El gobierno municipal de Ismael Burgueño empezó con las prácticas que heredó de la administración de Montserrat Caballero, donde personas encargadas de los controles de alcohol y los depósitos municipales, hacían su agosto.

El viernes primero de noviembre, un hombre a quien llamaremos Víctor, iba de regreso a su casa tras una cena con amigos, donde consumieron bebidas alcohólicas.

Por una de las vialidades de Tijuana se encontró con un control de alcoholemia, donde estaban realizado las pruebas a todos los automovilistas. Víctor sobrepasó el límite permitido por punto cero uno.

Pidió que lo dejaran retirarse, pues su hogar estaba a pocas cuadras del lugar. Le dijeron que no, pero le pidieron su teléfono y le indicaron que tomara la multa que le habían dado, que se fuera a su casa y que esperara una llamada a las siete de la mañana.

El sábado 2 de noviembre recibió puntual la llamada. Le dijeron que estuviera en el estacionamiento del Calimax Fundadores a las 11 de la mañana, con 17 mil pesos en efectivo.

Ese supermercado está convenientemente ubicado justo enfrente del corralón a donde se llevan los vehículos que detienen en los alcoholímetros.

Fue al lugar que le indicaron y él y otras personas se encontraron en los varios cajeros automáticos de la zona sacando dinero para recuperar su vehículo y ahorrarse los cerca de 30 mil pesos que cuesta realizar ese trámite de manera oficial.

Se acercó a la persona con la que había hablado el día anterior cuando lo vio aparecer frente al supermercado. Les indicaron a cada uno que sacaran copia de su licencia de manejo y de su tarjeta de circulación.

El único lugar donde pueden hacer eso en esa zona es la Farmacia Venus, junto al estacionamiento del mercado. Una vez con las copias y el dinero listos, la persona de contacto llama a alguien, quien llega a los pocos minutos manejando el vehículo retenido. Se sube el dueño al lugar del copiloto, entrega documentos y efectivo, tras lo cual se baja para ocupar el lugar del conductor y se retira sin que haya quedado registro ni de la multa ni de la retención de la unidad.

El sábado pasado, el dependiente del negocio comentó a esta reportera que efectivamente llegaba mucha gente a sacar copias de su licencia y de la tarjeta de circulación, a pesar de que no hay oficinas de gobierno en esa área.

Ese sábado, el 9 de noviembre, una semana después de los hechos, se pudo observar que tanto patrullas de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la Guardia Nacional llegaron a hacer rondines al estacionamiento y permanecieron ahí por varios minutos.

Cabe destacar que un medio de comunicación publicó después del sábado 2, una nota sobre este mecanismo ilegal de los empleados del Ayuntamiento, lo que pudo ocasionar que empleados del corralón dejaran de usar ese punto como lugar del intercambio. O solo esperar a que se enfriara el asunto.

Ya habíamos dado cuenta hace tres meses del mecanismo similar que operaba en la administración del hoy senador Armando Ayala en el gobierno municipal de Ensenada, donde la corrupción empieza desde el mismo punto de control de alcohol, donde un ejército de “coyotes” ofrecen amparos.

La promesa de Ismael Burgueño para hacer un gobierno transparente y honesto no va por buen camino. Y sobre austeridad, es lo que experimentan las arcas municipales al dejar de ingresar lo que va directo al bolsillo de sus funcionarios.

El Partido Acción Nacional en Baja California facturó más de 5 millones de pesos en una empresa tijuanense propiedad de un amigo de Óscar Martínez Garza, tesorero desde hace varias administraciones de ese partido político.

Las empresas “Mundo de Impresión Quinsau” y “Consultoría y Asesoría Quinjob” pertenecen al conglomerado Corporativo Q, con sede en Tijuana y propiedad de Jonathan Alfonso Quintero Arévalo.

El grupo empresarial se promociona como despacho a cargo de obligaciones fiscales, contables, administrativas, financieras, presupuestales, técnicas y legales, sin embargo, los conceptos facturados fueron por “diseños de mensajes, cobertura de fotos, producción audiovisual para redes, manejo de redes, videos y administración de redes”.

La representante legal de Mundo de Impresión Quinsau, es Beatriz Sauceda Landavazo, y el de Consultoría y Asesoría Quinjob es Quintero Arévalo, quienes forman un matrimonio.

Los gastos ejercidos en “Comunicación y redes” fueron más significativos en el 2022, aunque hay registros desde el 2021, donde hay una factura por 432 mil pesos por “Asesoría en comunicación política, diseño de mensaje, diseño gráfico, cobertura de foto y video y producción audiovisual para redes”.

