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Corrupción

Aprueban cuenta pública a Samaniego; rechazan las de Tijuana, Tecate y Ensenada

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Por Dianeth Pérez Arreola

El informe de la cuenta pública de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, periodo encabezado por Armando Fernández Samaniego, fue la única aprobada en comisión de Fiscalización, a pesar de que contiene omisiones y fallos más graves que los observados en las cuentas de las comisiones de agua del resto de los municipios.

Las cuentas debieron subirse a pleno hace tiempo, pero diputados de oposición sospechan que el retraso se debe a que interfirió el proceso para elegir a la coordinadora del proyecto de continuidad del gobierno en turno, Claudia Sheinbaum, candidata que fue apoyada en Baja California por quien fuera titular de la CESPM en el año de la cuenta revisada.

Los resultados de la auditoría se recibieron en el Congreso desde el 28 de abril pasado, y en el documento se describen omisiones como falta de evidencia en cobro de consumo de agua; irregularidades en los cálculos de Impuesto Sobre la Renta en compensaciones confidenciales por más de 48 millones de pesos, remuneraciones de personal y aguinaldo; falta de aplicación del procedimiento de licitación pública en la contratación de servicios de recaudación con diferentes proveedores; pago de recargos y actualización de pago extemporáneo de derechos de extracción de agua, entre otras.

El documento describe además que se encontró a un usuario de giro comercial que pagó en diciembre de 2020 casi medio millón de pesos, sin que se encontrara evidencia de cobro y pago del consumo de agua potable durante el ejercicio fiscal 2021. Sin embargo, en 2022 se identificaron lecturas por consumo de agua a partir de julio, determinándose ante esta irregularidad un adeudo estimado de casi 550 mil pesos por el año 2021.

El resultado de la auditoría señala también un contrato -AD-SERV04-2020- por casi 20 millones de pesos para revisión de usuarios comerciales y detección de posibles irregularidades; el polémico contrato con Fisamex.

 “El hecho es que la cantidad pagada al prestador de servicio se encuentra vinculada directamente a los ingresos obtenidos por las gestiones y acciones del prestador, no obstante frente a ello han procedido a la fecha diversas acciones legales interpuestas por los usuarios afectados por estos cobros, y debido a ello la CESPM, contratante de estos servicios ha devuelto a los usuarios afectados un monto de 102 millones 693 mil 582 pesos sin haber recibido del proveedor el 20 por ciento de contraprestación que en su momento le fue pagada por la CESPM”, precisa el informe.

CONCEPTONÚMERO DE USUARIOSIMPORTE
A favor y ya cobrado1655’616,078
Con amparo y convenio847’077,504
Con amparo y pendiente1324’592,659
Impugnado y pendiente144,000
En contra y firme1520’594,083
TOTAL53147’924, 325

Auditoría solicitó 12 dictámenes que amparan la recaudación de ingresos por concepto por derechos de conexión al agua potable y alcantarillado sanitario, observándose diferencias cobradas de más en 10 dictámenes por 28 millones 776 mil 973 pesos, que no fueron aclaradas por la CESPM.

Otras irregularidades encontradas en la cuenta pública de la paraestatal cuando estaba bajo la dirección de Fernández Samaniego, tienen que ver con más contratos firmados para recuperar cartera vencida, y cortes y reconexiones del servicio de agua potable sin haber licitaciones de por medio y no justificar las adjudicaciones directas.

El documento de 17 páginas de extensión, firmado por el auditor superior del estado, Luis Gilberto Gallego Cortez, fue analizado hace semanas en la Comisión de Fiscalización, donde la presidenta Alejandra Ang votó en contra y el resto de los legisladores morenistas lo hicieron a favor.

Algunas de las omisiones y errores encontrados en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Tecate y Ensenada son falta de controles en el uso y aplicación de recursos públicos, cobros de menos, incumplimiento a los principios de economía, eficacia, eficiencia y valor público y de oportunidad de mejora en planes y programas institucionales, cobros de más, falta de perspectiva en equidad de género e irregularidades en cobros por conexión, entre otras.

Corrupción

Niega Medina nepotismo

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El secretario de Salud del estado, Adrián Medina Amarillas, negó tener algo que ver con la contratación de su hija Mónica Medina Orejel en “Relaciones Públicas” de Issstecali; cargo que antes de la entrada de la también suplente del diputado local electo Jaime Cantón, no existía.

