Corrupción
Gobierno de BC contrata a empresa de ex funcionario y aumenta 135% el pago
Por Adán Mondragón
La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) incrementó de 17 a 40 millones de pesos el pago por concepto de seguridad privada a la empresa de un ex funcionario público. Pese al aumento en el contrato de vigilancia, los robos de infraestructura en sus instalaciones continuaron, afectando a miles de usuarios de Tijuana y Playas de Rosarito. Además, la dependencia rebasó el monto establecido en el Presupuesto de Egresos para realizar procesos de adjudicación directa y no por licitación pública.
*Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
En los dos años de gobierno de Jaime Bonilla Valdez en Baja California (2019-2021), la CESPT reportó más de 30 robos que sumaron 2.2 millones de pesos (en pérdidas) en tanques y plantas de bombeo, situación que derivó en desabasto de agua potable en diversas colonias de los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito.
Los atracos ocurrieron cuando las instalaciones de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Agua Potable se encontraban bajo resguardo de la empresa Valet Personalizado en Custodia Empresarial VAPE SA. de C.V que recibió un contrato por más de 40 millones de pesos para prestar el servicio de vigilancia.
De acuerdo con el acta constitutiva obtenida mediante el Registro Público de Comercio la empresa es propiedad de Luis Javier Algorri Franco quien la dio de alta en abril de 2014.
Crédito: Adán Mondragón
Algorri Franco se desempeñó como subsecretario de Migración y secretario del Trabajo y Previsión Social, entre los años (2019 y 2021).
Pese a ser funcionario público en activo su empresa obtuvo un contrato con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana por 40.4 millones de pesos el 11 de junio del 2021 y posteriormente, el 30 de diciembre del 2021, se realizó una ampliación al monto del contrato por 8 millones para quedar en un total de 48.4 millones de pesos.
Contrato excedió monto permitido para adjudicación directa
Vicente Sánchez Munguía, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef) campus Tijuana, consideró que la contratación presenta varias irregularidades.
Una de ellas es la entrega por adjudicación directa del contrato cuyo monto rebasa lo permitido por ley, en lugar de haberse dado mediante una licitación pública, es decir, mediante competencia entre varias empresas.
“Es una atribución la adjudicación directa, pero muchas veces es la relación que hay entre los directivos y los empresarios lo que influye para las adjudicaciones”, dijo el investigador Sánchez.
El artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Baja California, señala que las adjudicaciones directas deben ser para contratos menores a un millón de pesos, pero en el caso de la empresa del ex funcionario, este contrato fue más de 40 veces mayor.
La otra irregularidad que observa el académico es que el contrato le fue asignado a la empresa de un político ligado al entonces gobernador del estado, Jaime Bonilla.
“En este caso se le entrega el contrato a una persona vinculada políticamente al grupo de Bonilla”, señaló el experto en estudios de administración pública.
Incrementan monto para seguridad; aumentan robos en instalaciones
En Tijuana el suministro de agua en los hogares, a cargo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) no es constante debido a cortes programados o por afectaciones en las instalaciones.
Entre el 2018 y el 2021, se registraron 92 casos de vandalismo en 78 instalaciones de la CESPT. Un total de 62 de los atracos ocurrieron en 2018 y 2019.
La afectación a la paraestatal entre el 2018 y 2021 fue de 6.3 millones de pesos para la reparación, reposición del material averiado por los daños ocasionados. Sin embargo, no todas las veces que la CESPT tuvo afectaciones se denunció ante la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con documentos obtenidos por acceso a la información pública.
Crédito: Adán Mondragón
Además de los daños materiales de la dependencia vigilada por la empresa del ex funcionario, están los estragos de la población que tras los robos, se quedan sin servicio de agua potable en sus casas.
Rosela Jiménez, residente de Colinas de Mazatlán en Playas de Rosarito, es una de las víctimas de los robos a la dependencia de gobierno, pues asegura que al menos dos veces al mes y sin previo aviso no cuentan con suministro de agua.
“En ocasiones hemos reportado fugas que hay en las tomas de los tanques de agua”, comentó la afectada, quien agregó que este problema aumentó hace dos años.
“Hemos tenido que comprar tambos y reservar agua porque no avisan cuando hay suspensión del servicio”, señaló Rosela Jiménez.
Para Candy Rodríguez, habitante de la colonia Valle de las Palmas los cortes de agua en la zona son muy comunes, pues seguido se averían las bombas de suministro.
Comentó que hay semanas en las que entre las seis y las ocho de la mañana cuenta con agua, pero al filo de las seis de la tarde cortan el servicio y hasta el otro día o un día después vuelve el suministro.