Los servicios facturados al PAN estatal

Quién es Jonathan Alfonso Quintero Arévalo

El representante legal de algunas empresas del Corporativo Q tiene dos cédulas registradas en el Registro Nacional de Profesionistas. La primera es como Profesional Técnico en Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Control Digital, en el Colegio Nacional de Educación profesional Técnica, de Ciudad de México en 2005. La segunda es con una Licenciatura en Administración de Empresas por el Centro Universitario de España y México, en el 2023.

Foto de las redes sociales de Quintero Arévalo, presumiendo un Rolex cuyo precio ronda los 400 mil pesos.

Las empresas también le facturaron a las administraciones morenistas de Tecate, con Darío Benitez, y de Tijuana, con Montserrat Caballero. También patrocinó eventos para la alcaldesa Zulema Adams a través de Consultora Pequisa, también propiedad de Quintero Arévalo, y del Sindicato Primero de Mayo, que forma parte del conglomerado de Corporativo Q.

El tesorero de Acción Nacional y exdiputado federal, Óscar Román Martínez Garza, se ha visto involucrado en varios escándalos. Uno es el procedimiento administrativo sancionador del INE por un asunto que se remonta a 2016: la retención de aportaciones al partido mediante descuentos vía nómina.

El otro es de cuando era el brazo ejecutor de Antonio Valladolid en la Sectetaría de Finanzas de Francisco “Kiko” Vega, y estuviera presuntamente involucrado en el entramado de “Hacking Team”, la firma italiana que ofreció servicios de proveeduría en Baja California, a través de la firma Elite by Carga.

El tesorero del PAN, Óscar Martínez y Kiki Méndez, amigos de Jonathan Quintero.

Las circunstancias

La campaña para definir quién dirigirá el PAN en Baja California empezó esta semana, y las contendientes son la exdiputada Amintha Briseño, quien representa la continuidad de la “élite” que ha tomado las decisiones en Acción Nacional desde hace varias dirigencias: Mario Osuna, Rubén Armenta, Cuauhtémoc Cardona, Kiki Méndez, Loreto Quintero, Juan Manuel Gastélum, Óscar Martínez, muchos de los cuales asistieron al registro de Briceño.

A la exdiputada también la apoya Luz Argelia Paniagua, quien había dicho se lanzaría en busca de la presidencia, pero trascendió que habría declinado al habérsele ofrecido una cartera en la administración de Amintha por 50 mil pesos al mes. Incluso le habría dado, sin consentimiento de sus seguidores, las firmas que le habían dado a ella, lo que tiene muy enojados a quienes la apoyaban.

Volviendo a quienes dirigen al PAN y quieren perpetuarse a través de la candidatura de Amintha, son quienes tienen cercanía con Carlos Torres, con Óscar Vega Marín, con Miguel Ángel Bujanda, y quienes juegan a ser oposición repartiéndose el dinero del partido en sueldos y beneficios, además de lo que parece un esquema de contratación de servicios no otorgados o entregados en parte, a precios elevados.

Bajo un esquema alterno al oficial, la Coordinación General de Seguridad Vial del gobierno de Ciudad Juárez expide permisos provisionales para circular sin placas a vehículos que incumplen con requisitos de ley para transitar, una actividad que se lleva a cabo en contubernio con vendedores de autos usados, a través de una tienda de abarrotes y souvenirs donde han entregado más de 100 mil permisos en los últimos 12 meses 

Investigación: La Verdad Juárez

Con la complicidad de vendedores de automóviles usados, la Coordinación General de Seguridad Vial (CGSV) del gobierno de Ciudad Juárez expide permisos provisionales para circular sin placas a vehículos que incumplen con el esquema oficial, en una actividad irregular que tan solo en el último año pudo haber generado unos 42.5 millones de pesos –más de 2.2 millones de dólares–. 

La entrega de esos permisos temporales se realiza en un negocio denominado La Tiendita, en la avenida Teófilo Borunda, a unos 550 metros de la dependencia municipal, que funciona como oficina paralela a Seguridad Vial, también conocida como Tránsito.

En vez de ser rechazados, los propietarios de autos usados que no cumplen con los requisitos oficiales para conseguir de manera legal el permiso provisional para circular sin placas, son enviados por los propios funcionarios de Seguridad Vial a La Tiendita, un negocio con venta de botanas y souvenirs.

En ese lugar, los loteros, como son conocidos los vendedores de autos usados, cobran en efectivo por el permiso sin entregar a los dueños de los automóviles un recibo o ticket por el pago del trámite –en contra de las normativas fiscales–.

