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Reportaje

Los Cucapá y el medio ambiente: los grandes olvidados del Río Colorado

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Entre los usuarios del agua del Río Colorado suelen destacarse las ciudades y los valles agrícolas, pero las comunidades originarias y el medio ambiente también recienten la crisis hídrica, cuyos efectos se agravan cada vez más pero no son prioridad para los gobiernos

Por Dianeth Pérez Arreola

Cucapá significa en su propia lengua “pueblo del río” o “gente del agua”. La vida de los Cucapá ha estado conectada desde siempre al delta del Río Colorado, y en la medida que se reduce su caudal, también lo hace su población. “El agua del Colorado es la sangre de nuestras venas” dice Leticia Galaviz, pescadora de una comunidad que se extingue poco a poco.

Según el censo del 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población Cucapá se integra por 349 personas que habitan principalmente en las comunidades Cucapá indígena y El Mayor, en el municipio de Mexicali. Dependen de la pesca y conforme los volúmenes del río Colorado se reducen, enfrentan más problemas para encontrar cuerpos de agua que les permitan sobrevivir.

Por otro lado, el delta del río ha cambiado radicalmente ante la falta de agua. Gracias a los esfuerzos del Sonoran Institute y otras organizaciones ambientales se han podido recuperar varias zonas que se han reforestado y convertido en hogar de castores, aves, conejos, peces e insectos, entre otros.

Gracias al flujo pulso -cantidades de agua dedicadas a restaurar el medio ambiente- se han podido reforestar 350 hectáreas del delta con especies endémicas; áreas donde solo había pino salado ahora son el hogar de variada flora y fauna, como solía ser en los tiempos de abundancia del Río Colorado.

Veda, corrupción y sequía

Leticia Galaviz y su hijo menor limpian los 10 kilos de mojarra negra que pescó el joven ese domingo por la mañana. Es un caluroso mediodía de verano, y provistos con afilados cuchillos, cortan cabezas y colas, descaman y quitan las vísceras que enterrarán más tarde, mientras echan la pesca del día ya limpia al hielo molido.

Existen tres cooperativas pesqueras que agrupan a poco más de 100 integrantes. Los Cucapá pescan mojarra, lisa, bocón y camarón todo el año, mientras que la curvina solo dos meses al año, durante marzo y abril.

Leticia Galaviz, pescadora Cucapá.

Últimamente han encontrado en la captura de aguamala un nuevo mercado que abastece al paladar oriental. Para eso tienen que irse hasta El Zanjón, el área donde desemboca el Colorado y empieza el Golfo de California. Pescan en julio y agosto y venden el producto a ciudadanos chinos locales, lo que les ha dado un respiro en su lucha por la supervivencia.

Nos dirigimos a El Zanjón con Leticia. La zona es una de las rutas de transporte de la droga que llega al Valle de Mexicali desde el Golfo de California y los grupos criminales saben quién entra y sale de esa área.

La rutina de los pescadores es dura: salen a pescar por las noches; al llenarse las pangas van a la comunidad a vaciarlas, regresan y siguen hasta el amanecer. Mientras tanto hombres y mujeres se quedan limpiando el pescado. Eso cuando pescan en los cuerpos de agua cercanos a su comunidad. Cuando van a El Zanjón van en caravana y se quedan allá varios días.

“Llegan las pangas como de las dos a las cinco de la mañana; cerca de las dos de la tarde apenas vamos llegando al campamento, sin comer y sin dormir. Andas llena de tripas, llena de lodo, con un taco en la mano, corriendo”, cuenta Leticia.

La pesca en el Río Hardy es de domingo a martes, porque los miércoles es cuando llega a la comunidad el comprador de Tijuana. Pescar desde el miércoles significaría una fuerte inversión en hielo para mantener el producto fresco una semana.

“Llegamos con el pescado fresquecito donde nos lo compran y de estar en un promedio de 15 pesos por pescado, te lo pagan en la tarde ya a 7 pesos porque llegan primero los ilegales, que a veces ni tienen permiso de pesca ni pertenecen a ninguna cooperativa y que les pagan a las autoridades una mordida para que no los revisen y que hacen que a nosotros nos regateen el pescado”, señala.

Esa comunidad solo tiene permiso para pescar curvina dos meses al año. “Peleamos con el gobierno, les decimos que nos dejen pescar nada más a nosotros, los indígenas. Tenemos pangas que le caben máximo dos toneladas, con motores de 115 caballos y dos redes que no abarcan mucho. Nuestra competencia trae pangas que agarran cinco toneladas y traen cinco kilómetros de redes y así no podemos competir contra el Golfo ni contra San Felipe. Le decimos a las autoridades ‘déjanos pescar nada más a nosotros. La curvina déjala especialmente para nosotros’, pero no. Nos metieron el tope de captura, nos metieron la reserva ecológica donde nos permiten un cierto tonelaje, de 4 toneladas por panga, y no se cubren los costos con ese límite. Queremos prioridad para la pesca de curvina; es territorio de nosotros y saben que la pesca es ancestral”, indica.

Reserva ecológica

El Gobierno quiere hacer una reserva ecológica sin consultarnos, nuestra cooperativa no ha aceptado ese límite, expone la pescadora. Son dos meses de marea en un año, cuando el Golfo y San Felipe tiene permiso de sierra, de camarón, de chano, de curvina, de aguamala, y los Cucapá solo de curvina y aguamala, por lo que no son competencia.

Si nos ponemos a competir, no les hacemos nada, ni a lo ecológico y es lo que el gobierno no nos entiende, apunta Leticia. Le han pedido a las autoridades que les envíen agua del Río Colorado, y supieron que efectivamente lo hicieron, pero que se desvió hacia los humedales. “No llegó al río, no sé qué pasó, trazaron mal la ruta y el agua salió más enfrente de nuestra comunidad. Nunca nos explicaron qué pasó. Llegó al vado Carranza pero no nos llegó”.

Leticia Galaviz en el vado Carranza.

El año pasado citaron a la comunidad Cucapá a una reunión en el Campo Mosqueda, donde les informaron que quieren hacer una reserva ecológica desde donde termina el Río Colorado hasta el Campo Mosqueda, y esto incluye su comunidad. No fueron consultados sobre esta propuesta y no están de acuerdo.

“Si no hay agua ¿a dónde nos quieren mandar?, ¿cómo van a sustituir nuestras áreas de trabajo?, ¿a dónde nos van a limitar a pescar? Les dijimos que no, y que no les íbamos a hacer el trabajo que ellos les corresponde porque preguntaban cosas como ¿para qué ocupas el álamo? Bueno, pues yo lo ocupo para hacer las faldas de corteza, las faldas tradicionales. Con el sauce hacemos trampas para pescar, las canastas. Y luego preguntaban ¿hacia qué dirección vas y cortas leña y de qué árbol? Yo les dije que como indígena uso palofierro, mezquite, pino, lo que se me atraviese por donde yo voy caminando, si yo ocupo leña la voy a agarrar. ¿Entonces no tienes un área fija donde agarres leña? No, porque yo no tengo límites en mi área, es mi tierra”, declara Leticia.

También les preguntaron sobre el uso de las plantas curativas, dónde encontrarlas, y ellos no quisieron responder. “No les íbamos a contestar para ayudarlos a perjudicarnos. Quedaron en que íbamos a tener más reuniones, pero hasta ahora no se han vuelto a hacer. Esta fue en noviembre con el Sonoran Institute y otros organismos y dependencias de gobierno y fue más para informarnos que para preguntarnos”, indica.

La pescadora subraya que no se sienten representados por ningún orden de gobierno; “todo es lo mismo, puras promesas y promesas. Esto no es de ahorita, tiene años y pueden ver los resultados: ninguno”. 

El medio ambiente, el otro gran olvidado

Tomás Rivas, del Sonoran Institute, explica que el proyecto de rehabilitación de laguna grande tiene desde el 2007 y participan el Sonoran Institute, Restauremos el Colorado, Pronatura Noroeste, además de algunas organizaciones en Estados Unidos.

Se trata de recuperar la vegetación y el hábitat que tenía originalmente el río; recuperar la vegetación ribereña y el agua abierta para lograr que lleguen cada vez más especies nativas de aves, de mamíferos, de insectos y de toda la fauna original.

Tomás Rivas, del Sonoran Institute explica las acciones para reforestar el delta del Río Colorado.

“Para la reforestación utilizamos únicamente especies nativas y la especie principal es el mezquite para la zona desértica y para la más cercana al rio usamos álamos y sauces, además de algunas especies más pequeñas como arbustos y pastos complemento de esa vegetación. Entre la fauna más relevante tenemos al castor, tenemos varias familias viviendo en los sitios de restauración, hemos registrado gato montés con crías, coyotes, mapaches y algunos más pequeños como musarañas del desierto, juancitos, y aves rapaces como lechuzas y búhos”, remarca.

En las zonas recuperadas viven especies protegidas tanto en México como en Estados Unidos como el mosquero saucero y el cuco pico amarillo, dos especies de aves.

Las actividades de restauración iniciaron con una iniciativa en el año 2000, donde se analizó qué era posible hacer en la parte mexicana, qué se podía restaurar en la zona del Río Hardy, en la del estuario y esa parte del Río Colorado.