“Es común que en la zona batallemos para tener agua, cuando no, de plano no hay agua, tenemos que mandar pipas para que nos surtan y la verdad que es bastante difícil vivir así”, recalcó la residente de Valle de las Palmas.
De problemas similares ha sido testigo Sarahí Méndez, vecina de la colonia Villas del Campo y madre de tres niños, pues asegura que sin importar que pagan mensualmente el servicio se quedan sin agua.
Crédito: Adán Mondragón
“Es injusto que uno cumpla con el pago del agua de manera mensual y que no todos los días haya servicio. En ocasiones no la quitan el lunes (el agua) pero empieza desde el domingo y nos la vienen regresando hasta el martes, miércoles prácticamente tres días sin agua”, manifestó la mujer.
Sarahí Méndez agregó que cuando reportan las fallas en el suministro a la línea telefónica 073 únicamente les comentan que hay averías en el sistema o que se están realizando reparaciones.
“Cuando no informan con tiempo lo relacionado a la suspensión del servicio, tenemos que comprar agua a los que andan en las pipas, por 100 pesos llenan el tambo, un gasto adicional para la familia”, concluyó la señora.
Siguen los atracos y fallas en el suministro de agua
El 8 de septiembre de 2022 la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Agua Potable hizo público que habían ocurrido más actos vandálicos en sus instalaciones que afectaron a los ciudadanos.
“La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informa que actos de vandalismo provocados a la red de distribución de agua potable, alcantarillado sanitario y equipo electromecánico provocaron fugas, derrames y falta de suministro de agua en diversas zonas de la ciudad de Tijuana”, señalaron en el boletín de prensa.
La dependencia indicó que se están “tomando las medidas para cuidar los equipos, ya que es de suma importancia mantener un eficiente sistema” y especificaron que además de robos ocurridos a plena luz del día hubo incendio de instalaciones.
Director de CESPT reconoce incapacidad para garantizar seguridad en sus instalaciones
Víctor Daniel Amador Barragán, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), reconoció que no hay capacidad para tener vigilancia sobre los 360 tanques de la paraestatal distribuidos en la ciudad y confirmó que mantendrán el contrato con la empresa.
“Tenemos que seguir con ellos, porque tenemos que seguir cuidando las instalaciones estratégicas, que son las estaciones de bombeo”, destacó el director, quien admitió los problemas.
“No me alcanza para poner 300 guardias en cada tanque y que doblen turno para que puedan estar vigiladas las 24 horas”, sostuvo el director de la paraestatal que fue nombrado el 18 de julio del 2022.
A su vez, agregó: “lo que más problemas nos causa es que nos hagan daño en instalaciones porque se pierde el servicio de agua en la zona de la ciudad donde se hace la afectación, tenemos un costo social, más un costo de mantenimiento y financiero”, indicó Amador Barragán.
El director comentó también que es necesaria la participación de los ciudadanos y puso como ejemplo el fraccionamiento Santa Fe, donde los vecinos se organizaron para cuidar las instalaciones y evitar más atracos a la red de agua.
Crédito: Adán Mondragón
Empresa de seguridad ilocalizable
Pese a los atracos en las instalaciones de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Agua Potable, la empresa VAPE S.A de C.V no ha podido frenar los robos.
Se contactó a Luis Javier Algorri, socio fundador de la empresa, quien no quiso declarar al respecto alegando que no es representante legal de la misma, sin embargo se comprometió a proporcionar un contacto de quien actualmente administra la empresa de seguridad y hasta la publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta.
Al visitar la dirección fiscal que aparece en el contrato DAD-ADQ-CESPT-46-21 firmado entre la empresa y la dependencia de gobierno se localizó que corresponde a un lote baldío.
El domicilio es un predio ubicado en la carretera libre Tijuana – Playas de Rosarito número 14500 en la colonia La Gloria, en Tijuana, lugar que es habitado por una familia que vive en una casa rodante.
En la visita al lugar -realizada en diciembre de 2022- se platicó con los habitantes de la familia Hernández quienes manifestaron tener alrededor de 18 meses asentados en el área.
Uno de los miembros comentó que desconoce el porqué hay un par de viviendas a medio construir y reiteró que llegaron al predio porque un conocido les pidió que vinieran para evitar que el lugar fuera invadido.
Junto al predio referido como el domicilio fiscal de VAPE S.A de C.V hay una empresa de bienes raíces, por lo que se platicó con uno de los trabajadores para conocer más información.
Uno de los empleados -quien pidió omitir su nombre real- dijo que tienen más de cinco años trabajando en el lugar y durante ese tiempo no han visto nada relacionado con alguna empresa de seguridad.