Además, esos documentos para circular sin matrícula son expedidos por Seguridad Vial a nombre de los vendedores de autos usados, y no del poseedor del automóvil, como se establece en las normas del municipio.

^{Ciudadanos en el exterior de la oficina de la Coordinación General de Seguridad Vial del gobierno de Ciudad Juárez, ubicada en la avenida Óscar Flores, casi Teófilo Borunda. Fotografía: Alicia Fernández}

^{Fachada de La Tiendita, ubicada en la avenida Teófilo Borunda. Fotografía: Alicia Fernández}

Esto ocurre pese a que no existe un sustento legal que permita que los loteros gestionen permisos para que sean usados en vehículos de los que no tienen la propiedad, de acuerdo con datos y documentos oficiales obtenidos a través de solicitudes de información.

Si bien admiten que no existe una autorización explícita para la operación de este esquema, el dirigente de la Asociación de Loteros, Sergio Grijalva Domínguez,  como el jefe del Departamento de Permisos Vehiculares, Manuel Aguilar Romero, aseguran a La Verdad Juárez que dos disposiciones los amparan: por un lado, un oficio en el que las autoridades municipales conceden a los loteros un descuento en el trámite de los permisos y, por el otro, una carta poder que piden firmar a todas aquellas personas que acceden al documento por esta vía. 

Sin embargo, esta investigación periodística pudo constatar que en el acuerdo entre el municipio y los loteros que ambas fuentes mencionan, identificado como el DGIC/034/2021 y firmado en octubre de 2021, no se hace referencia a ninguna autorización para que vendedores de autos gestionen permisos a nombre de terceros, ni para que usen sus nombres en permisos de vehículos de los que no tienen la propiedad, como tampoco para permitir que se expidan documentos a solicitantes que no cumplen con todos los requisitos de ley.

El documento se limita a indicar que “por disposición del Presidente Municipal (Cruz Pérez Cuéllar) se otorgará el 50% de descuento para todas las asociaciones” y se citan tres oficios previos –el 340/2021, 342/2021 y el 347/2021– en los que se detalla el nombre de las 15 agrupaciones de vendedores de autos usados beneficiarias de esa disposición.

^{Oficio del Gobierno Municipal sobre el acuerdo de los descuentos que se otorgan a loteros en la expedición de permisos de circulación, con fecha de octubre de 2021, obtenido por Transparencia}

Bajo este esquema con loteros, del 25 de julio del 2023 al 25 julio del 2024 se otorgaron 105 mil 435 permisos, según reporta la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSP), corporación de la que forma parte la CGSV, en respuesta a una solicitud de información formulada para esta historia. Si se considera que los permisos se tramitan seis días a la semana, de lunes a sábado, se puede calcular que durante ese año se expidieron un promedio de 346 por día. 

Pese al descuento del que, en el marco del acuerdo con el municipio, disponen los loteros, estos cobran completo a los ciudadanos el precio oficial de 425 pesos por un permiso de 30 días. Al tomar en cuenta que a ese monto ascendió el precio del documento en 2024 luego de que, en 2023, se pagaban 375.70 pesos, una sencilla multiplicación dará que los loteros recaudaron en el mismo período, por los más de 100 mil permisos provisionales expedidos, alrededor de 42 millones 543 mil 229 pesos.

La cifra es mayor que los 31 millones 992 mil 861 pesos que el propio municipio recibió durante ese plazo anual por concepto de la emisión regular de 90 mil 818 permisos. 

Pero la duda razonable que queda es si esos fondos finalmente ingresaron a la Tesorería Municipal. 

“Si hay un precio completo y no se está pagando (…) se trata de un daño importante a la hacienda pública, (serían recursos) que no están sirviendo para mejores parques, luminarias, calles”, dice en entrevista René Moreno, activista en materia anticorrupción. 

Esta vía informal, hasta irregular, para obtener los permisos se puso en marcha en medio de la creciente circulación en la ciudad de vehículos sin placas, de los que se calcula hay en la actualidad unos 200 mil vehículos, así como ante la implementación del programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, llamados chuecos, que arrancó el Gobierno Federal en febrero del 2022 para automóviles que ya estaban en en el país.  

Este último es el programa al que alude el jefe del Departamento de Permisos Vehiculares, Manuel Aguilar Romero, en su entrevista con La Verdad Juárez. Lo invoca para justificar la expedición de permisos bajo ese esquema con loteros. Asegura que el decreto federal alentó la importación de autos y rebasó todas sus expectativas. 

