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Corrupción

Aprovechan debilidades del sistema de EU para lavar dinero

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Texto: Jason Buch / Texas Observer

Fotos: Tomas Muscionico 

En julio de 2016, cuando un grupo de trabajo federal con sede en Texas confiscó millones de dólares en propiedades que los investigadores creían que eran propiedad de cleptócratas de México, los reguladores federales decidieron tomar medidas. Según los fiscales, los funcionarios corruptos y los contratistas del gobierno utilizaron a empresarios de Texas para establecer sociedades de responsabilidad limitada, a través de las cuales canalizaron los fondos robados a los contribuyentes mexicanos para comprar docenas de lotes baldíos, casas y edificios comerciales. 

Los reguladores con sede en Washington, DC, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), respondieron con una expansión de sus regulaciones inmobiliarias destinadas a detectar y disuadir el lavado de dinero en ciudades seleccionadas de Estados Unidos.

Pero había un problema.

Los fiscales federales acababan de alegar que encontraron bienes raíces esparcidos por todo Texas que fueron comprados con dinero robado a los contribuyentes mexicanos. En su respuesta, los reguladores se centraron en la propiedad residencial en una sola ciudad.

En 2001, el Congreso había ordenado a la rama del Departamento del Tesoro conocida como FinCEN que regulara la industria inmobiliaria. Pero no fue hasta principios de 2016 que la agencia experimentó por primera vez con la supervisión de las ventas de viviendas, inicialmente en Manhattan y Miami. 

La regulación llamada Orden de focalización geográfica, o GTO, requería que las compañías de títulos rastrearan ciertas transacciones residenciales. Si la compra fue realizada por una empresa, se realizó en efectivo y superaba cierta cantidad en dólares, se informaría a FinCEN.

A mediados de 2016, la agencia extendió el requisito al resto de la ciudad de Nueva York, así como a Los Ángeles, San Diego y San Francisco, ciudades costeras con propiedades inmobiliarias de alto valor económico que atraen a inversores extranjeros. En Texas, solo San Antonio estaba en la lista.

Una empresa controlada por el ex tesorero de Coahuila Héctor Javier Villarreal Hernández compró media docena de propiedades comerciales en Brownsville, incluida ésta. Los fiscales en San Antonio presentaron una demanda para decomisarla en 2012. Después de que Villarreal Hernández se declarara culpable, su compañía la vendió a un tercero, según muestran los registros de escrituras.

En mayo, el Texas Observer, en alianza con el Border Center, detalló cómo el gobierno de EU descubrió redes de empresas ficticias utilizadas por funcionarios públicos de cuatro estados mexicanos para lavar millones en Texas de 1998 a 2017, y luego abandonó esos enjuiciamientos. Esas investigaciones, denominadas Operación Marea Verde y Operación Político Junction, llevaron a FinCEN a agregar San Antonio a sus regulaciones.

Los fiscales alegaron que los cleptócratas mexicanos habían comprado 50 propiedades inmobiliarias de Texas, valoradas en 58 millones de dólares en la actualidad. Pero sólo 11, con un valor de menos de 7 millones de dólares, habrían sido cubiertos por las Órdenes de focalización geográfica, según un análisis de Observer de los registros judiciales. 

En 2018, FinCEN extendió su supervisión a Dallas y Fort Worth, pero dejó a Houston, considerado durante mucho tiempo un centro de lavado de dinero, y el Valle del Río Grande, la ubicación de casi la mitad de los fiscales de bienes raíces que intentaron incautar durante la Operación Marea Verde y Politico Junction.

Elise Bean, exdirectora de personal y abogada principal del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, dijo que las órdenes de selección existentes están “plagadas de agujeros cuando se trata de detener el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos. Los casos de Texas demuestran que los blanqueadores de dinero están felices de limpiar el efectivo utilizando propiedades comerciales en ciudades y pueblos más pequeños, y pueden eludir fácilmente los informes de GTO “.