Inconsistencias entre denuncias presentadas ante Fiscalía General del Estado y robos registrados
Entre los años 2018 y 2021 la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) documentó 92 robos y/o actos vandálicos en 78 instalaciones (tanques, plantas de bombeo, plantas de tratamiento) distribuidas entre Tijuana y Playas de Rosarito, según informa la paraestatal a través de una respuesta obtenida vía transparencia
Sin embargo la dependencia no denunció en todas las ocasiones que sus instalaciones sufrieron algún robo y/o acto vandálico, pues de acuerdo a su respuesta presentada por acceso a la información pública únicamente interpusieron 47 denuncias.
A su vez, la Fiscalía General del Estado de Baja California (FgeBC), entre del 2018 y octubre del 2022, recibió 142 denuncias por parte de la CESPT por el robo de cableado, tubería, entre otras piezas según consta el documento enviado por la Fiscalía por transparencia.
El sector transportista manifestó su rechazo a la sobrerregulación de la que son objeto por parte del SAT BC.
Luciano Jimenez, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), comentó lo anterior y pidió transparencia en la función del organismo recaudador estatal.
Señaló que desde hace tres semanas personal del SAT BC los obliga a abrir las cajas con mercancía que ya han sido documentadas y revisadas, rompiendo los sellos que garantizan la integridad de la carga.
Agregó que no entienden esta sobrerregulación y que no hay una razón que justifique que una autoridad local los vuelva a revisar, entorpeciendo el flujo de mercancías.
El delegado de Canacar hizo hincapié en un extrañamiento a las autoridades por permitir esta práctica sin que medie un oficio de comisión.
A esta redacción han llegado denuncias anónimas, que detallan extorsiones de empleados del SAT BC, quienes piden un mínimo de 3 mil dólares para liberar mercancía del recinto fiscal, a pesar de salir de aduana con recibo de obligaciones fiscales pagadas.
Gustavo Santos Hernández es el titular de ese organismo, cuyos trabajadores están pidiendo recursos para dejar pasar mercancías en la aduana sin documentos oficiales que amparen su labor.
La senadora electa de Morena por Baja California, Julieta Ramírez, participó hoy en una asamblea informativa en Ensenada, donde criticó al Poder Judicial por supuestos casos de nepotismo.
Expuso que “el nepotismo es un delito; por nepotismo en el gobierno te corren y te inhabilitan. Si tu contratas en el gobierno a alguien de tu familia, te corren y te inhabilitan… pero ahí el 70 por ciento de la gente que trabaja en el Poder Judicial pertenece a una misma sangre”.
Hay que recordar que desde que la pareja de Ramírez, Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, entró al gabinete estatal como secretario del Bienestar, sus hermanas, Dulce María y Ana Beatriz fueron ascendidas a funcionarias en la Secretaría de Educación.
Además, Ana Beatriz, en su cargo de directora de Participación Social y Convivencia Escolar, tiene como superior jerárquico a su hermana Dulce María, quienes la subsecretaria de Educación Básica.
Otros casos
En el Poder Judicial trabajan la esposa y la cuñada del diputado federal electo, el también morenista Armando Fernández Samaniego.
Aunque María Eugenia y Rebeca Araceli Sánchez Yescas ya estaban ahí antes de la llegada de Morena al poder, su categoría escalafonaria, sueldo y prestaciones incrementaron desde entonces.
Más recientemente, la hija del secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, Mónica Medina, quien es suplente de un diputado local, fue contratada en Relaciones Públicas de Issstecali, de donde depende a nivel general en el organigrama, de la cabeza de sector, que es su padre.
El testimonio de un mexicalense que fue detenido en Ensenada en un control de alcoholemia narra una serie de irregularidades en el proceso, que sirve como fuente de ingresos irregulares para coyotes, policías y jueces.
La víctima, cuya identidad y las evidencias del caso son conocidas para esta redacción, relató los hechos.
Él iba a Ensenada en compañía de su esposa, una amiga y el hijo menor de ésta el pasado sábado 20 de julio. Habían alquilado un alojamiento en el puerto, pero al llegar, a eso de las 7 de la tarde decidieron ir primero a un karaoke, donde pidieron una cubeta de 10 medias que se tomaron entre 3 personas.
Después de las nueve de la noche, salieron con la intención de ir a un supermercado y comprar víveres para los días siguientes. Frente al hotel Corona estaba un punto vial donde a todos los detenían para hacerles la prueba de alcoholemia.
Su prueba salió con estado de ebriedad, cuando a su parecer su condición era la de aliento alcohólico.
Al subirlo al vehículo de la policía, se acercaron cerca de 20 coyotes ofreciendo tramitar un amparo por 5 mil 500 pesos. Estaba un juez calificador y un encargado de turno de la municipal en el lugar.
