Por Dianeth Pérez Arreola

Un grupo del colectivo de madres luchando contra la violencia, integrantes también del Frente Nacional de Mujeres contra la Violencia Vicaria, acudieron este miércoles al Congreso del Estado para entregar documentos dirigidos al presidente del congreso del estado, Manuel Guerrero, y los legisladores presidentes de las comisiones de Justicia, Igualdad de género y juventudes y Derechos Humanos, denunciando irregularidades en sus procesos legales.

“Vivimos procesos eternos, donde somos revictimizadas tanto nosotras como nuestros hijos una y otra vez. Lamentablemente el acceso a la justicia se vuelve una tortura por parte de las autoridades y estamos solicitando es que se atiendan nuestros derechos humanos, y que se respete la ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, declaró Paulina Gutiérrez a nombre del colectivo.

Dijo que en los documentos hacen anotaciones de algunos de los vicios que han notado se repiten en sus procesos legales, como el que solo una de cada cuatro mujeres que llega a denunciar, incluso que las han encañonado, que llegan golpeadas y que muchas veces no les levantan la denuncia.

Expresó que el tiempo que tienen que esperar para que les den una entrevista con los menores, para obtener un estudio pericial, para ratificar la denuncia, para llegar a las audiencias y finalmente tener acceso a la justicia, es eterno y absurdo.
Cuestionada sobre los compromisos realizados a raíz de sus anteriores protestas, destacó que aun no los ven.

Lamentablemente no se ha capacitado de manera profesional y certificada al personal en materia de violencia vicaria, ni en perspectiva de género, de infancias y adolescencias, de discapacidad, o de interseccionalidad, que son cosas que el estado y el país está obligado, agregó Gutiérrez.

“En muchos de los casos nuestros hijos son revictimizados y expuestos a convivencias con feminicidas porque no se les reconoce la calidad de víctimas. Son muchas violaciones y todavía pretenden exponer a la víctima a acuerdos con amenazas de que si no, le van a echar al DIF para que se lleve a los hijos, o reclasifican los delitos: delitos de violencia familiar o de tentativas de feminicidio, lo bajan a lesiones”, precisó.

“No podemos seguir tolerando eso, por eso estamos solicitando que se atiendan esos puntos, que se convoque a rendir cuentas a los diferentes órganos para que expliquen la situación. Notamos por ejemplo una falta exagerada de personal en fiscalías, donde para atender miles de denuncias están tres personas. Por mucho que lo quieran hacer, es imposible que si no tienen personal ni materiales para dar acceso a tantas denuncias de violencia vamos a poder obtener justicia”, concluyó.