^{Tráfico vehicular sobre la avenida Tecnológico en Ciudad Juárez. Fotografía: Alicia Fernández}

“No había ni engomados ni placas y los ciudadanos querían circular”, dice. Según su versión, ante la presión de los usuarios, las autoridades habrían optado por otorgar los permisos por vías alternas, a fin de atender hasta a quienes incumplieran con los requisitos exigidos en la normativa.

De haber sido así, se trataría de un giro inexplicable para René Moreno, exintegrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua. Considera que la detección de dificultades para la expedición de un permiso debería ser motivo para la revisión del trámite, antes que una invitación a la ciudadanía para que burle el trámite y actúe en connivencia con una irregularidad que las propias autoridades alientan.

“Si realmente les interesara hacer los permisos bien, quitas el trámite del pedimento o dejas algo que sea cumplible, que sea legal. Si no lo hacen es porque evidentemente hay una mochada. ¿Para quiénes? Quién sabe. Se supone que los municipios tienen comités de mejora regulatoria, ¿qué están haciendo si están viendo que miles de personas no cumplen con el trámite?”, subraya.

El Coordinador de Seguridad Vial, César Alberto Tapia Martínez, no respondió a las solicitudes de entrevistas presentadas por La Verdad Juárez a través de Comunicación Social de la dependencia. Y, de hecho, la entrevista con el jefe de Permisos, Manuel Aguilar, se dio de manera imprevista o colateral. Se había concertado una entrevista con Sergio Grijalva Domínguez, dirigente de la Asociación de Loteros. El encuentro tuvo lugar en un local comercial, donde Grijalva se presentó en compañía de otro individuo, que luego intervino en la entrevista con algunas respuestas. Solo entonces reveló que era Aguilar, un alto funcionario de Seguridad Vial.

También se buscaron las versiones de varios de los loteros cuyos nombres aparecen en los permisos a los que La Verdad Juárez tuvo acceso y de representantes de agrupaciones de vendedores de autos usados, pero hasta la fecha no se había obtenido respuesta de ellos.

En Tránsito empieza el tráfico 

El tráfico de permisos se inicia en la Coordinación de Seguridad Vial en contubernio con loteros y concluye en La Tiendita, a la vista de quien quiera comprobarlo.

De lunes a sábado, cada persona que acude a tramitar su permiso de circulación entra a las oficinas de la CGSV, ubicada en la avenida Óscar Flores, y entrega los documentos al personal de Seguridad Vial que revisa cada papel. Si todo está en regla, se emite la orden de pago y, cuando este se ha concretado, el solicitante recibe el permiso expedido a su nombre y de acuerdo a los días de vigencia que haya solicitado.

Pero cuando el personal de la dependencia vial detecta que, en realidad, falta algún requisito o, al menos, que existe una posibilidad de hacer creer al ciudadano que no cumple con lo estipulado para seguir con el trámite, se le ofrece una solución inesperada: ir a la cercana La Tiendita. Allá le ayudarán los loteros, para quienes deberá firmar una carta poder con la que buscan blindar la irregularidad.

Fue el caso de Ernesto (nombre ficticio), por ejemplo, quien accedió a conversar con La Verdad Juárez a cambio de que se reservara su identidad. “En la ventanilla de permisos [de Seguridad Vial], una chica que trabaja ahí me dijo: ‘Hay una manera de sacar el permiso cuando no cumples con los requisitos necesarios, la única diferencia es que el permiso no va a salir a tu nombre, va a salir a nombre de alguien más’”, cuenta. En esa oportunidad, Ernesto buscaba un permiso para una camioneta importada de Estados Unidos. Pero debió desviarse por el camino de los loteros cuando en Tránsito le hicieron notar que los documentos del vehículo no estaban a su nombre y, por lo tanto, no podía completar el trámite regular.

“Yo le pregunté ‘¿y esto me va a generar algún problema a mí, que el permiso no esté a mi nombre?’”, continúa Ernesto su relato. “Entonces ya me explicó: ‘no, tenemos un convenio con la Asociación de Loteros. El permiso sale a nombre de ellos, pero nosotros mantenemos un registro de quién es la persona que tramita el permiso, en este caso, aunque esté a nombre de otra persona, sí vamos a tener la información de que tú lo tramitaste’”.

Esta experiencia se repite en los testimonios de al menos una docena de las personas entrevistadas para esta investigación, que acudieron a Seguridad Vial a tramitar sus permisos como es debido. Los detalles coinciden en cada relato, aunque lo que suele cambiar es el pretexto que los funcionarios alegaron para remitirlos a La Tiendita: unos por la falta de engomado ecológico, otros por carecer de holograma del Registro Público Vehicular (REPUVE) o por no contar con documentos que acrediten la propiedad del vehículo.

