Corrupción
Caducan en este gobierno de BC medicamentos por más de 131 millones de pesos

Por Isabel Mercado
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
De enero a junio de 2022 se perdieron 131.6 millones de pesos en medicamentos caducos en Baja California, de acuerdo con los reportes del Instituto de Salud del estado obtenidos vía transparencia. Esta crisis de medicamentos vencidos es una problemática que involucra, por lo menos, a las últimas tres administraciones estatales.
En el reportaje titulado “Baja California, con una crisis en hospitales y bodegas repletas de medicamentos caducados” se logró documentar una pérdida económica, hasta 2021, de 93.7 millones de pesos debido a esta falta de distribución de medicinas. Si a esta cifra se le suma lo reportado durante el primer semestre de 2022, el quebranto por medicamento y material de salud caducado asciende a 222.3 millones de pesos, insumos que actualmente ocupan la cuarta parte de los almacenes de Isesalud.
Esta crisis inició en 2014, durante el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, con la compra excesiva de fármacos e insumos médicos de poca demanda, los cuales no fueron distribuidos a las farmacias de los hospitales y unidades de salud, lo que al final de la administración panista generó un menoscabo de 7.9 millones de pesos, de acuerdo al reporte del Sistema de Almacenamiento y Suministro (SAS).
En 2019, el morenista Jaime Bonilla Valdez recibió la administración con casi 8 millones de pesos en fármacos y material de salud expirado, pero lejos de denunciar esta irregularidad continuó con la misma práctica de su antecesor. Realizó nuevas compras de material que no circuló y permitió que los proveedores entregarán en los almacenes de Isesalud medicamento con caducidad inferior a la establecida en los contratos. Durante el bienio bonillista, caducaron 82.6 millones de pesos en fármacos.
En noviembre de 2021, Marina del Pilar Ávila Olmeda recibió la administración con 90.5 millones de pesos en medicamentos caducados durante los gobiernos de Kiko Vega y Jaime Bonilla, irregularidad que Bonilla omitió en el acta de entrega-recepción, informó Rosina del Villar Casas, actual secretaria de Honestidad y Función Pública.
Pero la problemática se agravó todavía más por la cantidad de fármacos e insumos médicos con pocos meses de caducidad que quedaron en los almacenes. Esto generó que, de enero a junio de 2022, la actual administración tuviera una pérdida de 131.6 millones de pesos en medicamentos.
A pesar de estas cifras, que comprueban que el mal manejo en los insumos de salud viene desde hace dos gobiernos y no se ha controlado, la Secretaría a cargo de Rosina del Villar solo investiga la pérdida de 83.3 millones de pesos en material caducado durante los gobiernos de Francisco Vega de Lamadrid y Jaime Bonilla Valdez, ya que por tratarse de insumos no adquiridos en el actual periodo administrativo le quitó cualquier responsabilidad al gobierno de Marina del Pilar.
Con esto, Rosina del Villar deja fuera de la indagatoria oficial un quebranto de 139 millones de pesos en medicamentos caducados.
La administración actual se ha deslindando y sólo responsabiliza a Jaime Bonilla Valadez, ya que aseguran que no reportaron la compra en demasía de fármacos e insumos de salud de baja demanda adquiridos por Francisco Vega de Lamadrid y dejaron repletos los almacenes de Isesalud con productos médicos caducados o a punto de caducar, explicó la secretaria de Honestidad y Función Pública, Rosina del Villar Casas.
Para este reportaje se buscó vía telefónica y a través de mensajes a Alonso Pérez Rico y Carlos Gómez Valdez, secretario de Salud y apoderado legal de Isesalud durante el anterior gobierno, respectivamente. El primero solo dio vista a los mensajes y el segundo contestó y colgó el teléfono. También se trató de localizar vía telefónica a Jaime Bonilla Valdez, pero no respondió.