En esa reunión se vio que una pequeña cantidad de agua puede ayudar a recuperar el ambiente y para el 2004 se hicieron las primeras visitas al polígono de Laguna Grande, que era entonces un sitio muy diferente.

“Empezamos a replicar lo que vimos aquí en cuanto a especies y la creación de hábitats. A lo largo de los años hemos ido incrementando el área y las especies de árboles. Tenemos 3 polígonos de concesión aquí en Laguna Grande, son más de 520 hectáreas de área concesionada y de ellas hemos restaurado en este polígono donde estamos unas 100 hectáreas y en total tenemos 350 hectáreas restauradas”, explica.

Flora y fauna

Una de las complicaciones de la sequía es que uno piensa en todos los beneficiarios: la industria, la gente, la agricultura, y siempre se ha olvidado el medio ambiente como un usuario más del agua del río, dice Rivas. Por eso es importante traer agua a estos sitios porque eso implica tener hábitats saludables, más flora y fauna y eso es una zona de protección para especies nativas y de caza.

El principal riesgo es por supuesto perder el agua, pero por ahora la estructura del sistema de riego del Valle de Mexicali permite tener ese recurso en el sitio, indica.

Área reforestada en Laguna Grande con álamos, sauces y otras especies nativas.

Se envió agua a la zona en 2014 con el flujo pulso, y en 2021 y 2022 con los envíos de agua federal a esta zona. La idea es que las comunidades cercanas de apropien de los sitios restaurados para que sean ellos quienes cuiden y protejan esas zonas y procuren mantener y aumentar los volúmenes de agua que reciben.

“Siempre vamos a tener el peligro de perder el agua, siempre estamos en comunicación con otros organismos de este y el otro lado de la frontera y un cambio muy importante fue el envío de agua para el medio ambiente, que esperamos mantener en el futuro”, confía el experto del Sonoran Institute.

La afectación a las comunidades originarias

La pesca es fundamental para la supervivencia de los Cucapá. Rivas señala que parte del plan es tener un área natural a lo largo del río y que hay un proceso para declarar un área como reserva natural, para lo cual se darán a la tarea de identificar las zonas y de ellas ver cuáles están aptas para destinarse a la protección y cuáles para el aprovechamiento sustentable de la pesca.

“No se va a quitar el uso de los recursos que ya se utilizan, simplemente aprovecharlos de manera sustentable. De hecho, nosotros hemos colaborado con apicultores y ahora tienen algunas cajas dentro del área restaurada y el sitio está protegido por guardaparques. Aquí podrían realizarse actividades de pesca deportiva y más abajo podría haber actividades de pesca de consumo. Mientras no haya sobrepesca puede hacerse uso de los recursos de manera responsable y sustentable, sin afectar a ninguna comunidad. La idea es tener agua del río corriendo y que llegue como antes al Golfo de California”, opina.

El Río Hardy, el cuerpo de agua más cercano a la comunidad Cucapá.

Pero ¿a dónde fue el río? Si uno piensa en el río donde es caudaloso se puede imaginar la magnitud de los flujos que venían y llegaban hasta el golfo, relata; hasta parece difícil de imaginar que pasaba por aquí. La responsabilidad por la disminución del flujo es una combinación de factores, y al final la conclusión es que el río no tiene agua para todos los usuarios, y el último en la lista es el medio ambiente, agrega.

“Ahora el río no fluye, pero ves aquí todavía la fuerza del río y lo que es posible hacer aun con esa agua. El río no lo perdimos, aquí está, en espera que le mandemos agua para volver a resurgir y poder fluir hasta el mar. Es como semillita que esperamos ver crecer y ver los efectos que suceden cuando el rio tiene agua”, apunta.

Menos agua y de menor calidad

Alfonso Cortés, investigador del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), explica que hemos estado recibiendo junto con esta menor cantidad de agua, también menor calidad, por la salinidad del Río Colorado. “Una vez que recibimos el agua en México, va a los diferentes usos: el 70 Por ciento va a la agricultura, el resto va a las ciudades y a la industria. Se utiliza en las ciudades y después hay descargas, a las cuales hemos tenido problemas para darles un tratamiento integral y completo y aprovecharla”, opina.

Esa menor calidad se refleja en el sector agrícola, donde los cultivos se ven afectados por el incremento de la salinidad; la sal hace que los cultivos tengan un rendimiento disminuido, de ese punto de vista los suelos y las plantas se ve afectados, dice. Respecto a las ciudades, subraya que necesitamos mayor infraestructura, mayor inversión para poder limpiar esos mayores volúmenes de agua que están demandando diferentes sectores.

Estamos al final de la cuenca del Río Colorado; de hecho el Valle de Mexicali no es un valle, es geofísicamente hablando, una planicie costera de inundación; una zona deltaica. Está al final del camino del agua que nace en las montañas rocallosas, a más de 2 mil 300 kilómetros, así que naturalmente se va incrementando la salinidad de manera natural, explica.

Cultivo de algodón en el Valle de Mexicali.

“Nosotros recibimos la calidad más baja y el problema es histórico. En el Valle de Mexicali hay una ruta de la sal, porque ahí se asientan las sales del Río Colorado y tenemos una disminución de la productividad”, comenta.

Para contrarrestar esto, se dispone de una red de drenaje a cielo abierto, donde se descargan las aguas que se utilizan después del riego y esas sirven para eliminar las sales en una medida, y también los volúmenes de que no se ocupan en la agricultura, algo que deberíamos estar aprovechando en estos tiempos, aconseja. A esa agua debería de dársele un retorno para poder enfrentar la escasez de agua limpia.

En el tratado se establece una norma; el acta 242 del CILA establece el nivel de calidad que se debe entregar a México, que por cierto, siempre es de menor calidad a la que se tiene en Estados Unidos: 121 partes por millón.

Esos niveles están establecidos desde que se firmó el acta 242 en 1973. Hasta recientemente se incorporó el tema de la salinidad en las recientes actas; la 319 en 2012 y la 323 que es la que está vigente. Ahí se menciona que se van a mejorar los sistemas de monitoreo. El sistema actual considera promedios pero la sal no se mueve así, entra diariamente y están tratando de implementar un sistema de monitoreo que considere de menor manera las fluctuaciones de la sal.

Para poder cumplir con los estándares de salinidad hay un sistema de monitoreo binacional. Las instancias que tienen que ver con las entregas de volúmenes de agua en términos de cantidad y de calidad, es del lado mexicano el CILA y en el lado americano IBWC (International Boundary and Water Commission).

Uno de los tantos canales en el Valle de Mexicali, que forman una red de 2 mil 500 kilómetros.

¿Recibimos la cantidad justa de agua?

Las entregas de agua que hace Estados Unidos a México parten de un tratado binacional de aguas internacionales que incluye 3 grandes corrientes: el rio Colorado con 1,850 millones de metros cúbicos, en el Río Bravo no recibimos, entregamos 2,200 millones de metros cúbicos en un lapso de cinco años, y en el Río Tijuana, entregamos volúmenes que se miden con aguas residuales. Hablar de justicia es entonces muy relativo, expresa el investigador del COLEF.

Recibimos aproximadamente el 9.1 por ciento del flujo promedio del rio Colorado, que es 15 millones de acres pies o 18 mil millones de metros cúbicos al año. Es un volumen que guarda proporcionalidad de población, tamaño de la región y aportación a la cuenca. Cortés apunta que no aportamos nada; somos receptores netos.

Ese volumen de 1,850 millones de metros cúbicos por año no se está entregando porque el acta 323 que se firmó en el 2017 establece ciertos niveles de recorte, y estos niveles de reducción dependen de las condiciones de la presa Hoover, explica.

Alfonso Cortés, investigador del COLEF.

“En el 2021, 2022 y 2023 hemos tenido recortes consecutivos de diferente orden: en el 21 fue por concepto de ahorro, se supone que después regresará a nosotros, ¿cuándo? Tal vez nunca. Fueron 51 millones de metros cúbicos. En el 2022 fueron dos conceptos: ahorro más reducciones obligatorias y sumaron 99 millones de metros cúbicos. Este año está corriendo un volumen de 128 millones de metros cúbicos, sumando ahorros y reducciones, así que ya no recibimos los 1,850 millones de metros cúbicos”, precisa.

Esa cantidad, 128 millones de metros cúbicos, es 1.3 veces el consumo total de toda el agua de la ciudad de Mexicali. Comparativamente en la actividad agrícola, es el agua que sirve para regar 13 mil hectáreas. Es un volumen importante, que muy probablemente cambie porque las condiciones de la disponibilidad de agua a nivel de cuenca siguen una tendencia negativa. Las condiciones de la demanda del agua siguen al alza. “Yo estimo que si hablamos de justicia, va a ser todavía más injusto muy pronto porque va a a haber recortes adicionales el año que entra y se verán limitadas las diferentes actividades productivas, no solamente la agricultura”, asegura.

