Corrupción
Caducan en este gobierno de BC medicamentos por más de 131 millones de pesos

Por Isabel Mercado
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
De enero a junio de 2022 se perdieron 131.6 millones de pesos en medicamentos caducos en Baja California, de acuerdo con los reportes del Instituto de Salud del estado obtenidos vía transparencia. Esta crisis de medicamentos vencidos es una problemática que involucra, por lo menos, a las últimas tres administraciones estatales.
En el reportaje titulado “Baja California, con una crisis en hospitales y bodegas repletas de medicamentos caducados” se logró documentar una pérdida económica, hasta 2021, de 93.7 millones de pesos debido a esta falta de distribución de medicinas. Si a esta cifra se le suma lo reportado durante el primer semestre de 2022, el quebranto por medicamento y material de salud caducado asciende a 222.3 millones de pesos, insumos que actualmente ocupan la cuarta parte de los almacenes de Isesalud.
Esta crisis inició en 2014, durante el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, con la compra excesiva de fármacos e insumos médicos de poca demanda, los cuales no fueron distribuidos a las farmacias de los hospitales y unidades de salud, lo que al final de la administración panista generó un menoscabo de 7.9 millones de pesos, de acuerdo al reporte del Sistema de Almacenamiento y Suministro (SAS).
En 2019, el morenista Jaime Bonilla Valdez recibió la administración con casi 8 millones de pesos en fármacos y material de salud expirado, pero lejos de denunciar esta irregularidad continuó con la misma práctica de su antecesor. Realizó nuevas compras de material que no circuló y permitió que los proveedores entregarán en los almacenes de Isesalud medicamento con caducidad inferior a la establecida en los contratos. Durante el bienio bonillista, caducaron 82.6 millones de pesos en fármacos.
En noviembre de 2021, Marina del Pilar Ávila Olmeda recibió la administración con 90.5 millones de pesos en medicamentos caducados durante los gobiernos de Kiko Vega y Jaime Bonilla, irregularidad que Bonilla omitió en el acta de entrega-recepción, informó Rosina del Villar Casas, actual secretaria de Honestidad y Función Pública.
Pero la problemática se agravó todavía más por la cantidad de fármacos e insumos médicos con pocos meses de caducidad que quedaron en los almacenes. Esto generó que, de enero a junio de 2022, la actual administración tuviera una pérdida de 131.6 millones de pesos en medicamentos.
A pesar de estas cifras, que comprueban que el mal manejo en los insumos de salud viene desde hace dos gobiernos y no se ha controlado, la Secretaría a cargo de Rosina del Villar solo investiga la pérdida de 83.3 millones de pesos en material caducado durante los gobiernos de Francisco Vega de Lamadrid y Jaime Bonilla Valdez, ya que por tratarse de insumos no adquiridos en el actual periodo administrativo le quitó cualquier responsabilidad al gobierno de Marina del Pilar.
Con esto, Rosina del Villar deja fuera de la indagatoria oficial un quebranto de 139 millones de pesos en medicamentos caducados.
La administración actual se ha deslindando y sólo responsabiliza a Jaime Bonilla Valadez, ya que aseguran que no reportaron la compra en demasía de fármacos e insumos de salud de baja demanda adquiridos por Francisco Vega de Lamadrid y dejaron repletos los almacenes de Isesalud con productos médicos caducados o a punto de caducar, explicó la secretaria de Honestidad y Función Pública, Rosina del Villar Casas.
Para este reportaje se buscó vía telefónica y a través de mensajes a Alonso Pérez Rico y Carlos Gómez Valdez, secretario de Salud y apoderado legal de Isesalud durante el anterior gobierno, respectivamente. El primero solo dio vista a los mensajes y el segundo contestó y colgó el teléfono. También se trató de localizar vía telefónica a Jaime Bonilla Valdez, pero no respondió.
Gobierno de Marina del Pilar sin responsabilidad: SHyFPBC
Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud, reconoció que más de 131 millones de pesos en medicamentos y material de salud han expirado durante la actual administración, esto contradice lo afirmado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Tras la publicación de la investigación periodística “Baja California, con una crisis en hospitales y bodegas repletas de medicamentos caducados”, la gobernadora reconoció la pérdida millonaria almacenada en las instalaciones de Isesalud, pero negó que los fármacos y material de salud hubieran expirado durante su gobierno.
“Se trata de medicamentos que se fueron caducando, pero no en nuestra administración”, declaró durante el Miércoles de Mañanera con Marina del Pilar del 3 de agosto. Una semana después, el titular de Isesalud afirmó que sí se han caducado medicamentos durante 2022.
