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Política

Protege gobernadora a presunto depredador sexual

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Ariel Alejandro Lizárraga Montero, el verdadero poder detrás del trono en comunicación de Gobierno del Estado, tiene dos denuncias de caracter sexual. De las dos ha salido bien librado; una porque la víctima -menor de edad- se retractó. La otra, porque dejaron pasar el tiempo sin que avanzara el caso hasta que pudieron cerrarlo sin acciones punitivas de por medio.

Por Dianeth Pérez Arreola

TERCERA PARTE

El funcionario (inocente hasta que se demuestre lo contrario) cuya situación laboral con Gobierno del Estado se ha mantenido en la opacidad, tiene dos antecedentes relacionados con delitos sexuales en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California. Uno por hostigamiento sexual contra una joven de Ensenada en 2011 y otro por abuso sexual a una menor de 12 años en 2012. Ambos expedientes en poder de esta reportera.

Este último documento, el 1141/12/202/AP, con fecha de registro el ocho de agosto de 2012, en la Unidad Orgánica de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, en el municipio de Tijuana no está disponible en los registros de la FGE; las autoridades se han encargado de hacerlo inaccesible.

Según la declaración de la madre de la víctima, la tarde del 20 de julio de 2012, relató que tiene cinco hijas. Las cuatro menores producto de su segundo matrimonio y de edades 19, 18, 12 y 10 años. Que conoció a Alberto N porque era taxista y ella era su cliente. Tras cinco meses de conocerse empezaron a vivir en unión libre, junto a las dos menores de 12 y 10 años.

Un día entran al domicilio a detener a Alberto N porque la menor de 12 años había reportado a las autoridades a la pareja de su madre por hacerle tocamientos y haberle tomado fotografías íntimas con su celular.

 La hija de 19 años sostenía una relación de noviazgo con Ariel Lizárraga, y la madre le pide contactarlo pues “como él trabaja en la política, él tenía muchos contactos para poder ayudar a Alberto”.

Cuando Ariel llega a la comandancia, la menor también lo acusa a él de abuso sexual y es detenido e incomunicado por seis horas. La madre de la víctima termina su relato, en el cual menciona que Ariel salió múltiples veces con su hija menor, presentando su formal denuncia en contra de los dos hombres: “es mi deseo que llegue hasta las últimas consecuencias y que pague el responsable por lo que hicieron contra mi hija”.

La menor, en su declaración señala que Alberto N llegó a golpear a su madre, a ella y a su hermana de 18 años. Aunque se fue de la casa, su pareja lo perdonó y regresó. Dice que su padrastro la empezó a ver de manera distinta y narra como una noche se acercó a ella y la empezó a tocar en sus partes íntimas. Después le tomó fotografías con su teléfono.

Un día Alberto olvida el celular en la casa y la menor lo revisa y encuentra las fotos que le había tomado. “No le dije a mi mamá porque le perdí toda la confianza. Yo sabía que si le decía, lo que fuera no me iba a creer. Por tal razón nunca le dije lo que pasó con Ariel”.

Ariel Lizárraga Montero aseguró que la acusación de violación fue un invento.

Sobre eso, relata que a pesar de que su hermana mayor ya no era novia de Ariel, él llamaba a su mamá para que la dejara salir con él. Dice que su madre accedió y él la llevó a un centro comercial muy grande en Rosarito donde le compró mucha ropa, vestidos, zapatos, tenis, pantalones muy pegados y a continuación la llevó a un departamento en ese municipio.

Apunta que los departamentos eran verdes, de dos pisos y había alberca. El interior solo tenía una cama y dos muebles. La instruyó para que le modelara la ropa que le había comprado. “Pero me dijo que me desvistiera delante de él y que modelara cuando me pusiera los vestidos, los cuales estaban muy cortitos, él mientras tanto me tomaba fotos con su celular”.

Aproximadamente un mes más tarde, Ariel llamó a la madre de la menor para pedirle que la dejara salir con él para llevarla a comer. Ella no quería ir y su mamá dijo que invitara a una amiga suya, un año mayor que ella.  Ariel pasó por ellas y las llevó al mismo centro comercial.

A los tres meses Ariel le pidió a su madre la dejara salir con él otra vez. Aunque ella se negó, su madre insistió y le dijo que no lo podía dejar plantado, que invitara a su amiga otra vez. Las llevó a Mundo Divertido y la menor se dio cuenta que Ariel le dio dinero a su amiga para que se comprara un teléfono celular.