El permiso de circulación se basa en el Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez en su artículo 9 fracción XVIII, que señala que el Coordinador de Seguridad Vial tiene la facultad de expedir permisos provisionales para circular sin placas.

Por la normativa, entre los requisitos y recaudos que deben cumplir quienes deseen obtener los permisos figuran: “Ser vehículo regularizado, ya sea nacional o importado nuevo por agencia vehicular, importado en calidad de usado por pedimento de importación o regularizado por decreto presidencial. Documentos que acrediten el registro y la propiedad del vehículo como lo son facturas, pedimento de importación, constancia de recepción de información en el Registro Público Vehicular (REPUVE) y holograma de REPUVE según sea el caso. Documentos de identificación del solicitante como son: identificación oficial con fotografía, licencia de conducir y comprobante de domicilio. En caso de ser vehículo de placas registradas con anterioridad, se solicita la baja de placas”.

Al momento de solicitar el trámite, los solicitantes deben presentar el vehículo al que el permiso corresponderá, de modo de permitir que las autoridades revisen algunos aspectos. Según informa la SSP en su respuesta 080155924000840, entonces se revisan los documentos en la Plataforma México para correr serie y verificar que no haya reporte de robo, además de que se hace una revisión física del vehículo. Una vez terminada esa revisión, se capturan los datos, se emite la orden de pago y luego se hace el mismo en Tesorería Municipal. Solo contra la entrega de la orden de pago y del comprobante correspondiente, el solicitante recibirá el permiso.

^{Ventanillas de permisos en la Coordinación General de Seguridad Vial del gobierno de Ciudad Juárez. Fotografía: Gobierno de Ciudad Juárez}

Pero nada de eso ocurre en La Tiendita, pues ¿para qué? No en vano, para allá encaminan los funcionarios de Seguridad Vial a quienes justamente no cumplen los requisitos. 

“No llevé tampoco el vehículo presencial porque me dijeron que, cuando vas a hacer el trámite de manera correcta, sí te piden que lleves el vehículo, inclusive la inspección en el número de serie y algunas otras cosas, pero de esta manera (cuando se hace el trámite irregular) no se hace inspección alguna de vehículo, entonces no llevé este vehículo”, dice una de las personas entrevistadas.

Otro de esos entrevistados dice: “Cuando te falta algún documento, en mi caso (…) el engomado ecológico, (el permiso) se da por medio de un lotero”.

Y otro más recuerda: “Nos dijeron en voz alta que el permiso no iba a salir a nuestro nombre, que iba a salir a nombre de alguien de la Asociación de Loteros, que aún así, nosotros teníamos la responsabilidad de no cometer infracciones, porque sí tenían nuestra información y nuestra información estaba ligada al número de permiso a pesar de que no tuviera nuestro nombre”.

En efecto, cuando las personas aceptan esta opción, se les pasa a un jardín que está dentro de las instalaciones de Seguridad Vial, donde se les informa que, debido a un convenio existente entre el Municipio de Juárez y la Asociación de Loteros, es posible expedir los permisos de circulación sin placas a nombre de comerciantes de vehículos usados.

Y de allí salen a continuar el trámite con los loteros en La Tiendita.

^{Personas formadas en fila en el exterior de La Tiendita, donde se mantienen a la espera de ser llamados para pasar por el permiso para circular para su vehículo; 11 de julio a las 11:30 horas. Fotografía: Rocío Gallegos}

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En La Tiendita lo consigues todo

La Tiendita es un comercio de venta de botanas, refrescos, souvenirs y artículos básicos de higiene. También ofrece algunos productos y servicios de papelería. Una suerte de tienda de conveniencia. Se encuentra a unos pasos de la Central Camionera de Ciudad Juárez, sobre la avenida Teófilo Borunda, y comparte estacionamiento con el Hotel Central y con el restaurante Rincón del Refugio. Todos estos locales quedan muy cerca de la sede de la Coordinación General de Seguridad Vial de Ciudad Juárez.

Por lo general, alrededor de las 10:30 horas llegan al local las personas que desde las oficinas de Seguridad Vial envían a tramitar el permiso de circulación. Apenas minutos antes, al lugar habrá arribado un hombre que porta un folder.