A principios de diciembre, más de cinco años después de que comenzara a regular los bienes raíces, FinCEN propuso nuevas reglas que podrían expandir masivamente su supervisión de la industria inmobiliaria. Los expertos en lavado de dinero están entusiasmados con las propuestas, pero se preguntan qué tan lejos y qué tan rápido se moverá el gobierno.

Esta farmacia en el lado norte de San Antonio recaudó $ 8.8 millones de dólares cuando el gobierno de Estados Unidos la vendió en una subasta en 2016. Fue una de las propiedades que el ex tesorero de Coahuila, Villarreal Hernández, entregó después de declararse culpable de cargos de lavado de dinero.

A principios de año, el grupo de expertos Global Financial Integrity publicó un estudio exponiendo graves deficiencias en las regulaciones inmobiliarias de FinCEN. Los autores,

Lakshmi Kumar y Kaisa de Bel, analizaron 56 esquemas para lavar más de 2.53 mil millones en bienes raíces de Estados Unidos durante los últimos cinco años, incluidas las acusaciones detalladas en la Operación Marea Verde y la Operación Político Junction.

Los expertos descubrieron que más de la mitad de los esquemas de lavado de dinero identificados en los Estados Unidos involucraban a condados fuera de las 12 regiones cubiertas por Órdenes de focalización geográfica. En Texas, seis de los ocho condados donde los lavadores de dinero compraron bienes raíces no están cubiertos por la orden de monitoreo actual, que incluye los condados de Bexar, Tarrant y Dallas, según el informe. Por ejemplo, en Operación Marea Verde y Politico Junction, los fiscales alegaron que los cleptócratas lavaron dinero comprando dos condominios en la Isla del Padre, nueve casas en un vecindario del norte de Brownsville y una mansión de 7,884 pies cuadrados en el Oeste de Austin, la capital texana.

Kumar, director de políticas de Global Financial Integrity, calificó las regulaciones actuales como “una forma increíble de hacer políticas”. “El lavado de dinero de bienes raíces no es un problema de algunos centros”, dijo. “Es un problema nacional. Puede suceder en cualquier lugar. Porque se puede ganar dinero en todas partes”.

El informe también encontró que una cantidad significativa de dinero se lava a través de bienes raíces comerciales, lo que no está cubierto por la supervisión de FinCEN. En Operación Marea Verde, los fiscales alegaron que un exgobernador del estado mexicano de Tamaulipas usó dinero malversado para comprar 46 acres de bienes raíces de primera cerca de Shops at La Cantera en una sección elegante de San Antonio. En Politico Junction, el ex tesorero del estado de Coahuila acordó perder un centro de striptease, una farmacia y una torre de almacenamiento de San Antonio cuando se declaró culpable de una conspiración de lavado de dinero. Las seis propiedades inmobiliarias comerciales en el condado de Bexar que los fiscales intentaron incautar como parte de Operación Marea Verde y Politico Junction están valoradas hoy en 33 millones de dólares, casi cinco veces el valor de las 11 propiedades inmobiliarias residenciales de San Antonio que tenían como objetivo.

La propuesta de expansión de las reglas del FinCEN se anunció este mes junto con la Estrategia para combatir la corrupción de la administración de Biden, que promete más recursos y nuevas tácticas para combatir la cleptocracia en el extranjero y el lavado de dinero en los Estados UNidos, podrían abordar directamente algunas de las deficiencias expuestas por Operación Marea Verde y Politico Junction. Entre las propuestas de FinCEN están la requerir a la industria de bienes raíces reportes nacionales e uniformes así como incluir a bienes raíces comerciales en las regulaciones contra el lavado de dinero.

Si FinCEN expande sus regulaciones, necesita abordar más problemas, dijo Kumar: Asegúrese de que los grandes acuerdos comerciales que involucren a múltiples inversionistas y aquellas transacciones que no involucren compañías de títulos también reciban escrutinio. 

Una estrategia podría ser exigir a los abogados o agentes de bienes raíces que denuncien cualquier actividad sospechosa, dijo Kumar.

