Este viernes, el partido Morena emitió un posicionamiento que pretende ser parte de una estrategia de control de daños, pero resultó en una burdo reciclaje de su argumento número uno a la hora de responder acusaciones: el PRIAN era peor y ocasionó la situación actual.

El documento por supuesto, enfoca su retórica en descalificar al PRI y al PAN por sus administraciones pasadas “treinta años de la derecha”, y así apuntando los reflectores al pasado pretende que nos olvidemos del presente o al menos lo veamos con otra luz.

Esta narrativa busca desviar la atención pública de la crisis inmediata. El reporte de la OFAC no es una simple crítica partidista de la oposición local, sino una sanción internacional que acusa de narcocorrupción a figuras clave del entorno político actual del estado y cuyo criticado desempeño no se entiende sin el respaldo y conocimiento de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda.

El comunicado expresa un “total respaldo” a la mandataria, queriendo subrayar que la OFAC sancionó a Carlos Torres -exesposo de la mandataria- y su antiguo operador político. Además el Departamento del Tesoro de Estados Unidos expone que Torres utilizó su influencia política para facilitar y proteger las operaciones de “Los Rusos”. ¿Y quién le dio esa influencia política a Carlos Torres? No importa si está ya divorciada. Cuando sucedieron los hechos estaban casados y sabían lo que hacía el otro.

Mientras Morena asegura en el texto que bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum “los recursos públicos deben estar siempre al servicio de los ciudadanos”, en términos administrativos el gobierno de Baja California se encuentra en una posición muy difícil; ¿Cómo explican los millones que les dio Fiscalía General del Estado a esas empresas? Y no digan que la fiscalía y el gobierno son poderes independientes, porque en los hechos a los oficiales mayores de los órganos independientes los puso David Cervantes, el amigo de Marina del Pilar.

Y todavía tienen -estos sí-, el cinismo de enviar un documento desde Oficialía Mayor de Gobierno donde se lavan las manitas sobre la contratación de empresas boletinadas por Estados Unidos.

La premisa de que “nadie está por encima de la ley” intenta blindar al partido ante futuras implicaciones legales o investigaciones federales en México. Al alinearse con las directrices anticorrupción de la presidencia de la República, la dirigencia local de Morena busca enviar un mensaje de cooperación y pulcritud para evitar que el escándalo de la OFAC impacte los niveles de aprobación del movimiento de cara a próximos procesos electorales, cuestión que estará muy difícil, pues a la coordinadora Julieta Ramírez ya le salpicó tener cerca a la conexión del huachicol entre los mañosos y los políticos de Morena -según la OFAC-, Rafael Buenrostro, a quien se le vio muy feliz celebrando el nombramiento de Julieta en Ciudad de México.

Hay una frase que suele aparecer cuando una administración pública enfrenta preguntas incómodas: “todo se hizo conforme a la ley”. El problema es que esa respuesta, por sí sola, no necesariamente despeja las dudas.

El oficio OMG/DNPA/DIR/1677/2026, fechado el 29 de septiembre, reconoce que en los archivos del Gobierno de Baja California existen contratos celebrados con algunas personas físicas y morales que aparecen en el listado de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, OFAC.

La Oficialía Mayor sostiene que, al momento de las contrataciones, no existía impedimento legal en México: los proveedores no estaban inhabilitados, no se encontraban sancionados conforme a la legislación nacional y, según la revisión realizada, tampoco se detectaron conflictos de interés o incumplimientos fiscales. Qué bonito, qué limpio, que chulada.

Pero que algo haya sido legal no significa automáticamente que haya sido prudente, conveniente o explicable. La respuesta oficial desde Gobierno del Estado tiene un dato que merece atención: la propia Oficialía Mayor reconoce que no concentra toda la información correspondiente a los organismos paraestatales, pues estos cuentan con sus propios procedimientos de contratación y seguimiento.

Entonces la pregunta inevitable es: ¿cuántos contratos fueron realmente celebrados con esas personas o empresas y por cuánto dinero? ¿Quién los contrató? ¿Quién autorizó las operaciones? ¿Mediante licitación, invitación o adjudicación directa? ¿Por cuáles servicios?

Si la administración estatal tiene la certeza de que las contrataciones fueron correctas, transparentar los documentos debería ayudar a cerrar la discusión, pero sabemos que no lo harán. La administración de Marina del Pilar está peleada con la transparencia.

El verdadero problema sería lo contrario: que detrás de la frase “no había impedimento legal” se pretenda colocar un punto final a una discusión que apenas comienza. Que se abran los expedientes si todo está en orden.

Fuentes enteradas del desarrollo de las investigaciones de Estados Unidos contra miembros de cárteles y funcionarios o exfuncionarios bajacalifornianos, comentan que por supuesto que está el nombre de la mandataria en varias carpetas de investigación, la cual se remonta al inicio de la campaña para la gubernatura, por la cantidad de recursos y las personas que la financiaron. Que la espera tendría que ver con los movimientos de bienes que hace cada que le cierran más el cerco, los cuales tienen perfectamente documentados. Y por supuesto que la corrupción de Carlos y Luis Torres no se entiende sin el poder del estado detrás de ellos.

En otro tema, ya comentábamos que el asunto de los allanamientos a la oficina del Notario 14 y a la oficina de Jaime Dávila estaba muy raro. En el caso del Notario, este agradeció a la policía municipal su rápida intervención y la captura del responsable, que se quedó horas revolviendo documentos al parecer en busca de algo muy específico.