Cuando se habla de reducciones y recortes, no se recorta el uso urbano del agua de ninguna ciudad, sino el de la agricultura. Pero si hay excedentes de operación y una vez que hacen todas las actividades de riego y se rescatan ciertos volúmenes, el recurso se va a Tijuana. Al haber una reducción, habrá un impacto directo en la disponibilidad de agua en la zona costa. En papel no, en la práctica sí, vaticina.

Un tercer recorte de los volumenes de agua que México recibe de Estados Unidos se anunció en agosto de este año.

Opciones

Hace tres años los agricultores no tenían recortes. Ni ellos ni la zona costa pensaban que se les podía reducir el agua que recibían del Río Colorado. “Eso lo ven como algo injusto para su desarrollo. Yo no lo veo así desde el punto de vista de una relación bilateral porque también del lado americano ha habido recortes importantes; todos están teniendo recortes y éstos seguirán”, indica Cortés.

Cuando hablamos de escasez es muy importante pensar en donde utilizamos el agua y si es pertinente usar esa agua escasa en cultivos altamente consumidores de agua, como los cultivos que sirven para alimentar a la ganadería, ya sea de carne o de leche, relata.

Este año se sembraron cerca de 40 mil hectáreas de alfalfa y ese es un cultivo muy demandante de agua; usan una lámina de agua de cerca de dos metros de profundidad que si lo multiplicas por la superficie nos dan un volumen muy alto. Yo soy ingeniero agrónomo, dice Cortés; “hay cultivos que pueden utilizar mucha menos agua y que sirven para alimentar al ganado, como el trébol alejandrino o el ramio, que pudieran ir sustituyendo paulatinamente a la alfalfa para reducir el consumo de agua a la mitad”.

Si decidimos no cambiar la alfalfa, lo que podemos hacer es cambiar las técnicas para regar, sugiere; hay estudios probados que muestran que podemos reducir el consumo de agua en un 50 por ciento, entre consumo y optimización del recurso. El investigador del COLEF remarca que para cambiar los cultivos se requieren tres tipos de incentivos: de carácter regulatorio, gubernamentales y de mercado.

Hay muchas formas de que se puede tratar de reducir el consumo, pero hay que enfocarse en las que más impacto tienen. El consumo de las ciudades comparado con la agricultura es mínimo, pero aun así tenemos que ahorrar agua en las ciudades.

“El consumo per cápita en las ciudades está por arriba del estándar internacional, por ejemplo, en Mexicali con un 50 por ciento arriba, y en Tijuana también, y todos los días está demandando agua de Mexicali. Si tenemos que hacer acciones para reducir el consumo en las ciudades, pero yo primero pondría en la lista de prioridades tratar de buscar la reducción del consumo donde más se utiliza el agua, que es en la agricultura. Y de ahí, en el cultivo que más consume agua, que es la alfalfa”, opina.

“De ahí me iría a buscar utilizar de mejor manera el agua que se distribuye en el Valle de Mexicali a través de más de 2 mil 500 kilómetros de canales; es la distancia de aquí a la Ciudad de México: ese es el tamaño de la red de distribución del valle. Tenemos muchas oportunidades para optimizar el agua en esos canales y no estoy diciendo que en todos, porque necesitamos dejar que el agua se infiltre para que se recargue el acuífero”, expresa.

Un uso más eficiente del agua en el Valle de Mexicali traería ahorros significativos de ese recurso.

Si hacemos eso, asegura, tendríamos rescate de volúmenes importantes del orden de los 70 millones de metros cúbicos una vez que se establezcan los proyectos, y esa cantidad es el doble de lo que Tijuana nos demanda cada año como agua faltante.

En Mexicali habría que limitarnos a 160 litros por habitante por día, que es el estándar, no 240 litros como sucede actualmente. En Tijuana gastan 165 litros por habitante por día, cuando el estándar son 105 litros.

“Es importante priorizar las alternativas y ahí nos estamos equivocando. No me parece que las plantas desalinizadoras sean la alternativa última y única en Baja California. Es una alternativa muy cara, muy costosa ambientalmente porque es muy contaminante y que además no nos ayudaría en el largo plazo a detener esta sequía que viene. Es mejor el agua residual tratada, por ejemplo. Cuatro veces más económica y no la estamos aprovechando”, destaca.

Solo le damos una sola vuelta. La limpiamos y la mandamos al mar, es lo peor que hacemos en México. La limpiamos para mandarla al mar y luego queremos una desalinizadora, es un contrasentido, dice.

El investigador del COLEF declara que esta situación crítica del agua va a continuar, pues los datos indican que hay una tendencia de sequía de largo plazo. Puede haber recuperaciones en algunos años, pero el largo plazo obliga a cambiar prácticamente todo el manejo del agua.

La crisis del Río Colorado empezó hace más de 20 años y es una señal de alerta. Tendríamos que haber empezado a hablar de medidas en ese entonces y no ahora, subraya. Ahora viene la crisis más complicada hay que empezar a trabajar a un ritmo más acelerado con las alternativas que tenemos.

La cuenca del Río Colorado está ubicada en una región ya no de sequía prolongada, sino de mega sequía. Recalca que tenemos sequías más frecuentes, más prolongadas y más intensas. “Esta experiencia deberá servir para que en las otras regiones se lleven a cabo medidas de este tipo. Hay 184 cuencas transfronterizas en donde tenemos que hablar entre países para ponernos de acuerdo; es un laboratorio excelente para aprovechar el conocimiento y las experiencias de corto plazo”.

La cuenca del Río Colorado está ubicada en una región de mega sequía y urgen acciones preventivas.

Agua y comunidades originarias

En toda esta problemática, ¿cómo incorporamos a los grupos originarios y al medio ambiente, que son los usuarios olvidados del Río Colorado?.

“Me parece que esta crisis es la oportunidad para incorporar a esos grupos y rescatar todo ese conocimiento y saberes milenarios que tienen para manejar el suelo, las plantas y el agua. Ellos son los verdaderos expertos. Sabían gestionar la abundancia y la escasez porque la vivieron muchas veces y nosotros los de la era moderna, los del “mundo civilizado” no sabemos aprovechar esas experiencias”, externa Cortés.

Es el momento y la oportunidad para incorporarlos como parte de mecanismos de participación ciudadana en donde estén presentes. Aquí en Baja California hay una contraloría ciudadana del agua y ahí participan algunos miembros de la comunidad Cucapá, relata.

Ellos son importantes para mantener el valor cultural de la región, dice. “Para mi ellos son mucho más importantes que el medio ambiente, que apenas se acaba de incorporar en el acta 319, la más reciente de la CILA y ahí se estipula un componente de flujo ambiental, pero hay que hacer mucho más por estos dos usuarios olvidados”.

Estoy de acuerdo que haya flujo ecológico, pero no estoy de acuerdo en la forma como se está haciendo, opina Cortés. “En otros ríos del mundo que están en la zona deltaica se habla de proporciones que se dejan fluir por parte de cada usuario, pero aquí es un mecanismo muy raro; aquí es un mecanismo de compra de derechos de agua para ponerlo de flujo ecológico donde no están las comunidades de pueblos originarios. Están totalmente excluidos, se tienen que incorporar a esos flujos pero también a los otros, a los productivos. Me parece que eso sí es bastante injusto. Lo digo fuerte: es muy injusto lo que le está pasando a estos grupos, excluidos totalmente de su medio ambiente en el que ellos vivían y excluidos de un medio desarrollo económico saludable para sus familias”.

Resistir para existir

Tenemos que resistir para existir, subraya Leticia, la pescadora Cucapá. El río es nuestra madre, dice, como femenino es también el poder de la comunidad, pues los permisos de pesca y las representaciones de los Cucapá recaen en las mujeres. “Esto es un matriarcado y las mujeres lucharemos hasta el final por la supervivencia de los nuestros”, manifiesta.

A mediados de agosto se anunció un recorte de las asignaciones de agua del Río Colorado a los usuarios de Estados Unidos y México; el tercero desde que se firmó el tratado de 1944. Una medida cuyos efectos se calculan y analizan para los usuarios urbanos de Mexicali, la agricultura y la zona costa, pero no para los olvidados del Río Colorado.

Reportaje

“A ellos no les vamos a abrir”; ¿qué pasó en la estación migratoria de Ciudad Juárez?

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Por Rocío Gallegos, Blanca Carmona y Gabriela Minjares

Una investigación transfronteriza de La Verdad junto a Lighthouse Reports y El Paso Matters revela nuevos detalles de los acontecimientos, irregularidades, abusos y omisiones graves ocurridas el 27 de marzo del 2023 en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, que contribuyeron a la letalidad del incendio provocado en una celda cerrada bajo llave donde murieron 40 migrantes

Mientras avanzaba la noche del 27 de marzo de 2023, los gritos de un grupo de migrantes extranjeros encerrados bajo llave en la estancia para hombres del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez se intensificaron.

Enojados, discutían con guardias de seguridad y oficiales migratorios por la falta de agua, alimentos y amagos de deportación. Luego, asustados, clamaban por auxilio para ponerse a salvo del incendio ocurrido por la quema de colchonetas del lugar.

