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Corrupción

Caducan en este gobierno de BC medicamentos por más de 131 millones de pesos 

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Por Isabel Mercado

Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

De enero a junio de 2022 se perdieron 131.6 millones de pesos en medicamentos caducos en Baja California, de acuerdo con los reportes del Instituto de Salud del estado obtenidos vía transparencia. Esta crisis de medicamentos vencidos es una problemática que involucra, por lo menos, a las últimas tres administraciones estatales. 

En el reportaje titulado “Baja California, con una crisis en hospitales y bodegas repletas de medicamentos caducados” se logró documentar una pérdida económica, hasta 2021, de 93.7 millones de pesos debido a esta falta de distribución de medicinas. Si a esta cifra se le suma lo reportado durante el primer semestre de 2022, el quebranto por medicamento y material de salud caducado asciende a 222.3 millones de pesos, insumos que actualmente ocupan la cuarta parte de los almacenes de Isesalud. 

Esta crisis inició en 2014, durante el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, con la compra excesiva de fármacos e insumos médicos de poca demanda, los cuales no fueron distribuidos a las farmacias de los hospitales y unidades de salud, lo que al final de la administración panista generó un menoscabo de 7.9 millones de pesos, de acuerdo al reporte del Sistema de Almacenamiento y Suministro (SAS).

En 2019, el morenista Jaime Bonilla Valdez recibió la administración con casi 8 millones de pesos en fármacos y material de salud expirado, pero lejos de denunciar esta irregularidad continuó con la misma práctica de su antecesor. Realizó nuevas compras de material que no circuló y permitió que los proveedores entregarán en los almacenes de Isesalud medicamento con caducidad inferior a la establecida en los contratos. Durante el bienio bonillista, caducaron 82.6 millones de pesos en fármacos.

En noviembre de 2021, Marina del Pilar Ávila Olmeda recibió la administración con 90.5 millones de pesos en medicamentos caducados durante los gobiernos de Kiko Vega y Jaime Bonilla, irregularidad que Bonilla omitió en el acta de entrega-recepción, informó Rosina del Villar Casas, actual secretaria de Honestidad y Función Pública.

Pero la problemática se agravó todavía más por la cantidad de fármacos e insumos médicos con pocos meses de caducidad que quedaron en los almacenes. Esto generó que, de enero a junio de 2022, la actual administración tuviera una pérdida de 131.6 millones de pesos en medicamentos. 

A pesar de estas cifras, que comprueban que el mal manejo en los insumos de salud viene desde hace dos gobiernos y no se ha controlado, la Secretaría a cargo de Rosina del Villar solo investiga la pérdida de 83.3 millones de pesos en material caducado durante los gobiernos de Francisco Vega de Lamadrid y Jaime Bonilla Valdez, ya que por tratarse de insumos no adquiridos en el actual periodo administrativo le quitó cualquier responsabilidad al gobierno de Marina del Pilar. 

Con esto, Rosina del Villar deja fuera de la indagatoria oficial un quebranto de 139 millones de pesos en medicamentos caducados.

La administración actual se ha deslindando y sólo responsabiliza a Jaime Bonilla Valadez, ya que aseguran que no reportaron la compra en demasía de fármacos e insumos de salud de baja demanda adquiridos por Francisco Vega de Lamadrid y dejaron repletos los almacenes de Isesalud con productos médicos caducados o a punto de caducar, explicó la secretaria de Honestidad y Función Pública, Rosina del Villar Casas.

Para este reportaje se buscó vía telefónica y a través de mensajes a Alonso Pérez Rico y Carlos Gómez Valdez, secretario de Salud y apoderado legal de Isesalud durante el anterior gobierno, respectivamente. El primero solo dio vista a los mensajes y el segundo contestó y colgó el teléfono. También se trató de localizar vía telefónica a Jaime Bonilla Valdez, pero no respondió.

Gobierno de Marina del Pilar sin responsabilidad: SHyFPBC

Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud, reconoció que más de 131 millones de pesos en medicamentos y material de salud han expirado durante la actual administración, esto contradice lo afirmado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Tras la publicación de la investigación periodística “Baja California, con una crisis en hospitales y bodegas repletas de medicamentos caducados”, la gobernadora reconoció la pérdida millonaria almacenada en las instalaciones de Isesalud, pero negó que los fármacos y material de salud hubieran expirado durante su gobierno.

