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Corrupción

Aprovechan debilidades del sistema de EU para lavar dinero

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Texto: Jason Buch / Texas Observer

Fotos: Tomas Muscionico 

En julio de 2016, cuando un grupo de trabajo federal con sede en Texas confiscó millones de dólares en propiedades que los investigadores creían que eran propiedad de cleptócratas de México, los reguladores federales decidieron tomar medidas. Según los fiscales, los funcionarios corruptos y los contratistas del gobierno utilizaron a empresarios de Texas para establecer sociedades de responsabilidad limitada, a través de las cuales canalizaron los fondos robados a los contribuyentes mexicanos para comprar docenas de lotes baldíos, casas y edificios comerciales. 

Los reguladores con sede en Washington, DC, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), respondieron con una expansión de sus regulaciones inmobiliarias destinadas a detectar y disuadir el lavado de dinero en ciudades seleccionadas de Estados Unidos.

Pero había un problema.

Los fiscales federales acababan de alegar que encontraron bienes raíces esparcidos por todo Texas que fueron comprados con dinero robado a los contribuyentes mexicanos. En su respuesta, los reguladores se centraron en la propiedad residencial en una sola ciudad.

En 2001, el Congreso había ordenado a la rama del Departamento del Tesoro conocida como FinCEN que regulara la industria inmobiliaria. Pero no fue hasta principios de 2016 que la agencia experimentó por primera vez con la supervisión de las ventas de viviendas, inicialmente en Manhattan y Miami. 

La regulación llamada Orden de focalización geográfica, o GTO, requería que las compañías de títulos rastrearan ciertas transacciones residenciales. Si la compra fue realizada por una empresa, se realizó en efectivo y superaba cierta cantidad en dólares, se informaría a FinCEN.

A mediados de 2016, la agencia extendió el requisito al resto de la ciudad de Nueva York, así como a Los Ángeles, San Diego y San Francisco, ciudades costeras con propiedades inmobiliarias de alto valor económico que atraen a inversores extranjeros. En Texas, solo San Antonio estaba en la lista.

Una empresa controlada por el ex tesorero de Coahuila Héctor Javier Villarreal Hernández compró media docena de propiedades comerciales en Brownsville, incluida ésta. Los fiscales en San Antonio presentaron una demanda para decomisarla en 2012. Después de que Villarreal Hernández se declarara culpable, su compañía la vendió a un tercero, según muestran los registros de escrituras.

En mayo, el Texas Observer, en alianza con el Border Center, detalló cómo el gobierno de EU descubrió redes de empresas ficticias utilizadas por funcionarios públicos de cuatro estados mexicanos para lavar millones en Texas de 1998 a 2017, y luego abandonó esos enjuiciamientos. Esas investigaciones, denominadas Operación Marea Verde y Operación Político Junction, llevaron a FinCEN a agregar San Antonio a sus regulaciones.

Los fiscales alegaron que los cleptócratas mexicanos habían comprado 50 propiedades inmobiliarias de Texas, valoradas en 58 millones de dólares en la actualidad. Pero sólo 11, con un valor de menos de 7 millones de dólares, habrían sido cubiertos por las Órdenes de focalización geográfica, según un análisis de Observer de los registros judiciales. 

En 2018, FinCEN extendió su supervisión a Dallas y Fort Worth, pero dejó a Houston, considerado durante mucho tiempo un centro de lavado de dinero, y el Valle del Río Grande, la ubicación de casi la mitad de los fiscales de bienes raíces que intentaron incautar durante la Operación Marea Verde y Politico Junction.

Elise Bean, exdirectora de personal y abogada principal del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, dijo que las órdenes de selección existentes están “plagadas de agujeros cuando se trata de detener el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos. Los casos de Texas demuestran que los blanqueadores de dinero están felices de limpiar el efectivo utilizando propiedades comerciales en ciudades y pueblos más pequeños, y pueden eludir fácilmente los informes de GTO “.