Al fondo del comercio comienza a hacerse una fila de personas que el hombre pronto se encarga de atender. Según constató La Verdad Juárez en un par de visitas, este individuo cobra el canon correspondiente (algunos testimonios indicaron que el pago fue de 25 pesos más que el precio oficial) y entrega el permiso a cada uno de los solicitantes. Del pago a la emisión del documento, con una vigencia de hasta 30 días, pasan apenas un par de minutos. 

Por el procedimiento se atiende a unas 30 personas por turno, con cinco turnos al día; así podría llegar la cuenta a 150 personas por jornada. El reciente 30 de julio, La Verdad Juárez pudo constatar que 93 personas obtuvieron su permiso, mientras que 127 lo hicieron al día siguiente. El permiso es el trofeo con el que todos quieren marcharse tras la rápida gestión. Aunque observen un detalle que por sí solo sugiere que algo irregular ocurre: a nadie le entregan un comprobante del pago.  

^{Un hombre identificado como el encargado de entregar en La Tiendita los permisos de circulación a los propietarios de los vehículos que incumplen con el esquema oficial. Fotografías: Anabel Rojas.}

En la entrada al local, del lado derecho, hay un mostrador en el que la cajera y su ayudante sacan copias y enmican los permisos, en caso de que alguien lo requiera. Ambas organizan también el acceso al comercio cuando aumenta el flujo de personas en la fila.

A veces es tan grande la cantidad de personas que acuden a La Tiendita para pagar el permiso de circulación, que se hacen filas afuera del comercio, visibles a los ojos de los transeúntes, incluso ante los ojos de elementos de policía.

El pasado 31 de julio, por ejemplo, La Verdad Juárez fue testigo de cómo dos sujetos con armas y uniformes de la Agencia Estatal de Investigación llegaron al comercio en un vehículo oficial y saludaron a uno de los gestores encargados de entregar los permisos. Después de permanecer dos horas en el local, los policías se retiraron mientras seguía sin sobresaltos la operación de pago y entrega del documento oficial.

En semanas recientes se instaló dentro de La Tiendita, al fondo, un módulo especialmente dedicado a la entrega de los permisos. En la pared de esa especie de módulo están pegados siete escritos que distintos loteros dirigen a Manuel Aguilar Romero, el Jefe de Permisos de la CGSV, por los que autorizan a terceros para actuar en representación de ellos en la entrega y recepción de los permisos vehiculares.

Los firmantes de los diferentes oficios son Ciro Alberto Rivera Gutiérrez, representante del lote La Curva; Carlos Lozoya Mendoza, de CLM Automotriz; Fátima Alondra Lomelí Luján, de Sam-Lom Car´s; Edgar René Gallegos Nájera, de Unión de Vendedores de Autos Ejército Nacional; César Ibarra Soto, de Grupo Cislot INMEX AC; Carlos Antonio Lechuga Ávila, de  la Asociación de Vendedores de Autos Usados; y Miguel Francisco Rojo Balderrama, de Autos Rojo.

En una de las visitas realizadas al comercio fue posible hablar con Carlos Baray, quien se ostenta como propietario de La Tiendita.

El hombre asegura que él solo se encarga de rentar el espacio a la Asociación de Loteros, pero se negó a identificar a las personas a cargo del negocio que tratan con él, así como a dar detalles sobre la operación del lugar, con el argumento de que se trata de un negocio privado.

Alega además que en el lugar están a la vista documentos en los que aparecen los nombres de los loteros autorizados para hacer los trámites, y que ahí solo se entrega el permiso de circulación, porque la gestión se hace en Vialidad.

Baray asegura que el módulo opera de manera irregular, porque “de repente van y vienen” y a la fecha tendría solo un par de meses ofreciendo ese servicio en La Tiendita. “Son como dos meses, de repente como que agarran otro módulo de entrega, dependiendo, y se vienen otra vez para acá, dependiendo las necesidades de ellos”, dice.

Sin embargo, La Verdad Juárez pudo confirmar que el módulo funciona al menos desde enero de este año. Por su lado, el propio individuo que renta el lugar, Sergio Grijalva, de la Asociación de Loteros, refiere que llevan ahí como un año y medio, algo que contrasta con lo que Baray afirma.

Baray descarta que se trate de una actividad ilícita. Se basa en su propia experiencia como lotero, actividad a la que, según revela, alguna vez se dedicó; por lo tanto, conoce de lo que habla. Recalca que nunca ha tenido problemas con Vialidad.

Sin embargo, este negocio no está autorizado para procesar pago alguno del Municipio, como confirmó la Tesorería de Juárez en varias respuestas a solicitudes de información.