“Se trata de medicamentos que se fueron caducando, pero no en nuestra administración”, declaró durante el Miércoles de Mañanera con Marina del Pilar del 3 de agosto. Una semana después, el titular de Isesalud afirmó que sí se han caducado medicamentos durante 2022.

Pero Medina Amarilla justificó que estos eran medicamentos con corta caducidad, altos volúmenes y poco movimiento que ya estaban en el almacén al arribo del actual gobierno. Además, aseguró que se intentó hacer la distribución en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Issste e Issstecali, tanto de Baja California como de otros estados del país, pero por tratarse de medicamentos de alta especialidad y poca demanda, no logró evitar se convirtieran en una nueva pérdida dentro los almacenes locales de Isesalud.

El volumen de los fármacos expirados durante la administración de Marina del Pilar, se divide en dos principales lotes, el primero de un valor de 70 millones de pesos y se trata de fosfolípidos porcinos, medicamento que favorece la madurez pulmonar en niños nacidos prematuros. La pérdida del segundo lote, clasificado como vasodilatadores de las arterias pulmonares, se cuantificó en 20 millones de pesos.

Medicamentos incluidos en tratamientos contra la hepatitis, antivirales, trombolíticos y anticoagulantes, conforman el resto de los fármacos caducados durante 2022.

SHyFP sin fecha para determinar responsables

Ya pasaron casi 10 meses desde que inició el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda y la Secretaría de Honestidad y Función Pública aún no cuenta con los elementos para concluir el expediente INV/102/2021, abierto para investigar el daño al erario causado por medicamento caduco, admitió Rosina del Villar Casas.

La pérdida a causa de medicamentos caducos se podría establecer como una falta grave, lo que implicaría inhabilitación de 5 hasta 20 años del servicio público de algunos de los involucrados. Además, en los casos que se logre comprobar daño patrimonial también se interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGEBC), y, en los casos en los que se involucren recursos federales, se dará cuenta a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), especificó Del Villar Casas. 

La demora es debido a la cantidad de involucrados en el caso, el cual abarca desde 2014 hasta octubre de 2021 e implica tanto a los encargados del área de almacén, como subdirectores administrativos y a los ex secretarios de Salud de las dos últimas administraciones, Sergio Guillermo Trejo Dozal y Alonso Pérez Rico, dijo la funcionaria. 

Tan solo del gobierno de Jaime Bonilla Valdez, la funcionaria dijo investigar a una veintena de funcionarios de Isesalud y Alonso Pérez Rico es uno de los principales, ya que es quien se encontraba a cargo de Isesalud al momento de recibir del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid medicamento caducado y no reportarlo.

También es responsable “por no haber hecho absolutamente nada en evitar la caducidad o que ese medicamento fuera promocionado o entregado al ciudadano, es omisión”, y porque omitió declarar en el informe de Entrega-Recepción la gran pérdida que dejaba el gobierno de Bonilla, aún cuando le fue requerido en forma oficial por la nueva administración, agregó del Villar Casas.

Gobierno perdona a proveedores

Las autoridades de Isesalud prácticamente deslindaron de toda responsabilidad a los proveedores al recibirles los fármacos, al no ejecutar las penalizaciones por incumplir con el periodo de caducidad ni extenderles cartas de canje que los obligara a restituir ese material.

Esas acciones se debieron implementar en los primeros 180 días después de recibido el medicamento, pero no se ha localizado en los archivos pruebas documentales que confirmen su cumplimiento y sirvan de evidencia para sancionar a las empresas, dijo Rosina del Villar.

“Si no hay ese instrumento, se deslinda de responsabilidad a la empresa”, advirtió la secretaria de Honestidad y Función Pública. Los 222.3 millones de pesos en medicamento caduco forma parte del pago hecho a más de 400 proveedores de Isesalud, pero ninguno ha sido llamado a declarar por falta de pruebas.