A principios de diciembre, más de cinco años después de que comenzara a regular los bienes raíces, FinCEN propuso nuevas reglas que podrían expandir masivamente su supervisión de la industria inmobiliaria. Los expertos en lavado de dinero están entusiasmados con las propuestas, pero se preguntan qué tan lejos y qué tan rápido se moverá el gobierno.

Esta farmacia en el lado norte de San Antonio recaudó $ 8.8 millones de dólares cuando el gobierno de Estados Unidos la vendió en una subasta en 2016. Fue una de las propiedades que el ex tesorero de Coahuila, Villarreal Hernández, entregó después de declararse culpable de cargos de lavado de dinero.

A principios de año, el grupo de expertos Global Financial Integrity publicó un estudio exponiendo graves deficiencias en las regulaciones inmobiliarias de FinCEN. Los autores,

Lakshmi Kumar y Kaisa de Bel, analizaron 56 esquemas para lavar más de 2.53 mil millones en bienes raíces de Estados Unidos durante los últimos cinco años, incluidas las acusaciones detalladas en la Operación Marea Verde y la Operación Político Junction.

Los expertos descubrieron que más de la mitad de los esquemas de lavado de dinero identificados en los Estados Unidos involucraban a condados fuera de las 12 regiones cubiertas por Órdenes de focalización geográfica. En Texas, seis de los ocho condados donde los lavadores de dinero compraron bienes raíces no están cubiertos por la orden de monitoreo actual, que incluye los condados de Bexar, Tarrant y Dallas, según el informe. Por ejemplo, en Operación Marea Verde y Politico Junction, los fiscales alegaron que los cleptócratas lavaron dinero comprando dos condominios en la Isla del Padre, nueve casas en un vecindario del norte de Brownsville y una mansión de 7,884 pies cuadrados en el Oeste de Austin, la capital texana.

Kumar, director de políticas de Global Financial Integrity, calificó las regulaciones actuales como “una forma increíble de hacer políticas”. “El lavado de dinero de bienes raíces no es un problema de algunos centros”, dijo. “Es un problema nacional. Puede suceder en cualquier lugar. Porque se puede ganar dinero en todas partes”.

El informe también encontró que una cantidad significativa de dinero se lava a través de bienes raíces comerciales, lo que no está cubierto por la supervisión de FinCEN. En Operación Marea Verde, los fiscales alegaron que un exgobernador del estado mexicano de Tamaulipas usó dinero malversado para comprar 46 acres de bienes raíces de primera cerca de Shops at La Cantera en una sección elegante de San Antonio. En Politico Junction, el ex tesorero del estado de Coahuila acordó perder un centro de striptease, una farmacia y una torre de almacenamiento de San Antonio cuando se declaró culpable de una conspiración de lavado de dinero. Las seis propiedades inmobiliarias comerciales en el condado de Bexar que los fiscales intentaron incautar como parte de Operación Marea Verde y Politico Junction están valoradas hoy en 33 millones de dólares, casi cinco veces el valor de las 11 propiedades inmobiliarias residenciales de San Antonio que tenían como objetivo.

La propuesta de expansión de las reglas del FinCEN se anunció este mes junto con la Estrategia para combatir la corrupción de la administración de Biden, que promete más recursos y nuevas tácticas para combatir la cleptocracia en el extranjero y el lavado de dinero en los Estados UNidos, podrían abordar directamente algunas de las deficiencias expuestas por Operación Marea Verde y Politico Junction. Entre las propuestas de FinCEN están la requerir a la industria de bienes raíces reportes nacionales e uniformes así como incluir a bienes raíces comerciales en las regulaciones contra el lavado de dinero.

Si FinCEN expande sus regulaciones, necesita abordar más problemas, dijo Kumar: Asegúrese de que los grandes acuerdos comerciales que involucren a múltiples inversionistas y aquellas transacciones que no involucren compañías de títulos también reciban escrutinio. 

Una estrategia podría ser exigir a los abogados o agentes de bienes raíces que denuncien cualquier actividad sospechosa, dijo Kumar.