Unos llevaban semanas tras las rejas, otros fueron detenidos unas horas antes durante un operativo de autoridades municipales de Juárez, agentes del INM y de la Guardia Nacional en el que los acorralaron y luego transportaron a la estación migratoria. Con las llamas propagándose, los migrantes pedían a gritos que los dejaran salir, pero quienes los tenían bajo su resguardo no les abrieron la celda.

“No… a ellos no les vamos a abrir, ya les dije a los güeyes” , se escucha decir a una agente de migración mientras sus compañeros buscan extintores y se movilizan para desalojar a las mujeres migrantes encerradas en otra celda de la estancia. El momento quedó grabado en un video con audio inédito captado por una cámara de circuito cerrado de televisión de la estación del INM, que aporta indicios de lo que ocurrió esa noche.

El fuego en las colchonetas creció y el humo se propagó, 40 hombres murieron encerrados asfixiados por el humo, otros 27 resultaron con lesiones de por vida y 15 mujeres sobrevivieron con estrés postraumático en ese incidente en el que más personas migrantes bajo el resguardo de las autoridades han perdido la vida en México.

La falta de justicia hasta ahora ha impedido que salgan a la luz irregularidades, abusos y omisiones graves que derivaron y contribuyeron a la letalidad en este incendio en una celda cerrada bajo llave, saturada, sin extintores, sin ventilación, sin rociadores contra incendios y con detectores de humo sin funcionamiento, que se convirtió en una trampa mortal para migrantes originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia y Venezuela.

El incendio mortal ocurrió en un momento en el que los esfuerzos estadounidenses por disuadir a las personas migrantes en su frontera sur se extendieron bajo acuerdos con las autoridades mexicanas, para contener y detener a personas en movilidad en comunidades como Ciudad Juárez, que se convirtió en un punto de concentración masiva, por los miles de retornados desde Estados Unidos y por un creciente número de quienes llegaban de Centro y Sudamérica con la esperanza de cruzar la frontera.

Casi un año después de esta tragedia, una investigación de La Verdad junto a Lighthouse Reports y El Paso Matters revela nuevos detalles sobre la cadena de acontecimientos de esa noche de marzo en la estancia migratoria instalada a unos metros de la frontera con El Paso, Texas, a donde autoridades mexicanas trasladaban a los migrantes que de manera irregular llegaban a la ciudad para cruzar a Estados Unidos.

A través de testimonios de ocho sobrevivientes, de entrevistas a personal de los cuerpos de emergencia, del análisis de videos, de la revisión de la carpeta de investigación, y la construcción de un modelo 3D de la estación para examinar los minutos cruciales durante el incendio, así como de los relatos expuestos durante el proceso penal en contra de 11 personas, de los cuales ocho son funcionarios de migración, reconstruimos los hechos en esta estación migratoria del norte de México.

Sobre este incidente, el INM -órgano descentralizado del Gobierno de México- se negó a responder cuestionamientos que surgieron de esta investigación, y las solicitudes de entrevista para algunos de los implicados en este incendio que se encuentran presos, enviadas por escrito a través de sus abogados o familiares, aun siguen sin respuesta.

¡Ya tienen toda la lumbre…!”

Las primeras llamas visibles en la celda de hombres de la estación migratoria de Ciudad Juárez se registraron a las 21:28 horas. El momento quedó grabado con una cámara de circuito cerrado de televisión instalada en el edificio público.

Minutos antes, en el video sin audio, se ve a los migrantes discutir con un guardia de seguridad que los observa sentado frente a las rejas. Luego, ya con las llamas visibles, se observa a agentes migratorios que caminan por el área, se acercan a las rejas, intercambian palabras con los migrantes encerrados. Después, una mujer vestida de negro, una guardia de seguridad, se acerca a una agente del INM que está frente a las celdas, le comunica algo y sale del lugar, tras de ella también los demás se marchan de esa área.

La agente de migración presuntamente es Gloria Liliana R.G., su nombre y su cargo coinciden con la identidad mencionada en las audiencias públicas del proceso judicial, donde ha estado presente como imputada.

Las llamas crecen detrás de las colchonetas de hule espuma, forradas con material de vinil de distintos colores, colocadas por los migrantes en las rejas, y en segundos el área de alojamiento destinada a personas migrantes del sexo masculino se cubre de humo y se pierde la visibilidad.

La guardia de seguridad es captada luego en un video con audio cuando sale apresurada por el área de ventanilla del filtro migratorio instalado en ese lugar, se dirige por la sala de espera y se escucha cuando dice: “¡hay un desmadre!”.

Se escuchan gritos y se observan a personas corriendo, al fondo de la imagen, en la sala de espera una mujer con una chamarra en color rojo y dos niños. Presuntamente se trata de Viangly Infante, esposa de Eduardo, de 26 años, un sobreviviente del incendio. También se aprecia a elementos de la Guardia Nacional que ingresan a la estación y se dirigen a la zona.

Luego se escucha la voz de una mujer, posiblemente es la agente de migración Gloria Liliana, que dice: “¡Ya tienen toda la lumbre…!”. Posteriormente ella aparece en la imagen, se le ve mientras camina y sostiene su teléfono celular en el oído.

El barullo es más intenso en esa área de la estación donde se ve que va y viene personal de seguridad y oficiales de migración, buscan extintores.

“Necesitamos extintores, extintores”, se escucha decir a un hombre vestido con una chamarra negra, presuntamente Omar I. P. M. supervisor de los guardias de seguridad que se encontraba en el lugar en ese momento.

“No hay” , responde un oficial de migración.

Se escucha hablar a Gloria Liliana, quien indica: “A ver, a ver si funciona este, por favor…”.

La agente de migración mantiene el celular en el oído, habla y cuando casi se topa con el hombre de chamarra negra, dice: “Y todo por falta de agua, ¡eh!”. A lo que otro funcionario del Instituto responde: “sí, desde la mañana les dije”.

Son las 21:31 horas. La mujer sigue hablando, continúa con su celular en el oído, y dice: “Oye, ya están quemando la estación”. “Ya le dije a Daniel, pues ya prendieron un putero de colchonetas… y qué hacemos, no hay extintores, güey. ¡Ya está el humo hasta acá…!”.

“Hay que abrir la puerta de allá” , se oye decir a un hombre.

Luego se escucha la voz de una mujer, no visible en el video en ese momento, que dice: “no, no les vamos (inaudible)… a ellos no les vamos a abrir, ya les dije a los güeyes”. Presuntamente se trata de Gloria Liliana, de acuerdo con la secuela de la grabación.

La difusión de este video se basa en el interés público de conocer la verdad.

A su alrededor están empleados de la empresa de seguridad CAMSA, contratada por el INM, así como dos funcionarios de Migración y un hombre externo al Instituto que hasta el momento no se ha identificado de manera oficial, pero fuentes consultadas lo reconocen como un tramitador de amparos o “coyote” que ofrece servicios legales a migrantes.

Dos minutos después se oye el bullicio de mujeres que empiezan a salir en fila y se escucha una instrucción: “aquí sentadas, por favor”. Un video desde el exterior del edificio muestra después a las mujeres sentadas en los escalones de la entrada.

Los videos captados por las cámaras de seguridad evidencian que los funcionarios de Migración y los guardias salieron del área que se quemaba dejando atrapados a los migrantes varones. En ningún momento tratan de abrir la puerta de la celda del área de hombres.

Ante un incidente como este se debió accionar inmediatamente una alarma sonora de incendio o marcar al 911 y enseguida evacuar de forma total el edificio, así se indica en el Plan de Contingencias diseñado por el INM.

Minutos antes del incendio, en medio del bullicio de los migrantes encerrados, los agentes celebraban a Gloria Liliana, quien al día siguiente, el 28 de marzo, cumplió años. Al iniciar su turno laboral, a las 20:00 horas, uno de sus compañeros llegó con pastel y refrescos, eso los concentró en una sala contigua a su área de trabajo, enseguida de la celda de las mujeres, a donde iban y venían, de acuerdo con varias fuentes del INM consultadas y las imágenes de los videos revisados durante esta investigación.

El tiempo transcurrió, los migrantes gritaban, corrían, pedían que los dejaran salir y después encendieron las colchonetas. En la celda las llamas crecían y todo se llenaba de humo, de acuerdo con testimonios de sobrevivientes entrevistados.

“Comienzo a correr a una esquina, es como que saltaba, gritaba: ‘¡ayuda!, ¡abran la puerta!’ Y no vi ningún personal de Migración intentando abrirlas tan siquiera, dejándonos ahí encerrados, como si fuéramos criminales”.

Así lo recuerda Brayan F. Q., de El Salvador, uno de los sobrevivientes entrevistado, quien pidió identificarlo sólo con su nombre e iniciales de su apellido. Él sufrió lesiones en un pulmón, en los riñones y quemadura de vías aéreas, y permaneció un mes intubado.

En cuestión de minutos, las colchonetas encendidas, presuntamente por dos migrantes de Venezuela que se encuentran detenidos y bajo proceso judicial, generaron un intenso humo que invadió el espacio.

La mayoría de los extranjeros se refugiaron en el baño, buscaban protegerse bajo el agua de las regaderas e incluso del inodoro. Eso fue insuficiente para evitar la inhalación de los gases que se concentraron en la celda ante la falta de ventilación y el calabozo que en realidad era ese espacio, pues no había salidas de emergencia.

