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Violencia contra la mujer: arraigada y normalizada en Baja California

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Por Dianeth Pérez Arreola

Entrevista con el presidente del Poder Judicial del Estado, Alejandro Isaac Fragoso López.

¿Podría explicar el dato que dio hace poco sobre que al 80 por ciento de los acusados por violencia contra la mujer, los perdonaban sus víctimas?

La cifra específicamente, me fui corto. La situación ya verificando en números, es la interpretación que le dieron a la palabra. Los delitos de violencia contra la mujer para mí es un tema prioritario; no dictamos la sentencias porque se llega a una salida alterna de solución.

Me decían bueno, si tienes 100 judicializaciones y 100 delitos porque no tienes 100 sentencias. Porque las partes optan por una salida alterna de solución del conflicto, que es la suspensión del procedimiento, en la cual se le otorga el derecho de un consentimiento a la ofendida y en el 86% de las veces de esos asuntos, optan por una salida alterna. Yo creo que ahí la sacaron un poco de contexto.

Una mujer violentada perdona siete veces antes a su agresor antes de ir a denunciar; si otorgas siete veces el perdón, si llegas ahí y todavía no lo quieres mandar a una sentencia condenatoria, tácitamente aceptas un arreglo por cualquier situación.

Y aún así esta es la cifra más escandalosa: para que tengas tú como agresor o como ciudadano, tengas derecho a optar por esta salida alterna de suspensión del procedimiento, tienes que no haberla solicitado dos años antes. Yo le comentaba a los jueces penales: lo que tú me estás diciendo es que el delito más judicializado es violencia contra la mujer, que de esos casos casi el 85-90 por ciento se va por una salida alterna, y que para tener derecho a la salida alterna tienes que no haberla pedido dos años antes, significa que son diferentes agresores y eso lo puede constatar con mis compañeros magistrados. Eso significa que aquí alguien le pega a su señora.

Hay que buscar por qué las violentadas aceptan estas salidas. Es un círculo de violencia, es evidente que la gente si se espera tanto para denunciar es evidente que hay que tener una solución.

¿Cuál es la razón principal por la que acceden?

Eso es un poquito complicado, yo creo que tácitamente la sabemos todos: es cuestión económica, es cuestión de los hijos, es cuestión a veces de la casa.

Fue entonces que nosotros empezamos a crear la figura de juzgados especializados de violencia contra la mujer, en la cual, el mismo juez te va a resolver ahí mismo esos asuntos: te va a resolver dónde vas a vivir, quién va a tener a los niños, cuánto te van a dar de pensión, y si necesitan refugio.

¿Cuándo empezará a dar resultados?

Es muy escandaloso la cantidad de delitos judicializados de violencia contra la mujer. Había que crear una solución. Esto es un proceso o es un proyecto que tuvimos que modificar la ley. La verdad no lo inventamos nosotros, yo lo vi en Coahuila y me lo traje de allá. Se lo planteamos al Ejecutivo, lo planteamos a los diputados, hicimos la ley con nuestras manitas, pero todo eso es tardado.

Esto ya lo aprobaron, ya lo publicaron, ya empezamos nosotros con la capacitación y acabamos de empezar; mi idea es que estén andando antes de que me vaya yo en noviembre.

¿Cuántos casos de violencia familiar tienen en los juzgados?

Nos llegan 10 denuncias diarias. El año pasado recibimos 1800 asuntos. En 2021, tuvimos mil. Eso es algo muy bueno porque se ve que la gente se está animando a denunciar. Esos son los casos en proceso porque hay unos que se quedan en fiscalía.

La violencia contra la mujer es algo escandaloso. Yo no conocía su dimensión. Mandamos dos asuntos diarios de violencia contra la mujer al Centro de Justicia contra la Mujer, o sea, llegan dos personas que quieren arreglarse, pero a la hora que el especialista, el mediador, la escucha, dice “no te puedes arreglar, tu estás violentada”, con agresiones inimaginables.

Sí es algo muy escandaloso, es algo muy normalizado que debemos de cambiar. Somos 17 magistrados y lo digo abiertamente, aunque ya se han rajado algunos, pero le digo por la cuestión de la normalización, que había siete magistrados que no querían que se llamaran Juzgados de Violencia contra la Mujer. Eso es algo que para mí fue muy representativo.

¿Las mujeres no dimensionan la magnitud de la violencia que viven y los agresores, la que ejercen?

Ellas a veces no lo dimensionan y las agresiones están totalmente fuera de toda proporción. Si los colectivos de mujeres contra la violencia vicaria tienen que hacer protestas y manifestaciones para que las instituciones reaccionen, vale la pena, porque también las matan. Es un tema cultural y ya muy arraigado y normalizado. El romper esa inercia nos cuesta; estamos haciendo cosas, pero falta mucho.

¿Cómo está Baja California en el tema de violencia contra la mujer?