Los fiscales federales en San Antonio intentaron confiscar esta casa de 2,383 pies cuadrados en un lote de casi un acre con piscina en 2012, alegando que fue comprada con dinero robado del estado de Coahuila. Eventualmente retiraron su demanda como parte de un acuerdo de culpabilidad con el ex tesorero del estado, quien entregó millones de dólares en otros activos. Un miembro de la familia vendió la casa en 2017.

Los registros judiciales de las operaciones Marea Verde y Politico Junction detallan las transacciones comerciales que involucran a muchos inversionistas. A fines de 2009, un testaferro de funcionarios y empresarios corruptos en Coahuila transfirió $18 millones de dólares de cuentas bancarias de JP Morgan Chase a nombre de tres compañías de responsabilidad limitada (LLC por sus siglas en inglés) a la cuenta de su abogado, según una declaración jurada de orden de registro presentada por un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA). Un día después, el dinero se transfirió del banco del abogado a cuentas de dos nuevas LLC. Luego, esas empresas usaron el dinero para comprar bienes raíces, incluidos 8 millones de dólares para un centro comercial de San Antonio.

Álvaro Briseño II, el abogado de San Antonio cuya cuenta se usó en las compras de bienes raíces de 2009, no habló sobre las acusaciones en la orden de registro citando la confidencialidad abogado-cliente. Dijo que creía que sería una carga injusta para los propietarios de pequeñas empresas estar obligados a informar sobre actividades sospechosas, especialmente cuando los bancos, a menudo instituciones masivas con grandes divisiones de cumplimiento, ya están obligadas por el gobierno a monitorearlas.

“En términos generales, confiamos en el IRS y los bancos”, dijo Briseño. “Una vez que el dinero está en las instituciones de Estados Unidos … hay un mayor nivel de confianza de que alguien ha examinado el dinero y está tratando con fondos legítimos”.

Como informó el Observer en noviembre, los empleados de Chase repetidamente hacían preguntas sobre el dinero involucrado en el caso de lavado de activos de Coahuila. Sin embargo, el banco continuó haciendo negocios con el ex tesorero estatal Héctor Javier Villarreal Hernández hasta que Estados Unidos confiscó sus cuentas, según muestran los registros judiciales.

En respuesta a una solicitud de entrevista, la oficina de prensa de la FinCEN remitió al Observer a los documentos publicados el 8 de diciembre en el Registro Federal en busca de opiniones del público sobre los planes para expandir la regulación de la industria de bienes raíces. “FinCEN entiende por varias agencias de aplicación de la ley que los datos de GTO de bienes raíces han sido muy útiles para la investigación de lavado de dinero y delitos financieros”, escribió la agencia. 

Kumar calificó las regulaciones propuestas como un “momento decisivo” en la política contra el lavado de dinero.

El anuncio de diciembre se produjo después de que el Congreso ordenara por separado a FinCEN que mantuviera una lista de “beneficiarios reales” de las empresas que hacen negocios en los EEUU, Esencialmente rastreando a los seres humanos detrás de las empresas fantasma. Pero la nueva ley federal solo requiere que las entidades ya registradas con los gobiernos estatales se registren en FinCEN.

El registro de la FinCEN aún no se ha implementado, pero los expertos advierten que una ley de Texas lo debilitará. En 2009, la legislatura estatal enmendó el Código de Organizaciones Comerciales de Texas para permitir que las empresas extranjeras posean bienes raíces sin tener que registrarse con la Secretaría de Estado. Al hacerlo, Texas creó una laguna jurídica que podría permitir a los cleptócratas extranjeros comprar bienes raíces a través de empresas fantasma que no aparecerán en el registro de la FinCEN, dicen los expertos.

“Esa exención abrió inmediatamente a Texas al lavado de dinero y la corrupción por parte de empresas fantasma extranjeras cuyos propietarios no tienen que revelar su presencia en el estado”, escribió Bean, el ex investigador del Senado, en un correo electrónico.