Gobierno de Marina del Pilar sin responsabilidad: SHyFPBC
Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud, reconoció que más de 131 millones de pesos en medicamentos y material de salud han expirado durante la actual administración, esto contradice lo afirmado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Tras la publicación de la investigación periodística “Baja California, con una crisis en hospitales y bodegas repletas de medicamentos caducados”, la gobernadora reconoció la pérdida millonaria almacenada en las instalaciones de Isesalud, pero negó que los fármacos y material de salud hubieran expirado durante su gobierno.
“Se trata de medicamentos que se fueron caducando, pero no en nuestra administración”, declaró durante el Miércoles de Mañanera con Marina del Pilar del 3 de agosto. Una semana después, el titular de Isesalud afirmó que sí se han caducado medicamentos durante 2022.
Pero Medina Amarilla justificó que estos eran medicamentos con corta caducidad, altos volúmenes y poco movimiento que ya estaban en el almacén al arribo del actual gobierno. Además, aseguró que se intentó hacer la distribución en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Issste e Issstecali, tanto de Baja California como de otros estados del país, pero por tratarse de medicamentos de alta especialidad y poca demanda, no logró evitar se convirtieran en una nueva pérdida dentro los almacenes locales de Isesalud.
El volumen de los fármacos expirados durante la administración de Marina del Pilar, se divide en dos principales lotes, el primero de un valor de 70 millones de pesos y se trata de fosfolípidos porcinos, medicamento que favorece la madurez pulmonar en niños nacidos prematuros. La pérdida del segundo lote, clasificado como vasodilatadores de las arterias pulmonares, se cuantificó en 20 millones de pesos.
Medicamentos incluidos en tratamientos contra la hepatitis, antivirales, trombolíticos y anticoagulantes, conforman el resto de los fármacos caducados durante 2022.
SHyFP sin fecha para determinar responsables
Ya pasaron casi 10 meses desde que inició el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda y la Secretaría de Honestidad y Función Pública aún no cuenta con los elementos para concluir el expediente INV/102/2021, abierto para investigar el daño al erario causado por medicamento caduco, admitió Rosina del Villar Casas.
La pérdida a causa de medicamentos caducos se podría establecer como una falta grave, lo que implicaría inhabilitación de 5 hasta 20 años del servicio público de algunos de los involucrados. Además, en los casos que se logre comprobar daño patrimonial también se interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGEBC), y, en los casos en los que se involucren recursos federales, se dará cuenta a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), especificó Del Villar Casas.
La demora es debido a la cantidad de involucrados en el caso, el cual abarca desde 2014 hasta octubre de 2021 e implica tanto a los encargados del área de almacén, como subdirectores administrativos y a los ex secretarios de Salud de las dos últimas administraciones, Sergio Guillermo Trejo Dozal y Alonso Pérez Rico, dijo la funcionaria.
Tan solo del gobierno de Jaime Bonilla Valdez, la funcionaria dijo investigar a una veintena de funcionarios de Isesalud y Alonso Pérez Rico es uno de los principales, ya que es quien se encontraba a cargo de Isesalud al momento de recibir del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid medicamento caducado y no reportarlo.
También es responsable “por no haber hecho absolutamente nada en evitar la caducidad o que ese medicamento fuera promocionado o entregado al ciudadano, es omisión”, y porque omitió declarar en el informe de Entrega-Recepción la gran pérdida que dejaba el gobierno de Bonilla, aún cuando le fue requerido en forma oficial por la nueva administración, agregó del Villar Casas.
Gobierno perdona a proveedores
Las autoridades de Isesalud prácticamente deslindaron de toda responsabilidad a los proveedores al recibirles los fármacos, al no ejecutar las penalizaciones por incumplir con el periodo de caducidad ni extenderles cartas de canje que los obligara a restituir ese material.
Esas acciones se debieron implementar en los primeros 180 días después de recibido el medicamento, pero no se ha localizado en los archivos pruebas documentales que confirmen su cumplimiento y sirvan de evidencia para sancionar a las empresas, dijo Rosina del Villar.