Tenemos la alerta de género. Veinte estados la tienen. Estamos muy mal. Hay que tratar de resolverlo, de ser más rápidos. Mi compromiso es resolver rápido, ser eficientes, eso es a lo que yo me comprometo. Estoy convencido que un amplio porcentaje, o sea, más de la mitad de los asuntos de violencia contra la mujer, su generador de violencia es la ineficiencia del sistema de justicia familiar.

Si nosotros tuviéramos un sistema de administración de justicia familiar en el que tú como mujer fueras, demandaras, te divorciaras, te dieran la pension, y todo eso en tres meses, a lo mejor no te tienes que aguantar la violencia. Eso sí estoy convencido.  Hace 20 años que no abrían un juzgado familiar en el estado. Veinte. Tijuana hace 20 años tenía la cuarta parte de la población. Ese es el compromise, estamos trabajando, pero es muy difícil mover instituciones y aparte no hay recursos.

¿Qué acciones han tomado en los juzgados donde hay acusaciones, quejas o denuncias contra los jueces?

Ya iniciamos un procedimiento por unas cuestiones de ahí de unas fotografías que salieron en las redes, y estamos analizando el actuar del juzgador.

Lo más importante para un Estado de Derecho es tener jueces fortalecidos. Hay que recordar que pues estamos en una institución en la que la mitad de los clientes no salen contentos. Entonces sí lo vamos a analizar. Sí lo vamos a hacer, pero ahora sí que con su bebida garantía de audiencia al mismo juzgador que justifique, que analice, que motive, a ver si es cierto que su actual es correcto.

No se trata de de de castigar por lo que resolvió, porque esa es una facultad de ley que tienen todos los juzgadores del mundo. Lo importante es que lleguen jueces capacitados y que lleguen jueces calificados.

Lo más importante es que haya un proceso de selección de primer mundo donde pregunten al aspirante que quiera ser juez, qué preferencias tiene, cuál es su lenguaje, sus perspectivas, y todo eso.

 Ya que está de juez, ya que resuelve, la libertad que deben de tener los jueces es una garantía muy importante para cualquier sistema de justicia. Nosotros no somos jueces de los jueces; entonces si él en su criterio dice bueno, para mí es más seguro que el menor esté con el padre o con la con la madre, eso eso no va a estar mal, a menos, que se haya brincado un convenio, un tratado o una ley.

¿Cuántas quejas contra jueces hay?

Hay 87 quejas activas en el estado. Sí son muchas. El único detalle es que casi todas son porque perdieron un juicio: es que me desechó una prueba, es que no fue favorable, es que entonces eso ya es apelable. Nosotros no somos última instancia: resuelve el juez y lo revisa el magistrado.

¿Cómo están aplicando las perspectivas de infancia y de género? Si había resistencias aquí mismo para nombrar los juzgados de violencia contra la mujer, ¿cómo podemos esperar que dimensionen la importancia de aplicar estas perspectivas?

Definitivamente tenemos que capacitarlos. Decían cuando implementaron el nuevo sistema de justicia penal, que hay que desaprender y luego aprender, pero eso cuesta el doble.

Obviamente es capacitación, es escuchar, es insistir día tras día tras día y va a haber algunos que vamos a batallar con ellos. Ha cambiado mucho el tribunal; creo que dos años para acá, ha evolucionado. La Corte misma, máximo tribunal del país también ha evolucionado bastante. Creo que es un proceso donde las instituciones no van a la misma velocidad que la sociedad, quizás.

¿Cómo operará el Observatorio Ciudadano?

Es un órgano que analizará las sentencias que emitan los jueces, con perspectiva o que debieron haber tenido perspectiva. El martes pasado nos juntamos para analizar los perfiles de la gente que va a conformar ese comité técnico. Es algo muy importante, algo extremadamente innovador, el hecho de que la sociedad civil tenga de primera mano la información y el actuar de los jueces. No para calificarlo, pero sí para conocerlo.

El observatorio determinará qué casos verá. Yo creo que deben ser todos aquellos donde exista perspectiva de género. Algo muy delicado y que nos tenemos que capacitar, es que la perspectiva es en todas la materias y a veces no estamos acostumbrados. También en materia civil y mercantil, no solo familiar y penal.

Centros de convivencia

Para un sistema de administración de justicia integral familiar, las recomendaciones fueron tener más jueces de control, más jueces familiares y más centros de convivencia. Abrimos el de la Unidad Xochimilco y el del Bosque de la Ciudad; además otro en Tecate y próximamente habrá uno en Ensenada y el INDIVI nos va a proporcionar un inmueble en comodato para abrir un centro de convivencia en Tijuana. Mexicali tiene dos centros porque los casos de violencia contra la mujer son muchos más que en el resto de los municipios.

En noviembre termina su periodo, ¿se va a reelegir?