Los fiscales federales llegaron a un acuerdo con el hijo del exgobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat en 2019. Habían alegado en una demanda civil que Reynoso Femat compró millones de dólares en bienes raíces del condado de Bexar, incluido este pequeño edificio de oficinas, con dinero robado. de las arcas del estado. Un abogado del hijo de Reynoso Femat dijo al San Antonio Express-News que había llegado a un acuerdo con el gobierno para vender la propiedad inmobiliaria, pero los registros de propiedad del condado muestran que todavía es propiedad de la empresa del hijo, R&S International Investments LP.

 

*Este reportaje es parte de Reporting the Border, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers, y es la tercera parte de Siguiendo la Ruta del Dinero, una serie de reportajes de Jason Buch sobre lavado de dinero de políticos mexicanos publicados en mayo y noviembre de 2021.

Corrupción

Tiene regidor Tamai a familiares en la nómina municipal

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La exesposa, el hijo y la tía del regidor morenista Sergio Tamai están en la nómina municipal. Rosalba Olmos Guzmán, expareja del funcionario, está asignada al área de regidores, y aunque su sueldo es de 10 mil pesos al mes, sus compensaciones alcanzan los 22 mil pesos.

La trabajadora no tiene estudios superiores. Cuenta con una capacitación para el trabajo en un instituto para formación de servidores públicos. No aparece como empleada en el portal de transparencia, pero el propio regidor, contestando una solicitud de información, da cuenta de que Olmos Guzmán es parte del personal de su regiduría.

También está en esa lista proporcionada por Tamai García, su tía, Claudia Imelda García Arce, una licenciada en Derecho que ya trabajaba para anteriores ayuntamientos, pero que vio incrementadas sus percepciones en esta administración.

García Arce trabajó en el 22 ayuntamiento, el del panista Gustavo Sánchez, y ganaba cerca de 30 mil pesos mensuales. Ahora percibe 33 mil pesos de sueldo mensual más 13 mil 183 pesos de compensación, más de 46 mil pesos en total.

Buscando información sobre ella en internet, aparece en una lista actualizada a noviembre de 2023, como consejera del PAN.

No da cuenta del siguiente empleado en su lista, pero su hijo Sergio Ricardo Tamai Olmos también está en la nómina municipal. No fue encontrada cédula profesional a su nombre. Trabaja como auxiliar administrativo en la Secretaría del Ayuntamiento, con un sueldo de 10 mil pesos mensuales y una compensación de 6 mil.

Tampoco en la lista está la hermana de la exesposa también trabaja en el municipio. Xóchitl Carmelita Olmos Guzmán, sin cédula profesional encontrada a su nombre, ya laboraba antes en el ayuntamiento. En 2021 ganaba 25 mil pesos mensuales y cero de compensación y ahora percibe 31 mil pesos más 3 mil de compensación.

Quienes sí están en la lista entregada por Tamai, son sus asesores: Enrique Rocabado Castro, un abogado que gana 45 mil pesos al mes y Kevin Mitchell Lagunas Garibay, sin cédula profesional encontrada a su nombre, con un sueldo de 40 mil pesos mensuales.

En el portal de transparencia aparece otro Tamai, Sergio Moroni Tamai Carranza, y en la lista proporcionada por el regidor hay una Alexandra Guadalupe Baltazar Carranza, que pudieran ser también familiares del funcionario.

Se le pidió al regidor una postura sobre la cantidad de familiares trabajando en su regiduría y el ayuntamiento pero no hubo respuesta.

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Corrupción

Pide regidor vigilar y resguardar recursos municipales durante campañas

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El regidor panista Manuel Rude García entregó un documento para pedirle a la alcaldesa que designe a una persona que cuide que los recursos del ayuntamiento de Mexicali, ya que la alcaldesa Norma Bustamante no pedirá licencia al cargo en su búsqueda de la reelección.