“Si no hay ese instrumento, se deslinda de responsabilidad a la empresa”, advirtió la secretaria de Honestidad y Función Pública. Los 222.3 millones de pesos en medicamento caduco forma parte del pago hecho a más de 400 proveedores de Isesalud, pero ninguno ha sido llamado a declarar por falta de pruebas.
De acuerdo al reporte de medicamento caduco concentrado el 19 de noviembre de 2021, y que dio pie al inicio de la investigación de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, en la mayoría de los contratos suscritos por el gobierno de Jaime Bonilla los proveedores entregaron fármacos e insumos de salud con caducidad menor a la establecida en los contratos, pero con los documentos localizados hasta el momento, “solo se puede responsabilizar al funcionario”, agregó Rosina del Villar.
Frenar viejas prácticas
En un intento por evitar que esta situación se repita en los depósitos de Isesalud, Baja California, se implementará un sistema electrónico que permitirá seguir la ruta de distribución, desde su arribo al almacén, hasta su entrega en los consultorios de los hospitales y centros de salud, informó Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud.
Estas nuevas medidas son urgentes en el estado, ya que, a pesar de que las bodegas de Isesalud de Baja California se encuentran saturadas con medicamentos caducos, a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) el gobierno federal continúa con el envío de lotes excesivos de medicamentos no solicitados.
“Nos mandaron una cantidad inusual y excesiva de medicamento, un anestésico que se utiliza en odontología”, reportó Adrián Medina Amarillas.
El medicamento arribó a principios de 2022 y las autoridades bajacalifornianas no lo devolvieron, sino que se encargaron de distribuirlo a nivel local y en el resto del país, con otras instituciones de salud. Después de recibir ese lote, el titular de Isesalud dijo poner más cuidado en los envíos de medicamentos que realiza la federación.
A las pérdidas millonarias ocasionadas por los medicamentos e insumos que caducaron en los almacenes de Isesalud se tiene que sumar el costo de su destrucción: 15 millones de pesos, informó el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas. Un costo que las anteriores administraciones, al parecer, no quisieron pagar y “ahora nos tocó a nosotros enfrentar esa crisis”, dijo Medina.
ILUSTRACIÓN: Carlos Mendoza
Corrupción
Señalan deficiencias presupuestales que afectaron contención de incendio de Tecate

La temporada de incendios en Baja California se extiende seis meses, de mayo a octubre con pico de riesgo entre junio y septiembre, lo que obliga a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Baja California (SADER BC) acontar con brigadistas capacitados, equipo de protección personal, herramientas, vehículos y víveres listos para la contingencia. Junto con Protección Civil y el cuerpo de bomberos forestales, son las dependencias estatales que tiene que hacerse cargo.
En el incendio de Tecate, estas son las fallas y la línea de tiempo que hicieron llegar a esta redacción personas directamente involucradas con la contención del fuego que afectó esa zona en junio pasado:
Día 1. El fuego se detectó y solo tres elementos del cuartel “El Hongo” de SADER BC acudieron al combate. Tras confirmar la envergadura del incendio, no se solicitaron refuerzos.
Días 2-5. El incendio continuó expandiéndose hasta salirse de control. Los brigadistas carecían de víveres, suministros y gasolina, y la unidad “bombera” quedó fuera de servicio porque no fue sometida a mantenimiento; el director de Administración, Martín Alonso Cota Ochoa, no autorizo recursos para mantenimiento.
Día 5. CONAFOR arribó al lugar con seis combatientes. Se integró el EEMI (Equipo Estatal de Manejo de Incidentes), pero seguía sin combustible ni insumos básicos, y Cota Ochoa no atendio necesidades.
Días 6–9. Se sumaron Bomberos de Tecate, 20 integrantes adicionales de CONAFOR, y apoyos de Protección Civil estatal, municipal y de Estados Unidos. Aunque SADER BC “activó” formalmente el EEMI, designaron al mando a una persona sin experiencia ni capacidad de coordinación, lo que entorpeció el trabajo de los brigadistas, quienes laboraron sin comida ni víveres.