El juez no quiso escucharlo, pero le dijo a su acompañante que le diera 8 mil pesos para que saliera, que de otra manera iba a pagar 16 mil de multa pero que él iba a terminar pagando como 20 mil porque el carro lo iban a remolcar.
La víctima le dijo a su amiga que no pagara.
Había salido de Mexicali con 9 mil pesos en su cartera, de los que gastó menos de 1 mil 500 pesos al momento de su detención. También traía una pequeña mochila con 200 dólares y pertenencias personales.
Estando en el vehículo de la municipal en espera del traslado a la comandancia, fue testigo de que a una señora le hicieron la prueba de alcoholemia tres veces y salió negativa. Se la hicieron una cuarta vez, la cual salió positiva.
Ella iba con su esposo, una niña como de 8 años y la abuela de la menor. La niña estaba muy asustada y llorando por ver a su madre esposada, y un policía la regañó diciéndole que se callara.
El esposo le pidió al juez que ayudara a su esposa, que él trabaja de guardia de seguridad en la penitenciaría de El Hongo y le contestaron que ahí no era nadie. Que tenía que soltar dinero si quería a su esposa libre.
Para entonces, la esposa del mexicalense empieza a tomar video al ver cómo funciona el retén de la municipal. Se dan cuenta y le quitan el teléfono.
Finalmente, lo llevan esposado a la comandancia. Pide audiencia al llegar y le sugieren que le hable a su abogado. Contesta que él es abogado y se quiere representar a sí mismo. Cuenta que estuvo en una celda de 2.50 por 2.50 metros con casi 20 personas.
Le hicieron un certificado médico donde sale positivo en varios rubros cuando en la comandancia nunca lo pasaron con un médico.
Finalmente, cuando sale después varias horas recibe de inmediato una llamada de un número de Ensenada, diciéndole que ya saben que salió y que debe pagar una cantidad de dinero porque ellos le ayudaron a salir mediante un amparo. Le estaban queriendo cobrar algo que no pidió ni promovió y lo acosan con llamadas pidiendo dinero.
Decide proceder legalmente. El 22 de julio presentó una denuncia ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa contra la policía municipal de Ensenada, con número de expediente 1572, otorgándole al día siguiente una suspensión provisional.
Con ese documento acude al depósito vehicular Arrastres Ensenada, ubicado en Blvd. Zertuche y Tecnológico el lunes 22 de julio, porque los domingos está cerrado, pero terminan entregándole el carro hasta el jueves 25.
No querían darle su unidad, y le sacaron una supuesta multa del 2007 por estacionarse en rojo, la cual se negó a aceptar. Le dijeron que esperara una hora. Lo hicieron esperar tres. Cuando estuvo lista la liberación de la unidad le pidieron que fuera a robo de vehículos para que le verificaran la serie y comprobar que no era robado.
Es ilógico, les comentó, pues estaba acreditando la propiedad con documentos oficiales. “No me puedo robar a mí mismo”, les dijo. “Pues así es aquí”, le respondieron.
Para agilizar las cosas decide pagar, aunque la suspensión provisional también surte efectos para el depósito municipal, lo cual no respetaron. Además, querían que les diera el documento original de la suspensión, cuando hay una notificación para ellos por parte de la autoridad que lo otorga. Insistían en que efectuara un pago, ahora en el depósito vehicular, para lo cual exige un recibo. Le dicen que no, pero tras verlo hacer varias llamadas, ceden y le dicen que está bien.
El “recibo” no es oficial, y pidió factura. Le contestaron que el sistema no estaba funcionando en ese momento. Pide un número de teléfono o un correo para pedir la factura correspondiente. Le dan un número, pero después, cuando se comunica para insistir en la entrega de la factura, lo bloquean.
“Cuando me iba, me dijo el juez calificador enfrente de mucha gente que pocas personas se les van vivos como él. ¿Quién es tu abogado?, ¿quién te tramitó la suspensión?”, insistió con curiosidad el juez.
La víctima promueve una verificación fiscal a las autoridades de Ensenada, porque no quieren dar documento oficial con datos fiscales, como corresponde.
Del dinero que traía en la cartera le sacaron cerca de 6 mil pesos. No le pusieron sellos al carro, no le hicieron inventario. Traían unas sillas de playa en la cajuela, que encontraron quebradas y llenas de arena, cuando el carro estuvo todo el tiempo en el depósito municipal. Además, le entregaron la unidad sin gasolina y le robaron la bolsa con cosas personales donde traía los 200 dólares.
El denunciante ha sabido de al menos dos casos similares al suyo.
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