Desde el primer día en el cargo, el teniente coronel en retiro, Julián Leyzaola, ya dejó ver cuál sería el tenor de su periodo al frente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, donde lo acomodaron tras no poder cumplirle dándole el cargo en Tijuana.

El mismo día de su toma de protesta, envió un mensaje a los delincuentes “vestidos de oficiales” y habló de depuración de la policía. Es decir, todavía no sabía cuál era la situación, y ya estaba amenazando y hablando de una “limpia”. En vez de hechos, hay palabras. Hasta el momento no hemos visto ninguna depuración, solo bravuconadas.

En el evento de la presentación del programa de canje de armas, al que asistió la gobernadora y tuvo lugar en la explanada municipal de Mexicali hace algunas semanas, Leyzaola se negó a atender a los medios, aunque finalmente cedió.

El viernes pasado le dijo a Irma Leyva, que no hiciera espectáculos, al reclamarle la salida de una funcionaria de la unidad de búsqueda de la DSPM, y le dijo que la atendería en privado, pero la dejó plantada.

La fundadora del colectivo “Madres Unidas y Fuertes”, quien tiene 18 años buscando a su hijo Diego Alonso, se fue directamente con la jefa de Leyzaola, la alcaldesa Norma Bustamente, quien le prometió que no movería a la encargada de las búsquedas en vida. El argumento de la activista es que les ha costado años de trabajo armar un equipo comprometido, confiable, y capacitado para que llegue alguien y sin conocer el trabajo que hay detrás, los mueva sin razón.

Aun está por verse si será respetada la promesa de Norma para con Irma, pues Leyzaola es de los protagonistas que no le hacen caso a nadie. Suponiendo que esto suceda, Norma quedaría como una alcaldesa sin autoridad, supeditada a las decisiones de su director de policía.

Hoy, el tono de los incidentes con Leyzaola subió, al pasarle encima del pie con su silla a una reportera -aunque algunos testigos dicen que a pesar de las peticiones del teniente para permitirle pasar, no se lo permitían- y al negarse ahora sí de plano a contestar preguntas a los medios.

Concediendo que lo primero fue un accidente -la reportera del 66 tampoco quiso contestar cómo vivió ella ese momento, si lo considera una agresión o un hecho fortuito desafortunado- nos queda el silencio institucional de Leyzaola.

Algunos compañeros pudieron plantearle este tema y respondió que no le gustan las banqueteras, ni el desorden que se provoca, lo cual puede ser una buena manera de safarse de las preguntas incómodas.

También dijo que se siente extraño por no estar a a la altura de los reporteros y los micrófonos por su condicion, pero las cosas son como son y un funcionario público tiene la obligación de rendir cuentas sobre sus actos si hay recursos públicos involucrados o hay decisiones que afectan a la sociedad, lo cual es el caso.

Agregó que está dispuesto a atender cuando le pidan entrevistas, pero que sean cortas y en su oficina, siempre y cuando se gestionen con tiempo. Nada más le faltó agregar que le manden las preguntas por anticipado, con tres copias, el currículo del periodista y las métricas del medio. Eso sí, cuando es para lavarle la carita sí está dispuestísimo.

Las únicas situaciones en que puede guardar silencio para con la prensa, son cuando no está autorizado a hablar del tema; cuando quiere preparar una respuesta elaborada y darla a conocer más tarde a través de canales institucionales; cuando es una pregunta ofensiva; cuando involucra datos delicados en una investigación en curso; o cuando no tiene injerencia en lo que se pregunta.

Es decir, puede negarse a atender a los medios pero necesita haber una justificación válida.

Suponemos que no estará disponible cuando insistamos en cuándo hará el examen de control y confianza, qué es lo que están construyendo en la comandancia, dónde va a vivir, de dónde saldrán esos recursos y por qué paga Tijuana su unidad y sus guaruras.

Mal por la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda por encasquetarnos aquí en Mexicali a su compromiso político. Ya van dos en los últimos meses, pues Manuel Guerrero -una persona con poca preparación académica, pero que es su compadre-, fue ubicado como director de Conagua.

En otro tema, otra vez ya fue imposible guardar silencio en el Hospital General de Ensenada sobre las graves carencias de todo tipo que tiene el nosocomio y que dice su direcror, José Juan Godínez Montaño, incluso ponen en riesgo la vida de las personas que acuden solicitando atención.

En febrero pasado ya suspendieron las consultas externas y los traslados en ambulancias por falta de insumos y seguros; un anuncio que hizo enojar al secretario de Salud estatal, Adrián Medina Amarillas, que tiene la misión de controlar las alarmas en los centros de salud y aparentar que todo marcha sobre ruedas.

Tras el compromiso de subsanar las insuficiencias más graves, ordenaron la reapertura de los servicios en el hospital, pero en el Hospital General de Mexicali también están así, al igual que en el ISSSTE y centros de salud de las colonias, como el de González Ortega, donde la diputada Daylín García fue a donar artículos, o una del valle, que estaba inundada de aguas negras desde hace semanas.

El asunto es que el traspaso de los servicios de salud al IMSS Bienestar ha resultado en un fracaso, un retroceso, una desorganización y falta de previsión enormes. Las cosas están mal y no parece que vayan a mejorar, pues los recursos no llegan y además el presupuesto en salud sufrió recortes muy significativos.