“No pude abrir completamente la ducha por el nervio, la cantidad de personas, como unas 50 personas, entramos en ese baño, no sé, algo así grandísimo, mucha, mucha, muchísima gente, nos respirábamos de frente, gritábamos, y ya el humo y el fuego se iba acercando a cada vez más”, relata Stefan Arango, otro de los sobrevivientes, quien en entrevista narró que despertó cuando estaba dentro de una bolsa térmica en el exterior de la estación, pues lo habían dado por muerto por sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Algunos de los sobrevivientes entrevistados para esta investigación coincidieron en señalar que minutos antes de ocurrir el incendio unos de sus compañeros de celda amagaron a los guardias y a los agentes con prender fuego en el lugar, en protesta por las condiciones en las que se encontraban retenidos, pero les respondieron que ya se habían tardado.

“Recuerdo que un migrante grita que si no los querían, si no les iban a dejar salir, iban a incendiar. Y viene el guardia de Migración, les dice que desde hace rato lo hubieran hecho, que hasta mucho se habían tardado” , narra Brayan F. Q..

Las víctimas y fuentes del INM consultadas que piden no ser identificadas por no tener autorización para hablar sobre el tema, aseguran que los agentes y guardias en el lugar se dirigían hacia los migrantes con insultos y con expresiones racistas, como “¡qué se mueran!”.

“Mayormente hay un insulto, en donde nos decían que qué hacemos en este país, que nadie nos quiere, lárguense de este país, aquí no son bienvenidos” , recuerda Stefan Arango.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, citada en audiencias judiciales públicas del caso, el incendio fue provocado por los migrantes como un medio de protesta por las condiciones en que los tenían retenidos. Los testimonios de dos sobrevivientes revelan que alguien permitió el ingreso de al menos un encendedor a la celda de los varones.

Las víctimas coinciden en señalar que las revisiones físicas, previo al ingreso de los hombres a la celda, las realizaban tanto guardias de CAMSA como oficiales de Migración.

Los hombres extranjeros estaban encerrados bajo llave pese a que en México la migración indocumentada es considerada solo una falta administrativa, no un delito como en Estados Unidos.

¿Dónde estaban las llaves?

Los gritos de auxilio de los hombres se fueron apagando conforme las llamas y el humo crecían en el interior de la celda cerrada bajo llave. De manera oficial el INM atribuyó la muerte de los migrantes a la propagación del incendio provocado y a la pérdida de las llaves del área de alojamiento para los migrantes.

Quince días después de la tragedia, el 11 de abril de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en la conferencia de prensa matutina que la persona que tenía las llaves para abrir la puerta donde se registró el incendio no estaba.

Sin embargo, esta investigación periodística revela que las llaves siempre estuvieron en el edificio. Esto se concluye después de analizar las imágenes de 15 cámaras de seguridad fijas dentro y fuera del centro de migrantes, que monitorean las áreas más importantes del edificio de día y de noche; la entrada, la oficina administrativa, el área de guardia frente a la celda de hombres y la celda misma.

Si bien la mayoría de las imágenes no tienen audio y los detenidos destruyeron las cámaras de vigilancia dentro de la celda poco antes del incendio, una de ellas permitió escuchar a una agente de migración decir que a “ellos no les vamos abrir”.

De acuerdo con las imágenes analizadas, en el transcurso del día se puede ver tanto a los agentes del INM como a los guardias de seguridad manejar las llaves para abrir y cerrar la puerta de la celda y la puerta de madera con la puerta metálica que estaba al lado de la habitación y conduce al estacionamiento del edificio.

Se observa que entran y salen para ingresar a los migrantes detenidos durante el operativo de las autoridades y para dar acceso al personal.

Unos minutos antes del incendio, a las 20:58 horas, se observa cuando la guardia de seguridad cierra la puerta de madera que daba al exterior y de inmediato la entrega a la agente de migración a cargo que se encontraba en la oficina administrativa. La llave fue vista ahí por última vez en el escritorio de la funcionaria hasta que el humo bloquea las cámaras.

Mientras que la llave de la celda de los hombres fue vista por última vez apenas un minuto antes de que se desatara el incendio, cuando un guardia de seguridad se la entrega a su otro compañero y este la guarda en el bolsillo.

“La puerta ellos la manejaban, ellos abrían y cerraban. Yo creo que Migración sí usa las llaves para abrir y cerrar”, dice Stefan, quien reclama porque los mantenían encerrados cuando no estaban privados de la libertad y no son delincuentes.

Por ello, se pregunta por qué cuando comenzó el incendio y pedían auxilio ni siquiera intentaron abrir la puerta y los dejaron encerrados.

“Cuando todo comenzó yo me acerqué a la puerta y le dije: ‘¡ayúdenos hermanos, por favor, no nos dejen acá!’ Y nos dijeron: ‘suerte, güey’, y se fueron”, agrega Stefan Arango al recordar, en entrevista, su diálogo con uno de los guardias de seguridad.

Por el contrario, el supervisor de la empresa de seguridad aseguró que hicieron todo lo posible para poder salvaguardar la vida de las personas. En su testimonio ante las autoridades narró que así se lo hizo saber a Salvador G. G., jefe de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua, cuando este lo cuestionó por qué no rompieron la cerradura. Las imágenes de las cámaras evidencian que no intentaron abrir la celda de los hombres.

De acuerdo con la declaración de Salvador G. G., las puertas de las áreas de resguardo de los extranjeros debían estar cerradas con candado por protocolo de seguridad y las llaves “las tienen o deben saber en donde se encuentran los responsables de turno del INM” , se revela en la carpeta de investigación.

Los documentos oficiales revisados exhiben que ese día estaban como agentes responsables del turno Rodolfo C. de la T. y Gloria Liliana R. G.

Sin embargo, Rodolfo declaró ante el juez que esa noche salió de la estación migratoria aproximadamente a las 20:30 horas para trasladar a un albergue a dos menores de edad originarios de El Salvador.

Cuando el humo había invadido todo el edificio y las mujeres y el personal habían sido evacuados, la llave de la puerta exterior fue recuperada de un escritorio por un guardia de seguridad, y pasó por varias manos sin que nadie fuera capaz de abrirla.

Accesos bloqueados

Los primeros bomberos llegaron a las 21:42 horas. Catorce minutos después de que el incendio es visible en las imágenes. Se toparon con un edificio lleno de humo tóxico y sin ventilación, por lo que les tomó otros 13 minutos entrar hasta la celda.

Al tratar de ingresar al edificio, los elementos de bomberos se percatan que había una doble puerta, una de madera y otra metálica.

Además, en el área del dormitorio de hombres había dos puertas de rejas metálicas, una de ellas se encontraba soldada y la otra cerrada y asegurada con candado, se indica en el informe de las actividades realizadas por el personal operativo de bomberos.

“Accesamos al inmueble y comenzamos a rastrear porque debido a la densidad del humo no se tiene visibilidad, y aún con la ayuda de la lámpara, la distancia para ver es muy corta, por lo que vamos agachados y con manos y pies vamos identificando objetos o lo que encontramos a nuestro paso y fue así que encontramos una reja” , de acuerdo con la declaración del bombero B.O. citada en la audiencia del 17 de abril en la causa penal 235/2023.

Uno de los primeros bomberos en ingresar a la estancia rescató el cuerpo de una de las víctimas a las 22:04 horas. Fue la primera, luego fueron sacando a otras más y las acomodaron en el piso del estacionamiento.

Debido a lo denso del humo y el calor acumulado en la celda de hombres, los bomberos abrieron un agujero en un muro del edificio que está al lado contrario de la puerta principal de la estación migratoria. Al estar en el interior, los bomberos se toparon con una reja metálica cerrada con candado y tumbaron el cerrojo.

Cuando ya habían realizado esa maniobra, un oficial de Migración le entregó a uno de los bomberos una llave.

“En ese momento, al estar abriendo el candado de la puerta, llega mi compañero M.O., y dijo que un guardia se las había entregado, a lo cual, para ese tiempo, ya habíamos abierto la reja forzando la aldaba” , declaró el bombero R.D.F.H. Su explicación fue citada en una audiencia pública realizada el 17 de abril de 2023.

“Ingresamos cuatro personas haciendo búsqueda y rescate. Topamos con una puerta, pero se encontraba con candado y salí por herramienta especial para abrir candados, al momento de regresar una persona con vestimenta de camisa blanca y pantalón caqui sin recordar rostro o alguna seña particular de la persona me entregó unas llaves. De inmediato regresé al lugar, pero mis compañeros ya habían roto el candado” , dijo el bombero M.E.O.C. Ese dato fue citado en la misma diligencia.

Cuando los rescatistas llegaron al lugar, la mayoría de las víctimas ya estaban acomodadas sobre el asfalto del estacionamiento del INM, ahí hicieron una evaluación rápida de las personas que presentaban signos vitales para empezar a trasladarlas a los hospitales.

Veintinueve migrantes fueron llevados a diferentes hospitales, dos de ellos murieron cuando recibían la asistencia. Otros 38 fueron sacados sin signos vitales y colocados dentro de bolsas térmicas sobre el aparcamiento.