En la actualidad, precisa la Tesorería, la administración que encabeza el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar tiene convenios con el supermercado Smart y con las cadenas de autoservicio Del Río y Oxxo para permitir el pago en sus sucursales “única y exclusivamente del Impuesto Predial y de infracciones de vialidad”.

Además, la Secretaría de Seguridad Pública detalla, también en respuesta a una petición de información, que el trámite completo solo puede realizarse en las oficinas públicas de la CGSV.

^{Ciudadanos al salir de La Tiendita luego de recibir el permiso de circulación para sus vehículos. Fotografías: Anabel Rojas}

“Se informa que todos los trámites de permisos provisionales para circular sin placas se realizan ante el Departamento de Permisos de la Coordinación General de Seguridad Vial y todos los pagos se efectúan por parte del titular del permiso ante las cajas de Tesorería Municipal”, dice la dependencia municipal en otra respuesta.

Sergio Grijalva Domínguez, líder del tianguis de autos Chavira Jilotepec y de la Asociación de Loteros de Ciudad Juárez que opera en La Tiendita, asegura que el esquema “es un trato especial” que las autoridades dan a los vendedores de vehículos usados a raíz del creciente número de carros que circulan sin placas en la localidad.

Al tiempo que asegura que ese privilegio no es nuevo, dice que desde hace un año y medio empezó la expedición de los permisos bajo esta modalidad. En cambio, el jefe de Permisos de Seguridad Vial, Manuel Aguilar, menciona que iniciaron bajo este esquema desde octubre de 2022, a unos meses de la implementación del programa de regularización de autos chuecos.

“Los permisos salen a nuestros nombres, es para el vehículo, pero es responsabilidad de la persona que usa la unidad”, explica Grijalva Domínguez y añade que es Seguridad Vial quien así lo autoriza. “En Tránsito revisan todo y ellos determinan si se autoriza o no el permiso”.

Cuestionado sobre por qué no se entrega un recibo por el pago del servicio a los ciudadanos, el líder lotero dice: “Nosotros pagamos el permiso, el comprobante se nos entrega a nosotros”, pero se niega a mostrar al menos uno  de esos tickets, que permita confirmar su versión.

Seguridad a la venta y con descuento

En Ciudad Juárez, una comunidad de más de un millón y medio de habitantes, circulan casi un millón de vehículos.

De esa cantidad, 730 mil lo hacen de manera legal, es decir, cuentan con una placa metálica oficial, de acuerdo con datos a julio de este año reportados por Recaudación de Rentas, instancia estatal encargada de expedir y canjear placas vehiculares.

Al mismo tiempo son más de 200 mil los vehículos chuecos, es decir, sin placas oficiales, según estimaciones de Seguridad Vial del Municipio de Juárez. Esta cifra ofrece una dimensión del mercado de los permisos provisionales para circular, que en una importante porción se atiende a través del esquema paralelo con los loteros. 

Con el argumento de resguardar la seguridad pública, el Gobierno Municipal de Juárez comenzó en 2006 a emitir un permiso provisional para circular sin placas, de manera que hubiera forma de identificar a los carros chuecos.

Pero la ironía es que permisos como los entregados en La Tiendita vulneran esa previsión de seguridad, pues llevan impresos nombres diferentes a los de los propietarios reales de los vehículos.

Ya en 2017, un doble homicidio puso en evidencia las consecuencias de esa contradicción.

En aquella ocasión, dos hombres fueron acribillados en el estacionamiento de un restaurante. La camioneta desde la que les dispararon portaba un permiso de circulación sin placas a nombre de un tal Alberto Rivera, quien resultó un líder de vendedores de autos que no era el dueño efectivo de la unidad involucrada en el asesinato. Al circular con un permiso expedido a nombre del vendedor de autos, no se pudo conocer la identidad del dueño de inmediato.

El mismo año del crimen las autoridades aceptaron que había un convenio para que vendedores de autos tramitaran permisos a su nombre y luego los vendieran a terceros. Así, en esta frontera binacional, circulaban y circulan todavía vehículos de los que no se sabe quiénes son los dueños, gracias a un sistema que funciona al amparo de la propia corporación encargada de conservar la seguridad vial en las calles. 

Con el mismo propósito de reforzamiento de la seguridad se implementaría luego el decreto que permitió la regularización en todo el país de los llamados vehículos chuecos. 

Según las autoridades federales, “el incremento de los delitos en contra de la seguridad y patrimonio de las personas está vinculado, entre otros factores, con el uso de vehículos de procedencia extranjera que circulan de manera irregular en México y que existe una considerable cantidad de éstos en el territorio de las entidades federativas de la frontera norte”, como se indica en el Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera. 