Pero Medina Amarilla justificó que estos eran medicamentos con corta caducidad, altos volúmenes y poco movimiento que ya estaban en el almacén al arribo del actual gobierno. Además, aseguró que se intentó hacer la distribución en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Issste e Issstecali, tanto de Baja California como de otros estados del país, pero por tratarse de medicamentos de alta especialidad y poca demanda, no logró evitar se convirtieran en una nueva pérdida dentro los almacenes locales de Isesalud.
El volumen de los fármacos expirados durante la administración de Marina del Pilar, se divide en dos principales lotes, el primero de un valor de 70 millones de pesos y se trata de fosfolípidos porcinos, medicamento que favorece la madurez pulmonar en niños nacidos prematuros. La pérdida del segundo lote, clasificado como vasodilatadores de las arterias pulmonares, se cuantificó en 20 millones de pesos.
Medicamentos incluidos en tratamientos contra la hepatitis, antivirales, trombolíticos y anticoagulantes, conforman el resto de los fármacos caducados durante 2022.
SHyFP sin fecha para determinar responsables
Ya pasaron casi 10 meses desde que inició el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda y la Secretaría de Honestidad y Función Pública aún no cuenta con los elementos para concluir el expediente INV/102/2021, abierto para investigar el daño al erario causado por medicamento caduco, admitió Rosina del Villar Casas.
La pérdida a causa de medicamentos caducos se podría establecer como una falta grave, lo que implicaría inhabilitación de 5 hasta 20 años del servicio público de algunos de los involucrados. Además, en los casos que se logre comprobar daño patrimonial también se interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGEBC), y, en los casos en los que se involucren recursos federales, se dará cuenta a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), especificó Del Villar Casas.
La demora es debido a la cantidad de involucrados en el caso, el cual abarca desde 2014 hasta octubre de 2021 e implica tanto a los encargados del área de almacén, como subdirectores administrativos y a los ex secretarios de Salud de las dos últimas administraciones, Sergio Guillermo Trejo Dozal y Alonso Pérez Rico, dijo la funcionaria.
Tan solo del gobierno de Jaime Bonilla Valdez, la funcionaria dijo investigar a una veintena de funcionarios de Isesalud y Alonso Pérez Rico es uno de los principales, ya que es quien se encontraba a cargo de Isesalud al momento de recibir del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid medicamento caducado y no reportarlo.
También es responsable “por no haber hecho absolutamente nada en evitar la caducidad o que ese medicamento fuera promocionado o entregado al ciudadano, es omisión”, y porque omitió declarar en el informe de Entrega-Recepción la gran pérdida que dejaba el gobierno de Bonilla, aún cuando le fue requerido en forma oficial por la nueva administración, agregó del Villar Casas.
Gobierno perdona a proveedores
Las autoridades de Isesalud prácticamente deslindaron de toda responsabilidad a los proveedores al recibirles los fármacos, al no ejecutar las penalizaciones por incumplir con el periodo de caducidad ni extenderles cartas de canje que los obligara a restituir ese material.
Esas acciones se debieron implementar en los primeros 180 días después de recibido el medicamento, pero no se ha localizado en los archivos pruebas documentales que confirmen su cumplimiento y sirvan de evidencia para sancionar a las empresas, dijo Rosina del Villar.
“Si no hay ese instrumento, se deslinda de responsabilidad a la empresa”, advirtió la secretaria de Honestidad y Función Pública. Los 222.3 millones de pesos en medicamento caduco forma parte del pago hecho a más de 400 proveedores de Isesalud, pero ninguno ha sido llamado a declarar por falta de pruebas.
De acuerdo al reporte de medicamento caduco concentrado el 19 de noviembre de 2021, y que dio pie al inicio de la investigación de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, en la mayoría de los contratos suscritos por el gobierno de Jaime Bonilla los proveedores entregaron fármacos e insumos de salud con caducidad menor a la establecida en los contratos, pero con los documentos localizados hasta el momento, “solo se puede responsabilizar al funcionario”, agregó Rosina del Villar.
Frenar viejas prácticas
En un intento por evitar que esta situación se repita en los depósitos de Isesalud, Baja California, se implementará un sistema electrónico que permitirá seguir la ruta de distribución, desde su arribo al almacén, hasta su entrega en los consultorios de los hospitales y centros de salud, informó Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud.
Estas nuevas medidas son urgentes en el estado, ya que, a pesar de que las bodegas de Isesalud de Baja California se encuentran saturadas con medicamentos caducos, a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) el gobierno federal continúa con el envío de lotes excesivos de medicamentos no solicitados.
“Nos mandaron una cantidad inusual y excesiva de medicamento, un anestésico que se utiliza en odontología”, reportó Adrián Medina Amarillas.
El medicamento arribó a principios de 2022 y las autoridades bajacalifornianas no lo devolvieron, sino que se encargaron de distribuirlo a nivel local y en el resto del país, con otras instituciones de salud. Después de recibir ese lote, el titular de Isesalud dijo poner más cuidado en los envíos de medicamentos que realiza la federación.
