaba con una capacidad para alojar a 110 personas, con 85 lugares para hombres y 25 para mujeres; sin embargo, se pudo apreciar que la Estación contaba únicamente con 6 literas en el dormitorio de mujeres, mientras que en el dormitorio de hombres debían dormir en colchonetas colocadas sobre el suelo, puesto que carecían de literas o planchas”, documenta la CNDH.

En el informe publicado en abril de 2023, después de realizar visitas a las estancias y estaciones migratorias del norte de México entre enero y febrero de ese año que ocurrió el incendio en la de Ciudad Juárez, dice: “Al momento de la visita se constató que se encontraban 17 mujeres detenidas y que algunas de ellas tenían que compartir la misma cama”.

El Diagnóstico del Instituto Nacional de Migración elaborado por el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) en 2013, investigación coordinada por Sonja Wolf, registra que el edificio de la estación tiene un tamaño de 1 mil 405.31 metros cuadrados, que se encuentra en el mismo predio de la subdelegación federal.

Desde entonces y hasta el 2023, como se advirtió en el mismo informe, los dormitorios eran celdas estilo carcelario en su forma y reglas de operación, al estar cerrados bajo llave y con rejas, lo que representaba una amenaza para los migrantes.

“Había una puerta de emergencia de este lado, pero estaba cerrada con un candado. No había una manera de poderla abrir. Y si había ventanas estaban hasta arriba” , recuerda Brayan F.Q..

Otro, Brayan Orlando R.F., originario de Honduras, describe que las ventanas eran como de unos 40 centímetros de largo por lo mismo de ancho, pero estaban selladas y no había ventilación.

Por ello es que el edificio se convirtió en una trampa mortal para los migrantes que estaban detenidos la noche del 27 de marzo y no solo no pudieron escapar, sino que carecían de ventilación cuando ardieron las colchonetas.

Extintores obstruidos, ninguno en la celda del incendio

Al momento del incendio, cinco extintores estaban en el edificio migratorio pero ninguno de ellos estaba en el área de la celda destinada para hombres. Además, tres de los extintores estaban en áreas distintas a las señalizadas con letreros, obstruidos por archiveros, expedientes y mochilas, de acuerdo con documentos oficiales.

El aparato más cercano al punto donde inició el fuego debía estar a unos 10 metros de distancia, en un pasillo de un área administrativa. Sin embargo, en ese lugar solo se encontró un gancho y el dibujo de un extintor.

A unos dos minutos de que se visibilizan las llamas en el video, se ve a un agente del INM que busca un extintor. En el video revisado se observa que en su trayecto por el área administrativa del Instituto el agente pasa por uno de los artefactos, pero al parecer no lo vio porque siguió su camino.

Otra señalética de extintor estaba en las oficinas ubicadas frente al área de vigilancia de la celda de los hombres, pero el lugar también estaba vacío. Un letrero más se localizó en una oficina cercana al área de internamiento para mujeres, sí contaba con el aparato. Presuntamente no se usó.

El agente recorrió 60 metros en ir y venir, a través de los pasillos, hasta el módulo de registro para traer un extinguidor. Tardó 50 segundos.

Tras ver las llamas “… yo intenté abrir la puerta de madera (de la celda de hombres que da al exterior). Pero no tenía conocimiento de cómo se abría o cuáles son los candados con los que cuenta. Al no poder abrir la puerta, me dirigí a buscar extintores. Encontrando uno en el área Garita Reforma, le quité el sello de seguridad y me dirigí hacia el área a tratar de sofocar el fuego, no teniendo éxito ya que se terminó el extintor” , declaró el agente ante el Ministerio Público de la Federación. Su narración fue citada en las audiencias públicas que se realizaron el 4 y 17 de abril del 2023 como parte de las causas penales 216/2023 y 235/2023.

A las 21:31 horas se observa en el video al mismo agente del INM caminando hacia el fuego con un extintor en la mano; 41 segundos después se coloca frente al área que estaba quemándose, frente a los barrotes donde algunos de los extranjeros habían colocado colchonetas para impedir la visibilidad, y 20 segundos más tarde sale de esa área con el extintor en la mano. Regresó al área administrativa y colocó el extintor debajo de una silla, se observa.

Sobrevivientes coinciden en señalar que en la celda varonil no había extintores.

En el video captado por las cámaras se observa que a las 21:29 entraron los funcionarios y guardias, observaron el fuego y antes de que transcurrieran dos minutos salieron del área; únicamente un agente migratorio regresó con un extintor pero este fue insuficiente.

“Lo que logré ver es que solo estuvieron ahí, si no mal recuerdo, unos 30 segundos o un minuto y no logré ver qué hicieran por abrir la reja”, dijo Brayan Orlando R.F., un sobreviviente de 27 años.