Los fiscales federales en San Antonio intentaron confiscar esta casa de 2,383 pies cuadrados en un lote de casi un acre con piscina en 2012, alegando que fue comprada con dinero robado del estado de Coahuila. Eventualmente retiraron su demanda como parte de un acuerdo de culpabilidad con el ex tesorero del estado, quien entregó millones de dólares en otros activos. Un miembro de la familia vendió la casa en 2017.

Los registros judiciales de las operaciones Marea Verde y Politico Junction detallan las transacciones comerciales que involucran a muchos inversionistas. A fines de 2009, un testaferro de funcionarios y empresarios corruptos en Coahuila transfirió $18 millones de dólares de cuentas bancarias de JP Morgan Chase a nombre de tres compañías de responsabilidad limitada (LLC por sus siglas en inglés) a la cuenta de su abogado, según una declaración jurada de orden de registro presentada por un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA). Un día después, el dinero se transfirió del banco del abogado a cuentas de dos nuevas LLC. Luego, esas empresas usaron el dinero para comprar bienes raíces, incluidos 8 millones de dólares para un centro comercial de San Antonio.

Álvaro Briseño II, el abogado de San Antonio cuya cuenta se usó en las compras de bienes raíces de 2009, no habló sobre las acusaciones en la orden de registro citando la confidencialidad abogado-cliente. Dijo que creía que sería una carga injusta para los propietarios de pequeñas empresas estar obligados a informar sobre actividades sospechosas, especialmente cuando los bancos, a menudo instituciones masivas con grandes divisiones de cumplimiento, ya están obligadas por el gobierno a monitorearlas.

“En términos generales, confiamos en el IRS y los bancos”, dijo Briseño. “Una vez que el dinero está en las instituciones de Estados Unidos … hay un mayor nivel de confianza de que alguien ha examinado el dinero y está tratando con fondos legítimos”.

Como informó el Observer en noviembre, los empleados de Chase repetidamente hacían preguntas sobre el dinero involucrado en el caso de lavado de activos de Coahuila. Sin embargo, el banco continuó haciendo negocios con el ex tesorero estatal Héctor Javier Villarreal Hernández hasta que Estados Unidos confiscó sus cuentas, según muestran los registros judiciales.

En respuesta a una solicitud de entrevista, la oficina de prensa de la FinCEN remitió al Observer a los documentos publicados el 8 de diciembre en el Registro Federal en busca de opiniones del público sobre los planes para expandir la regulación de la industria de bienes raíces. “FinCEN entiende por varias agencias de aplicación de la ley que los datos de GTO de bienes raíces han sido muy útiles para la investigación de lavado de dinero y delitos financieros”, escribió la agencia. 

Kumar calificó las regulaciones propuestas como un “momento decisivo” en la política contra el lavado de dinero.

El anuncio de diciembre se produjo después de que el Congreso ordenara por separado a FinCEN que mantuviera una lista de “beneficiarios reales” de las empresas que hacen negocios en los EEUU, Esencialmente rastreando a los seres humanos detrás de las empresas fantasma. Pero la nueva ley federal solo requiere que las entidades ya registradas con los gobiernos estatales se registren en FinCEN.

El registro de la FinCEN aún no se ha implementado, pero los expertos advierten que una ley de Texas lo debilitará. En 2009, la legislatura estatal enmendó el Código de Organizaciones Comerciales de Texas para permitir que las empresas extranjeras posean bienes raíces sin tener que registrarse con la Secretaría de Estado. Al hacerlo, Texas creó una laguna jurídica que podría permitir a los cleptócratas extranjeros comprar bienes raíces a través de empresas fantasma que no aparecerán en el registro de la FinCEN, dicen los expertos.

“Esa exención abrió inmediatamente a Texas al lavado de dinero y la corrupción por parte de empresas fantasma extranjeras cuyos propietarios no tienen que revelar su presencia en el estado”, escribió Bean, el ex investigador del Senado, en un correo electrónico.

