La Fiscalía Regional de Mexicali obtuvo una sentencia condenatoria de 10 años de prisión en contra de Juan Carlos Zamora Rivas, tras acreditar su responsabilidad en el delito de violación equiparada agravada en razón de parentesco.

Durante un procedimiento abreviado, en el que el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación con Detenidos Oriente expuso pruebas contundentes que llevaron al imputado a aceptar su responsabilidad en los hechos ocurridos en el año 2022.

De acuerdo con la investigación, el 26 de mayo de ese año, en un domicilio del fraccionamiento Parajes de Puebla, el hoy sentenciado aprovechó su cercanía con la víctima y el hecho de que se encontraban solos para cometer la agresión. Además, le pidió a la menor que no contara lo sucedido.

Al presentar unas molestias físicas derivadas de la agresión sexual, la víctima fue llevada a un médico, donde se detectaron signos de violencia sexual. Fue entonces que confió a su madre lo ocurrido, lo que permitió interponer la denuncia correspondiente.

La Fiscalía integró una carpeta de investigación con dictámenes médicos, psicológicos y testimoniales que permitieron obtener la sentencia condenatoria.

Teodoro Bernal Padilla es el nuevo subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación estatal, a pesar de tener varias denuncias en su contra por acoso, venta de plazas y delito contra la imagen. El funcionario ya era director de Administración en esa dependencia.

En el año 2021 tres mujeres distintas presentaron sendas denuncias contra el funcionario, quien entonces se desempeñaba como director del Cecyte Compuertas.  

En la administración de Francisco Vega, Bernal Padilla ocupó el cargo que ocupara con Marina del Pilar Avila Olmeda, su marido Carlos Torres: Director de Proyectos Estratégicos.

Pese a las denuncias en la Fiscalía General del Estado como en las interpuestas en el órgano de control interno de la secretaría, los asuntos contra el hoy subsecretario no han avanzado y en cambio ha ascendido laboralmente.

Incluso una de las víctimas dirigió una carta a la gobernadora solicitando su apoyo tras el despido injustificado del que fue objeto, y la extorsión del funcionario, pues le pedía dos catorcenas a cambio de ayudarla a no perder su empleo. Nunca obtuvo respuesta.

Propone la diputada Alejandrina Corral Quintero una iniciativa para reforzar el ejercicio de la libertad de expresión mediante la prohibición de censura a través de la formulación de delitos.

La legisladora propone al H. Congreso de la Unión, reformar el artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de garantizar que las personas puedan expresar sus ideas y opiniones libremente, cuando se refieran a la actuación de servidores y exservidores públicos en ejercicio de las funciones inherentes a su cargo.

Recordó que actualmente se han documentado al menos siete casos de comunicadores y medios en México que han sido afectados por medidas locales de censura, lo que es una práctica de represión a pesar de que en México la libertad de expresión es un derecho establecido en la Carta Magna.

Ahora, toda persona servidora o ex servidora pública, en aras de que no se le señale o reclame públicamente el incumplimiento y abandono de sus deberes u obligaciones inherentes a la función pública que se les encomienda, hacen uso de figuras tipificadas como delitos -entre ellos difamación, injurias, calumnias, violencia política de género, y otras similares-, para acallar las voces de los ciudadanos que se expresan públicamente, dijo Corral Quintero.

Subrayó que lo más grave, es que las autoridades juzgadoras reciben las denuncias de los servidores públicos que se sienten afectados por una manifestación, opinión o ideas de la ciudadanía, contrarias a la forma de actuar de dicho servidor público, a quienes se les sanciona indebidamente bajo tipos penales que se configuran por hechos distintos a los que se establecen el artículo 7 de la Constitución Federal.

Por eso, la iniciativa presentada por la diputada pretende establecer la prohibición de que los ciudadanos sean sancionados penalmente por la simple expresión de su opinión y de igual manera busca que no se pueda censurar la libertad de expresión mediante el uso indebido de mecanismos legales, tanto del servidor público como de las personas juzgadoras.