Los diputados federales por Baja California, Eva María Vásquez Hernández, César Israel Damián Retes, y la fracción parlamentaria de Acción Nacional, registraron este martes una proposición con punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Senado, para exhortar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a garantizar la protección y seguridad de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

La diputada bajacaliforniana lamentó la falta de una defensa firme por parte del gobierno federal hacia los migrantes mexicanos, quienes están siendo perseguidos, separados de sus familias y criminalizados por el gobierno estadounidense, quedando en total estado de indefensión.

Asimismo, criticó el hecho de que la gobernadora de Baja California se mantenga en el cargo sin visa vigente, situación que ha generado incertidumbre sobre las razones de la revocación de su documento y, al mismo tiempo, una falta de gestión para entablar negociaciones en materia de seguridad y migración con el país vecino.

Subrayó la urgencia de que los gobiernos federal y estatal implementen de inmediato medidas contundentes en al menos cinco dimensiones: una postura política firma, una red consular efectiva, cooperación binacional, atención y protección a deportados en Baja California, y una acción legislativa que impulse reformas y mecanismos de seguimiento permanentes.

Vanesa Lizbeth Zavala Meza llegó a la clínica privada Quiroz en Mexicali el sábado 24 de mayo, donde dio a luz mediante cesárea a su segundo hijo, quien pesó 3 kilos 800 gramos y está sano.

Su madre en cambio, falleció cuatro días después tras descubrirse un sangrado uterino que la dejó con muerte cerebral. Tenía 31 años.

El día 24 la atendió en la clínica Quiroz el médico Juan Carlos Martínez Noriega, quien decide trasladarla al hospital Materno Infantil ante el empeoramiento de su condición, después de traer al mundo al segundo hijo de Vanesa y Jair González Fernández, quien narró los hechos que llevaron al fatal descenlace de su esposa.

Explica que a Vanesa le hacen un ultrasonido que no arroja información sobre el sangrado que poco a poco la deja más débil. Se quejaba porque sentía mucho dolor; le cambiaron el vendaje y le retiraron la oxitocina que le habían puesto para ayudar a que se contrajera el útero.

Deciden trasladarla al Hospital Materno Infantil esa misma noche, donde le ponen dos unidades de sangre. Tras unas horas ahí, deciden llevarla al Hospital General, que dirige Román Arturo De la Torre Valenzuela.

Hasta “empaquetan” a Vanesa; es el término que usan los médicos para explicarle a Yair que la abrirán para llenarla de gasas y apósitos para detener el sangrado del útero, como medida de emergencia. El ginecólogo está presente en esa intervención.

Moverla de terapia intensiva la pone en riesgo, asi que esperan que esté un poco mejor para poder hacerle una tomografía, ven el sangrando interno y le ponen 20 unidades de sangre, 20 de plaquetas y 20 de plasma. Su cuerpo se apaga poco a poco y sus órganos dejan de funcionar.

Ante el fallo renal intentan hacerle una hemodiálisis, sin éxito. Su cuerpo ya no puede más.

El martes 27 sigue empeorando y la someten a una histerectomía para extirparle el útero y ver si así se recupera. El propio director del Materno Infantil, José Rojas Serrato, es quien junto con un equipo de su nosocomio, realiza la operación.

El director del Hospital General convoca a una reunión al marido de Vanesa, y ahí están además del propio De la Torre Valenzuela, la subdirectora, la nefróloga, los encargados de las áreas de Cirugía y de Terapia Intensiva, y médicos internistas.

En esa reunión le explican a Yair la condición de su esposa, a quien también le hicieron una angiotomografía cerebral que muestra el poco flujo de sangre al cerebro y quieren explicarle la grave condición de Vanesa.

“Creemos que ella tiene muerte cerebral, y quisimos reunirnos y explicarle que es una condición irreversible”, le dicen a Yair, quien hace preguntas que no tienen respuesta porque no había un ginecólogo presente. Juan Carlos Martínez Noriega no estaba. Eso si: le insisten en que lo procedimientos que se le hicieron a su esposa se le hicieron en tiempo; la sangre, las plaquetas, los estudios, las intervenciones.

“Usted debe entender algo; lo que ella ha necesitado, todo se le ha dado” subrayaron al hoy viudo. “Estamos tratando de resolver su situación, y aquí ha tenido personal casi exclusivo para ella; es la persona más atendida en el hospital”, le comentan.

También hacen hincapié en que es un caso muy raro, nada común, el de Vanesa. Que no saben qué factores influyan para que esto pasara. Yair pregunta que si la condición de su esposa es por una negligencia médica.

“No podemos saber”. “No nos consta”. “Esos detalles no los tenemos”, son las respuestas.
Le aseguran que el sangrado no fue normal, que le puede pasar a cualquiera, que no es lo más común, pero sí pasa. Como procedió Juan Carlos Martínez Noriega, el ginecólogo que la atendió, es como hubiera procedido el 99 por ciento, agregan los médicos.

Antes de terminar la reunión, el director del Hospital General le dice al esposo de Vanesa. “No me lo has preguntado, pero te lo voy a decir: hay un 95 por ciento de posibilidades de que el nuevo estudio confirme la muerte cerebral, y 98 por ciento de que fallezca debido a todos los fallos orgánicos que tiene”.