Los fiscales federales llegaron a un acuerdo con el hijo del exgobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat en 2019. Habían alegado en una demanda civil que Reynoso Femat compró millones de dólares en bienes raíces del condado de Bexar, incluido este pequeño edificio de oficinas, con dinero robado. de las arcas del estado. Un abogado del hijo de Reynoso Femat dijo al San Antonio Express-News que había llegado a un acuerdo con el gobierno para vender la propiedad inmobiliaria, pero los registros de propiedad del condado muestran que todavía es propiedad de la empresa del hijo, R&S International Investments LP.

 

*Este reportaje es parte de Reporting the Border, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers, y es la tercera parte de Siguiendo la Ruta del Dinero, una serie de reportajes de Jason Buch sobre lavado de dinero de políticos mexicanos publicados en mayo y noviembre de 2021.

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Contradice denunciante explicación de Llantada sobre pagos

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La persona que interpuso la denuncia contra Rodrigo Llantada por fraude procesal, falsificación de documentos y uso de documentos falsos, desestimó las explicaciones del acusado para justificar las irregularidades en los deslindes de propiedades a su nombre.

Refirió que en el caso del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), un impuesto municipal, lo paga el comprador, contradiciendo lo dicho por Llantada.

En tres documentos de Tesorería Municipal, de tres predios diferentes, el código QR lleva a un documento que corresponde a un predio ubicado en el fraccionamiento Finca Los Jazmines, que registra 4 mil 263 pesos por ISAI.

Las propiedades están en el fraccionamiento Villa Florida, y las colonias División del Norte y Miguel Hidalgo, por montos de 6 mil 20 pesos, 13 mil 204 y 7 mil 543 respectivamente por concepto de ISAI. Estas pruebas forman parte de los 65 anexos entregados por la parte denunciante como elementos de prueba contra Llantada.

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Fue error humano irregularidades en deslindes: Llantada

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El empresario Rodrigo Llantada comentó en relación a la denuncia en su contra por fraude, que se trató de un error humano por parte del perito que hizo los deslindes y atribuyó este proceso penal a intereses ocultos.

Incluso el responsable, Germán Alejandro Haro, está dispuesto a aceptar su falta, comentó Llantada. Además, su abogado, Roberto Márquez, señaló que los documentos los entregan los vendedores de los inmuebles, no los compradores.

Subrayó que la denuncia no tiene sustento y que los códigos QR son solo para verificar la firma. Aunque parece que los deslindes fueron hechos con un “machote”, sí tienen la firma electrónica de Catastro, añadió.

Siempre hemos tratado de buscar la documentación correcta, y las compras que se hacen son para el negocio, son propiedades que se van a vender, manifestó el abogado. La documentación la entrega el vendedor, se hacen directamente en el Registro Público de la Propiedad y son de poca cuantía por eso no se hace el trámite ante notario.

Este miércoles en la conferencia mañanera de Gobierno del Estado, la fiscal general, María Elena Andrade Ramírez confirmó que hay una denuncia en contra de Llantada de fecha reciente.

“Esta denuncia se va a analizar con precisión… no teneos ahorita mayores avances en la investigación, pero vamos a estar actualizando. Fue un tema de denuncia entre particulares y en ese sentido pues vamos a investigar la veracidad de los hechos que se denuncian”, declaró.

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En septiembre se acaba el fuero de Jaime Bonilla y se retomará el caso de la fotovoltaica

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Este lunes, el representante jurídico del gobierno del estado, Juan José Pon, informó que a partir del primero de septiembre se reiniciarán las acciones legales en contra del ex gobernador Jaime Bonilla por el caso de la planta fotovoltaica.


Mencionó que al perder su lugar en el senado de la república, pierde también el fuero que lo mantenía al margen del caso.


Recordó que el gobierno del estado interpuso las denuncias correspondientes en contra de 10 ciudadanos entre ellos particulares y servidores públicos incluyendo al exgobernador de Baja California.


Aclaró que en el caso particular de Jaime Bonilla, tuvieron que “suspender” el proceso, porque tenía fuero constitucional, pero se le acaba en septiembre y eso les permitirá reactivar el caso solicitando la audiencia de formulación de imputación por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y desacato.

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