“Fue una escena impresionante, al final de cuentas son muchas unidades, muchas personas trabajando en el lugar y sobre todo lo más impactante, que veías que sacaban una persona y otra persona y otra persona… parecía una película que no podía terminar” , dice Adrián Fernando Meléndez de la Torre, coordinador del área de Socorro de la Cruz Roja Mexicana de Ciudad Juárez, en entrevista.

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Una estancia en malas condiciones

Localizado a unos metros de Estados Unidos, el edificio que alberga las instalaciones de la estación migratoria del INM operaba desde hace 28 años en condiciones de riesgo que ya habían sido documentadas y denunciadas.

Datos proporcionados por el Instituto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indican que la Estancia Provisional “B” del INM empezó funciones en 1995, en el edificio que se localiza a un lado del puente internacional Reforma, conocido como Lerdo.

De acuerdo con datos oficiales, hasta el 2019 se reportaba una capacidad de alojamiento de 60 personas en la estancia. Sin embargo, para el 8 de julio de 2022, en un oficio del INM, se informó que la capacidad era mayor, de 80 hombres y 25 mujeres, en total 105 personas, aunque el total varía en otro informe que señala una capacidad de 110 personas y los datos contrastan aún más con la realidad.

“La autoridad entrevistada (del INM) refirió que contaba con una capacidad para alojar a 110 personas, con 85 lugares para hombres y 25 para mujeres; sin embargo, se pudo apreciar que la Estación contaba únicamente con 6 literas en el dormitorio de mujeres, mientras que en el dormitorio de hombres debían dormir en colchonetas colocadas sobre el suelo, puesto que carecían de literas o planchas”, documenta la CNDH.

En el informe publicado en abril de 2023, después de realizar visitas a las estancias y estaciones migratorias del norte de México entre enero y febrero de ese año que ocurrió el incendio en la de Ciudad Juárez, dice: “Al momento de la visita se constató que se encontraban 17 mujeres detenidas y que algunas de ellas tenían que compartir la misma cama”.

El Diagnóstico del Instituto Nacional de Migración elaborado por el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) en 2013, investigación coordinada por Sonja Wolf, registra que el edificio de la estación tiene un tamaño de 1 mil 405.31 metros cuadrados, que se encuentra en el mismo predio de la subdelegación federal.

Desde entonces y hasta el 2023, como se advirtió en el mismo informe, los dormitorios eran celdas estilo carcelario en su forma y reglas de operación, al estar cerrados bajo llave y con rejas, lo que representaba una amenaza para los migrantes.

“Había una puerta de emergencia de este lado, pero estaba cerrada con un candado. No había una manera de poderla abrir. Y si había ventanas estaban hasta arriba” , recuerda Brayan F.Q..

Otro, Brayan Orlando R.F., originario de Honduras, describe que las ventanas eran como de unos 40 centímetros de largo por lo mismo de ancho, pero estaban selladas y no había ventilación.

Por ello es que el edificio se convirtió en una trampa mortal para los migrantes que estaban detenidos la noche del 27 de marzo y no solo no pudieron escapar, sino que carecían de ventilación cuando ardieron las colchonetas.

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Extintores obstruidos, ninguno en la celda del incendio

Al momento del incendio, cinco extintores estaban en el edificio migratorio pero ninguno de ellos estaba en el área de la celda destinada para hombres. Además, tres de los extintores estaban en áreas distintas a las señalizadas con letreros, obstruidos por archiveros, expedientes y mochilas, de acuerdo con documentos oficiales.

El aparato más cercano al punto donde inició el fuego debía estar a unos 10 metros de distancia, en un pasillo de un área administrativa. Sin embargo, en ese lugar solo se encontró un gancho y el dibujo de un extintor.

A unos dos minutos de que se visibilizan las llamas en el video, se ve a un agente del INM que busca un extintor. En el video revisado se observa que en su trayecto por el área administrativa del Instituto el agente pasa por uno de los artefactos, pero al parecer no lo vio porque siguió su camino.

Otra señalética de extintor estaba en las oficinas ubicadas frente al área de vigilancia de la celda de los hombres, pero el lugar también estaba vacío. Un letrero más se localizó en una oficina cercana al área de internamiento para mujeres, sí contaba con el aparato. Presuntamente no se usó.

El agente recorrió 60 metros en ir y venir, a través de los pasillos, hasta el módulo de registro para traer un extinguidor. Tardó 50 segundos.

Tras ver las llamas “… yo intenté abrir la puerta de madera (de la celda de hombres que da al exterior). Pero no tenía conocimiento de cómo se abría o cuáles son los candados con los que cuenta. Al no poder abrir la puerta, me dirigí a buscar extintores. Encontrando uno en el área Garita Reforma, le quité el sello de seguridad y me dirigí hacia el área a tratar de sofocar el fuego, no teniendo éxito ya que se terminó el extintor” , declaró el agente ante el Ministerio Público de la Federación. Su narración fue citada en las audiencias públicas que se realizaron el 4 y 17 de abril del 2023 como parte de las causas penales 216/2023 y 235/2023.

A las 21:31 horas se observa en el video al mismo agente del INM caminando hacia el fuego con un extintor en la mano; 41 segundos después se coloca frente al área que estaba quemándose, frente a los barrotes donde algunos de los extranjeros habían colocado colchonetas para impedir la visibilidad, y 20 segundos más tarde sale de esa área con el extintor en la mano. Regresó al área administrativa y colocó el extintor debajo de una silla, se observa.

Sobrevivientes coinciden en señalar que en la celda varonil no había extintores.

En el video captado por las cámaras se observa que a las 21:29 entraron los funcionarios y guardias, observaron el fuego y antes de que transcurrieran dos minutos salieron del área; únicamente un agente migratorio regresó con un extintor pero este fue insuficiente.

“Lo que logré ver es que solo estuvieron ahí, si no mal recuerdo, unos 30 segundos o un minuto y no logré ver qué hicieran por abrir la reja”, dijo Brayan Orlando R.F., un sobreviviente de 27 años.

Él sufrió quemaduras en sus vías respiratorias y en el 20 por ciento de su cuerpo, por lo que fue mantenido dos meses intubado en un hospital. El incidente le dejó además como secuela una lesión del plexo braquial –es decir, en la red de nervios que va desde el hombro a la extremidad de la mano– que le impiden la movilidad de su brazo derecho.

Es difícil establecer el rumbo y el uso de los extintores en el área contigua al punto donde se registró el incendio, debido a que el humo oscureció la visión de las cámaras.

Sin embargo, se pudo establecer que había cinco extintores en el edificio del INM y que otros 4 fueron llevados por elementos de la Guardia Nacional destacamentados en el puente internacional Reforma, contiguo al edificio del INM, así como por personas civiles, de acuerdo con documentos oficiales.

Un dictamen en materia de seguridad industrial, dado a conocer en audiencias judiciales públicas, documenta que en la estación migratoria había cuatro extintores. Tres de ellos estaban bloqueados (dos de estos estaban en condiciones de uso y otro inservible); el cuarto extintor presentó indicios de haber sido usado.

La cantidad contrasta con el número de los artefactos visibles en el video analizado para esta investigación.

En su declaración ante el Ministerio Público, difundida en audiencia judicial, Omar I. P. M., jefe de los guardias de seguridad de CAMSA, dijo que al percatarse del incendio corrió a buscar un extintor, pero “no encontró ninguno hasta el área de recepción”.

Siete detectores de humo, ninguno funcionó

Aunque el área de los hombres no tenía extintores, sí contaba con un detector de humo, con el que sumaban siete los artefactos de este tipo instalados en todo el edificio del Instituto, pero la noche del incendio todos estaban fuera de funcionamiento. Seis no tenían baterías y el otro estaba fuera de servicio por causas desconocidas.

De acuerdo con informes y documentos de peritaje obtenidos durante esta investigación, en el área de cocina del INM había un detector de humo, pero sin las pilas.

Otro detector de humos estaba en los baños para hombres y uno más en el baño para mujeres, ambos también sin pila; en una bodega se halló otro detector con batería, pero al hacerse una prueba no funcionó, aunque sí tenía pilas, se asienta en los documentos.

En el “área de mochilas y pertenencias exclusivamente de menores”, en las oficinas administrativas y en un consultorio médico estaban otros detectores de humo, también sin batería.

Un calabozo como alojamiento

El día que ocurrió la tragedia, sobrevivientes entrevistados dicen que durante la mañana todo transcurrió de manera “normal” en el dormitorio de los hombres, lugar que describen como “una cárcel”, “pésimo”, “sucio”, con baños sin privacidad y con muy poco flujo de agua en las regaderas.

Narran que estaban “en paz” , aunque desde temprano tenían sed y no les daban agua. Aseguran que en el lugar había entre 50 y 70 personas, cantidad que se disparó al doble poco después del mediodía, cuando ingresó un grupo con otros 50 o más hombres.

“La cosa como que ya se fue complicando un poco, porque llega un cierto grupo de migrantes sudamericanos, al cual los de Migración y los guardias que estaban ahí no podían cómo controlarlos, hacían su desorden y todo”, dice Brayan F.Q..

