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Política

Acusa Marcelo a funcionarios de BC de parcialidad

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Por Dianeth Pérez Arreola

Marcelo Ebrard y su equipo dieron a conocer un documento de 30 páginas que contiene enlaces a videos con testimonios y evidencias que muestran la “cargada” de gobiernos estatales para apoyar a ciertos aspirantes a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación. Ahí se señala el caso de los servidores de la nación en Baja California.

Una serie de videos muestra a Germán Barajas, exservidor de la Nación en Tijuana, narra las irregularidades que le tocó ver desde su cargo en la delegación de Bienestar Federal.

Además incluyen el testimonio de la servidora de la nación Virginia García Liñan, donde menciona que Guillermo López, quien es director general del programa, los ha puesto a trabajar en favor de Claudia Sheinbaum y eran amenazados con el despido y pérdida de su plaza de no cumplir con lo ordenado.

“Hemos sido obligados a acarrear personas para favorecer a Claudia Sheinbaum”, señala. El testimonio apunta que ellos saben que siendo servidores públicos no pueden hacer trabajo partidista y menos en horario laboral. Cuenta que los jefes hicieron varios grupos de Whatsapp y por esa vía les piden 7 personas para los eventos a los que ha ido a Tijuana, y señalan a Alejandro Ruiz Uribe como uno de los orquestadores de la estrategia.

También cuentan con el testimonio de otro servidor de la nación, Juan Carlos Medina Ruiz, quien narra que tanto el delegado estatal Alejandro Ruiz Uribe como el director regional Gilberto Herrer y Guillermo López, instruyeron a servidores de la nación para entregar tarjetas, pegar lonas, pintar bardas y difundir acciones en redes sociales a favor de la aspiración de Claudia Sheinbaum.

Sobre la cadena de custodia de las urnas, el documento señala a los agentes Antonio Leal Sánchez y Ricardo Romo Martínez, agente estatal de investigación y coordinador de participación ciudadana en Baja California, respectivamente, como parte de los participantes en el proceso de selección que estuvieron a cargo de la cadena de custodia de las urnas y cuya parcialidad se pone en tela de duda.

El documento cierra con cuatro conclusiones: la primera es que “la Comisión de Encuestas está comprometida, no solo por tener al frente a personas afines a una aspirante y militantes de Claudia Sheinbaum, también porque el diseño y la operación del proceso han fallado en todas y cada una de sus fases”.

La segunda indica que “la intervención directa de la Secretaría de Bienestar en varios estados, como Jalisco; Baja California; Michoacán; CDMX; EDOMEX; Chiapas y Colima, comprometieron el proceso desde su inicio y tiene un impacto directo en el resultado del mismo. Se tienen evidencias de que dicha participación antecede y continúa durante el proceso de la encuesta, agravando aún más su impacto”.

La tercera conclusión es que “la participación de funcionarios públicos viola los acuerdos establecidos y aceptados por todos los aspirantes y pueden ser hechos constitutivos de delitos penales”, y la última precisa que “los constantes cambios de secciones; la gran cantidad de urnas que serán invalidadas por fallas en el proceso; la cadena de custodia vulnerada; y la filtración previa de muestras, genera resultados inadmisibles”.

Consulta el documento completo, sus enlaces y evidencias aquí.

Destaca que el documento no hace referencia al escándalo del audio de la exfuncionaria de la Secretaría del Bienestar estatal, Valeria Oceguera, donde condiciona apoyos sociales a cambio del respaldo a Adán Augusto.

Tampoco documenta el apoyo incondiconal que tras la filtración del audio, diera la gobernadora del estado Marina del Pilar Avila Olmeda al titular de esa secretaría, Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, a pesar además de la información de Brujula News que evidencia que trabajadores de la diputada federal y pareja sentimental del secretario, Julieta Ramírez, está en la nómina del programa Servidores con el Corazón, pagados por Bienestar, y del testimonio de un extrabajador que contó como apoyos sociales terminaron en manos de residentes de fraccionamientos de lujo.

Nacional

“Un atraco” maniobra para quedarse con Afores: delegado del CEN del PRI

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El delegado del CEN del PRI para Baja California, Benjamín Fournier Espinoza, expresó que ayer lunes, una mayoría oficiosa en el Congreso de la Unión aprobó un atraco a la clase trabajadora del país, al querer apropiarse de cuentas inactivas de Afores.