De acuerdo al reporte de medicamento caduco concentrado el 19 de noviembre de 2021, y que dio pie al inicio de la investigación de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, en la mayoría de los contratos suscritos por el gobierno de Jaime Bonilla los proveedores entregaron fármacos e insumos de salud con caducidad menor a la establecida en los contratos, pero con los documentos localizados hasta el momento, “solo se puede responsabilizar al funcionario”, agregó Rosina del Villar.

Frenar viejas prácticas

En un intento por evitar que esta situación se repita en los depósitos de Isesalud, Baja California, se implementará un sistema electrónico que permitirá seguir la ruta de distribución, desde su arribo al almacén, hasta su entrega en los consultorios de los hospitales y centros de salud, informó Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud.

Estas nuevas medidas son urgentes en el estado, ya que, a pesar de que las bodegas de Isesalud de Baja California se encuentran saturadas con medicamentos caducos, a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) el gobierno federal continúa con el envío de lotes excesivos de medicamentos no solicitados.

“Nos mandaron una cantidad inusual y excesiva de medicamento, un anestésico que se utiliza en odontología”, reportó Adrián Medina Amarillas.

El medicamento arribó a principios de 2022 y las autoridades bajacalifornianas no lo devolvieron, sino que se encargaron de distribuirlo a nivel local y en el resto del país, con otras instituciones de salud. Después de recibir ese lote, el titular de Isesalud dijo poner más cuidado en los envíos de medicamentos que realiza la federación.

A las pérdidas millonarias ocasionadas por los medicamentos e insumos que caducaron en los almacenes de Isesalud se tiene que sumar el costo de su destrucción: 15 millones de pesos, informó el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas. Un costo que las anteriores administraciones, al parecer, no quisieron pagar y “ahora nos tocó a nosotros enfrentar esa crisis”, dijo Medina. 

ILUSTRACIÓN: Carlos Mendoza


Corrupción

Denunciará PRI ante FGE a funcionarios municipales y estatales

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El Partido Revolucionario Institucional interpondrá una denuncia penal a funcionarios municipales y estatales por asistir a eventos de campaña y por probable uso de recursos públicos.
Los señalados son Francisco Echeverría, secretario particular de Norma Bustamante, alcaldesa de Mexicali; José Ramón López, director de Bienestar Social Municipal de ese mismo ayuntamiento; y diversos funcionarios de Issstecali.
El jurídico del PRI, Joel Blas Ramos, anunció lo anterior en conferencia de prensa este martes, donde estuvieron presentes la dirigente estatal del partido Lupita Gutiérrez Fregoso y el delegado del CEN del tricolor en Baja California, Benjamín Fournier Espinosa.
Los señalamientos para los servidores municipales son haber asistido a eventos de campaña, pues precisó que el fundamento legal dice que ningún funcionario ni con licencia, ni con vacaciones, puede asistir a actos proselitistas, ni siquiera por las tardes.
Sobre la denuncia que involucra a personal de Issstecali, como se publicó en Brújula News, se tienen indicios de uso de recursos públicos para reuniones de planeación de campañas, en forma de uso de instalaciones públicas, explicó.
Además presentará denuncias ante autoridades electorales señalando a Darío Benitez, candidato del PES a la alcaldía de Tecate por la no desvinculación de Morena, para ser candidato de otro partido, manifestó. Esta acusación también alcanza a varios miembros de su planilla.
En días pasados Blas Ramos presentó denuncias ante autoridades electorales contra el candidato de Morena a la alcaldía de San Felipe, José Luis Dagnino y miembros de su planilla, pues presentaron el trámite de licencia a ellos mismos, cuando debió ser el Congreso del Estado ante quien debieron solicitar el trámite, al ser nombrado por este poder, el concejo fundacional.
También denunciaron la candidatura de Ismael Burgueño a la alcaldía de Tijuana, contea el que aportaron pruebas y elementos sobre el tema público que pesa sobre ese aspirante: la denuncia de pensión alimenticia, asunto que por la secrecía del caso, el jurídico no mencionó.
Por último, Blas Ramos relató que también impugnaron la candidatura de Elugio Valencia, aspirante de Morena a la diputación del noveno distrito local con sede en Tijuana, por posible presentacion de documentos apócrifos para su registro.
Por su parte, la dirigente estatal declaró que siguen viendo el cinismo de las autoridades, quienes están incidiendo en el proceso electoral.

