En la reunión de hoy en el Congreso del Estado, entre representantes de colectivos de búsqueda y la diputada Rocío Adame, nos dimos cuenta que la propuesta de ley estatal sobre desaparecidos es “copy paste” de la ley general, opinó Soraya Ana Villareal, del colectivo Célula de Búsqueda e Investigación de Desaparecidos Baja California.

A la reunión le dieron carácter “privado”, y no dejaron entrar a medios de comunicación. Asistieron por parte de familias de víctimas de desaparición forzada el colectivo del que forma parte y del grupo Madres Unidas y Fuertes.

La activista comentó que no incluyeron los puntos que dieron a los integrantes de la comisión desde junio del año pasado, por lo que consideró que la propuesta es “pura paja”. Los únicos cambios que hicieron fue agregar el nombre del estado y considerar una fiscalía especializada en desaparecidos, pero las propuestas hechas por los colectivos y la sociedad civil fueron ignoradas, señaló.

Las víctimas somos quienes tenemos la experiencia y no nos están tomando en cuenta, subrayó. Por ejemplo, es muy difícil hasta hora conseguir una copia del expediente del caso y solicitan en la ley estatal que se obligue a los ministerios públicos a facilitar este documento.

Dijo que no acordaron una fecha próxima para volver a reunirse y teme que dicha cita se aplace por el periodo electoral, y porque seguramente varios diputados pedirán licencia y andarán ocupados en buscar una posición o mantener la que tienen.

Entre los puntos a destacar está que no se incluye la petición de que la Comisión Estatal de Búsqueda sea un organismo autónomo y no dependa de la Secretaría General de Gobierno. También se quita la selección del comisionado exclusivamente por evaluaciones, y ahora finalmente será un dedazo del ejecutivo, explicó Soraya.

Agregó que Irma Leyva, del colectivo Madres Unidas y Fuertes dijo que no se obligaba a los ayuntamientos del resto de la entidad a tener una célula como la que existe en Mexicali, y quedaba a criterio de los alcaldes y policías municipales si lo hacían o no.

Finalmente apuntó que a diferencia de la ley general, que contempla 60 días para entrar en vigor tras la publicación, aquí se da el doble de tiempo, que equivale a seis meses de espera. ¿Para qué quieren esperar tanto tiempo?, cuestionó, y se dijo decepcionada del poco avance y del desinterés que muestra en esta iniciativa la mayoría de los diputados.