Lo que digan mis compañeros. Yo termino en noviembre, es la responsabilidad para la que me eligieron hace 3 años. Estoy muy contento, me gusta mucho mi trabajo, creo que hemos entendido todos el área de oportunidad que tenía el tribunal y ya corresponderá a ellos decidir si quieren que siga o si viene un relevo.

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Solo Mexicali cumple con la ley estatal de alcoholes

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La reforma de la Ley de Alcoholes del estado de Baja California, que fue
aprobada hace un año y que obliga a establecimientos que tengan venta de
bebidas alcohólicas a contar con guardias de seguridad certificados por la
secretaria de Seguridad Ciudadana, solo se está respetando por bares y gobierno
mexicalense, así lo informó el presidente del Consejo de alcoholes de Mexicali.

Venustiano Anzaldo comentó que, hasta el momento, de los 350
establecimientos que tienen la obligación de certificar a su personal de
seguridad, el 50% de los bares ya lo realizaron.

Indicó que una sanción por incumplimiento con el reglamento puede variar
entre los 40 y 50 mil pesos, y el ayuntamiento ha efectuado 60 sanciones.

Para finalizar, Anzaldo exhortó a todo aquel bar o centro nocturno que
cierre después de la medianoche a certificar a su personal para evitar que sean
sancionados en los operativos que lleva a cabo el ayuntamiento.

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Canacintra Mexicali lanza posicionamiento ante los bloqueos de PEMEX en zona costa

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Tras los bloqueos en la planta de Pemex por parte de residentes del ejido Maclovio Rojas del municipio de Tijuana, que están afectando el abastecimiento de combustible, la Canacintra Mexicali lanzó un posicionamiento para que las autoridades restauren a la brevedad el suministro de gasolina en la entidad.

“A los industriales de Mexicali nos preocupa la falta de atención rápida y oportuna de las autoridades para gestionar una resolución inmediata a la problemática de abasto de combustible en la región”, expresó Francisco Fuentes Aréstegui, presidente de Canacintra Mexicali.

Manifestó que siempre serán respetuosos de los reclamos de la ciudadanía, pero de continuar con los bloqueos, las afectaciones no solo serán para las industrias, sino también para toda la comunidad.

En el comunicado se plantea que esta problemática de la escasez de combustible se une a la existente crisis energética que genera pérdidas a la industria y el comercio por los apagones.

“Si este tipo de problemática de falta de combustible en la región, que en estos momentos está acentuada en la zona costa, se suma a la de cortes de energía, nos dejan ante una situación muy complicada no solo para los sectores productivos, sino para todos los ciudadanos”, dijo Aréstegui.

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Pide Concanaco Servitur solución a desabasto; bloqueo sigue, dicen manifestantes

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El problema del desabasto de combustible en Tijuana, Rosarito y Tecate llegó a la esfera nacional y la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servitur) hizo un llamado urgente a las autoridades a resolver el tema.

Octavio de la Torre, dirigente de la organización, dijo en comunicado de prensa que el bloqueo por parte de residentes del ejido Maclovio Rojas, limita la movilidad y actividad productiva de 2.1 millones de personas en la zona afectada, y que por cada día de bloqueo, se requerirán al menos dos días para reponer el suministro normal de combustible.

Agregó que se afecta de manera directa a las más de 70 mil unidades económicas de los sectores de servicios, comercio y turismo, que dependen críticamente de un suministro constante de combustible en la región.

El bloqueo ha afectado a las 277 estaciones de servicio de la región, entre franquicias y marcas independientes. De estas, solo 42 han podido recibir suministro parcial desde otros canales alternativos, como la terminal ferroviaria de Mexicali, que importa combustibles desde California, Estados Unidos, apunta el comunicado.

Hay 235 estaciones sin suministro, lo que ha llevado a que el 60 por ciento de estas se encuentren en paro total de ventas. Las tres ciudades mencionadas consumen diariamente un estimado de 3.4 millones de litros de combustible, generando una derrama económica de 78.2 millones de pesos cada 24 horas. Debido a los cuatro días de bloqueo, se han dejado de vender en promedio 2 millones de litros de combustible diariamente, resultando en pérdidas económicas significativas, añade el documento.

El estado de derecho debe prevalecer, asegurando que los derechos de unos no estén por encima de los derechos de los demás Hacemos un llamado urgente a las autoridades y a los grupos involucrados para encontrar una solución inmediata a esta crisis, asegurando el abastecimiento necesario para restablecer la normalidad en la región y proteger la economía local, indicó el líder empresarial.

El bloqueo a la planta de Pemex en Rosarito continuará, y posiblemente se extienda a otro bloqueo en Mexicali, anunciaron colonos que exigen título de propiedad para las cerca de 400 familias residentes del ejido Maclovio Rojas. Por lo pronto descartaron bloquear la garita de Otay en Tijuana y la carretera a Tecate.

Esperan hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien viene llega este viernes a Mexicali para tener agenda privada el sábado, revisando los trabajos de federalización del IMSS Bienestar.

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