Él sufrió quemaduras en sus vías respiratorias y en el 20 por ciento de su cuerpo, por lo que fue mantenido dos meses intubado en un hospital. El incidente le dejó además como secuela una lesión del plexo braquial –es decir, en la red de nervios que va desde el hombro a la extremidad de la mano– que le impiden la movilidad de su brazo derecho.

Es difícil establecer el rumbo y el uso de los extintores en el área contigua al punto donde se registró el incendio, debido a que el humo oscureció la visión de las cámaras.

Sin embargo, se pudo establecer que había cinco extintores en el edificio del INM y que otros 4 fueron llevados por elementos de la Guardia Nacional destacamentados en el puente internacional Reforma, contiguo al edificio del INM, así como por personas civiles, de acuerdo con documentos oficiales.

Un dictamen en materia de seguridad industrial, dado a conocer en audiencias judiciales públicas, documenta que en la estación migratoria había cuatro extintores. Tres de ellos estaban bloqueados (dos de estos estaban en condiciones de uso y otro inservible); el cuarto extintor presentó indicios de haber sido usado.

La cantidad contrasta con el número de los artefactos visibles en el video analizado para esta investigación.

En su declaración ante el Ministerio Público, difundida en audiencia judicial, Omar I. P. M., jefe de los guardias de seguridad de CAMSA, dijo que al percatarse del incendio corrió a buscar un extintor, pero “no encontró ninguno hasta el área de recepción”.

Siete detectores de humo, ninguno funcionó

Aunque el área de los hombres no tenía extintores, sí contaba con un detector de humo, con el que sumaban siete los artefactos de este tipo instalados en todo el edificio del Instituto, pero la noche del incendio todos estaban fuera de funcionamiento. Seis no tenían baterías y el otro estaba fuera de servicio por causas desconocidas.

De acuerdo con informes y documentos de peritaje obtenidos durante esta investigación, en el área de cocina del INM había un detector de humo, pero sin las pilas.

Otro detector de humos estaba en los baños para hombres y uno más en el baño para mujeres, ambos también sin pila; en una bodega se halló otro detector con batería, pero al hacerse una prueba no funcionó, aunque sí tenía pilas, se asienta en los documentos.

En el “área de mochilas y pertenencias exclusivamente de menores”, en las oficinas administrativas y en un consultorio médico estaban otros detectores de humo, también sin batería.

Un calabozo como alojamiento

El día que ocurrió la tragedia, sobrevivientes entrevistados dicen que durante la mañana todo transcurrió de manera “normal” en el dormitorio de los hombres, lugar que describen como “una cárcel”, “pésimo”, “sucio”, con baños sin privacidad y con muy poco flujo de agua en las regaderas.

Narran que estaban “en paz” , aunque desde temprano tenían sed y no les daban agua. Aseguran que en el lugar había entre 50 y 70 personas, cantidad que se disparó al doble poco después del mediodía, cuando ingresó un grupo con otros 50 o más hombres.

“La cosa como que ya se fue complicando un poco, porque llega un cierto grupo de migrantes sudamericanos, al cual los de Migración y los guardias que estaban ahí no podían cómo controlarlos, hacían su desorden y todo”, dice Brayan F.Q..

Uno de los guardias de seguridad declaró ante las autoridades que el grupo de migrantes venía procedente de un operativo que realizó el propio INM y que al llegar a la estación los traían cinchados de manos, con un cinto plástico que usaron como esposas, que les quitaron al ingresar.

El guardia agregó que durante el ingreso de los migrantes se dio cuenta que uno traía algo en la mano y se negó a mostrar el objeto, por lo que forcejearon hasta que se lo quitó y era un encendedor. Este incidente lo reportó al jefe en turno en Migración y a su supervisor.

Esa tarde la comida no alcanzó y había molestia entre los migrantes. Los sobrevivientes agregan que ante la tensión que había en el lugar, los agentes del Instituto decidieron “despachar” rápido al grupo que hacía relajo y alegaban porque querían salir, por lo que unas tres o cuatro horas después se los llevaron en camiones.

“Nosotros sentimos tranquilidad en ese momento”, añade Brayan F.Q.. Sin embargo, otros sobrevivientes entrevistados mencionan que por la tarde-noche llegó otro grupo de migrantes, como una docena de hombres, entre quienes había principalmente venezolanos.

“Desde ahí empezó ya el infierno que se empezó a vivir, que vivimos muchos. Llegaron discutiendo con el personal de migración y personal de la Guardia Nacional porque ellos los traían” , dice Brayan Orlando R.F..

Cuentan que lejos de tranquilizarlos y poner orden, el personal de migración -sin especificar si los agentes o los guardias- los instigaban y los provocaban.

“Como que los incitaba más a la violencia diciéndoles que qué hacen en este país, ‘si no les gusta, váyanse a su país’, ‘aquí no tienen porqué venir a chingar’, es la palabra que decía”, menciona Brayan F.Q.