En una reunión posterior al fallecimiento de su esposa, con el ginecólogo, le comenta que no lo puede asegurar, pero que tal vez debido a la cesárea anterior de Vanesa, hubo vasos sanguíneos que se rompieron.

Le asegura que el sangrado posterior no tuvo nada que ver con la cesárea, pues se dio gradualmente. Que hizo todo lo que tenía que hacer y que el ultrasonido no detectó el sangrado. Le dijo que acompañó a los doctores en el quirófano, a quienes la operaron en el Hospital General, pero se desliga de los procedimientos y las decisiones.

Cabe destacar que Juan Carlos Martínez Noriega es hijo de Virginia Noriega; la eterna líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSA), quien reina entre el personal del Hospital General de Mexicali. Al parecer tiene comisionado al sindicato a su hijo, para darle tiempo de trabajar en la medicina privada.

Dados estos antecedentes, el ginecólogo no es ajeno al Hospital General. La buena relación entre la líder sindical y el director del Materno Infantil es pública y conocida. Que el director de ese nosocomio vaya acompañado de su mejor equipo a operar en el Hospital General, es algo fuera de lo ordinario.

La reunión organizada por el director del Hospital General con los médicos especialistas e internistas que atendieron a su esposa, y los responsables de áreas como Cirugía y Terapia Intensiva, lo es aún más.

Cuando Yair le pregunta a Martínez Noriega cómo fue que su esposa terminó pasando por el Materno Infantil y por el Hospital General, el ginecólogo batalla para dar una explicación. No le dice que su madre seguramente movió los hilos para cubrir su falta. Solo le comenta que los dos nosocomios son parte del sector salud y que siempre tienen comunicación.

Es cierto; ambos dependen del IMSS Bienestar, que ahora dirige un exdirector del Hospital General, Miguel Romero, quien fue contactado para que se pronunciara sobre este asunto y no respondió. Sobre la comunicación entre clínicas privadas y el sector salud, no la hay sin un interventor, promotor, o interesado. En este caso el mismo ginecólogo, pero no lo acepta frente a Yair.

Las cesáreas antiguas son siempre un factor de riesgo en un nuevo embarazo, esa es una posible explicación al destino de Vanesa. La otra es que se trató de una negligencia médica.

Esta se produce cuando un profesional sanitario no cumple las normas de atención, lo que provoca daños. Según información consultada en sitios médicos en internet, en problemas como hemorragias internas tras una cesárea, la negligencia suele implicar errores quirúrgicos, vigilancia inadecuada o respuestas tardías a los síntomas.

Puede tratarse de un error quirúrgico, como apuntan los rumores dentro del Materno Infantil y el Hospital General, sobre la perforación accidental del útero de Vanesa.

También puede ser la falta de vigilancia, pues a pesar de que su condición no mejoraba, no respondieron de manera adecuada a buscar la causa de la condición.

Rumores señalan que compraron el informe del patólogo para respaldar la versión oficial de que se trató de una “complicación”. Yahir precisó que espera ese informe estará listo el miércoles próximo, y que está considerando interponer una denuncia por negligencia ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

Hoy 7 de junio se conmemora en México el Día de la Libertad de Expresión, establecido en 1951 para reconocer el derecho fundamental de todas las personas a expresar libremente sus ideas, opiniones e información, así como el papel esencial de los medios de comunicación en una sociedad democrática.

México sigue siendo uno de los países más letales del mundo para periodistas, fuera de contextos de guerra, pues organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Artículo 19, llevan un registro de agresiones, amenazas, desapariciones y asesinatos de periodistas.

La libertad de expresión está consagrada en el Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es considerada un pilar de la vida democrática, pero la situación de la prensa es preocupante: Según Artículo 19, en 2024 se registraron más de 500 agresiones contra periodistas y medios de comunicación; desde el año 2000 a la fecha, se han documentado más de 160 asesinatos de periodistas; y la impunidad en estos casos es de más de 90 por ciento.

Desde que Morena asumió el poder en 2018 con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, distintos sectores han señalado una serie de acciones y discursos del gobierno que han contribuido a un ambiente adverso para la libertad de expresión y para el ejercicio del periodismo en México.

Estos factores son la estigmatización constante del periodismo crítico, el uso del poder del estado para desacreditar, el control de la publicidad oficial que sigue siendo discrecional y con sesgo político, y el uso de tecnologías de espionaje y vigilancia.

Casi la mitad de las agresiones contra la prensa, de acuerdo con Artículo 19, son autoridades de los tres niveles de gobierno, miembros grupos delictivos, empresarios o actores privados con poder local; y actores digitales con y sin trasfondo político.

La prensa libre tiene un difícil panorama, pues se enfrenta a una asfixia económica, a la violencia y la autocensura, a la criminalización del oficio, a la estigmatización desde el poder, a ataques digitales y campañas de desprestigio, y a la impunidad cuando hay agresiones.

Este día también sirve para recordar que la libertad de expresión no solo es un derecho de los medios y periodistas, sino de toda la ciudadanía, e implica tanto la libertad para decir como el derecho a estar informados.