La Industria Maquiladora de Exportación (INDEX) Mexicali reprochó a los distintos actores de gobierno, pero sobre todo al Poder Legislativo, las decisiones unilaterales que afectan al sector económico.

Hacen un llamado a construir un diálogo constructivo que permita atender los desafíos actuales garantizando siempre la participación activa de los sectores afectados.

El sector maquilador señala su preocupación al no haber sido tomada en cuenta su opinión en temas torales como los laborales, fiscales, de comercio exterior e impulso a proyectos comunitarios, dicen en comunicado.

Recuerdan que los diputados locales, aparte de diversos exhortos e iniciativas, el proyecto sobre la desaparición del Fideicomiso Empresarial de Baja California (FIDEM), financiado con recursos del Impuesto Sobre Nómina que provienen directamente de las empresas.

“Consideramos que esta propuesta ha sido precipitada y carece del necesario consenso, especialmente cuando el modelo FIDEM ha demostrado ser un ejemplo de colaboración entre iniciativa privada y gobierno”, precisa INDEX Mexicali.

Advierten que la actividad legislativa sin diálogo puede generar efectos adversos para empleados, empresas y comunidades en general justo cuando hay un complejo panorama económico que demanda unidad, coordonación, inteligencia y visión estratégica “por encima de intereses políticos y protagonismos partidistas”.

La diputada panista Alejandrina Corral Quintero presentó iniciativa de reforma a la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California para fortalecer los procesos de prevención, vigilancia, auditoría y verificación de programas, proyectos, servicios, rendición de cuentas, desempeño de los servidores y combate a la corrupción.

La atribución fiscalizadora conferida constitucionalmente al Poder Legislativo se realiza por conducto de la Auditoría Superior del Estado, órgano encargado de fiscalizar la administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, subsidios y recursos de los poderes del Estado y de las entidades públicas estatales. En ese sentido la Ley de Presupuesto en su numeral 50, establece el procedimiento para realizar ajustes a las partidas presupuestales, en el cual el Poder Ejecutivo requiere de la aprobación del Poder Legislativo.

Dicho procedimiento tiene como excepción cuando se efectúen transferencias entre partidas presupuestales de un mismo ramo y capítulo en el Presupuesto de Egresos respectivo, siempre y cuando la transferencia presupuestal acumulada para cada partida afectada, no exceda del 15% del monto autorizado para la misma en el Presupuesto de Egresos de inicio del ejercicio, entre otros supuestos.

“Actualmente, sólo se envía la solicitud de autorización de este Congreso del Estado para dicho movimiento, como un simple aviso, sin que se requiera autorización alguna y sin que los integrantes de esta legislatura tengamos oportunidad de pronunciarnos sobre la viabilidad de dichos movimientos presupuestarios, pues no se nos da a conocer el expediente respectivo, lo que considero va en contra de la función fiscalizadora y de vigilancia en el manejo y ejercicio del gasto público que está a cargo de este Congreso del Estado”, señaló.

Por lo que esta medida legislativa tiene por objeto reformar el artículo 50 de la ley en comento, para quedar como sigue: “El Congreso del Estado resolverá lo procedente, dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la solicitud. La falta de respuesta por parte del Congreso del Estado dentro del plazo señalado será considerada como una negativa a la respectiva solicitud”.

Respecto a las partidas de ampliación automática a las que se refiere dicho numeral, “el Congreso del Estado resolverá lo procedente al evaluar la información de los avisos, los informes de avances de gestión y al cierre presupuestal del ejercicio”, en el mismo sentido, se aplicará para las solicitudes de autorizaciones dirigidas al Ayuntamiento.

La cuenta pública del Instituto de Promoción del Desarrollo Urbano del Municipio de Tecate (IMPRODEUR) del ejercicio fiscal 2023 no fue aprobada hoy por la Comisión de Fiscalización del Gasto Público.

La comisión que preside la diputada Alejandra María Ang Hernández, llevó a cabo su quinta sesión ordinaria donde se presentaron para realizar el análisis, discusión y en su caso la aprobación de los proyectos individuales de dictamen de las cuentas públicas de diversos entes fiscalizados, correspondientes al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

El Auditor Superior del Estado de Baja California, Arnulfo Zárate Chávez, dio lectura a los informes correspondientes al Fondo de Pensiones por Jubilación, Fallecimiento e Invalidez para los Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali; al Instituto de la Mujer para el Municipio de Mexicali (IMMUJER MEXICALI); al Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali (IMDECUF); al Centro de Atención Integral a Jóvenes en Riesgo “Misión San Carlos” de Mexicali; a la Comisión Estatal de Energía de Baja California (CEEBC); Instituto de la Juventud del Estado de Baja California (INJUVEN); y los informes del Instituto de Promoción del Desarrollo Urbano del Municipio de Tecate.

Los legisladores integrantes de la comisión fiscalizadora realizaron el análisis y discusión de los proyectos de dictámenes, de los cuales aprobaron por unanimidad las cuentas públicas excepto la del INPRODEUR Tecate.

Entre lo resultados con promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, está la lotificación del fraccionamiento Rancho Los Compadres, donde no realizaron un presupuesto para determinar los costos que se generan para ejecutar el proyecto.

Otro señalamiento es que no elaboraron y propusieron ante su Consejo de Administración un plan de previsión social que sustente adecuadamente las erogaciones y beneficios otorgados a sus empleados a lo largo del 2023.

No hay evidencia documental y física de la prestación de servicios por 320 mil pesos en difusión institucional, además de que hay un faltante de más de 112 mil pesos de una de las cuentas bancarias de INPRODEUR Tecate.

Observaciones recurrentes fueron inconsistencias en nueve finiquitos, el no otorgamiento del beneficio de la seguridad social integral para sus empleados de confianza, y adjudicaciones por más de 632 mil pesos donde la entidad no proporcionó evidencia de haber solicitados tres cotizaciones.