“Yo ni sabía que estaba trabajando en Issstecali” comentó el funcionario al periodista Benjamín Pacheco, de Ensenada, quien preguntó por el nuevo cargo y la relación de parentesco, de tal manera que Medina Amarillas comenta prácticamente que se enteró por los medios del nuevo trabajo de su hija, pues ella “ya no vive con nosotros, con la familia”.

Aunque aceptó ser la cabeza del sector salud, pero argumentó que el no hace ni “palomea” las contrataciones, por lo que se deslindó de la acusación de nepotismo.

Como publicó Brújula News ayer, el Periódico Oficial del Estado del 3 de enero de 2020, publicó el acuerdo de sectorización de las entidades paraestatales. El Artículo 8, dice:

“Se sectorizan a la Secretaría de Salud, las siguientes entidades paraestatales: 1. Organismos descentralizados: 1 Issstecali, 2 Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de BC, 3 Instituto de Psiquiatría de BC, 4 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de BC, 5 Régimen de Protección Social en Salud de BC, 6 Unidad de Especializades Médica en BC, 7 Instituto Contra las Adicciones de BC, y 8 la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de BC”.

Lo anterior quiere decir que todas las dependencias mencionadas dependen de la cabeza del sector, que es la Secretaría de Salud, por lo tanto, Mónica Medina está bajo la jerarquía de su padre.

El secretario de Salud agregó que seguramente vieron en el currículum y en la capacidad de su hija algo que pudiera ayudar al Issstecali y por eso la contrataron.

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Corrupción

Entregan basificación a recomendada en DIF

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Trabajadores afiliados al Sindicato de Burócratas denuncian la basificación a recomendados sin tomar en cuenta la lista de aspirantes por antiguedad, según trascendió en un audio.

La beneficiada trabaja en el albergue del DIF y tras un año de trabajo como personal de confianza, ya le habrían entregado la base. “Hay un documento firmado por todos nosotros, donde no estamos nada más solicitando, estamos exigiendo, que cada plaza que se libere sea para un compañero de antiguedad. No es justo que hayan hecho eso; no se quien fue, a quién le pidió el favor, cuánto pagó, no se”, comenta una sindicalizada en el audio.

La beneficiada sería Verónica Ortiz Sánchez, quien según un oficio girado en mayo, habría recibido la plaza saltándose a compañeros con más antiguedad.

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Corrupción

Señalan favoritismo en Poder Judicial

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Una fuente dentro del Poder Judicial del Estado señala un trato especial a la servidora pública Fernanda Valenzuela Sández, quien siendo auxiliar administrativo percibe al mes 48 mil 247 pesos, cuando los secretarios actuarios, quienes tienen más responsabilidad les pagan poco más de 33 mil pesos al mes.

Valenzuela Sández sería protegida del magistrado presidente Alejandro Isaac Fragozo López. Según informes de personal de nóminas del Poder Judicial, el sueldo real de esta funcionaria sería de 80 mil pesos mensuales.

Desde 2020 la presunta protegida del titular está exenta del control asistencial, algo extraño para una asistente administrativa, pues sería la única con este privilegio. El año coincide además con la entrada a la presidencia de Fragozo López.

Los reportes posteriores a 2020 no fueron entregados por transparencia del Poder Judicial.

El informante, quien pide el anonimato, señala que los baños del Poder Judicial no cuentan con papel sanitario, además de otras carencias, pero se va dinero del erario en favores especiales e ingresos altos para los protegidos.

Hasta hace poco Valenzuela Sández trabajó con el magistrado Gustavo Medina Contreras, funcionario allegado a Fragoso López. También Elsa Parra Encinas, esposa del magistrado presidente goza de dispensa de control asistencial desde 2020, año de entrada de Fragozo.

Los años siguientes a ese periodo de pandemia, no fueron entregados por transparencia del Poder Judicial.

La esposa de Fragozo López gana 71 mil 847 pesos como coordinadora del CEJA, y está en el nivel 16 de escalafón. En 2021 el sueldo autorizado para ese cargo era de 43 mil 375 pesos mensuales. El ingreso de un auxiliar administro según ese tabulador, no superaba los 9 mil pesos.

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