Meses después, pide salir de nuevo con la menor. Ella no quiere, pero su madre insiste. Van por la amiga, pero ella tampoco quiere salir con Ariel. Se va sola con él y la lleva directamente a otro departamento también en Rosarito.

Él la instruye para que, si alguien pregunta algo al entrar, diga que es su papá. El departamento era de dos pisos, color crema y también tenía alberca. El interior era color rojo. En la habitación había una cama y él le ordenó que se quitara la ropa y ella dijo que no.

“Él me dijo que si no lo hacía le diría a mi mamá que yo había querido tener relaciones sexuales con él, pero yo le dije que eso era mentira, entonces me dijo que él tenía mucho poder y dinero y con eso mandaría matar a mi hermana (su exnovia) y a mi mamá”, dice la declaración.

A continuación, la menor narra el abuso. Ariel le introdujo los dedos mientras ella lloraba y él le gritaba que se callara. Al recibir una llamada de la madre de la menor, él le pide vestirse. Para que ya no llorara, en el camino le dice que le comprará una computadora, y se dirigen al centro comercial a adquirirla.

Al llegar a la casa, la menor le dice a su madre que ya no quiere vivir con ella y se va a vivir con una de sus hermanas. “Ahora que hablé y que dije la verdad de las cosas, quiero que castiguen a Ariel y a  Alberto por lo que me hicieron, porque no está bien, ellos se lo pueden hacer a otras niñas y yo no quiero porque desde ese día he soñado casi todos los días con Ariel. Sueño que me hace daño, sueño que mata a mi familia… le tengo miedo a Ariel porque trabaja en el PRI y dice que tiene mucho dinero”, dice en su declaración.

La declaración de la amiga coincide plenamente con la de la víctima. Cuenta las salidas a comer, los comentarios incómodos de Ariel y las compras de ropa y del teléfono celular. “La forma en que la miraba era muy extraña, la miraba como maniaco… parecía que la quería violar. A mi me dio mucho miedo y desconfianza, yo nunca más volví a salir con ellos”.

El examen ginecológico arrojó que el himen estaba intacto y que no había lesiones o desgarros. Un médico consultado explicó que hay hímenes elásticos y que la evaluación ginecológica no es ninguna determinante. El dictamen psicológico JZP/PSIC-SEX/30/A04/12 con fecha del 20 de julio de 2012 concluye que la menor sí presenta afectación psicológica.

Tres días después, el día 23, la madre amplía su declaración y dice que sus hijas menores le contaron que ellas inventaron todo. Cambia su versión sobre el número de veces que Ariel salió con la víctima, diciendo que fue solo una ocasión, a pesar de que no solo la de su hija, sino también la versión de la amiga contradice ese dato.

 Su hija mayor, producto de su primer matrimonio, también acude a declarar y se dice la autora intelectual de la mentira. Que ella le pidió a su hermana que mintiera porque Alberto no le caía bien y la criticaba porque su madre la ayudaba con los gastos de su bebé.

Lizárraga Montero asegura en entrevista que todo fue un invento; “una fabricación producto de una infamia”.

La víctima se desdice el día 25 de julio. Tres días después consiguen otra psicóloga quien elabora un nuevo dictamen que concluye que la víctima no presenta características de haber sufrido una experiencia de abuso sexual. Con eso, el examen ginecológico y la retractación, cierran el caso.

La evaluación psicológica ya había determinado que sí había habido daño; el examen ginecológico no es determinante, y la retractación, indican estudios sobre el tema, es una etapa de la denuncia, donde los menores necesitan mayor atención por parte de jueces, fiscales, abogados y todos quienes participan en el sistema de justicia.

“A menos que el niño reciba un apoyo sustancial ante su denuncia, normalmente se retracta. La presión ejercida sobre la víctima por la familia, por el abusador y aún por los profesionales puede abrumar al menor abusado y obligarlo a retractarse. Esto no indica que la víctima mintió acerca del hecho, sino que generalmente es una consecuencia lógica de la intensa presión ejercida sobre ella”, dice una investigación sobre abuso sexual infantil escrita por Romina Monteleone.

