La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió la Recomendación 4/2025, dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) de Tijuana por un caso de tortura sexual a una persona de sexo masculino.

El ombudsperson, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, subrayó que en este caso, se evidencian acciones de la autoridad a partir de las cuales se determinó la existencia de elementos suficientes por tortura sexual y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de dos agentes de la Policía Municipal.

La tortura sexual es una práctica que se ha extendido y normalizado y forma parte de un régimen de instrumentalización para hacer frente a contextos sociales y servir como mecanismo de control, señala el organismo.

La víctima fue objeto de detención por parte de elementos de la Policía Municipal. No obstante que existen diferencias en los testimonios de ambas partes, la CEDHBC sí acreditó lesiones por actos de tortura posteriores a la detención.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, el 11 de febrero de 2016, al concluir su jornada laboral en una estación de gasolina, ubicada sobre el bulevar Díaz Ordaz, en La Mesa, abordó un taxi para trasladarse a su domicilio. Durante el trayecto, hizo una parada en la colonia Postal, donde descendió frente a una tienda de abarrotes.

Al querer ingresar a dicho establecimiento, alrededor de las 21:00 horas, fue amenazado por un individuo armado que lo despojó de sus pertenencias y lo obligó a cargar una máquina tragamonedas de la tienda a una camioneta estacionada frente a la tienda.

Al darse cuenta que las personas que robaban el establecimiento se distrajeron, aprovechó para escapar. En el trayecto vio a una unidad de la Policía Municipal e hizo señas para solicitar auxilio. No obstante, uno de los agentes descendió del vehículo, lo inmovilizó y golpeó el rostro.

Otro policía también se aproximó y lo golpeaba a la vez que lo acusó de robar la tienda de abarrotes. Los agentes lo esposaron y lo subieron boca abajo en la unidad patrulla. Uno de los policías comenzó a golpearlo con la rodilla en el cuello, le sujetó los testículos, apretándolos fuertemente. Posteriormente le pateó el área genital bajo amenaza de que si no guardaba silencio y se responsabilizaba de haber cometido el delito, seguiría haciéndolo.

Como resultado de lo anterior, fue detenido por su presunta participación en la comisión de los delitos de robo con violencia y portación de arma de fuego sin licencia. No obstante, primero fue trasladado a la Delegación Mesa de Otay y posteriormente fue puesto a disposición de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) a las 00:05 horas del 12 de febrero.

El día 13 del mismo mes, la víctima ingreso al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tijuana y, el día 17, su abogado presentó una Queja ante la CEDHBC. El 20 de febrero, el Poder Judicial de la Federación emitió un auto de libertad a su favor debido a la falta de elementos para procesarlo, con las reservas de ley, en relación con el delito de portación de arma de fuego sin licencia y el 21 de junio de 2017 se le otorgó el beneficio de suspensión condicional de la pena por el delito de robo con violencia.

Por los motivos expuestos, se radicó un expediente y se llevaron a cabo diversas diligencias de investigación que permitieron la obtención de elementos de prueba, cuya valoración lógico-jurídica permitió la acreditación de la vulneración del derecho a la integridad personal por tortura sexual y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Por lo anterior, la CEDHBC solicita a la SSPCM repare de manera integral los daños ocasionados a la víctima, incluyendo atención psicológica y/o psiquiátrica que requiera, gratuita y por el tiempo que sea necesario hasta su rehabilitación psíquica y emocional.

De igual manera, que se incorpore la Recomendación a los expedientes laborales de los policías responsables. También que se publique este pronunciamiento en la página institucional y redes del Ayuntamiento de Tijuana; que se incorpore, al programa de capacitación anual de la SSPCM, el tema del impacto de la tortura sexual. Asimismo, que se realice un análisis del perfil psicológico de ambos agentes con la finalidad de identificar sus necesidades específicas en términos de salud mental a partir del cual se les brinde capacitación diferenciada y especializada obligatoria.

Cabe subrayar que la Recomendación tienen el carácter de pública y se solicita la respuesta sobre su aceptación dentro del término de diez días hábiles siguientes a su notificación. Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades, la CEDHBC quedará en libertad de hacer pública esa circunstancia y la Legislatura Local podrá llamar a las autoridades o personas servidoras públicas responsables para que comparezcan a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

La Fiscalía Regional de Mexicali obtuvo una sentencia condenatoria de 10 años de prisión en contra de Juan Carlos Zamora Rivas, tras acreditar su responsabilidad en el delito de violación equiparada agravada en razón de parentesco.

Durante un procedimiento abreviado, en el que el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación con Detenidos Oriente expuso pruebas contundentes que llevaron al imputado a aceptar su responsabilidad en los hechos ocurridos en el año 2022.

De acuerdo con la investigación, el 26 de mayo de ese año, en un domicilio del fraccionamiento Parajes de Puebla, el hoy sentenciado aprovechó su cercanía con la víctima y el hecho de que se encontraban solos para cometer la agresión. Además, le pidió a la menor que no contara lo sucedido.

Al presentar unas molestias físicas derivadas de la agresión sexual, la víctima fue llevada a un médico, donde se detectaron signos de violencia sexual. Fue entonces que confió a su madre lo ocurrido, lo que permitió interponer la denuncia correspondiente.

La Fiscalía integró una carpeta de investigación con dictámenes médicos, psicológicos y testimoniales que permitieron obtener la sentencia condenatoria.

Teodoro Bernal Padilla es el nuevo subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación estatal, a pesar de tener varias denuncias en su contra por acoso, venta de plazas y delito contra la imagen. El funcionario ya era director de Administración en esa dependencia.

En el año 2021 tres mujeres distintas presentaron sendas denuncias contra el funcionario, quien entonces se desempeñaba como director del Cecyte Compuertas.  

En la administración de Francisco Vega, Bernal Padilla ocupó el cargo que ocupara con Marina del Pilar Avila Olmeda, su marido Carlos Torres: Director de Proyectos Estratégicos.

Pese a las denuncias en la Fiscalía General del Estado como en las interpuestas en el órgano de control interno de la secretaría, los asuntos contra el hoy subsecretario no han avanzado y en cambio ha ascendido laboralmente.

Incluso una de las víctimas dirigió una carta a la gobernadora solicitando su apoyo tras el despido injustificado del que fue objeto, y la extorsión del funcionario, pues le pedía dos catorcenas a cambio de ayudarla a no perder su empleo. Nunca obtuvo respuesta.