Uno de los guardias de seguridad declaró ante las autoridades que el grupo de migrantes venía procedente de un operativo que realizó el propio INM y que al llegar a la estación los traían cinchados de manos, con un cinto plástico que usaron como esposas, que les quitaron al ingresar.

El guardia agregó que durante el ingreso de los migrantes se dio cuenta que uno traía algo en la mano y se negó a mostrar el objeto, por lo que forcejearon hasta que se lo quitó y era un encendedor. Este incidente lo reportó al jefe en turno en Migración y a su supervisor.

Esa tarde la comida no alcanzó y había molestia entre los migrantes. Los sobrevivientes agregan que ante la tensión que había en el lugar, los agentes del Instituto decidieron “despachar” rápido al grupo que hacía relajo y alegaban porque querían salir, por lo que unas tres o cuatro horas después se los llevaron en camiones.

“Nosotros sentimos tranquilidad en ese momento”, añade Brayan F.Q.. Sin embargo, otros sobrevivientes entrevistados mencionan que por la tarde-noche llegó otro grupo de migrantes, como una docena de hombres, entre quienes había principalmente venezolanos.

“Desde ahí empezó ya el infierno que se empezó a vivir, que vivimos muchos. Llegaron discutiendo con el personal de migración y personal de la Guardia Nacional porque ellos los traían” , dice Brayan Orlando R.F..

Cuentan que lejos de tranquilizarlos y poner orden, el personal de migración -sin especificar si los agentes o los guardias- los instigaban y los provocaban.

“Como que los incitaba más a la violencia diciéndoles que qué hacen en este país, ‘si no les gusta, váyanse a su país’, ‘aquí no tienen porqué venir a chingar’, es la palabra que decía”, menciona Brayan F.Q.

La situación se puso más intensa y asegura que uno de los migrantes gritó que si no los querían y si no los iban a dejar ir, iba a incendiar el lugar. “Y viene el guardia de migración, les dice que desde hace rato lo hubieran hecho, que mucho se habían tardado” , afirma.

Entonces, agrega, todo fue cuestión de segundos.

¿Y la justicia?

Ha pasado casi un año desde el incendio en la estancia migratoria del INM sin que el caso llegue a juicio.

El Gobierno de México, además, mantiene a Francisco Garduño Yáñez como comisionado del INM -cargo de más alto rango en el Instituto- aun cuando está vinculado a proceso acusado por su presunta responsabilidad en la serie de omisiones que provocaron el incendio. Él enfrenta el proceso judicial en libertad y sigue al frente de la contención de migrantes extranjeros en territorio mexicano.

El comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, al salir de los juzgados federales donde fue imputado por la tragedia migrante en Ciudad Juárez, 25 de abril de 2023.

Con él suman ocho los funcionarios del INM acusados por la FGR por la muerte de los migrantes, pero solo seis enfrentan el proceso en prisión. Otras tres personas, dos migrantes originarios de Venezuela y un guardia de seguridad privada, también se encuentran en la cárcel por esta tragedia.

El contralmirante Salvador G.G, quien era el encargado de la Oficina de Representación del Instituto en el estado de Chihuahua, está en prisión por la posible comisión de los delitos de ejercicio ilícito de la función pública, homicidio y lesiones.

Daniel G.Y., representante local Noroeste del INM (subdirector); así como los agentes federales de migración, Rodolfo C. de la T. y Gloria Liliana R. G., encargados de la estación en el horario del incendio, están en prisión acusados por los delitos de homicidio y lesiones en la modalidad de comisión por omisión, es decir, por presuntamente no cumplir como garantes o responsables de la seguridad de quienes se encontraban en la estación migratoria el pasado 27 de marzo. También por no ayudar a las víctimas que estaban encerradas bajo llave.

Eduardo A.M. jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, y Juan Carlos M.C., coordinador de Grupo de Protección a Migrantes Beta del INM en Ciudad Juárez y quien presuntamente era parte de la Unidad Interna de Protección Civil de la estación, están presos acusados de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público.

Edificio del Poder Judicial de la Federación en Ciudad Juárez, donde se han celebrado las audiencias judiciales contra los 11 acusados de la tragedia migrante ocurrida en la estancia migratoria del INM el 27 de marzo de 2023.

Otro de los funcionarios, Antonio Molina Díaz también logró enfrentar el proceso en libertad acusado de ejercicio indebido de servicio público, pero presuntamente está evadido desde mayo del 2023, cuando se le vinculó en el desvío de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, ordenado por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

El guardia de seguridad Alan Omar P.V. es acusado por los delitos de homicidio y lesiones en la modalidad de comisión por omisión.

Jeison D. C.R., uno de los migrantes acusados de esta tragedia, está vinculado al proceso judicial por homicidio y lesiones en comisión por acción, porque presuntamente fue una de las dos personas que inició el fuego en el área de detención varonil. El otro migrante, Carlos Eduardo C.R., fue acusado de homicidio, lesiones y daños. Ambos están detenidos.

Hasta ahora sigue sin estar claro por qué no se abrió la celda de los hombres, quién decidió dejarlos atrapados y porqué se toleraron las omisiones e irregularidades que derivaron en este mortal incendio.

“No hay justicia… La justicia aquí en este país es muy… No hay justicia, la verdad. Cuando es sobre, sobre el Estado, o instituciones sobre el Estado, no hay justicia”.

Así se expresa Brayan Orlando R.F. en una entrevista que dio en Ciudad Juárez a seis meses de la tragedia.

El hombre de 27 años considera que en este caso hay muchas cosas en juego, principalmente personas con poder y mucho dinero, lo que contrasta con la condición de los sobrevivientes y familiares de las víctimas que buscan justicia sin recursos económicos ni apoyos.

Actualmente Brayan es uno de los 22 hombres sobrevivientes del letal incendio que cruzó a Estados Unidos desde Ciudad Juárez, lo logró en septiembre pasado bajo un permiso humanitario temporal. También han entrado a territorio estadounidense siete mujeres que presentan estrés postraumático por el incidente que vivieron en la estación del INM.

Algunos de ellos cruzaron la frontera con sus familiares y aunque las autoridades estadounidenses los dejaron en libertad condicional, aún enfrentan un proceso migratorio que los mantiene en riesgo de deportación a sus países.

“Me gustaría que hubiera justicia, pero creo que va a ser muy difícil que se pueda lograr la justicia” , dice Brayan Orlando R.F., quien aún enfrenta un futuro incierto en Estados Unidos.¿Y los protocolos del INM para emergencias?

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Reportaje

Jaime Bonilla incrementó patrimonio en EU y México mientras fue gobernador en BC

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El político, ahora dirigente del PT, además de una lujosa propiedad en el extranjero, adquirió concesiones de radio y televisión a nivel nacional, mientras la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) rechazó a finales del 2022 y principios del 2023 las cuentas públicas de sus dos años como mandatario estatal.

Por Eduardo Jaramillo Castro

Jaime Bonilla Valdez, ex gobernador de Baja California, fue señalado por la Auditoría Superior del Estado (ASEBC) de 139 irregularidades en el uso de los recursos públicos entre 2019 al 2021, al mismo tiempo en que acrecentó su patrimonio en Estados Unidos y México. 

El político, quien continúa con aspiraciones a un cargo de elección, fue Senador y después mandatario estatal por un lapso de dos años, representando al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el que militó por siete años y debido a conflictos internos, ahora es dirigente del Partido del Trabajo (PT). 

En febrero del 2021 puso a su nombre una propiedad ubicada en el complejo habitacional Meridian Condominiums, con el número 700 de la avenida Front St Unit,  en San Diego, con un costó 900 mil dólares o alrededor de 15 millones 300 mil pesos, cuando aún era gobernador del estado fronterizo.

El departamento está ubicado en la que es considerada la ciudad más cara para vivir en Estados Unidos, de acuerdo con la compañía US News and World Report.

Según la plataforma BeenVerified.com, el departamento está valuado en más de un millón 100 mil dólares, localizado en una zona privilegiada junto con otros edificios lujosos y a menos de dos kilómetros de distancia de la bahía de la ciudad californiana.

Tres semanas después, el 22 de febrero fue puesta a nombre de Rita Fimbres Bonilla, esposa del funcionario, de acuerdo a la concesión de escritura 2021-0136465, del registro público del condado de San Diego.

Respecto a la compra de está propiedad, el ex gobernador respondió que es de su esposa e hijas, que fue adquirida con recursos de ellas, en pagos de “facilidades” y todavía la siguen pagando. 

“Mi esposa no calificaba para la compra, y yo la avale, por eso se hizo así, pero casi fue al mes, mientras ella conseguía un crédito puente, pero como te mencioné, todavía debe parte”, explicó a través de mensajes por WhatsApp.

En el momento de la compra de este lujoso departamento, Bonilla Valdez percibía un salario mensual de 66 mil pesos por su cargo como gobernador, dinero que aseguró era  donado a diferentes asociaciones civiles, de acuerdo a notas informativas en diversos portales de medios de comunicación.

“Si doné mi salario que percibí del gobierno del estado por razones personales, ya que mis empresas me dan para vivir bien”, respondió el actual senador a una serie de preguntas relacionadas con estas propiedades.