Finalmente, un mando de las oficias centrales de CONAFOR tomó las riendas y puso al frente a un corrdinador con la formación y la experiencia necesarias.
En el Cuartel Forestal “El Hongo” solo hay seis elementos, entre de base, confianza y honorarios. En administraciones anteriores llegó a contar con 12 plazas activas; las bajas no fueron repuestas, sino que se han asignado discrecionalmente por Cota Ochoa, dejando fuera a personal con experiencia requerida. Antes de mayo, el personal realizaba apertura de brechas, quemas controladas, habilitación de caminos y reforestación.
Por lo que respecta al Programa de Brigadistas, en junio pasado participaron 11 elementos en la contención del fuego. Para julio deberían tener 50 brigadistas activos; SADER BC no gestionó sumar anticipadamente a los 39 elementos restantes. En otras administraciones el programa alcanzó hasta 80 brigadistas desde que era detectado el primer foco de fuego.
Los recursos para incendios a junio 2025, se integran de la siguiente manera: CONAFOR otorga 680 mil pesos por cada brigada de 10 integrantes (equipo, herramienta, gasolina, arrendamiento y honorarios).
La SADER BC gestionó 5 brigadas, recibiendo 3 millones 400 mil pesos en mayo. Dispone de 3 vehículos oficiales, modelos 2012. ¿Dónde quedó ese dinero y qué se hizo con el? cuestionan los informantes.
En otras administraciones, estos eran gastos comunes en los seis mesesde la temporada de incendios: 150 mil pesos en víveres, realizando la compra en abril y mayo; 135 mil pesos en equipos de protección personal; 300 mil pesos de gasolina; 1 millón 200 mil pesos para contratar a 6 combatientes, informaron.
La SADER BC tiene la obligación de prevenir, coordinar y atender incendios forestales y agrícolas. “En el siniestro de Tecate, el alcalde Román Cota y el diputado Juan Manuel Molina respaldaron más a los brigadistas que el propio secretario Juan Melendrez Espinoza. En pasillos de la dependencia se comenta que Cota Ochoa bloqueó contrataciones, viveres, equipo de protección, equipo y mantenimiento, mientras él mismo disfrutaba de lujos y favorecía a familiares con plazas base”, expresaron.
Corrupción
Denuncian conflicto de interés y posible corrupción en Bisom Mexicali

Una denuncia ciudadana perfectamente documentada, da cuenta del conflicto de interés, tráfico de influencias y posible corrupción en Bienstar Social Municipal (Bisom) del Ayuntamiento de Mexicali.
César González es empleado de Bisom y arquitecto en el despacho Diastudio, empresa que se encargó de la rehabilitación del Centro de Desarrollo Integral Casa Digna. A continuación el material que hicieron llegar a esta redacción.
Corrupción
Denuncia Rude afiliación ilegal de Morena

El regidor panista Manuel “Rude” García denunció en sus redes sociales la campaña de afiliación que hace Morena aprovechando las filas que se hacen para recibir apoyos sociales en el centro cívico.
En días recientes durante esta semana hemos visto aqui a personas con chalecos de Morena hostigando a la ciudadanía, relató.
La gente hace fila para cobrar un apoyo social o para tramitar un beneficio de los apoyos que ellos mismos han llamado que son del pueblo, dijo.
“Apoyos que según la ley federal no están condicionados a ningún partido político y ningún partido político debería de usarlos para ejercer presión alguna. Y esto es un delito y no solo violentan las leyes electorales locales, sino también la Ley General de Partidos Políticos y el 134 constitucional”, declaró.
El edil hizo un llamado al delegado federal, Alejandro Ruiz Uribe para que impida que esto siga pasando, pero también a las autoridades, a la presidente del partido de Morena para que eviten estar hostigando a la ciudadanía que viene a tramitar un apoyo social.
Exigió que esto no siga sucediendo e invitó a denunciar esos casos, concluyó.
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