Las autoridades concluyen que no hay elementos para fincar responsabilidades ni a Alberto N ni a Lizárraga Montero. El Semanario Zeta publicó evidencias de que salieron pagos desde el Congreso del Estado a nombre de la hermana de la víctima, exnovia de Ariel tras el desistimiento de la menor.

Se pidió en reiteradas ocasiones una entrevista con Fernando Castro Trenti para preguntarle si fueron sus influencias las que libraron a Lizárraga Montero de aquella acusación y de la cárcel, pero no hubo respuesta.

Caso de hostigamiento sexual

Existe otro expediente, el 1838/11/311/AP, por hostigamiento sexual contra Ariel Lizárraga. El acuerdo de radicación menciona la fecha del 15 de marzo de 2011, en Ensenada Baja California. Una joven psicóloga de 22 años reacciona a un anuncio donde solicitaban psicólogas y comunicadoras. Se entera que es para trabajar con Fernando Castro Trenti y que Lizárraga Montero la entrevistaría para ver si obtenía el puesto.

En la entrevista, Ariel le dice que era muy madura para su edad, que grandes estrellas habían llegado a ser quienes son no por ellas solas, sino porque tenían atrás a un hombre que las apoyó y que eran muy válidos los medios que utilizara cada quien para lograr sus metas.

Le da el trabajo a prueba, la envía a un evento y ese día la regaña, la ignora y se molesta si ella hace algo que a él no le parece. Termina la jornada en un restaurante donde pide vino para los dos y continúa amonestándola y minimizando sus capacidades. Le reclama que tenga novio, la obliga a seguir la “jornada laboral” en otra parte, no importando que fuera casi media noche, pues le había advertido que eran horarios pesados.

Post en redes sociales de la joven psicóloga que denunció a Ariel Lizárraga.

“Me dijo que él nunca había conocido una mujer como yo, que cuando me vio sintió algo que nunca había sentido, casi casi estábamos destinados a estar juntos… que con la convivencia entre él y yo se podía dar algo”, narra la víctima en su declaración.

Después de acosarla más tiempo con preguntas y comentarios que la hacían sentirse incómoda y sin saber qué hacer, le dijo que ella no se acostaría con él ni con Castro Trenti. “Me dijo que ni iba a dejar que nadie me hiciera nada, porque yo era de él”.

El dictamen en materia de psicología 328/4PSC/2011 del 7 de noviembre de 2011 indica que la víctima sí presenta afectación psicológica en relación con los hechos referidos. Se le valoró los días 24, 25, 26 y 27 de octubre y el 7 de noviembre mediante diversas pruebas proyectivas.

Mediante el oficio 1989/11/302, con fecha del 9 de noviembre de 2011 se exhorta al agente del ministerio del fuero común de Tijuana, para que gire un citatorio a Ariel Lizárraga y pueda avanzar el caso, pues no se presentaba al desahogo de pruebas.

El 29 de abril de 2014, tres años y cinco meses después de ocurridos los hechos, la agencia del ministerio público investigadora de delitos sexuales y violencia intrafamiliar de Ensenada, declara extinguida la acción penal por haber pasado el tiempo de tres años de conformidad a lo previsto en los artículos 113 fracción I, 114 y 115 del Código del Estado, por lo que sin más cierran el caso sin que Lizárraga Montero se haya presentado a declarar.

El 24 de agosto de 2021 tiene lugar la vista para resolver en definitiva las actuaciones del acta de averiguación previa, determinando que tras nueve años, nueve meses y 16 días, tiene lugar la extinción de la facultad del ejercicio de la pretensión punitiva del estado por transcurso del tiempo, por lo que se cierra el caso sin sanción alguna.

Nacional

“Un atraco” maniobra para quedarse con Afores: delegado del CEN del PRI

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El delegado del CEN del PRI para Baja California, Benjamín Fournier Espinoza, expresó que ayer lunes, una mayoría oficiosa en el Congreso de la Unión aprobó un atraco a la clase trabajadora del país, al querer apropiarse de cuentas inactivas de Afores.

Son aproximadamente 18 millones de cuentas inactivas pero que tienen nombre y tienen apellido, señaló; las cuales representan 40 mil millones de pesos aproximadamente y que en ningún otro lugar del mundo se ha dado la situación de que el gobierno le quita a los trabajadores lo que a lo largo de toda su vida lograron reunir, dijo.

