El sector transportista manifestó su rechazo a la sobrerregulación de la que son objeto por parte del SAT BC.

Luciano Jimenez, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), comentó lo anterior y pidió transparencia en la función del organismo recaudador estatal.

Señaló que desde hace tres semanas personal del SAT BC los obliga a abrir las cajas con mercancía que ya han sido documentadas y revisadas, rompiendo los sellos que garantizan la integridad de la carga.

Agregó que no entienden esta sobrerregulación y que no hay una razón que justifique que una autoridad local los vuelva a revisar, entorpeciendo el flujo de mercancías.

El delegado de Canacar hizo hincapié en un extrañamiento a las autoridades por permitir esta práctica sin que medie un oficio de comisión.

A esta redacción han llegado denuncias anónimas, que detallan extorsiones de empleados del SAT BC, quienes piden un mínimo de 3 mil dólares para liberar mercancía del recinto fiscal, a pesar de salir de aduana con recibo de obligaciones fiscales pagadas.

Gustavo Santos Hernández es el titular de ese organismo, cuyos trabajadores están pidiendo recursos para dejar pasar mercancías en la aduana sin documentos oficiales que amparen su labor.

La senadora electa de Morena por Baja California, Julieta Ramírez, participó hoy en una asamblea informativa en Ensenada, donde criticó al Poder Judicial por supuestos casos de nepotismo.

Expuso que “el nepotismo es un delito; por nepotismo en el gobierno te corren y te inhabilitan. Si tu contratas en el gobierno a alguien de tu familia, te corren y te inhabilitan… pero ahí el 70 por ciento de la gente que trabaja en el Poder Judicial pertenece a una misma sangre”.

Hay que recordar que desde que la pareja de Ramírez, Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, entró al gabinete estatal como secretario del Bienestar, sus hermanas, Dulce María y Ana Beatriz fueron ascendidas a funcionarias en la Secretaría de Educación.

Además, Ana Beatriz, en su cargo de directora de Participación Social y Convivencia Escolar, tiene como superior jerárquico a su hermana Dulce María, quienes la subsecretaria de Educación Básica.

Otros casos

En el Poder Judicial trabajan la esposa y la cuñada del diputado federal electo, el también morenista Armando Fernández Samaniego.

Aunque María Eugenia y Rebeca Araceli Sánchez Yescas ya estaban ahí antes de la llegada de Morena al poder, su categoría escalafonaria, sueldo y prestaciones incrementaron desde entonces.

Más recientemente, la hija del secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, Mónica Medina, quien es suplente de un diputado local, fue contratada en Relaciones Públicas de Issstecali, de donde depende a nivel general en el organigrama, de la cabeza de sector, que es su padre.

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El testimonio de un mexicalense que fue detenido en Ensenada en un control de alcoholemia narra una serie de irregularidades en el proceso, que sirve como fuente de ingresos irregulares para coyotes, policías y jueces.

La víctima, cuya identidad y las evidencias del caso son conocidas para esta redacción, relató los hechos.

Él iba a Ensenada en compañía de su esposa, una amiga y el hijo menor de ésta el pasado sábado 20 de julio. Habían alquilado un alojamiento en el puerto, pero al llegar, a eso de las 7 de la tarde decidieron ir primero a un karaoke, donde pidieron una cubeta de 10 medias que se tomaron entre 3 personas.

Después de las nueve de la noche, salieron con la intención de ir a un supermercado y comprar víveres para los días siguientes. Frente al hotel Corona estaba un punto vial donde a todos los detenían para hacerles la prueba de alcoholemia.

Su prueba salió con estado de ebriedad, cuando a su parecer su condición era la de aliento alcohólico.

Al subirlo al vehículo de la policía, se acercaron cerca de 20 coyotes ofreciendo tramitar un amparo por 5 mil 500 pesos. Estaba un juez calificador y un encargado de turno de la municipal en el lugar.

El juez no quiso escucharlo, pero le dijo a su acompañante que le diera 8 mil pesos para que saliera, que de otra manera iba a pagar 16 mil de multa pero que él iba a terminar pagando como 20 mil porque el carro lo iban a remolcar.

La víctima le dijo a su amiga que no pagara.