Mapa de las ubicaciones de las dos viviendas adquiridas por el exgobernador Jaime Bonilla Valdez/Cortesía

Las omisiones en la declaración patrimonial y de interés público

La última declaración patrimonial del ex gobernador fue realizada en 2019, cuando ejerció el puesto de delegado de Bienestar Social en Baja California.

En el documento, Bonilla Valdéz omitió informar una propiedad en Estados Unidos que tenía antes de ocupar el cargo como gobernador, ubicada en 1145 Mansiones Lane, Chula Vista, California, con código postal 91910, valuada en 2 millones 800 mil dólares o 47.6 millones de pesos, de acuerdo a plataforma BeenVerified.com.

La vivienda ubicada en una zona residencial exclusiva de la ciudad de Chula Vista, está a nombre de Jaime y Rita Bonilla, quienes se la compraron a David y Astrid Keipler el 19 de febrero de 2010, de acuerdo al registro público del Condado San Diego. 

Bonilla Valdez dijo que el inmueble lo construyeron desde 1992 y desde hace varios años es propiedad de su esposa. 

El ahora senador tampoco declaró varias propiedades en México, como un predio en la manzana 10 de la colonia Del Prado, delegación La Mesa; un lote de terreno en el fraccionamiento Costa Hermosa y un terreno de 900 metros cuadrados, ubicado en la colonia Chapultepec, quinta sección. 

Además de omitir una casa localizada en la colonia Libertad y otra más en el fraccionamiento Jardines de Playas de Tijuana. 

Las seis propiedades ubicadas en Tijuana, fueron adquiridas entre 1976 y 1986, de acuerdo con el Registro Público del Comercio y de la Propiedad de Baja California.

Bonilla Valdez respondió que a sus 73 años ha comprado y vendido, que no tiene más propiedades, y argumentó que quizá el problema sea que los nuevos dueños no han registrado las propiedades a su nombre.

“Todos esos terrenos se adquirieron y se vendieron en los 80’s y 90’s,  incluyendo la casa de la Chapultepec, ninguna de esas propiedades son mías. Si observas son transacciones muy antiguas, como te dije, he tenido propiedades y empresas durante toda mi vida”, contestó.

Las declaraciones patrimoniales de interés público deben ser presentadas por los servidores públicos al inició, como al final de su periodo, pero las de Jaime Bonilla no están en la página de Declaranet, ni son públicas en el Portal Nacional de Transparencia (PNT).

En mayo de 2023 el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Baja California (ItaipBC), ordenó a la Secretaría de Honestidad y la Función Pública (SHyFP) del estado, como sujeto obligado, exhibir la versión pública de la declaración patrimonial y de intereses de Jaime Bonilla Valdez.

Hasta el momento, el Estado no ha atendido este fallo, el cual fue requerido tras un recurso de revisión interpuesto por un usuario, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Para no entregar la información solicitada, la SHyFP expuso como argumento que los ordenamientos legales no contemplaban la manera de hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.

La resolución RR/259/2022 del ItaipBC estableció un plazo de cinco días hábiles para que se notificara su cumplimiento, de lo contrario se procedería conforme a los artículos 155 y 157 de la Ley de Transparencia.

El lujoso Edificio Meridian Condominiums, ubicado en el 700 de la avenida Front St Unit de San Diego, donde Jaime Bonilla Valdez adquirió un departamento en el piso 7, valuado en poco más de un millón de dólares. Crédito: Eduardo Jaramillo

Las irregularidades en la administración de Jaime Bonilla

La Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) rechazó a finales del 2022 y principios del 2023, las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020 y 2021 del Poder Ejecutivo, periodo en el que Jaime Bonilla Valdés fungió como gobernador.

La ASEBC solo auditó el 57%  del presupuesto del ejercicio fiscal del 2021 y solo en este recurso, detectó 76 irregularidades.

Una de éstas fue la alteración del presupuesto pactado para la ejecución de obras que habían sido previamente acordadas a un costo; así como la compra y entrega de insumos de apoyo social, de la cual no fue localizada su documentación; tampoco demostraron la entrega de vales de gas a supuestos beneficiarios.

En el caso de los apoyos sociales, en los cuales fueron invertidos 18 millones 696 mil pesos, el Poder Ejecutivo no entregó la evidencia documental que corroborara la supuesta entrega de 15 mil cobertores matrimoniales y 4 mil 200 colchonetas a personas en situación de vulnerabilidad.

Además de 544 computadoras personales tipo chromebook; así como el servicio de suministro de insumos alimenticios para la distribución y preparación de alimentos del programa “Desayunadores Comunitarios”.

La Secretaría de Integración y Bienestar Social implementó el programa “Otorgar Vale de Gas a familias en situación de vulnerabilidad para mejorar su economía”. La ASEBC realizó 100 llamadas telefónicas con el fin de conocer el impacto social en la población del programa, de las cuales el 86% no confirmó recibir el apoyo y solo el 14% sí lo recibió. 

Otro de las observaciones fue la “Construcción del puente vehicular Magisterial, en la carretera escénica Tijuana -Ensenada”, en la que se había contemplado invertir 32 millones 235 mil pesos, según el contrato número C-FINANCIAMIENTO-21-TIJ-29.

Sin embargo, el costo incrementó un 44.48% porque no estaba incluida una base de pilotes necesarios para la construcción de la obra y con la modificación del presupuesto presentado en el concurso de la licitación pública, no fue considerada la mejor opción en el precio, según el reporte de la cuenta pública 2021. 

Jaime Bonilla Valdez, acompañado de su esposa Rita Fimbres, en el año 2019. 
Crédito: Eduardo Jaramillo

Las empresas dueñas legalmente de la cadena de radio y televisión de Bonilla

La empresa de comunicación, conocida comercialmente como Primer Sistema de Noticias (PSN),  dirigida por el ex gobernador, opera bajo el nombre de Media Sports de México S.A. de C.V y Sistema Televisivo de Baja California S.A. de C.V.

Bonilla Valdez no figura en ninguna de las razones sociales como accionista, ni ocupa un cargo administrativo, de acuerdo al Registro Público y de Comercio Federal (SIGER).

Mientras que el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, una persona allegada al ex gobernador, quien lo apoyó en el ascenso de su carrera política y trabajó en PSN, es el socio mayoritario de Sistema Televisivo de Baja California S.A. de C.V., el cual adquirió a la edad de apenas 19 años. 

También está como socio Jesús Rubén Pérez Higuera, mientras que Héctor Guillermo de Isla Puga funge como administrador y aparece relacionado en varias empresas de la familia Bonilla-Fimbres. 

En Media Sports de México S.A. de C.V, los socios mayoritarios son Rita Fimbres Cheno, esposa de Bonilla Valdéz y Leopoldo Valencia Morán.

Como gobernador, adquirió la concesión de radio y una más como Senador en el 2023, a través de Media Sports de México S.A. de C.V. y una televisora en el 2022.

Grupo Radiodigital Siglo XXI S.A. de C.V cedió a Media Sports de México S.A. de C.V la frecuencia de 1270 KHZ de la estación XEAZ AM, el 7 de julio de 2021, según el Registro público de telecomunicaciones. 

El 29 de julio del 2022, como Senador, compró la cesión de derechos de canal 45 por parte de Mario Enrique Mayans Concha, de acuerdo con la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Edificio del condado de San Diego, California, donde se encuentra el registro público de propiedad. Crédito: Eduardo Jaramillo

Las aspiraciones políticas de Jaime Bonilla

Jaime Bonilla Valdez arrancó su campaña política para reelegirse como senador por el Partido del Trabajo, el pasado primero de marzo.

Esto, aún cuando él, junto con seis funcionarios de su gabinete enfrentan una demanda por los presuntos delitos de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, falsedad y peculado, relacionado con la construcción de la planta fotovoltaica.

Ante esto, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda ha manifestado que solicitará al Congreso de la Unión el desafuero del senador para que comparezca ante las autoridades por este caso y otras irregularidades.

“Sí es procedente la solicitud de desafuero para ser juzgado penalmente por los delitos relacionados con la planta fotovoltaica, de hecho esta es una ruta que estamos analizando con la Fiscalía General del Estado (FGE)”, comentó Juan José Pons Mendez, consejero jurídico del estado.

La planta fotovoltaica suministraría de energía al acueducto Río Colorado, el mayor consumidor de electricidad en el estado, sin embargo nunca tuvo los permisos federales para su construcción, que estaría a cargo de la empresa Next Energy. 

Bonilla Valdez también podría ser llamado a declarar ante la Fiscalía General del Estado por el asesianto de la periodista Lourdes Maldonado ocurrido el 23 de enero del 2022, cuando ya había dejado el cargo como gobernador, pero sostenía un pleito legal con la comunicadora, quien demandaba una indemnización por trabajar y ser despedida tras varios años en la empresa PSN, de la cual es director y propietario.

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Reportaje

Espejos sin reflejo: los desaparecidos en Tecate

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La presente investigación es uno de los trabajos finales de la materia Reportaje periodístico de la Facultad de Artes UABC, realizado por el alumno André Galvez de la Rivera.

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