El permiso que actualmente expide la CGSV de Juárez está impreso a color y exhibe un holograma, el sello de la corporación, número de folio, fecha de expedición, número de días de vigencia del permiso, fecha de vencimiento, el escudo del Ayuntamiento de Juárez, la imagen institucional del Gobierno Municipal, y debe llevar la firma del coordinador general de la dependencia, César Alberto Tapia Martínez.

Sin embargo, en una decena de permisos entregados en La Tiendita, y a los que tuvo acceso La Verdad Juárez, se aprecian algunos vacíos, como la falta de holograma o del número de días que se puede circular. Además, se aprecian al menos tres firmas distintas.

En los permisos que La Verdad Juárez revisó se repiten unos cuatro nombres: Carlos Lechuga, Alfonso Surita Rosas, Alberto Rivera Gutiérrez y Miguel Francisco Rojo Balderrama. Son líderes del gremio de vendedores de autos usados.

El oficio DGIC/034/2021 detalla que las organizaciones beneficiadas con un descuento del 50 por ciento en el costo del permiso de circulación son: GRUPO CISLOT INMEX, AC, Renacimiento La Curva, Autos X, Lote Chavira II, Turys Car, Lote Troncoso, Tetos Cars, Autos Chavira Jilotepec, UIVAC, Venta de Autos Ejército Nacional, La Curva Perimetral, Autos Rojos SA de CV y SERVIGON Servicios Aduanales, Agencia de Importación Vehicular.

El descuento otorgado por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar se ampara en la autorización para “condonar derechos y aprovechamientos de tipo corriente” de la que dispone ese cargo, según lo establecido en el artículo 88-A del Código Fiscal del Estado de Chihuahua y en el 126 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

Antes de esa disposición, el Municipio de Juárez ya había firmado al menos tres autorizaciones (correspondientes a los oficios TM/CJT/3034/2021, TM/CJT/3037/2021 y TM/CJT/3136/2021), en las que se comprometía a otorgar descuentos de entre 30 a 40 por ciento a diferentes agrupaciones de loteros, con el argumento de que los vehículos importados pudieran circular debidamente identificados “al momento de su reparación o pruebas de manejo”. 

Pero en ninguno de estos acuerdos se menciona la autorización para que los loteros revendan o gestionen permisos a nombre de terceros, o para que presten sus nombres para la expedición de documentos.

Manuel Aguilar, jefe del Departamento de Permisos, comenta que este mecanismo operado por loteros es una forma de brindar “apoyo” y “facilidad” a la ciudadanía que no cumple con los requisitos para tramitar el permiso, lo que así prevendría el tráfico y la compra de permisos falsos. 

Además, Aguilar recuerda que las autoridades han llegado a detectar la expedición de permisos falsos. Pero que, al final, presentados ante la Fiscalía General del Estado, los casos quedaron cerrados, pues el Ministerio Público terminó acreditándolos como compras de buena fe.

El funcionario explica que la puesta en marcha del mecanismo con loteros obedeció a una instrucción dada “desde Presidencia”: “Nos dijeron que buscáramos la forma de que se cubriera el objetivo primordial, que teníamos que pensarla, y el procedimiento se ha ido puliendo a lo largo de este tiempo”, proceso que sintetiza con un refrán: “La carga echa a andar el burro”.

Pero a la vez dice que no recuerda el nombre de la persona que dio la orden; solo sabe que ocurrió en una reunión en la que participaron los representantes jurídicos de varias áreas. En cambio, sí está en posición de confirmar que quien quiera que haya dado la orden no fue ni su jefa inmediata, a quien identificó como Carolina Hermosillo, Jefa Administrativa de CGSV; ni tampoco César Tapia, el Coordinador General.

“Estuvimos buscando cómo hacerle y se llegó a un acuerdo con los líderes de loteros (…) el primordial propósito es la seguridad. Es primordial que el vehículo tenga una identificación (…) que el ciudadano ande bien, que circule sin exponerse a multas excesivas o que se cometan ilícitos con vehículos no identificados”, insiste Aguilar.

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Créditos:

Coordinación:

Rocío Gallegos

Gabriela Minjáres

Investigación:

Anabel Rojas

Rocío Gallegos

Gabriela Minjares

Itzel Ramírez

Fotografías:

Anabel Rojas

Alicia Fernández

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Esta investigación fue realizada con el apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR). Aquí puedes consultar la publicación en La Verdad Juárez.