Un grupo de maestros jubilados era hasta las 5:30 de la tarde los únicos que estaban haciendo carne asada, atendiendo la segunda convocatoria para protestar contra la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda.

El estacionamiento de prensa está acordonado y vigilado por dos patrullas; la entrada al edificio del Poder Ejecutivo está tapiada y no se puede acceder a los estacionamientos públicos del centro cívico.

La maestra Maria de los Ángeles Verduzco Zazueta comentó que decidió acudir porque le molesta que el gobierno diga que no pasa nada.

Señaló que todos los días en las noticias hay información sobre muertes y desapariciones, y ya no son seguras las carreteras del estado.

“Ya no puede uno salir a ninguna parte porque hay una inseguridad… dicen que no hay cobro de piso, que se vayan a lo feo de allá del valle a ver si no va a ver cobro”, dijo.

Por más que quieran maquillarlo, la gobernadora está en el punto más bajo de su popularidad, lo muestran las encuestas, declaró.

Simplemente queremos el bienestar de nuestro estado, no queremos más violencia no queremos más injusticias, no queremos ver más más desapariciones, subrayó.

La maestra opinó que la gobernadora no debe llenarse la boca diciendo “los prianistas” pero estos (de Morena) fueron corregidos y aumentados.

“Queremos simplemente que esté la paz nuestro estado, es lo único que yo pido, no quiero más para mí, para mis nietos, para mis vecinos, para todos”, concluyó.

Una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en materia de revocación de mandato a quien gobierne el estado, presentó la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero.

La legisladora refirió que el objetivo principal de esta reforma es establecer en la ley, el derecho de los bajacalifornianos de participar en los procesos de revocación de mandato, cuya figura fue incorporada a nivel constitucional el 2019, mecanismo que permite que la ciudadanía decida si a la mitad de su mandato, la presidenta o el presidente de la República, debe continuar o no en el cargo.

En ese sentido, Corral señaló que los mecanismos de control contemplados en la legislación local, como el juicio político, la declaración de procedencia y los procedimientos de responsabilidad administrativa, no han sido suficientes para remover a los servidores públicos de elección popular que no cumplen con sus obligaciones constitucionales, debido a que las decisiones en la resolución se encuentran sujetos a la voluntad política y no a la voluntad de la ciudadanía.

Abundó que, con la presente iniciativa, se atiende lo establecido en la reforma constitucional federal en materia de consulta popular y revocación del mandato publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estableciendo en la Constitución local que la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado pueda ser sujeta a la revocación de mandato; así mismo, contemplar las características que deben de tener los procesos de revocación de mandato.

Por lo que la intención legislativa es reformar el artículo 5; adicionar un Capítulo III denominado “De la Revocación del Mandato del Gobernador del Estado” conformado por la incorporación de los artículos 12 BIS y 12 TER; así mismo se reforman los artículos 44 y 46, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

“Considero al ejercicio de la revocación del mandato, como un instrumento democrático y un derecho fundamental de la ciudadanía para decidir si la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado debe de continuar o no el cargo, por lo que no puede ser restringido por ninguna situación específica de naturaleza jurídica o política”, precisó la inicialista.

El senador panista Gustavo Sánchez declaró que la situación que hoy viven los migrantes mexicanos en Estados Unidos, exige contar con una eficiente asesoría legal y apoyo por parte de los 57 consulados ubicados en el país vecino.

Esto no se logra si desde 2022 a 2025 el gobierno mexicano les redujo el 40 por ciento de su presupuesto en términos reales para operar, subrayó.

Durante marzo y abril de 2025, se retrasó el pago de sueldos a 1 mil 700 empleados y funcionarios, incluso, los consulados de Sacramento y Nogales suspendieron funciones en protesta por la falta de pago, destacó.

Hoy, ese tema fue motivo de discusión y debate en la Sesión de la Comisión Permanente del Senado, precisó. El senador agregó que el gobierno federal anunicó que enviará 12 nuevas iniciativas de leyes, que estudiarán a detalle en los próximos días.