Yair González Fernández, quien perdió a su esposa Vanesa Zavala Meza el pasado 28 de mayo por una presunta negligencia médica, acudió este martes a la Comisión de Arbitraje Médico (CAME) del estado a interponer una queja.

Explicó que quiere recopilar los expedientes médicos de su esposa para tener elementos firmes para analizar el caso, pero que hay suficientes señales para que se hayan prendido las alarmas ante un posible fallo humano.

Vanesa ingresó en la clínica privada Quiroz el 24 de mayo, donde se le practicó una cesárea que trajo al mundo al segundo hijo de la pareja, tras lo cual empezó a sangrar internamente sin que lo detectaran a tiempo. Fue trasladada al hospital Materno Infantil y luego al Hospital General, donde a pesar de las trasfusiones y dos intervenciones quirúrgicas no pudieron salvarle la vida.

González Fernández recordó que debido a la atención extraordinaria que recibió su esposa y las explicaciones de las autoridades, el personal sanitario les comentó que era fuera de lo común y que nunca lo habían visto.

También les informaron que cuando Vanesa llega al Materno Infantil ya les habían avisado en ese hospital que iba con “Código Máter” desde la clínica privada Quiroz, lo que hubiera requerido intervención urgente y directa a su llegada, pero solo le pusieron dos unidades de sangre y a la familia no se le informó la gravedad del estado de la mujer.

Del CAME espera le ayuden a recabar los expedientes médicos de su esposa en los tres nosocomios que fue atendida: la clínica Quiroz, el Materno Infantil y el Hospital General de Mexicali.

La causa oficial de la muerte fue fallo multiorgánico, hemorragia obstétrica y choque hipovolémico, declaró. Fue atendida por el ginecólogo Juan Carlos Martínez Noriega, hijo de la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, Virginia Noriega.

Esta tarde el joven viudo fue a interponer una denuncia por presunta negligencia médica a la Fiscalía General del Estado.

Aunque el diputado panista Diego Echevarría aseguró que ya hay avances de las denuncias presentadas ante la Secretaría de Honestidad y Función Pública y a la Fiscalía General del Estado por el tema Fisamex, el exdirector de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) y ahora diputado federal, Armando Samaniego, asegura que no ha sido notificado por ninguna autoridad.

El legislador de Acción Nacional dio a conocer que existen denuncias en contra de exfuncionarios de los organismos operadores del agua, miembros del Comité de Adquisiciones, así como directivos de la empresa FISAMEX, por su participación en el esquema de contratación irregular que operó durante los años 2020 y 2021.

Echevarría ha insistido en la comparecencia ante el Congreso local de la secretaria de Honestidad, María Gabriela Monge, para cuestionarla sobre el estado de las investigaciones, pero no ha obtenido respuesta.

Actualmente, existen 20 expedientes de investigación que se encuentran en etapa de substanciación para su resolución por parte de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, por lo que en breve se espera que se determinen las primeras sanciones, manifestó.

Las denuncias se sustentan en el informe de la Auditoría Superior del Estado (ASEBC), que concluyó que los contratos con FISAMEX fueron ilegales, otorgaron funciones públicas a particulares sin sustento legal, y permitieron cobros arbitrarios por servicios que nunca se prestaron con base en trabajo de campo real, explicó.

Según los datos recabados por el legislador, durante el periodo en cuestión, FISAMEX recibió más de 354 millones de pesos por emitir dictámenes elaborados únicamente con información proporcionada por las propias comisiones del agua, sin verificación técnica. Además, se le pagó el 20% de todo lo recaudado, incluso de pagos que estaban impugnados legalmente, lo que ha generado un posible daño patrimonial irreversible, agregó.

“El pasado gobierno de Morena usó el agua como un instrumento de presión y chantaje. Hoy estamos corrigiendo esa arbitrariedad. Las denuncias ya están presentadas, y ahora 20 expedientes están listos para ser resueltos. No vamos a permitir que estos actos de corrupción queden impunes”, afirmó.

En septiembre de 2023, Echevarría expuso que el informe de la cuenta pública de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, periodo encabezado por Armando Fernández Samaniego, fue la única aprobada en la Comisión de Fiscalización, a pesar de que contiene omisiones y fallos más graves que los observados en las cuentas de las comisiones de agua del resto de los municipios, mientras que las cuentas de Tecate, Tijuana y Ensenada fueron rechazadas.

Las diputadas María Yolanda Gaona y Alejandrina Corral propusieron ante el Congreso local esta semana iniciativas que buscan que personas que aspiren a cargos de elección popular no cuenten con antecedentes penales o sanciones por faltas administrativas graves, por un lado, y por otro, que se sancione a funcionarios públicos que no cumplan laudos, sentencias o convenios dictados por las autoridades laborales respecto al pago de finiquitos.

La diputada María Yolanda Gaona Medina, presentó una iniciativa para que las personas que aspiren a los cargos de elección popular como: gobernador, diputado local e integrante del Ayuntamiento, no deban contar con antecedentes penales o sanciones por faltas administrativas graves.

Esta medida ocasionará que aquellos servidores públicos, se desempeñen en apego al marco legal y se abstengan de realizar conductas que provoquen daños y perjuicios a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al patrimonio de los entes públicos, dado que con este “candado” no solamente se les impondrán las sanciones que prevé la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, sino que ahora, estarán inelegibles para ser candidatos dentro de una elección popular.

Por su parte, la diputada Alejandrina Corral Quintero, presentó iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de Baja California, para sancionar a los servidores públicos de las Autoridades Públicas Patronales que dejen de cubrir o pagar el finiquito laboral y que realicen conductas tendientes a no cumplir con los laudos, sentencia o convenios dictados por las autoridades laborales.

La modificación establece que comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, el servidor público que teniendo a su cargo la obligación del pago de las prestaciones del trabajador, no lo haga dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se dio por terminada la relación laboral; así como aquel que viole o no cumpla, en perjuicio de los trabajadores, sin causa justificada y en los plazos legales, con los laudos, sentencia o convenios firmes dictados por las autoridades laborales.

Precisó que al que cometa dicho delito, se le impondrán de seis meses a doce años de prisión y una multa de treinta a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en el momento de la comisión del delito.