Había salido de Mexicali con 9 mil pesos en su cartera, de los que gastó menos de  1 mil 500 pesos al momento de su detención. También traía una pequeña mochila con 200 dólares y pertenencias personales.

Estando en el vehículo de la municipal en espera del traslado a la comandancia, fue testigo de que a una señora le hicieron la prueba de alcoholemia tres veces y salió negativa. Se la hicieron una cuarta vez, la cual salió positiva.

Ella iba con su esposo, una niña como de 8 años y la abuela de la menor. La niña estaba muy asustada y llorando por ver a su madre esposada, y un policía la regañó diciéndole que se callara.

El esposo le pidió al juez que ayudara a su esposa, que él trabaja de guardia de seguridad en la penitenciaría de El Hongo y le contestaron que ahí no era nadie. Que tenía que soltar dinero si quería a su esposa libre.

Para entonces, la esposa del mexicalense empieza a tomar video al ver cómo funciona el retén de la municipal. Se dan cuenta y le quitan el teléfono.

Finalmente, lo llevan esposado a la comandancia. Pide audiencia al llegar y le sugieren que le hable a su abogado. Contesta que él es abogado y se quiere representar a sí mismo. Cuenta que estuvo en una celda de 2.50 por 2.50 metros con casi 20 personas.

Le hicieron un certificado médico donde sale positivo en varios rubros cuando en la comandancia nunca lo pasaron con un médico.

Finalmente, cuando sale después varias horas recibe de inmediato una llamada de un número de Ensenada, diciéndole que ya saben que salió y que debe pagar una cantidad de dinero porque ellos le ayudaron a salir mediante un amparo. Le estaban queriendo cobrar algo que no pidió ni promovió y lo acosan con llamadas pidiendo dinero.

Decide proceder legalmente. El 22 de julio presentó una denuncia ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa contra la policía municipal de Ensenada, con número de expediente 1572, otorgándole al día siguiente una suspensión provisional.

Con ese documento acude al depósito vehicular Arrastres Ensenada, ubicado en Blvd. Zertuche y Tecnológico el lunes 22 de julio, porque los domingos está cerrado, pero terminan entregándole el carro hasta el jueves 25.

No querían darle su unidad, y le sacaron una supuesta multa del 2007 por estacionarse en rojo, la cual se negó a aceptar. Le dijeron que esperara una hora. Lo hicieron esperar tres. Cuando estuvo lista la liberación de la unidad le pidieron que fuera a robo de vehículos para que le verificaran la serie y comprobar que no era robado.

Es ilógico, les comentó, pues estaba acreditando la propiedad con documentos oficiales. “No me puedo robar a mí mismo”, les dijo. “Pues así es aquí”, le respondieron.

Para agilizar las cosas decide pagar, aunque la suspensión provisional también surte efectos para el depósito municipal, lo cual no respetaron. Además, querían que les diera el documento original de la suspensión, cuando hay una notificación para ellos por parte de la autoridad que lo otorga. Insistían en que efectuara un pago, ahora en el depósito vehicular, para lo cual exige un recibo. Le dicen que no, pero tras verlo hacer varias llamadas, ceden y le dicen que está bien.

El “recibo” no es oficial, y pidió factura. Le contestaron que el sistema no estaba funcionando en ese momento. Pide un número de teléfono o un correo para pedir la factura correspondiente. Le dan un número, pero después, cuando se comunica para insistir en la entrega de la factura, lo bloquean.

“Cuando me iba, me dijo el juez calificador enfrente de mucha gente que pocas personas se les van vivos como él. ¿Quién es tu abogado?, ¿quién te tramitó la suspensión?”, insistió con curiosidad el juez.

La víctima promueve una verificación fiscal a las autoridades de Ensenada, porque no quieren dar documento oficial con datos fiscales, como corresponde.

Del dinero que traía en la cartera le sacaron cerca de 6 mil pesos. No le pusieron sellos al carro, no le hicieron inventario. Traían unas sillas de playa en la cajuela, que encontraron quebradas y llenas de arena, cuando el carro estuvo todo el tiempo en el depósito municipal. Además, le entregaron la unidad sin gasolina y le robaron la bolsa con cosas personales donde traía los 200 dólares.

El denunciante ha sabido de al menos dos casos similares al suyo.