Operaciones canceladas, falta de medicamentos básicos, carencia de personal… Ojalá que la gente analice el hecho de que le están saliendo muy caros los servicios de salud comparado con el dinero que le dan los programas sociales. Estábamos mejor cuando según Morena, estábamos peor.

El diputado federal morenista Armando Samaniego y el presidente del PRI en el estado, Álvaro Aldrete, intercambian desde hace días una serie de acusaciones en redes sociales.

Todo empezó con un mensaje de Samaniego sobre un supuesto adeudo que tendría el inmueble del tricolor en Mexicali, lo cual fue desmentido por Aldrete.

Este lunes, Aldrete dijo en entrevista con Columna Ocho que el diputado federal debería ponerse a trabajar y no se meterse en un tema que no le incumbe, además de ser falso pues mostró los documentos que amparan el pago del predial.

Tiene tres iniciativas en ocho meses de trabajo, opinó el dirigente del tricolor, además de reclamarle las acusaciones de corrupción cuando tienen en Morena a Bartlett, a Américo Villareal y Rubén Rocha. ¿Se está mordiendo la lengua o se está dando un balazo en el pie? Cuestionó. Ahí tiene a dos exdirigentes estatales del PRI, a Fernando Castro Trenti y a Nancy Sánchez, mencionó.

Más tarde, Samaniego publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje: “Cual fiel a su tradición, MIENTE el presidente del PRI (que en su casa lo conocen) respecto al adeudo que tiene ese extinto partido con el ayuntamiento de Mexicali en sus 3 terrenos contiguos. Por cierto, ya le pidieron ayuda a la alcaldesa y al secretario del ayuntamiento para reducir la deuda y evitar el embargo”.

El jueves pasado trascendió en redes sociales que agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y de la organización Hermandad de Sangre Azul A.C., acusaron a los responsables administrativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) de negarse a pagar los gastos funerarios de la oficial Abigail Esparza Reyes, caída en el cumplimiento de su deber, en el desastroso operativo para detener a un fugitivo estadounidense en Tijuana.

Los señalados son Guillermo González Flores, director de Administración de la SSCBC, y Mario Plata Contreras, jefe de Recursos Humanos. Ese mismo día pregunté al director de Comunicación Social de Gobierno del Estado si esas acusaciones eran verdaderas.

Jesús López Romandía aseguró que era mentira, que el decreto de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda protegía a los agentes cubriendo esos gastos y que estaban por sacar un comunicado.

Efectivamente, más tarde emitieron un comunicado vía el chat de la SSCBC, que decía que Gobierno del Estado, con la Secretaría de Hacienda y con la SSCBC, activó el fideicomiso para policías para brindar todos los beneficios sociales a los que es acreedora la familia de la agente.

“Al respecto, el General Laureano Carrillo Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) informó que se tuvo contacto con familiares directos de la agente que dirigió la Comandancia de Enlace Internacional de la FESC en Zona Tijuana, a fin de dar comienzo a los trámites de solicitud para la liberación de los beneficios que se otorgarán a través de dicho fideicomiso”, decía el mensaje.

Pero no fue así, pues tras la ceremonia para honrar la memoria y destacar el trabajo hecho por Abigail, los agentes volvieron a expresar que la corporación no se hacía responsable de los gastos. ¿Dónde estuvo la falla? ¿Gobierno del Estado solo dio la orden pero no liberó los recursos o se hicieron bolas en la SSCBC?

Este es otro error más que viene a perjudicar la imagen de la gobernadora y no hay quien la cubra de los golpes. Cuando se desmiente una información que los deja mal parados, hay que asegurarse de que se efectivamente se cumpla lo prometido. Ni Marco Moreno Mexía ni el general Laureano Carillo se hicieron responsables por el error, el retraso, el malentendido, la omisión, la mentira o lo que haya sido lo que pasó. El golpe se lo dejaron a Marina del Pilar solita.

Con esos colaboradores, para que quiere enemigos.

Ayer el diputado federal morenista, Armando Samaniego, publicó en sus redes que el edificio del PRI en Mexicali está sujeto a embargo por el Ayuntamiento de Mexicali. La única razón para esto es que deba predial, pero la administración de Norma Bustamante siempre ha argumentado que se meterían en problemas legales si difunden datos personales de los grandes deudores.

Para pronto le contestaron que se notaba su desconocimiento total de los procedimientos de fiscalización y financiamiento de los partidos políticos y le recomendaron que metiera a un curso en la Escuela Judicial Electoral, “para que aprenda sobre el tema y no ande hablando por hablar”, pues las Instalaciones de los Partidos Políticos le corresponden a la Unidad de Fiscalización del INE, cuando pierden su 3 por ciento de votación, la liquidación de todos los bienes muebles e Inmuebles que tengan.

Pero el presidente estatal del PRI también le contestó:

Aquí están los adeudos de los edificios de la CNC y del PRI. Dice Samaniego que con un año de deuda de predial, ya pueden estar los inmuenbles sujetos a embargo.

El recibo de la CNC.

El adeudo del PRI.

Y hablando del PRI, el excandidato a gobernador, Fernando Castro Trenti, ahora convencido morenista, se dio un baño de pueblo con el argumento de volantear en Tijuana este sábado para promover la elección judicial. Ya empieza a construir sus redes comunitarias para medir sus fuerzas, con miras al 2027.