Ya que los municipios manejan patrimonio propio conforme a la ley, se trata de cuidar los recursos públicos, explicó el edil. Nos preocupa que durante este proceso de campaña se puedan utilizar bienes de la ciudad con fines políticos, agregó.

Es la primera vez que se da el tema de buscar la reelección sin separarse del cargo para el caso de presidencia municipal y se abre un precedente de posibles irregularidades u omisiones que se pudieran dar, indicó.

García remarcó que está en el artículo 407 del Código Penal Federal, la prohibición del uso de recursos financieros, humanos y públicos con fines electorales, por esto hacen la solicitud a la alcaldesa para que instruyan a todas las áreas de la administración municipal que den cumplimiento a lo que menciona la ley, y resguarden y custodien inmuebles, teléfonos y vehículos oficiales, así como otros instrumentos de trabajo para que no sean utilizados en la campaña.

Piden se designe a una persona responsable que vigile el cumplimento de esta normatividad, y que en caso de presentarse alguna irregularidad, se abra una investigación en sindicatura y se sancione la acción.

“Primero está Mexicali, primero están los mexicalenses, primero está la sociedad, que en algún momento votó por esa oferta política… creo que estar de medio tiempo o estar de tiempo incompleto es una falta de respeto para los mexicalenses”, opinó.

Si pasa algún fenómeno natural que tenga que ver con decisiones inmediatas, la alcaldesa solo estará en funciones en horario laboral, ya que va a hacer campaña por las tardes, manifestó.

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Corrupción

Mujer detenida en operativo acusa a oficiales de la FESC por abuso de autoridad y robo de dinero

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Elizabeth Pérez Arellano, fue detenida el pasado viernes en un operativo de las fuerzas de seguridad y este miércoles, en rueda de prensa, acusó a los oficiales de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) de agredirla a ella, a sus hijos y familiares y de robarles dinero.

Elizabeth Pérez Arellano declaró que, contrario a lo que se mencionó en el boletín de la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitido el sábado, ella no fue detenida cuando circulaba en su vehículo.

Mencionó que fue detenida en su domicilio del ejido Islas Agrarias y no cuando transitaba en su auto, como fue planteado en el comunicado y aseguró que fueron los mismos agentes los que sacaron el auto de su casa.

El boletín, se dijo que en el operativo se decomisaron cerca de 200 mil dólares, pero ella asegura que tenían más dinero y reportaron una fracción para quedarse con el resto.

Aunque no precisó el monto total de lo robado, advirtió que pueden comprobar que ese dinero fue obtenido legalmente y buscarán que les regresen el monto total.

Elizabeth relató que se encontraba en su casa con sus hijos, su cuñado y sus sobrinos cuando llegaron varias personas, que le dijeron que al interior había una persona secuestrada, y que tenían que entrar aunque no se identificaron como oficiales de alguna corporación y tampoco le mostraron una orden de cateo.

Para que no quedará duda, dijo, permitió el ingreso de uno de los agentes, en ese momento fue que varios de los sujetos entraron a la fuerza, y sometieron a golpes y empujones a todos los que estaban dentro de la casa, incluyendo a los menores de edad, provocándoles lesiones.

Anticipándose a lo que pudiera suceder, llamó al 911, para pedir ayuda, las agresiones de los oficiales, los golpes y los gritos de sus hijos, dijo, quedaron registrados en la llamada al C4.

Luego de entrar, le preguntaban que si dónde estaba el dinero, que sí pertenecían a alguna organización delictiva. También comentó que gracias a las grabaciones que hicieron pudieron capturar el momento en el que uno de los agentes lanza un arma a la cama y dice ahí está el arma, pero al percatarse de que lo estaban grabando, la recogió.

De acuerdo al comunicado, encontraron cerca de 200 mil dólares en efectivo, sin embargo, Elizabeth afirma que tenían más dinero, y solo reportaron esa cantidad, mientras que el resto se lo robaron.

Elizabeth estuvo detenida dos días y al ser liberada, sin enfrentar cargos, acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente por abuso de autoridad y robo en contra de los oficiales de la FESC.

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