Por Dianeth Pérez Arreola

Armando Fernández Samaniego les quitó facultades a los directores de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de los municipios del estado y se las otorgó a él mismo en su carácter de secretario de Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA).

El “madruguete” se dio mediante sesiones extraordinarias ayer 27 de julio, empezando a las 10 de la mañana con Mexicali, para luego seguir con Tijuana, Tecate y Ensenada.

La asamblea extraordinaria no fue debidamente transmitida en vivo como lo obliga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. En el canal de YouTube de la CESPT es la del 25 de julio de 2022. Tampoco fue emitida y notificada con el plazo que exige la ley.

Debido a que hay una instrucción de palabra dentro de la estructura organizativa de Gobierno del Estado para que nadie transmita ni publique nada durante las transmisiones de la mañanera de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, Samaniego aprovechó esas horas para que los directores le aprobaran unos lineamientos relativos a “la disminución del gasto y control de recursos conforme a los principios de austeridad”.

Sin embargo, dichos lineamientos de austeridad -que incluyen a todas las áreas administrativas, técnicas y operativas de las comisiones estatales de servicios públicos del estado- llevaban también otras intenciones.

Entre otras cosas, lo aprobado elimina la creación de plazas, y salvo casos justificados, deberán estar aprobados por el consejo de administración; las promociones, compensaciones, estímulos, sindicalicaciones y basificaciones también deberán estar autorizados por el consejo de administración; las estructuras orgánicas vigentes no deberán reportar crecimientos, salvo en los casos que estén plenamente justificados y autorizados por el Consejo de Administración.

¿Y quién preside el citado “consejo de administración”? pues el secretario de la SEPROA, que no es otro que Fernández Samaniego. Los otros miembros son los titulares de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, la Secretaría de Hacienda y los presidentes municipales de cada ciudad; el comisario es quien encabeza la Secretaría de Honestidad y Función Pública; el director es quien dirige la Comisión Estatal de Servicios Públicos de cada ciudad, y finalmente está la figura de un secretario suplente.

Los lineamientos también incluyen un apartado que dice “El otorgamiento de viáticos para viajes nacionales, se ajustará invariablemente a la normatividad autorizada por las autoridades competentes, con criterios de racionalidad, pluralidad y proporcionalidad”, lo cual parece suponer que antes de esta directiva, había discrecionalidad en este rubro.

En el apartado de “Bienes muebles e inmuebles” dice: “La distribución y utilización de vehículos oficiales propios o arrendados deberá ser priorizando las áreas técnicas y de cobranza que laboren en campo, por lo cual, ningún administrativo utilizará dichos vehículos, salvo que las necesidades laborales así lo requieran o por autorización expresa del Consejo de Administración”.

Lo anterior es notable, cuando se sabe que Fernández Samaniego solo entrar a la SEPROA pidió y le fue otorgada una camioneta.

En el apartado de “Inversión pública” asienta: “Cualquier obra pública relacionada con las instalaciones e inmuebles, así como toda compra o arrendamiento de bienes muebles e inmuebles tendrá que ser autorizada por el Consejo de Administración”.

En general, todo en la nueva directiva tiene que ser aprobado por el Consejo de Administración, o sea Fernández Samaniego, lo que no tiene nada contentos a los directores de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del estado.

El titular de SEPROA adquiere con esto un control total de todos los asuntos de las comisiones: administrativas, técnicas y operativas, lo cual no hubiera podido aventarse “por la libre” sin el visto bueno de la gobernadora.

Las preguntas aquí son: ¿Por qué deja Marina del Pilar que Fernández Samaniego adquiera tanto poder y tenga todo el control?, ¿Por qué todas estas concesiones a un Bonillista que además respaldó la -a la larga, penosa y contraproducente- operación de Fisamex?, ¿Qué traen entre manos la gobernadora y el titular de SEPROA?