En el caso de Dávila, este acusó a los dos uniformados que acudieron a una primer llamada en la madrugada, de cómplices del presunto ladrón. Este hombre se presentó ante los agentes vestido de guardia de seguridad. Les dijo que él se haría cargo, le tomaron declaración y sus datos y se retiraron. El tipo siguió hurgando y a las seis de la mañana que llegó la señora de la limpieza hizo otro reporte porque no reconocía al hombre como guardia de seguridad, sino como un intruso. La policía regresó, y se llevó al responsable, que no se llevó nada.

Dávila respondió pidiendo la renuncia del director de Seguridad Pública, Luis Felipe Chan, mientras que de manera contradictoria le otorgó el perdón al responsable de los daños y del allanamiento. Los agentes ya están reportados a Sindicatura, por cierto, por el error de no haber verificado la veracidad del cuento que les echaron y permitir al hombre seguir buscando feliz de la vida.

Nos comentaron que la búsqueda de papeles al parecer es algo relacionado con Pedro Ariel Mendívil, quien -mire qué causalidad- es pariente de la esposa de Jaime Dávila y éste ha usado el medio del exvocero de Mendívil para estar acusando a la policía municipal y a su director. Qué casualidad.

Tras la información dada a conocer ayer por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señala a varios funcionarios, exfuncionarios y personajes allegados a la política bajacaliforniana, se han movido muchas cosas.

Uno de los proveedores favoritos, Inteliproof Efficient S. de R.L: de C.V., una empresa de seguridad privada con sede en Tijuana y ligada a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, empresa y persona incluida en el anuncio de ayer.

Aquí un contrato de 2025 por más de 2 millones de pesos, uno de tantos que obtuvo en los últimos años.

Estas son algunas otras empresas ligadas a este empresario: Grupo Baja Fixer SA de CV, Capital Privado Baja SAPI de CV, Capital Privado Bursátil SA de CV, Festival Artistas Mobiliario Asesoría SA de CV, Conciertos y Espectáculo Inhouse SAPI de CV, Wermak Publired SA de CV, Holistic Wellwaves S de RL de CV, Proyecto Alerta Verde SAPI de CV, y Videovigilancia Colaborativa SAPI de CV.

En la Fiscalía General del Estado (FGE) hubo contratos bajo el concepto de “Gastos de publicidad oficial”, Moreno Gómez Santelices, presunto operador financiero y prestanombres de los “Los Mayos” participó con Fama Producciones (Festival Artistas Mobiliario Asesoría SA de CV), y con Promociones CHF por suministro de equipo técnico especializado que incluyen sistemas de audio, iluminación, proyección de video e interpretación simultánea para eventos, donde además dividían los conceptos para que los pagos no hicieran ruido al sobrepasar los montos que obligan a hacer licitaciones públicas.

Pues resulta que ya tenían otro montón de contratos planchados y listos para seguir saqueando al erario cuando sale la información de ayer y tuvieron que meter el freno de mano y meter esos asuntos al congelador.

Además de darle para atrás a todo lo que se relacione con las personas y empresas señaladas por Estados Unidos, todos los amigos de Carlos y Luis Torres están abandonando el barco en las sociedades que los unen.

Abrimos paréntesis para recordar el principio del fin. Cuando le quitan la visa a Carlos Torres, las autoridades de la aduana detienen para entrevista a Rodrigo Llantada, Luis Torres y Héctor Chaparro Pedrero “Coteto”, por cierto este último primo hermano de la esposa de Panchito Pérez Tejada y yerno de Mario García Franco (¿Por eso se apuntó Mario García Franco y luego se “desapuntó”? Todo lo que se relacione con el exalcalde está apestado en tema de política).

Total, que les preguntan si conocen a Carlos Torres y la relación con él y tras soltar la sopa se van con su visa intacta pero sin Sentri. Después de eso el “Coteto” andaba vendiendo su pádel para desligarse del esposo incómodo. Todo lo que huela a Panchito, Marina y Carlos al parecer está en oferta desde ayer.

También participa en Hego Imagen, la empresa de las paletas publicitarias de Panchito y su esposa -agregada a la sociedad después-, donde para lograr el “convenio” con el Ayuntamiento de Mexicali, se falsificaron documentos sin ninguna consecuencia a pesar de la denuncia presentada por Maribel Avilez, oficial mayor con Jaime Diaz.

Nos cuentan que Chaparro Pedrero también es socio en la línea médica para cruzar la frontera, junto a Carlos Torres y Panchito Pérez Tejada. Los gobiernos morenistas que todo lo tuercen, convirtió en concesiones las líneas médicas de Tijuana y Mexicali. La de la coqueta ciudad estaría presuntamente bajo el control de Pedro Montejo Peterson, secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, de Fernando Salgado Chávez, el agente inmobiliario de la gober, y por supuesto un poder superior del gobierno estatal.

Nos confirman que Llantada y Carlos Torres están asociados con la Cosmopolitana para venderle alimentos a los Centros de Readaptación Social del estado, a ver qué va a pasar con esa sociedad y esos contratos. Se sirvieron con la cuchara grande, sin duda.

Aunque la gobernadora Marina del Pilar pronto emitió un comunicado donde se desliga de Carlos Torres y nos recuerda que está divorciada aunque no ha mostrado el acta que lo pruebe, su amigo el Oficial Mayor, David Cervantes también está metido hasta el cuello en esto de los contratos. Él y todos los que firman los acuerdos planchados, como Fernando Limón Félix y Thania Diaz de León, aunque a ella ya la sacaron de la jugada y la premiaron con una comisión sindical, aunque eso no borra sus intervenciones pasadas, donde le aplanaba el camino a los recomendados y sacaba a los competidores.