El delegado nacional del tricolor recordó que el presidente del partido, Alejandro Moreno, declaró que esas cuentas son de muchos trabajadores que están en Estados Unidos, que interrumpieron su vida laboral en México y se fueron al país vecino.

Precisó que también son propietarios de esas cuentas personas que ya fallecieron pero que tienen familiares, quienes no saben el monto y el destino de ese dinero. Agregó que también son de empleados que no alcanzaron el número de semanas cotizadas y que están viendo como completar el esquema para llevarse ese beneficio.

El PRI siempre ha estado a favor de los programas sociales, y hoy están amenazando incluso que se los van a quitar a la gente si votan por un partido distinto al que está en el poder, mencionó.

El PRI puso a disposición una línea de atención telefónica gratuita para la gente que requiere orientación sobre las afores, destacó.

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Política

Agreden a miembros de nuevo Sindicato de Salud

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Integrantes del Nuevo Sindicato de Salud (SIMESA) que pretendían otorgar información sobre esta nueva organización a personal del Hospital General fueron agredidos por miembros del sindicato de trabajadores de salud que dirige Virginia Noriega.

La líder sindical mandó llamar a todos los agremiados, y dejó vacío el segundo y tercer piso del Hospital General, suspendiendo las operaciones debido a este conflicto.

Los integrantes de SIMESA informaron que fueron recibidos por Rafael Pimentel, director de Recursos Humanos de Isesalud, quien les dijo podían entrar al nosocomio a dar información sobre el nuevo organismo.

Al ver la cantidad de gente que reunió Noriega, los miembros del nuevo sindicato decidieron retirarse para evitar ser víctimas de más agresiones.

Más tarde regresaron al Hospital General y las agresiones continuaron por parte del agremiados del sindicato que dirige Virginia Noriega.

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Estatal

Ley Sabina no toma en cuenta antecedentes, solo situación actual

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La diputada local Michel Sánchez explicó que la ley de deudores alimentarios contempla que los morosos no puedan tramitar un pasaporte para impedirles salir del país y huir así de sus obligaciones, así como también solicitarles un certificado de no adeudo para tramitar la licencia de conducir y además, informar al contrayente sobre la situación de morosidad alimentaria al realizar un trámite para casarse.

Sin embargo, el criterio a la hora de impedir que un deudor alimentario participe como candidato en un proceso electoral, no es como parece.

El impedimento es estrictamente para morosos. En el caso de Ismael Burgueño, explicó que está al corriente con sus pagos, así que no hay problema. Que el caso se haya ido a juicio, que haya apelado la decisión del juez y que el descuento por tanto se haga de forma automática y no de forma voluntaria, no importa. Burgueño ya no es “deudor” y puede participar.

“A mi me preocupaba saber cuál era la realidad porque era la ley que a mi me tocaba impulsar y sabía que iba a haber preguntas. En ese momento a mí me contó que estaba el corriente. Desconozco si su sentencia es más nueva… el punto de estas medidas son los morosos”, declaró.

¿Se vaya a juicio, apele y haya sentencia no importa, mientras esté pagando? Se le cuestionó; esos mecanismos son medidas de presión y es asegurar el alimento para las infancias y evitar la violencia económica para las mujeres, respondió la legisladora.

Pero si hay sentencia se les hace el descuento automático por parte del empleador y el pago no es de manera voluntaria, se le insistió. “Bueno, es que ahí sería meternos a cuestiones muy muy personales. La ley no puede irse tan específica. La ley termina siendo ambigua y es muy general”, señaló.

¿Y en el caso de ejercer violencia contra las mujeres, eso sí ya queda para siempre el impedimento para participar en procesos electorales?, se preguntó. “Es igual, es con sentencia firme, no con denuncia… seguramente si es una persona que está en sentencia o está yendo a clases de reeducación o está encarcelado. Ahí es más difícil la dinámica que con los morosos. Si hay un candidato o candidata que ya tiene una sentencia de violencia familiar en firme no podría. A menos que ya haya cumplido su pena”, respondió.

Por lo anterior, lo que se puede inferir de los detalles de la ley, los antecedentes no cuentan. Si el moroso ya está pagando voluntariamente o está siendo obligado a pagar, puede participar. Igual es el caso de los que ejercen violencia contra la mujer. Si ya purgaron su condena no estarían impedidos para participar.

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