Son aproximadamente 18 millones de cuentas inactivas pero que tienen nombre y tienen apellido, señaló; las cuales representan 40 mil millones de pesos aproximadamente y que en ningún otro lugar del mundo se ha dado la situación de que el gobierno le quita a los trabajadores lo que a lo largo de toda su vida lograron reunir, dijo.

El delegado nacional del tricolor recordó que el presidente del partido, Alejandro Moreno, declaró que esas cuentas son de muchos trabajadores que están en Estados Unidos, que interrumpieron su vida laboral en México y se fueron al país vecino.

Precisó que también son propietarios de esas cuentas personas que ya fallecieron pero que tienen familiares, quienes no saben el monto y el destino de ese dinero. Agregó que también son de empleados que no alcanzaron el número de semanas cotizadas y que están viendo como completar el esquema para llevarse ese beneficio.

El PRI siempre ha estado a favor de los programas sociales, y hoy están amenazando incluso que se los van a quitar a la gente si votan por un partido distinto al que está en el poder, mencionó.

El PRI puso a disposición una línea de atención telefónica gratuita para la gente que requiere orientación sobre las afores, destacó.

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Política

Agreden a miembros de nuevo Sindicato de Salud

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Integrantes del Nuevo Sindicato de Salud (SIMESA) que pretendían otorgar información sobre esta nueva organización a personal del Hospital General fueron agredidos por miembros del sindicato de trabajadores de salud que dirige Virginia Noriega.

La líder sindical mandó llamar a todos los agremiados, y dejó vacío el segundo y tercer piso del Hospital General, suspendiendo las operaciones debido a este conflicto.

Los integrantes de SIMESA informaron que fueron recibidos por Rafael Pimentel, director de Recursos Humanos de Isesalud, quien les dijo podían entrar al nosocomio a dar información sobre el nuevo organismo.

Al ver la cantidad de gente que reunió Noriega, los miembros del nuevo sindicato decidieron retirarse para evitar ser víctimas de más agresiones.

Más tarde regresaron al Hospital General y las agresiones continuaron por parte del agremiados del sindicato que dirige Virginia Noriega.

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Estatal

Ley Sabina no toma en cuenta antecedentes, solo situación actual

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La diputada local Michel Sánchez explicó que la ley de deudores alimentarios contempla que los morosos no puedan tramitar un pasaporte para impedirles salir del país y huir así de sus obligaciones, así como también solicitarles un certificado de no adeudo para tramitar la licencia de conducir y además, informar al contrayente sobre la situación de morosidad alimentaria al realizar un trámite para casarse.

Sin embargo, el criterio a la hora de impedir que un deudor alimentario participe como candidato en un proceso electoral, no es como parece.

El impedimento es estrictamente para morosos. En el caso de Ismael Burgueño, explicó que está al corriente con sus pagos, así que no hay problema. Que el caso se haya ido a juicio, que haya apelado la decisión del juez y que el descuento por tanto se haga de forma automática y no de forma voluntaria, no importa. Burgueño ya no es “deudor” y puede participar.

“A mi me preocupaba saber cuál era la realidad porque era la ley que a mi me tocaba impulsar y sabía que iba a haber preguntas. En ese momento a mí me contó que estaba el corriente. Desconozco si su sentencia es más nueva… el punto de estas medidas son los morosos”, declaró.

¿Se vaya a juicio, apele y haya sentencia no importa, mientras esté pagando? Se le cuestionó; esos mecanismos son medidas de presión y es asegurar el alimento para las infancias y evitar la violencia económica para las mujeres, respondió la legisladora.

Pero si hay sentencia se les hace el descuento automático por parte del empleador y el pago no es de manera voluntaria, se le insistió. “Bueno, es que ahí sería meternos a cuestiones muy muy personales. La ley no puede irse tan específica. La ley termina siendo ambigua y es muy general”, señaló.

¿Y en el caso de ejercer violencia contra las mujeres, eso sí ya queda para siempre el impedimento para participar en procesos electorales?, se preguntó. “Es igual, es con sentencia firme, no con denuncia… seguramente si es una persona que está en sentencia o está yendo a clases de reeducación o está encarcelado. Ahí es más difícil la dinámica que con los morosos. Si hay un candidato o candidata que ya tiene una sentencia de violencia familiar en firme no podría. A menos que ya haya cumplido su pena”, respondió.

Por lo anterior, lo que se puede inferir de los detalles de la ley, los antecedentes no cuentan. Si el moroso ya está pagando voluntariamente o está siendo obligado a pagar, puede participar. Igual es el caso de los que ejercen violencia contra la mujer. Si ya purgaron su condena no estarían impedidos para participar.

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