A las pérdidas millonarias ocasionadas por los medicamentos e insumos que caducaron en los almacenes de Isesalud se tiene que sumar el costo de su destrucción: 15 millones de pesos, informó el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas. Un costo que las anteriores administraciones, al parecer, no quisieron pagar y “ahora nos tocó a nosotros enfrentar esa crisis”, dijo Medina.
ILUSTRACIÓN: Carlos Mendoza
Corrupción
Clausura Ayuntamiento de Tijuana gasera por irregularidades

Por contar con irregularidades en sus permisos de operación, el gobierno del Ayuntamiento de Tijuana que encabeza Ismael Burgueño Ruiz, clausuró dos establecimientos de la Compañía de Gas de Tijuana SA de CV por diversas irregularidades.
Durante una atención a medios, el secretario de Gobierno Municipal, Arnulfo Guerrero León, puntualizó: “Estamos en proceso de revisión de todas las estaciones de gas que existen en la ciudad, que tienen distribución, además de venta de minas y tanques, confirmando que reúnan los requisitos necesarios para su operación”.
Con respecto a esta clausura de los establecimientos de la Compañía de Gas de Tijuana SA de CV, detalló que estos no contaban con la revalidación de licencia de operación, licencia de anuncios, licencia de funcionamiento, ni dictamen de uso de suelo, además carecen de contrato de recolección de residuos peligrosos; tampoco tenían vigente el documento para el transporte de sus hidrocarburos, entre otros.
Guerrero León agregó que no permitirán la operación de empresas que no reúnan los requisitos y donde tengan que recurrir a medidas como la clausura para que cumplan con su deber.
En tanto, el director de Protección Civil, José Luis Jiménez González, explicó que la clausura tiene como antecedente, un segundo incidente de fuga, registrado el miércoles 12 de febrero, sobre la calle Brasil y Aguascalientes, en la colonia Cacho, donde fue necesario la evacuación de 50 personas de 15 locales y 320 alumnos de la comunidad escolar de la zona aledaña, donde solo hubo daños materiales.
Corrupción
Ordenan a tribunal de BC dar sanción ejemplar al “Terrible” Morales

En la sesión pública de hoy, la sala Guadalajara del Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revocó parcialmente una resolución del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California que declaró responsable a la precandidatura de Erik “El Terrible Morales” y la sancionó con una amonestación pública por la comisión de actos anticipados de precampaña y violaciones al principio de legalidad, ordenando una sanción más acorde a la gravedad de los hechos.
El caso fue iniciado por el jurídico del PRI en Baja California, Joel Blas Ramos, en denuncia que presentaron junto con el tricolor, el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.
“Los integrantes del Pleno sostuvieron que, aún cuando se acreditaron los actos anticipados de precampaña por la difusión de expresiones mediante espectaculares, bardas, redes sociales y a través de una revista de edición especial, el tribunal local pasó por alto que ello actualizaba una presunción de un beneficio electoral para la entonces precandidatura”, dice el portal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ese órgano considera incongruente que se tenga por demostrado que Morales se benefició por dichos actos, lo que afectó los principios de legalidad, igualdad, certeza y equidad durante la precampaña, para luego sostener que no actuó dolosamente.
El Tribunal Electoral de Baja California tendrá que analizar de nuevo el caso, ya que omitió cumplir con una debida fundamentación y motivación; así como con el principio de exhaustividad al calificar la falta e individualizar la sanción.
Corrupción
Cae México en ranking de corrupción; obtiene 26 puntos de 100

Según el índice de percepción de la corrupción, México se ubicó en la posición 140 de un total de 180 países, informó Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana. Desde el primer año completo de Morena en el poder, en 2019, el país ha caído 10 lugares.
En 2024, México obtuvo una calificación de 26 puntos de 100 posibles, lo que ubica a México en la posición 140 de 180 países evaluados.
Los países menos corruptos son Dinamarca, Finlandia y Singapur, con 90, 88 y 84 puntos de 100, respectivamente. Ningún país alcanzó los 100 puntos. El top de los países más corruptos son Venezuela, Somali y Sudán del Sur, con 10, 9 y 8 puntos respectivamente.
Entre las economías que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México está en el último lugar: es el 38 de 38 países evaluados. En el G20, que incluye a 19 países más la Unión Europea, México se encuentra en la penúltima posición, solo por encima de Rusia, con 22 puntos.
Los resultados para México del Índice de Percepción de la Corrupción 2024 contemplan información de 13 fuentes independientes para los años 2023 y 2024. De acuerdo con el INEGI, en 2023, 83% de las personas consideraron que la corrupción en México sigue siendo un problema “frecuente o muy frecuente”.
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