La situación se puso más intensa y asegura que uno de los migrantes gritó que si no los querían y si no los iban a dejar ir, iba a incendiar el lugar. “Y viene el guardia de migración, les dice que desde hace rato lo hubieran hecho, que mucho se habían tardado” , afirma.

Entonces, agrega, todo fue cuestión de segundos.

¿Y la justicia?

Ha pasado casi un año desde el incendio en la estancia migratoria del INM sin que el caso llegue a juicio.

El Gobierno de México, además, mantiene a Francisco Garduño Yáñez como comisionado del INM -cargo de más alto rango en el Instituto- aun cuando está vinculado a proceso acusado por su presunta responsabilidad en la serie de omisiones que provocaron el incendio. Él enfrenta el proceso judicial en libertad y sigue al frente de la contención de migrantes extranjeros en territorio mexicano.

El comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, al salir de los juzgados federales donde fue imputado por la tragedia migrante en Ciudad Juárez, 25 de abril de 2023.

Con él suman ocho los funcionarios del INM acusados por la FGR por la muerte de los migrantes, pero solo seis enfrentan el proceso en prisión. Otras tres personas, dos migrantes originarios de Venezuela y un guardia de seguridad privada, también se encuentran en la cárcel por esta tragedia.

El contralmirante Salvador G.G, quien era el encargado de la Oficina de Representación del Instituto en el estado de Chihuahua, está en prisión por la posible comisión de los delitos de ejercicio ilícito de la función pública, homicidio y lesiones.

Daniel G.Y., representante local Noroeste del INM (subdirector); así como los agentes federales de migración, Rodolfo C. de la T. y Gloria Liliana R. G., encargados de la estación en el horario del incendio, están en prisión acusados por los delitos de homicidio y lesiones en la modalidad de comisión por omisión, es decir, por presuntamente no cumplir como garantes o responsables de la seguridad de quienes se encontraban en la estación migratoria el pasado 27 de marzo. También por no ayudar a las víctimas que estaban encerradas bajo llave.

Eduardo A.M. jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, y Juan Carlos M.C., coordinador de Grupo de Protección a Migrantes Beta del INM en Ciudad Juárez y quien presuntamente era parte de la Unidad Interna de Protección Civil de la estación, están presos acusados de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público.

Edificio del Poder Judicial de la Federación en Ciudad Juárez, donde se han celebrado las audiencias judiciales contra los 11 acusados de la tragedia migrante ocurrida en la estancia migratoria del INM el 27 de marzo de 2023.

Otro de los funcionarios, Antonio Molina Díaz también logró enfrentar el proceso en libertad acusado de ejercicio indebido de servicio público, pero presuntamente está evadido desde mayo del 2023, cuando se le vinculó en el desvío de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, ordenado por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

El guardia de seguridad Alan Omar P.V. es acusado por los delitos de homicidio y lesiones en la modalidad de comisión por omisión.

Jeison D. C.R., uno de los migrantes acusados de esta tragedia, está vinculado al proceso judicial por homicidio y lesiones en comisión por acción, porque presuntamente fue una de las dos personas que inició el fuego en el área de detención varonil. El otro migrante, Carlos Eduardo C.R., fue acusado de homicidio, lesiones y daños. Ambos están detenidos.

Hasta ahora sigue sin estar claro por qué no se abrió la celda de los hombres, quién decidió dejarlos atrapados y porqué se toleraron las omisiones e irregularidades que derivaron en este mortal incendio.

“No hay justicia… La justicia aquí en este país es muy… No hay justicia, la verdad. Cuando es sobre, sobre el Estado, o instituciones sobre el Estado, no hay justicia”.

Así se expresa Brayan Orlando R.F. en una entrevista que dio en Ciudad Juárez a seis meses de la tragedia.

El hombre de 27 años considera que en este caso hay muchas cosas en juego, principalmente personas con poder y mucho dinero, lo que contrasta con la condición de los sobrevivientes y familiares de las víctimas que buscan justicia sin recursos económicos ni apoyos.

Actualmente Brayan es uno de los 22 hombres sobrevivientes del letal incendio que cruzó a Estados Unidos desde Ciudad Juárez, lo logró en septiembre pasado bajo un permiso humanitario temporal. También han entrado a territorio estadounidense siete mujeres que presentan estrés postraumático por el incidente que vivieron en la estación del INM.

Algunos de ellos cruzaron la frontera con sus familiares y aunque las autoridades estadounidenses los dejaron en libertad condicional, aún enfrentan un proceso migratorio que los mantiene en riesgo de deportación a sus países.

“Me gustaría que hubiera justicia, pero creo que va a ser muy difícil que se pueda lograr la justicia” , dice Brayan Orlando R.F., quien aún enfrenta un futuro incierto en Estados Unidos.¿Y los protocolos del INM para emergencias?

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