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Miente alcaldesa sobre beneficio a Bomberos

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La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, miente sobre los beneficios a los bomberos, comentaron trabajadores de ese departamento.

En redes sociales, algunos comunicadores publicaron un boletín de campaña de Bustamante, donde dice que “una de las principales razones que la motivaron a participar en la reelección es el continuar la dignificación de las y los bomberos”.

Dice haber aumentado cerca del doble el salario del personal operativo de confianza, además de incrementar el bono de riesgo, adquirir unidades y equipamiento, lo cual niegan los bomberos entrevistados y que prefieren hablar desde el anonimato.

El bono de riesgo, el cual asciende a 350 pesos, es desde hace años la misma cantidad, informaron.

Sobre las unidades, más que incrementar el número, ha disminuido y tanto las máquinas como el equipamiento y el personal es insuficiente. Como muestra, parte de la empresa Zahori arde fuera de control en estos momentos -14:30 horas- porque no hay unidades ni recursos para controlarlo.

Pero sí hubo para darle una camioneta de modelo reciente al director de Bomberos, Rubén Darío Osuna, a quien señalan junto con Edson López Vilchis de manejar una red de cobro de moches a empresas que no cumplen con la normatividad, situación que ya han expuesto anteriormente.

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Corrupción

Tiene regidor Tamai a familiares en la nómina municipal

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La exesposa, el hijo y la tía del regidor morenista Sergio Tamai están en la nómina municipal. Rosalba Olmos Guzmán, expareja del funcionario, está asignada al área de regidores, y aunque su sueldo es de 10 mil pesos al mes, sus compensaciones alcanzan los 22 mil pesos.

La trabajadora no tiene estudios superiores. Cuenta con una capacitación para el trabajo en un instituto para formación de servidores públicos. No aparece como empleada en el portal de transparencia, pero el propio regidor, contestando una solicitud de información, da cuenta de que Olmos Guzmán es parte del personal de su regiduría.

También está en esa lista proporcionada por Tamai García, su tía, Claudia Imelda García Arce, una licenciada en Derecho que ya trabajaba para anteriores ayuntamientos, pero que vio incrementadas sus percepciones en esta administración.

García Arce trabajó en el 22 ayuntamiento, el del panista Gustavo Sánchez, y ganaba cerca de 30 mil pesos mensuales. Ahora percibe 33 mil pesos de sueldo mensual más 13 mil 183 pesos de compensación, más de 46 mil pesos en total.

Buscando información sobre ella en internet, aparece en una lista actualizada a noviembre de 2023, como consejera del PAN.

No da cuenta del siguiente empleado en su lista, pero su hijo Sergio Ricardo Tamai Olmos también está en la nómina municipal. No fue encontrada cédula profesional a su nombre. Trabaja como auxiliar administrativo en la Secretaría del Ayuntamiento, con un sueldo de 10 mil pesos mensuales y una compensación de 6 mil.

Tampoco en la lista está la hermana de la exesposa también trabaja en el municipio. Xóchitl Carmelita Olmos Guzmán, sin cédula profesional encontrada a su nombre, ya laboraba antes en el ayuntamiento. En 2021 ganaba 25 mil pesos mensuales y cero de compensación y ahora percibe 31 mil pesos más 3 mil de compensación.

Quienes sí están en la lista entregada por Tamai, son sus asesores: Enrique Rocabado Castro, un abogado que gana 45 mil pesos al mes y Kevin Mitchell Lagunas Garibay, sin cédula profesional encontrada a su nombre, con un sueldo de 40 mil pesos mensuales.

En el portal de transparencia aparece otro Tamai, Sergio Moroni Tamai Carranza, y en la lista proporcionada por el regidor hay una Alexandra Guadalupe Baltazar Carranza, que pudieran ser también familiares del funcionario.

Se le pidió al regidor una postura sobre la cantidad de familiares trabajando en su regiduría y el ayuntamiento pero no hubo respuesta.

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